En la determinación del régimen cambiario de un país suelen considerarse, además de los aspectos relacionados con la estabilidad económica, factores financieros (como la variabilidad de los flujos de capitales) y los objetivos de largo plazo (crecimiento, empleo, precios) que se espera pueda alcanzar la Nación.
Tras un decenio de una política cambiaria que, a pesar del control en la administración de las divisas, ha permitido una cuantiosa fuga de capitales (US$ 184.627 millones) y a pesar de que el anclaje del tipo de cambio oficial ha fallado al momento de contener la inflación (los precios han variado 1.209,3% en 11 años), han surgido corrientes de opinión que reclaman un cambio en el manejo de la esfera cambiaria.
El manejo político tampoco ha ayudado: los discursos volátiles y contradictorios han magnificado el riesgo derivado del mal manejo económico a tal punto que el riesgo soberano del país se ha disparado para ser el más alto de Latinoamérica, al mismo tiempo que su calificación ha caído hasta ser la más baja.
¿Dolarizados o indexados? Aunque se pudiera pensar que por estimar el costo de reposición de las mercancías al tipo de cambio paralelo (tal y como hacen muchas empresas) nuestra economía se encuentra dolarizada, no hay nada más alejado de la realidad.
A diferencia de otros países emergentes, en Venezuela los agentes residentes no mantienen moneda extranjera ni depósitos en moneda extranjera en bancos nacionales, en buena medida porque antes no tenían permitido hacerlo. Y aunque ya esté permitido por la nueva Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, lo cierto es que lo que busca el venezolano no es sustituir una moneda por otra sino un activo por otro.
En Venezuela la inestabilidad económica, las elevadas tasas de inflación y la falta de opciones de cobertura han hecho que los agentes económicos residentes busquen no sólo cambiar activos en moneda nacional por activos en moneda extranjera, sino que traten de indexar su ingreso, es decir, corregir la depreciación de la moneda tomando como referencia, en este caso, el valor del dólar en el mercado no oficial.
¿La dolarización ayuda? Muchas son las “bondades” enumeradas por los defensores de la dolarización. En primer lugar un país que dolariza su economía elimina completamente el riesgo de devaluación cambiaria y evita las salidas súbitas de capitales, lo que controla las crisis monetarias y de balanza de pagos. Al eliminarse dichos riesgos, tanto el Gobierno como los inversionistas privados serían capaces de pagar tasas de interés más bajas cada vez que accedan a mercados financieros internacionales.
Unas tasas de interés más bajas y una mayor estabilidad financiera reducen el peso del servicio de la deuda, lo que permite destinar una mayor proporción de fondos a proyectos de inversión y al impulso del crecimiento.
Además de ello, adoptar una moneda de uso común y de un valor estable facilita la integración comercial y financiera no solo con Estados Unidos (EE.UU.) —en el caso de la dolarización— sino con las demás economías fuertes.
Por último, con la dolarización se impide el financiamiento monetario del déficit fiscal y con ello se elimina la presión inflacionaria de origen monetario y se obliga al Gobierno a tener un déficit fiscal mucho menor, condiciones que resultan llamativas para los inversionistas extranjeros.
Si bien estamos conscientes de los efectos positivos que tendría la adopción de una moneda fuerte, consideramos que es mucho más lo que se pierde en materia de política económica que lo que se gana en estabilidad, sobre todo si se toman en cuenta las características de la economía venezolana.
Es solo otra utopía. Si bien la dolarización eliminaría la prima de riesgo por devaluación, lo cierto es que la tasa de interés ligada al riesgo soberano no depende totalmente de ella. Factores como la capacidad de pago (dada por el flujo en bolívares, que en el caso venezolano depende del precio del petróleo), el grado de apalancamiento (que depende de los resultados macroeconómicos y fiscales), la estabilidad política y la transparencia en el manejo económico son tomados en cuenta para medir el riesgo de impago de la deuda venezolana, y estos factores —a excepción del primero—son totalmente controlables a través de un manejo fiscal moderado (menores déficits) y una comunicación más clara de los objetivos y las medidas de política económica, sin necesidad de recurrir a una medida extrema como lo es la dolarización.
La dolarización tampoco elimina por completo el riesgo de una crisis externa, ya que los capitales extranjeros se siguen desplazando siempre que existan diferencias en cuanto a rentabilidad y costos entre las empresas nacionales y las extranjeras, aspecto en el cual Venezuela pudiera estar en desventaja si se recuerda que a la tasa de cambio oficial nuestro sueldo mínimo es uno de los más altos de Latinoamérica, y que además nuestro país ha sido uno de los menos competitivos en materia de infraestructura, trabas institucionales y defensa de los derechos de propiedad en los últimos años.
En cuanto al control de las presiones inflacionarias, la dolarización implica la importación de inflación proveniente del país emisor para el caso de los bienes transables y no impide que se sigan presentando las altas tasas de inflación para el caso de los bienes no transables, sobre todo en nuestro caso donde existe un amplio flujo de ingresos en divisas proveniente de las exportaciones.
Atados de manos. La dolarización no solo no garantiza que se den las “bondades” a las que tiende a asociarse, sino que elimina la posibilidad de la intervención estatal en materia de política monetaria y cambiaria.
En cuanto a la política monetaria, el Gobierno perdería la capacidad de obtener ingresos a través del señoreaje (beneficios que obtiene el Banco Central al poder emitir una moneda que luego valdrá menos) —capacidad que gana el Banco Central de la economía cuya moneda se adopta (la Reserva Federal de los Estados Unidos) —, así como la capacidad de expandir o contraer la cantidad de dinero en circulación para ayudar a cumplir los objetivos de inflación y crecimiento —tal y como se hace en la mayoría de los países del mundo. Además de ello, en caso de una crisis de liquidez en el sistema financiero (retiro masivo de fondos por parte del público), el Banco Central podría no estar en capacidad de inyectar dinero a la economía, por lo que tendría que, en última instancia, negociar líneas de crédito con bancos internacionales para poder inyectar las divisas necesarias.
En lo que respecta a la política cambiaria, la dolarización impide que se lleven a cabo devaluaciones como mecanismos de ajuste fiscal y externo, algo de suma importancia en nuestro país, donde más de la mitad de los ingresos fiscales provienen de una actividad exportadora y son incrementados (en moneda nacional) a través de devaluaciones cuando la situación lo requiere.
La capacidad de devaluar, es decir, la flexibilidad cambiaria, permite amortiguar el impacto de los ciclos de precio de nuestro producto de exportación (el petróleo) sobre los ingresos fiscales y sobre la economía como un todo; de lo contrario la contracción del gasto público y del producto y el impacto sobre el empleo y sobre los salarios serían considerables.
Los costos de la dolarización. Además de los costos de oportunidad que implican la pérdida de capacidad para la fijación de políticas, dolarizar la economía significa que la autoridad monetaria, el Banco Central de Venezuela (BCV), tendría que comprar el total de la moneda nacional en circulación, que al momento de escribir estas líneas es de VEF1,5 billones. Un aspecto que se ha de tomar en cuenta al momento de dolarizar será la tasa de cambio a la que se hace la conversión de moneda nacional a moneda extranjera, así como la disponibilidad de fondos para hacerla.
Estimamos que tomando en cuenta la masa de dinero en circulación y el total de activos (reservas y otros fondos) en poder del Estado el Gobierno tendría que aplicar una tasa de cambio de VEF 32,2/US$. Para tener una idea del ajuste que esto significaría, el total de gasto presupuestado para este año pasaría de US$87.719 millones a US$17.162 millones, el valor de los depósitos del público en el sistema bancario de US$225.190 millones a US$44.058 millones y el valor del sueldo mínimo expresado en dólares de US$674 a US$132. De querer dolarizar a un tipo de cambio oficial de VEF 6,3/US$ el BCV tendría que disponer de US$211.605 millones.
Una opción ante este escenario sería reducir la cantidad de dinero en circulación y acumular un mayor stock de divisas a través de un ajuste en las importaciones como un paso previo a la dolarización, pero el solo hecho de que dicho “requisito previo” pueda llevarse a cabo sería una muestra de que la dolarización no es necesaria para lograr una estabilidad monetaria y cambiaria. Además, un ajuste en las importaciones agravaría aún más la escasez de bienes en el mercado interno.
Éxitos imperceptibles. Mucho dice la teoría sobre los costos y beneficios de la dolarización, pero en lo que a la práctica se refiere pocas son las experiencias de países que aplican dicha medida, siendo la más conocida la de Ecuador, país que en el año 2000, tras una grave crisis política y económica, adoptó el dólar estadounidense como moneda de curso legal. Un año más tarde, en 2001, el dólar se volvió moneda de curso legal también en El Salvador, y, para quienes todavía no lo saben, el dólar ha sido moneda de uso oficial en Panamá desde 1904.
Los éxitos de la dolarización en Ecuador y El Salvador son discutibles, si bien dichos países lograron reducir sus tasas de inflación promedio en 24,3 y 7,3puntos porcentuales (pp), respectivamente, con respecto a la década de los años noventa, países como Colombia y Perú han tenido resultados similares al aplicar reglas fiscales y monetarias, manteniendo la autonomía y flexibilidad de sus políticas y su moneda nacional. Hasta nuestro país, que en los últimos años ha tenido importantes desórdenes monetarios y fiscales y que ha ostentado el podio en inflación mundial durante los últimos seis años, ha logrado reducir su inflación promedio en la última década.
Los resultados en materia de crecimiento económico e inversión extranjera directa tampoco son muy distintos. La dolarización entonces no parece haber sido de gran ayuda para aquellos que la han llevado a cabo, y aquellos que han mejorado su desempeño macroeconómico parecen no haberla necesitado.
Sin complicarse demasiado. Consideramos que habida cuenta de que los beneficios no están garantizados y que los costos en materia de capacidad para llevar a cabo ajustes macroeconómicos y financieros para el Estado son tan elevados, la dolarización de la economía nacional sería una medida contraproducente. Además, el hecho de que la industria nacional cuente con una estructura de costos totalmente dolarizada, la haría menos competitiva con respecto a la de otros países.
Creemos que existen otras medidas de más fácil aplicación y de menores costos económicos que contribuirían a mejorar la percepción de riesgo de los prestamistas internacionales y de otros prestamistas. Sin ir muy lejos, la consolidación de los fondos extrapresupuestarios dentro de las reservas internacionales permitiría apreciar en 140,2% el tipo de cambio implícito (que pasaría de VEF 78,0/US$ a VEF 32,2/US$) y dejaría en claro que hay voluntad para llevar un manejo más transparente de los fondos discrecionales, lo cual mejoraría de manera importante la percepción de riesgo.
En materia de control del gasto fiscal y de la expansión monetaria, la aplicación de reglas fiscales claras, como sucede en el caso de Brasil y Colombia, complicaría la monetización del déficit fiscal y contribuiría a su contracción, lo cual redundaría de manera positiva sobre la estabilidad de los precios.
Por último, a diferencia de los países que han dolarizado su economía, Venezuela cuenta con una ventaja importante, el petróleo, que aunque es un factor de volatilidad y actualmente los pecios han disminuido brinda importantes ingresos en divisas a la economía (que en 2013 fueron casi equivalentes a las exportaciones de bienes, servicios, transferencias de renta y entrada de capitales netas de la economía colombiana, la cuarta mayor de América Latina). Hasta ahora, los ingresos provenientes de la actividad petrolera han sido captados por privados o usados por los Gobiernos para sostener una escalada importante en los gastos corrientes, con el fin último de mantener su popularidad, pero su uso en programas de inversión que incrementen la productividad interna y de ahorro para fines de estabilización es algo que hasta ahora no ha sucedido y que sería un paso importante para garantizar el crecimiento y el desarrollo sostenido del país.