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Liliana Ortega: “En Venezuela la impunidad es estructural”

Por Franz Von Bergen | 15 de julio, 2014

Liliana Ortega “En Venezuela la impunidad es estructural” 640

En Venezuela las autoridades están “criminalizando” a las víctimas, a las que se les violan sus Derechos Humanos (DDHH) y emiten prejuicios basados en ideología y condición social, afirma Liliana Ortega, directora de Cofavic. La abogada experta en la materia alerta que la impunidad en este tipo de casos llegó a 98,5% en 2013 y que la situación “inhibe” las denuncias por temor a represalias.

Advierte que la falta de acción ante delitos contra los derechos fundamentales no se limita a casos con resonancia política, y que la Defensoría del Pueblo dejó de cumplir sus funciones constitucionales para convertirse en otro “abogado del Estado”. Recuerda que estos crímenes no prescriben y que las autoridades se convierten en cómplices si las investigaciones no se concluyen y no se repara a las víctimas.

¿Cómo evalúa usted la actuación del Ministerio Público ante los casos de violaciones de DDHH registrados desde febrero?
En Venezuela hay un problema estructural de impunidad. No es algo nuevo. Si se estudian las cifras del Ministerio Público del año 2013, ellos reconocen que la impunidad llegó a 98,5% en los casos de violación de DDHH. Esto ocurre por una serie de razones, entre ellas el déficit de institucionalidad y la falta de independencia en las investigaciones. En ellas se dan faltas recurrentes como la criminalización de las víctimas o su clasificación en buenos o malos porque las autoridades elaboran un prejuicio según la ideología y condición social.  La gente percibe esto y, según un informe estadístico oficial del 2009, más del 90% de las víctimas no cree que sus casos serán solucionados y en muchos casos se inhiben de denunciar. También temen a represalias ulteriores si lo hacen.

¿Cuáles son las consecuencias de esto?
La impunidad y la violencia son los ejes transversales de la situación venezolana. La impunidad es un multiplicador de violencia debido a que la aplicación de justicia es el principal freno del delito. Generar garantías para que no haya repetición de las violaciones es fundamental.

Durante las protestas de este año, en las investigaciones de violaciones a los derechos fundamentales, el Ministerio Público estableció diferencia entre tratos crueles y tortura ¿Por qué?
Ningún estándar internacional realiza esa división. Puede estar ocurriendo por falta de formación o se puede pensar que se busca un beneficio para el Estado, considerando que al decir que sólo se produjeron 2 casos de tortura están diluyendo su responsabilidad. Pero la realidad es que eso agrava la situación porque implica que no se está reconociendo. Este tipo de caso puede ocurrir en todos los países. Lo importante es que se investiguen y condenen los hechos. La división busca invisibilizar, pero una conquista irreversible del siglo pasado es la universalidad de los DDHH como un concepto que se integra a las constituciones y resoluciones internacionales, por lo que tratar de invisibilizarlo es peor.

Algunos altos funcionarios, entre ellos el presidente Nicolás Maduro, intentaron desmarcarse de las violaciones a los DDHH en declaraciones públicas ¿Lo lograron?
Los discursos deben ser coherentes y consistentes con las acciones. Venezuela está en mora con varias sentencias de DDHH, entre ellas la del Caracazo y las desapariciones forzadas en Vargas. Cumplir con esos dictámenes sería una hoja de ruta para mostrar  voluntad política, distanciarse de los hechos y promover garantías. Pero el Estado venezolano ha hecho caso omiso y eso muestra su falta de voluntad. Por otra parte, ha habido un progreso muy escaso en las investigaciones de los casos de abril 2013 y febrero 2014. Por el contrario, se criminaliza a las víctimas, el Estado actúa a la defensiva. Le falta demostrar fehacientemente que no tolera ese tipo de hechos y que está dispuesto a investigar. Hacer eso sí sería desmarcarse.

¿Los altos funcionarios pueden ser investigados en el futuro?
Los crímenes de lesa humanidad son de jurisdicción universal y todo el que tenga alguna responsabilidad o competencia en la investigación debe cumplir con su rol para no ser cómplice, actuar por omisión o convalidar el crimen a través del manto de la impunidad. Hay además una responsabilidad ética y son crímenes imprescriptibles, por lo que es muy difícil que sean invisibilizados. El que tenga alguna competencia en la materia debería ser el primer interesado en investigar y reparar a las víctimas integralmente.

¿Cómo evalúa la actuación de la Defensoría del Pueblo?
Esa figura se ha desvirtuado en Venezuela. Era muy importante y tenía atribuciones bien definidas, pero en la práctica actúa como un abogado del Estado. Esto hace mucho daño a toda la sociedad, pero más daño al gobierno, porque es la prueba más irrefutable de la falta de independencia del Poder Público. En el caso del régimen de Fujimori en Perú, la Defensoría era autónoma e independiente y ejerció sus atribuciones. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en Venezuela en 1989, las víctimas tenían cobijo en el Ministerio Público. Hoy hay sensación de desamparo y se le está haciendo un muy flaco favor a la democracia desvirtuando esta institución. Actúa mal en todo tipo de casos, no sólo los políticos. Un ejemplo es el caso de la familia Barrios en Aragua o las desapariciones de Vargas. Esta Defensoría apoyó la denuncia de la Convención Interamericana, cosa que cuesta explicar. ¿Cómo va a apoyar una denuncia contra un tratado de DDHH y descalificar a varias ONG?

La ONU dijo estar preocupada por la situación venezolana, pero el Gobierno no deja que una comisión venga al país. ¿Qué pueden hacer?
Los mecanismos internacionales de DDHH deben contar con el permiso del Estado y actuar cuando los internos no funcionan debidamente. Son creados por los Estados, no por las ONG ni los ciudadanos. Me parece un error que no los dejen venir y creo que están mal aconsejados en la materia. Al negar la entrada, lo que dicen es que es verdad lo que exponen las ONG sobre la situación venezolana. Eso genera muchas preguntas, por lo que hay un consenso internacional sobre lo preocupante del caso venezolano. Desde 2003 no se permite la entrada de la Comisión Interamericana a Venezuela y no se deja que vengan 7 relatores de la ONU que entran sin ningún problema a países como Colombia y México.

¿Deberían las organizaciones internacionales de Derechos Humanos tratar de actuar aunque se les niegue la entrada?
El sistema internacional de DDHH está en crecimiento y se está perfeccionando. Con las herramientas de hoy, es suficiente lo que se ha venido haciendo para tratar de incidir en el Estado a fin de que sepa lo importante que es para una democracia respetar los DDHH y el debido proceso. Una democracia es mucho más que hacer elecciones. Esos son valores compartidos universalmente y se sabe que las violaciones de derechos no son tolerables.

¿Depende exclusivamente de los venezolanos la solución de este tema?
Los destinos de cada estado están en las manos de los pueblos de cada estado. Pero hay preocupación porque se sabe de la opacidad que hay en Venezuela, de la criminalización de las víctimas y que no se investiga adecuadamente.

Se crearon una Comisión Presidencial de DDHH y una Comisión de la Verdad sobre las protestas de principios de año. ¿Tiene alguna esperanza de que funcionen?
No puede funcionar una instancia construida sin los criterios necesarios. Debería ser independiente y no puede estar integrada exclusivamente por el oficialismo ni por la oposición. La creación de estas instancias es una muestra de que no funcionan las instancias naturales. En Canadá, Suecia o Costa Rica no se necesitan estructuras así. Para que funcionen, deben hacerse de manera seria, con auxilio de expertos e independencia. Las comisiones de la verdad que han tenido éxito en otros países han actuado con auxilio de expertos internacionales y tienen los objetivos de promover la reconciliación, hacer investigaciones independientes, despolarizar a la ciudadanía, luchar contra la impunidad y establecer la verdad por la memoria histórica. La  comisión de la verdad que se creó aquí no tiene los estándares necesarios.

¿La han llamado para que participe en alguna de estas comisiones?
Cofavic no ha sido convocado. Estaríamos ganados a participar en cualquier instancia que cumpla con los requisitos indispensables. Es importante que no se creen falsas expectativas y las ONG no se pueden prestar para contribuir a eso.

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LEA TAMBIÉN: Dossier: Crece la impunidad en Venezuela; por Franz von Bergen

Franz Von Bergen 

Comentarios (1)

Rodrigo J. Mendoza T.
16 de julio, 2014

Felicitaciones al entrevistador por la pertinencia de las preguntas. Felicitaciones a la entrevistada por la objetividad, claridad y serenidad de las respuestas. Una muestra contundente de profesionalismo, lucidez y conocimiento del tema tratado. !Bravo!.

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