Desde 2011, cuando fue disuelta la Policía Metropolitana, las sedes del organismo empezaron a ser controladas por damnificados y colectivos, algunos de los cuales incluso coordinan desde ahí acciones que competen a los cuerpos policiales, informa un trabajo publicado por Angélica Lugo en El Nacional.
En la antigua comisaría Diego Lozada, de Lídice, todavía llegan denuncias de robo y acuden ciudadanos para pedir seguridad. El sitio es controlado por la Fundación Aquiles Bellorín, que está integrada por varios ex funcionarios policiales que llegaron a trabajar con el Dispositivo Bicentenario de seguridad.
“Los vecinos confían en nosotros. Este lugar lo recuperamos para la comunidad. También tenemos un mercal, organizamos ferias de comidas y prestamos las instalaciones para reuniones del PSUV, de las UBCH y de la comuna Lídice. A veces recibimos denuncias de robo de motos y las atendemos. Si vemos una irregularidad, se lo comunicamos a la Policía Nacional Bolivariana o ellos nos piden apoyo”, indica en el trabajo Richard Torrelles, que preside la fundación.
Por su parte, en la comisaría Pedro Emilio Coll, en la zona 10 de la PM de la avenida Intercomunal de El Valle, varias familias han improvisado viviendas. Allí está funcionando una extensión de la universidad Bolivariana, una iglesia evangélica y el colectivo de Integración Socialista para la Ayuda Comunitaria. En la antigua oficina de Plaza Venezuela también están viviendo ex funcionarios del extinto cuerpo policial.
Para leer todo el trabajo, haga click acá.