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Francisco Monaldi: “Subir la gasolina es quitarle dinero al bolsillo de los ciudadanos” [3 de 3]

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Ésta es la tercera entrega de la entrevista hecha a Francisco Monaldi. Ya en una primera entrega, el director del Centro de Energía del IESA y profesor visitante de la Universidad de Harvard dio su visión sobre la posible venta de CITGO. En una segunda entrega, Monaldi habló de las implicaciones políticas y económicas de entender el mercado internacional y todas las consecuencias que eso tiene para el gobierno de un país petrolero. En esta tercera parte, entra finalmente en el debate sobre el subsidio de la gasolina, las singularidades del mercado local de combustibles y el uso político e incluso demagógico de la riqueza petrolera.

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Fotografías de Roberto Mata

 

¿Cómo define el subsidio del mercado local de combustibles que mantiene el gobierno?
Es obvio que es un disparate regalar la gasolina. La pregunta es cómo haces para que una política, que es una completa locura, pase a algo racional sin que tenga unas implicaciones negativas para una serie de ciudadanos. Fïjate: para que la gasolina venezolana valga lo mismo que en Colombia, y así deje de ser atractivo el contrabando, debe subirse entre 500 y 600 veces. Eso quiere decir que un tanque costaría unos 2.500 bolívares, que es un poco más de la mitad de un sueldo mínimo. Si lo fuéramos a cobrar como los noruegos, entonces se debería incrementar 1.000 veces. Para que los lectores tengan una idea: un barril de gasolina cuesta en el mercado internacional unos 120 dólares, pero en Arabia Saudita lo venden a 20 dólares. Pues bien: en Venezuela se vende a 16 bolívares. Si se calcula a dólar negro, estaríamos hablando de que ese barril en el mercado local venezolano cuesta apenas unos centavos de dólar. Y si lo calculamos a tasa Sicad, su valor es de un dólar. En resumen: lo vendemos veinte veces más barato que los sauditas.

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En números redondos, ¿de cuánto es el subsidio de combustibles mantenido actualmente?
El subsidio es gigantesco. Venezuela deja de ganar unos 13.500 millones de dólares. Eso es más que el gasto en salud y educación del país. Además, prácticamente regalamos el diesel, fuel oil, lubricantes y todos los demás productos. Con eso estamos dejando de percibir más de 25.000 millones de dólares, sólo en el mercado interno. Eso sería más del doble del gasto en educación y salud. Durante el gobierno de Rafael Caldera, en los años noventa, se recibían menos de 15.000 millones de dólares por año. Es decir: el actual subsidio del mercado interno es más que todo el ingreso fiscal petrolero obtenido por el gobierno venezolano de aquel momento.

¿Por qué es tan negativo mantener la actual política de combustibles en el mercado interno?
El subsidio es malo por varias razones. Las primeras son el sobreconsumo y el malgasto. Venezuela consume más del doble de combustible que Argentina, Brasil y Perú. Consumimos cinco veces lo que Colombia y el único país que se nos acerca es México, pero nosotros consumimos 60% más por habitante. Eso es un despilfarro brutal que genera externalidades negativas como el tráfico y los accidentes de tránsito: estamos entre los cinco países con más accidentes de tránsito en el mundo. Además, están los temas de contaminación: como la gasolina venezolana cada vez es de peor calidad, eso tiene importantes efectos por los contaminantes que contiene. Venezuela fue el último país en eliminar el plomo, por ejemplo, que se ha demostrado que incluso es causante de criminalidad en el futuro porque produce enfermedades mentales y trastornos de conducta.

¿Este subsidio es equitativo para todas las clases sociales o hay algún segmento poblacional que se beneficie más?
Los venezolanos con más ingresos y más pudiente, que son apenas el 10% de la población, reciben 8 veces más de ese subsidio que los pobres. Es decir: además es un subsidio regresivo. Es como si le regalaras dinero a los ricos. Una persona de ese 10% pudiente recibe un total de 4.100 dólares al año por ese subsidio. Obviamente, esa gente es la que tiene más carros y sus vehículos son más grandes, así que consumen más gasolina. En cambio la gente pobre no tiene vehículos y usa indirectamente los combustibles a través del transporte público: estas personas reciben menos.

¿Pero es posible cuantificar cuánto de ese subsidio reciben las clases sociales de menos recursos?
Los pobres reciben menos de 500 dólares al año. Claro que eso es muchísimo dinero para una persona que pertenece al sector más pobre del país. Tanto así que si de un día para otro le dices que vas a cobrarle la gasolina al mismo precio que en Colombia, esas personas pasarían a una situación de pobreza extrema. No puedes subir la gasolina sin compensar a los más vulnerables. Irán fue el país que se atrevió a hacer el ajuste de precios de combustibles más brutal de la historia: en 2010 subió la gasolina 30 veces. Recuerdo que al principio, en 2007, pusieron un chip como hicieron aquí en Táchira, y eso les trajo problemas y mucho descontento popular. Entonces hicieron algo que ha sido revolucionario en las políticas públicas del mundo, después de que entendieron que incrementar el precio tenía grandes costos sociales. Mahmoud Ahmadinejad decidió subir la gasolina 30 veces, pero la mitad de lo recaudado se lo repartió a sus ciudadanos en cuentas bancarias. Ellos se metían en internet y veían en sus cuentas el crédito por el monto de los dos primeros meses. La gente terminó queriendo que se subiera la gasolina para que le dieran más dinero.

Y, según las experiencias que conoce, ¿cuál es la reacción de los ciudadanos cuando se les plantea un incremento en los precios de la gasolina?
Siempre debes compensar a la parte más vulnerable de la sociedad, porque es a ellos a quienes esto le va a significar un duro golpe. La clave está en la credibilidad, que es uno de los temas centrales en esta discusión. Cuando a un nigeriano o a un árabe le hablas de subir la gasolina, la mayoría de ellos te dirá que sí porque es un poco raro que se reciba un subsidio de la gasolina, en vez de invertirlo en educación o en salud. Pero también te dicen que la única cosa en la que están seguros que se benefician del petróleo es en la gasolina. Todo lo demás no saben si se lo roban o si lo despilfarran: lo único tangible es esa gota de petróleo que es la gasolina.

Entonces, ¿cuán importante es la credibilidad de una administración que plantee un aumento así? Me refiero ante las posibles reacciones sociales.
En todos los países hay rechazo por este tipo de medidas. Incluso cuando la anuncias, como dice el presidente Maduro, asegurando que el dinero recaudado va a usarse en programas sociales. ¿Cuál es el centro del problema? Que la gente no cree en el gobierno y no siente que de verdad esa subida los vaya a beneficiar. Los venezolanos, con toda razón, son escépticos con respecto a la idea de que ese dinero no va a terminar en un barril sin fondo, como pasó con los más de 20.000 millones de dólares de las empresas de maletín en Cadivi. O cuando recuerdas que continuará el subsidio de la gasolina a los países del Caribe y a las demás naciones a las que le estamos regalando 7.000 millones de dólares. Entonces no le ves sentido a la medida.

¿Cuál debería ser la reacción de la ciudadanía ante este anuncio?
Ése es un punto donde debemos reconstruir el contrato social en Venezuela. Los ciudadanos no podemos aceptar ese incremento sin una rendición de cuentas. No puedes decirme que vas a cambiar un subsidio por otro, sin que yo esté seguro de cuál es ese otro que me vas a dar. Esto es una oportunidad para el debate nacional. Rafael Ramírez habla de subirla 27 veces para cubrir el costo mínimo de producción, pero hasta hace unos años decía que no estaban subsidiando la gasolina. Ahora cambiaron todo el discurso y están estimando muy alto el costo de producción interno, para así poder subirla lo más posible. Me parece impresionante escuchar a funcionarios del Estado diciendo que es un escándalo regalar la gasolina, siendo ellos quienes han gobernado durante 15 años. Ellos están dando argumentos para que sean juzgados por malversación de fondos, porque botaron los recursos de la Nación todos estos años.

¿Está de acuerdo con que debían mantenerse los incrementos periódicos en el precio de los combustibles desde antes de la Era Chávez?
Claro. Durante el último año del gobierno de Rafael Caldera la gasolina se cobró al precio internacional. Se subió el combustible a ese punto hasta que llegó Hugo Chávez a la presidencia. Ese mismo precio fijado por Caldera es el que tenemos hoy: eran 97 bolívares por litro que ahora son 0,097 bolívares fuertes. Y estamos vendiendo a ese precio con una inflación gigantesca. En 1998 Venezuela vendía a 11 dólares el barril de petróleo en el mercado interno. Y luego, en vez de al menos dejarlo en ese monto mientras subía en el mercado internacional hasta los 100 dólares, resulta que lo bajamos a 0,10 centavos de dólar. La inflación subió y subió y la gasolina nunca la subieron. Un desatino total. Pero es inaceptable subir el precio sin una discusión global, porque subir el precio de la gasolina es cobrar otro impuesto: es quitarle dinero al bolsillo de los ciudadanos.

A largo plazo, ¿qué es lo mejor para la ciudadanía venezolana?
Si sacas ese dinero y se lo vuelves a entregar a los ciudadanos en forma de mejores servicios, podrían sentirse en situación de ganar. Los únicos afectados serían los de la clase media alta para arriba, que están recibiendo un subsidio brutal. Pero la realidad es que muchos venezolanos van a pedir primero que se le quite el subsidio a Boston y a Petrocaribe. Muchos venezolanos van a exigir que les expliquen cómo se manejan los reales del Fonden y pedirán que paremos las compras de aviones Sukhoi. Supongamos que el gobierno suba la gasolina 600 veces y eso lo vaya a repartir entre todos los ciudadanos: incluso eso sería una política mil veces mejor que la actual, porque los venezolanos dejaríamos de malgastar el combustible, habría menos tráfico y menos accidentes, se comprarían carros más eficientes y estaríamos llenos de dinero. En resumen: hay que hacer un incremento, es cierto. Pero ese incremento no puede aceptarse sin una amplia discusión de las políticas públicas.

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