Un día de posibilidades: reflexiones sobre el 19 de abril de 1810; por Roberto Casanova

I

Quizás una de las ideas más citadas y fecundas de Mario Briceño-Iragorry sea una que expresó en su obra Mensaje sin Destino y según la cual la crisis de Venezuela es, por sobre todas las demás crisis, una crisis de pueblo[i]. Con ello quería decir que los venezolanos no hemos realmente asimilado nuestra historia y que, por tanto, carecemos de la densidad y la continuidad espiritual que resultan imprescindibles para nuestro desarrollo nacional. Es poco lo que sabemos, más allá de las efemérides y de los rituales oficiales que conmemoran ciertas fechas, de la obra creadora – y, en ocasiones, destructora – de las sucesivas generaciones que hemos sido. Ello nos hace vulnerables ante el influjo extranjero y ante la manipulación de quienes detenten el poder. Ciertamente, una sociedad sin conciencia histórica es como un individuo sin personalidad, influenciable y cambiante de acuerdo a las circunstancias y objeto de manipulación por parte de quienes deseen utilizarlo para sus fines propios.

II

La reposada comprensión de nuestra historia es, pues, una tarea colectiva aún pendiente. Pero acercarse a la comprensión de los hechos del pasado no es cualquier cosa. Es una difícil y delicada mezcla de razón y mesura. Y la primera lección que tal labor conlleva es entender que los hechos pretéritos nunca hablan por sí mismos. Es el historiador, o quien aspira al conocimiento histórico, quien los hace hablar.

En ese proceso de interpretar lo que ha sido pueden cometerse errores inconscientes o realizarse manipulaciones premeditadas. Puede ocurrir, por ejemplo, que los intereses y las posiciones del presente contaminen nuestro análisis. Así, podemos dejar de lado hechos importantes o magnificar otros que no lo fueron tanto. Con consciencia o sin ella hacemos del pasado un instrumento útil para nuestros debates y conflictos actuales. Y esto no es algo inusual, por cierto. Lamentablemente, cada nueva élite en el poder ha propendido, en mayor o menor grado, a contar la historia que mejor se acomode a sus intereses, rompiendo con la necesaria continuidad que es la que nos hace ser un pueblo.

Puede suceder, también, que incurramos en errores metodológicos y que nos dejemos guiar en nuestro juicio por eventos que ocurrieron luego de los hechos que estudiamos. En tal caso los estaríamos interpretando de “adelante hacia atrás”, para decirlo coloquialmente. Invertiríamos la línea del tiempo y haríamos que lo posterior explicase lo anterior. Esto no niega, por supuesto, que las perspectivas y aspiraciones que con respecto al futuro hubiesen podido formarse quienes vivieron antes, condicionasen su comportamiento. Lo que quiero decir es que los hechos históricos deben comprenderse por los procesos que les precedieron y que el futuro debe considerarse en ellos en tanto expectativa e intención. Ello me parece especialmente importante cuando se trata de comprender los eventos de un día.

III

Los eventos cuya conmemoración hoy nos convoca en este recinto – los eventos del 19 de abril de 1810 – constituyen un momento fundamental en nuestro devenir histórico. Se trata de hechos cuya interpretación ha estado sometida a los problemas a los que antes me he referido.

Muchos han visto tales hechos, adoptando la perspectiva de lo ocurrido en 1811, como el inicio de la independencia. Algunos enfatizan su supuesto carácter democrático. Hay quienes los muestran como la manifestación del espíritu liberal y republicano que habría venido madurando en la sociedad venezolana. Otros los interpretan como un hito fundacional de una revolución social que hoy continuaría.

El 19 de abril se presta, pues, a diversas interpretaciones. Tal vez todas las anteriores – y algunas otras más – tengan algún elemento de verdad, aunque seguramente exagerado a expensas de otros aspectos también relevantes.

Hoy, en esta ocasión tan especial, sólo quiero presentar algunas reflexiones lo más ponderadas posible sobre lo sucedido en esa fecha. No lo hago como podría hacerlo un profesional de la historia sino como ciudadano curioso y preocupado. Mi propósito es, en el fondo, hacerme – y hacerles – algunas preguntas. Al actuar así, espero dejar claro algo que se me ha hecho evidente al meditar sobre el tema: la complejidad que siempre entraña tratar de entender seriamente el pasado. Si hay algo que me parece de suma importancia es evitar las terribles simplificaciones, fuente de peligrosos extravíos de las sociedades.

IV

Permítanme ahora presentar un esbozo general de las circunstancias de la sociedad colonial en las provincias de Venezuela en los tiempos que analizamos.

Los criollos, los descendientes de los españoles peninsulares, habían venido acrecentando sus aspiraciones a tener mayor protagonismo en el ejercicio del poder político local y a disfrutar de mayores libertades económicas, en especial, en materia de comercio. Pero los criollos, en su mayoría, no deseaban la ruptura con la Corona ni se planteaban la instauración de una república democrática, noción que les era vitalmente ajena. Además, su desprecio hacia otras clases sociales, evidente todavía pocos años antes de los eventos de 1810, los alejaban de cualquier experimento igualitario. Es cierto, sin embargo, que un sector de criollos – principalmente jóvenes influidos por las ideas de la Ilustración francesa y por el ejemplo de las provincias norteamericanas – venían dando forma, bajo el velo de la conspiración, a un proyecto independentista y republicano.

Los pardos, mulatos y mestizos, por su parte, aspiraban a disfrutar también de mayores libertades y a la desaparición de diversos privilegios de clase. Tales pretensiones colidían, desde luego, con las de los criollos que defendían el sistema de castas. Por tal razón, aquellos grupos veían la independencia como un hecho amenazante y preferían seguir viviendo en el seno del orden colonial y monárquico antes que hacerlo en un nuevo orden en el cual la élite criolla que los repudiaba detentase el poder. Algo que, probablemente, pensaría también la mayoría de negros esclavos.

La Corona, desde la metrópoli, actuaba en general, como era de esperar, en forma conservadora. Ella – y el funcionariado que la representaba en las provincias – daba poco valor a las distinciones jerárquicas que los criollos cultivaban con respecto a los otros estamentos sociales. Había decidido incluso, en varias ocasiones, favorecer a los pardos en disputas relativas a algunos privilegios sociales, humillando así la sensibilidad de los criollos. La Corona aplicaba en esta materia la vieja estrategia de dividir para mantener el poder. De todos modos, algunos personajes liberales en España veían con buenos ojos la posibilidad de reconocer ciertos derechos a los colonos criollos y elevarlos en su condición política. Entendían que no era viable mantener indefinidamente un esquema de sumisión y discriminación con respecto a las colonias que venían ascendiendo en poder económico y significación social.

Este conjunto de intereses y posiciones conformaba un complejo panorama cuya adecuada interpretación dista de cualquier fórmula simplificadora. Resulta imposible encasillar a los distintos sectores sociales en dos bandos, uno republicano proindependentista y otro monárquico colonialista.

Lo que sí es cierto es que la situación de las provincias venezolanas, dada esa conflictiva variedad de intereses y aspiraciones, era propensa a la inestabilidad social y política. Diversos episodios del siglo XVIII y de comienzos del XIX advertían que la ingobernabilidad y la violencia podían hacerse presentes en tales provincias. Fue lo que comenzó a ocurrir a partir de 1808.

V

En 1808 los ejércitos de Napoleón invadieron España, el monarca Carlos IV abdicó a favor de su hijo Fernando VII y éste fue depuesto por José Bonaparte. El que tales hechos fuesen posibles muestra, entre otras cosas, la debilidad en la que se hallaba la Corona española, luego de años de crisis. Una parte de la sociedad peninsular, sin embargo, reaccionó y se dispuso a resistir la invasión francesa. Ante la usurpación de la corona se consideró que el poder había retornado al pueblo y en diversas ciudades surgieron juntas destinadas a ejercer el gobierno y a conservar los derechos de la monarquía española. El 25 de septiembre de 1808 se creó la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino.

En la provincia de Caracas, por su parte, un sector de criollos pretendió aprovechar la ocasión para subvertir el vínculo colonial con la metrópoli. A tal efecto presionó para que el Cabildo y el Gobernador se manifestasen en contra de la usurpación napoleónica y diesen forma a una Junta similar a las que se estaban constituyendo en España. Este intento no prosperó en ese momento y quienes lo impulsaron fueron detenidos durante algún tiempo, acusados de haber tramado un ardid para tomar el poder local. Ello solo vino a fortalecer, en tal sector, su vocación emancipadora.

Las noticias de lo que sucedía en la Península llegaban con retraso a las colonias. La desinformación, la incertidumbre y la especulación eran constantes. La élite criolla se enteró de la creación, a comienzos de 1810, de un Consejo de Regencia, luego de que diversas derrotas militares hubiesen prácticamente anulado a la Junta Suprema. Corrió además el temor entre dicha élite de que el gobernador y capitán general de Venezuela, Vicente Emparan, considerado como afrancesado, reconociese al régimen de José Bonaparte. Se decidió entonces convocar al Cabildo para el 19 de abril. Siendo ese día un Jueves Santo.

VI

Resulta interesante acudir a una fuente primaria – el Acta que recoge los acontecimientos del 19 de abril – para tratar de entender y valorar lo sucedido en ese día y los días subsiguientes. Aunque en ningún caso debemos olvidar que lo descrito en tal Acta constituye, en realidad, una interpretación hecha por personas que eran protagonistas de los eventos en curso.

En dicho documento se nos informa que el Cabildo debió reunirse para dar una respuesta a la grave e incierta situación que se vivía en la provincia. Se afirma que el pueblo “…se halla en total orfandad, no sólo por el cautiverio del señor Don Fernando VII, sino también por haberse disuelto la junta que suplía su ausencia en todo lo tocante a la seguridad y defensa de sus dominios invadidos por el Emperador de los franceses…”[ii].

Se dice, a continuación, que “… aunque, según las últimas o penúltimas noticias derivadas de Cádiz, parece haberse sustituido otra forma de gobierno con el título de Regencia, sea lo que fuese de la certeza o incertidumbre de este hecho, y de la nulidad de su formación, no puede ejercer ningún mando ni jurisdicción sobre estos países”[iii]. En otras palabras no se reconocía la legitimidad del Consejo de Regencia. La razón era clara y contundente: “… ni ha sido constituido por el voto de estos fieles habitantes, cuando han sido ya declarados, no colonos, sino partes integrantes de la Corona de España, y como tales han sido llamados al ejercicio de la soberanía interina, y a la reforma de la constitución nacional”[iv].

Y se argumenta algo de enorme significación: “… el derecho natural y todos los demás dictan la necesidad de (…) erigir en el seno mismo de estos países un sistema de gobierno que supla las enunciadas faltas, ejerciendo los derechos de la soberanía, que por el mismo hecho ha recaído en el pueblo, conforme a los mismos principios de la sabia Constitución primitiva de España, y a las máximas que ha enseñando y publicado en innumerables papeles la junta suprema extinguida”[v].

VII

Varias cosas quedan claras, a mi juicio, de ese documento. El 19 de abril el Cabildo no decidió romper el vínculo colonial con la metrópoli ni insurgió en contra del sistema monárquico. De hecho el Ayuntamiento pasó a conformarse como Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII y pocos días después, el 11 de mayo de 1810, la Gazeta de Caracas hizo saber que “…si la España se salva, seremos los primeros en prestar obediencia a un gobierno constituido sobre bases legítimas y equitativas”[vi].

Por otra parte, sin embargo, los miembros del Cabildo que decían proteger los derechos del monarca, asumieron la soberanía y el gobierno, aunque con carácter interino. Estas dos decisiones pueden lucir contradictorias pero en realidad no lo son. Lo que ocurrió fue que la élite criolla o, más precisamente, una parte de ella, acudió a una tradición doctrinaria española para orientarse en momentos de tanta confusión, el llamado pactismo.

El pactismo es un conjunto de ideas que se remonta prácticamente a la Edad Media y que fue desarrollado por juristas y teólogos desde el siglo XVI. El pactismo “…en esencia, defendía que el origen de los gobiernos era popular y que existían obligaciones y derechos de gobernantes y gobernados; como colofón sostenía que en el supuesto de que el monarca faltara o hiciera un mal uso del poder, el pueblo quedaba legitimado para reasumir la autoridad”[vii]. En tal sentido, pensadores como Juan de Mariana “…expusieron con rotundidad las limitaciones de los gobernantes y defendieron la voluntad de los pueblos frente a las tendencias tiránicas de aquéllos”[viii].

Puede argumentarse entonces que “…las teorías escolásticas divulgadas en las universidades coloniales, particularmente en los centros dirigidos por los jesuitas, alcanzaron un alto grado de receptividad por parte de las elites locales. Los Cabildos emergieron como la más oportuna y cualificada voz para defenderlas y, pasado el tiempo, formular proyectos independentistas”[ix].

Esta parece ser la “sabia Constitución primitiva de España” a la que alude el Acta del 19 de abril. Esta es una tradición intelectual y moral poco conocida, pues se ha tendido a atribuir mayor importancia a la influencia de los pensadores de la Ilustración – a Rousseau, a Montesquieu, a Diderot – en la gestación de las ideas que justificaron la conducta de las colonias españolas. Tal influencia fue, desde luego, importante y ello puede notarse en los debates de 1811 y en la Constitución de ese mismo año. Pero hablamos de 1810 y lo que puede leerse en el acta que comento corresponde, sin duda, a ideas de la Escolástica española, las mismas ideas que habían animado a diversas comunidades españolas a insurgir contra el absolutismo a comienzos del siglo XVII.

A pesar de lo anterior, algunos han querido ver la proclamada defensa de los derechos del rey como astuta estratagema de la élite criolla que se preparaba, en realidad, para dar el paso hacia la independencia. Efectivamente, como hemos visto, algunos miembros de dicha élite actuaban con esa intención. Pero las cosas no son tan sencillas. Aunque toda la élite aspiraba a mayor poder político y a mayor libertad económica, una parte de ella pretendía lograrlo dentro del orden colonial y monárquico. Y ello no era contradictorio, insisto, con el hecho de que hubiese decidido asumir la soberanía popular, tal como lo habían hecho otras provincias en la propia península.

El 19 de abril, en definitiva, la independencia de las provincias de Venezuela era una posibilidad. No una necesidad. Otro hechos tendrían que producirse hasta llegar a julio de 1811 y a la ruptura definitiva del nexo colonial.

VIII

Pero en el Acta que analizamos hay otras cosas interesantes. Se cuenta allí cómo un numeroso grupo de personas, supuestamente perteneciente a sectores populares, congregado cerca del Cabildo, “…levantó el grito, aclamando con su acostumbrada fidelidad al señor Don Fernando VII y a la soberanía interina del mismo pueblo; por lo que habiéndose aumentado los gritos y aclamaciones, cuando ya disuelto el primer tratado marchaba el cuerpo capitular a la iglesia metropolitana, tuvo por conveniente y necesario retroceder a la sala del Ayuntamiento, para tratar de nuevo sobre la seguridad y tranquilidad pública. Y entonces, aumentándose la congregación popular y sus clamores por lo que más le importaba, nombró para que representasen sus derechos, en calidad de diputados, a los señores doctores don José Cortés de Madariaga, canónigo de merced de la mencionada iglesia; doctor Francisco José de Rivas, presbítero; don José Félix Sosa y don Juan Germán Roscio, quienes llamados y conducidos a esta sala con los prelados de las religiones fueron admitidos…”[x].

De esta forma, más bien irregular, tres personas que pertenecían a los estratos sociales más altos, se convierten en representantes del pueblo y se integran al Cabildo. Sin duda, una demostración temprana de democracia tumultuaria.

Más adelante, al referirse a las resoluciones adoptadas por el Cabildo extraordinario, se lee que “…el muy ilustre Ayuntamiento para el ejercicio de sus funciones colegiadas haya de asociarse con los diputados del pueblo, que han de tener en él voz y voto en todos los negocios”[xi].  Además, se establece que “se insertan los demás diputados que posteriormente fueron nombrados por el pueblo, y son el teniente de caballería don Gabriel de Ponte, don José Felix Ribas y el teniente retirado don Francisco Javier Ustáriz”[xii].

Así, junto al acto de asunción de la soberanía popular se encuentran vislumbres de cierta igualdad democrática, aunque sólo tuviesen un carácter meramente formal y obedeciesen, seguramente, a la razonable presunción de que sin el apoyo de los estamentos sociales más bajos no sería sostenible el nuevo estado de cosas que se pretendía crear. Es posible advertir aquí, además, la influencia de las ideas revolucionarias francesas que luego habrían de adquirir mayor fuerza. Sobre todo a partir de la creación, poco tiempo después de los sucesos del 19 de abril, de la llamada Sociedad Patriótica.

De cualquier forma, puede suponerse que a la hora de plantear la soberanía popular los integrantes de la élite criolla pensaban, ante todo, en sí mismos. Se consideraban “…asistidos de capacidad suficiente para reclamar y ejercer el gobierno soberano sobre los territorios cuya ocupación se había transmitido, de generación en generación, durante tres largos siglos”[xiii]. El pueblo soberano no era, para ellos, definitivamente, el conjunto de todos los estamentos sociales.

IX

El 19 de abril fue, sin duda, un día importante. Sucedieron en el transcurso de sus horas cosas inéditas y significativas. Fue parte, además, de una compleja y fluida sucesión de decisiones y reacomodos políticos y sociales. Puede afirmarse que fue, en buena medida, un día de caos creativo y no sólo la simple expresión del plan conspirativo que una parte de la élite criolla pudo poner en marcha. Los derroteros del futuro se multiplicaron a partir de los hechos de ese día pero ninguno debía ser inevitablemente transitado por los habitantes de las provincias de Venezuela.

Es posible afirmar entonces que aquellos que ven los eventos del 19 de abril de 1810 como un acto de independencia adoptan una visión sesgada por los sucesos posteriores. Ese día la élite criolla, en consonancia con la doctrina escolástica española, decidió asumir la soberanía popular de manera interina, al tiempo que proclamaba su lealtad a la Corona.

Una consigna adoptada a efectos de dar a conocer los resultados de las deliberaciones del Cabildo del 19 de abril sintetiza lo ocurrido ese día. Dice: “¡Viva nuestro rey Fernando VII, nuevo Gobierno, muy ilustre Ayuntamiento y diputados del pueblo que lo representan!”[xiv]

Es cierto que la actuación de algunos personajes – señaladamente el famoso Padre Madariaga – logró que, en ejercicio de esa soberanía interina que asumía, el Cabildo procediese también a aceptar la renuncia del Gobernador Emparan y a destituir a otras autoridades coloniales. Estos se separarían pacíficamente de sus cargos e incluso Emparan firmaría el Acta del 19 de abril.

Pero nada debía ineludiblemente suceder a partir de ese día. Ni la independencia que se concretaría el año siguiente ni la violencia atroz que se desataría a continuación.

En realidad, el 19 de abril abrió el juego político y social en las provincias de Venezuela. Fue un día de posibilidades.

X

Deseo ahora, abandonando ya el análisis del 19 de abril, ofrecer algunas reflexiones finales.

Quieren las circunstancias que sea precisamente en un Cabildo que tenga el privilegio de pronunciar estas palabras. Pero no en cualquier Cabildo. Se trata de uno que representa a un conjunto de venezolanos que, en su mayoría, se resisten hoy a un régimen que pretende empotrarnos dentro de un modelo de sociedad que viola nuestras libertades; un régimen que, además, ha hecho entrega consciente de parte de nuestra soberanía a otra nación.

Un Cabildo es hoy, como siempre lo ha sido, un instrumento para el ejercicio y defensa de la soberanía popular. Quizás corresponda al Cabildo de Chacao, uno de los más jóvenes de nuestro país, recuperar el hilo dorado de esa tradición libertaria y convertirse en activo lugar de encuentro y de debate de los venezolanos que, otra vez, debemos luchar contra la opresión.

Caracas, 28 de abril de 2014

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