El asunto en México. En el marco de la gran reforma fiscal del presidente Enrique Peña Nieto, el Parlamento mexicano ha aprobado un impuesto del 8% a los alimentos no básicos altamente calóricos que entró en vigencia el primero de enero de 2014. La iniciativa general de la reforma fiscal es para combatir los viejos monopolios privados y reducir moderadamente la dependencia del petróleo. Sin embargo, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), o “impuesto a la chatarra” como es conocido coloquialmente, tiene sus propios objetivos.
La población de México presenta de manera generalizada un problema de obesidad: el 30% de los niños y el 70% de los adultos viven con sobrepeso. Esto se ve reflejado en las estadísticas sanitarias, en las cuales se prevé que para el año 2019 cien mil mexicanos morirán de diabetes. Es por esta razón que el cuidado de la salud se combina con el esfuerzo de de recaudar en impuestos el 1% del PIB para el 2014. Finalmente, se estima que el IEPS del 8% recaudará entre 5 mil millones y 5 mil 500 millones de pesos durante el primer año, una cifra nada despreciable de 382 millones de dólares, que se destinarán a apoyar los programas de salud contra la obesidad.
El impuesto se aplica a los alimentos que contengan 275 kilocalorías o más por cada 100 gramos, quedando exentos una limitada variedad de panes (que no incluye el pan dulce) y los alimentos para bebés. Los refrescos y bebidas azucaradas tienen un gravamen especial de un peso por litro, cosa que incluye a las bebidas deshidratadas. Los chicles, al no ser considerados más un alimento, no fueron gravados con el IEPS, sino con el IVA del 16%.
Antecedentes. En 2011, el gobierno de Dinamarca intentó por primera vez un experimento similar: poner un impuesto a todos los alimentos con un contenido mayor del 2,3% de grasas saturadas. El experimento danés no consiguió los objetivos de reducir significativamente los hábitos alimenticios de la población, aunque sí consiguió que un porcentaje reducido comenzara a consumir quesos bajos en grasas. Se entiende que parte del fracaso tuvo que ver con la capacidad de la población danesa de hacer una parte de sus compras en Alemania, país con el cual limitan al sur y donde escapaban del impuesto.
Argumentos a favor. El “impuesto a la chatarra” plantea un beneficio doble para los mexicanos: ayudar a cumplir con los objetivos de la reforma fiscal de aumentar el capital recaudado anual a la vez que se disminuye el consumo de alimentos que contribuyen a los altos niveles de obesidad de la población. A pesar del fracaso del intento en Dinamarca, se considera que el intento de los mexicanos es válido y cuenta con un amplio margen para el éxito debido a que las condiciones de México, tanto territoriales como económicas, son muy diferentes a las de Dinamarca e invalidan la posibilidad de buscar alimentos grasos fuera del país para evadir el impuesto. Por otro lado, a pesar de ser un estímulo negativo, el IEPS parece ser la única manera de atacar directamente los patrones de consumo de una población de 120 millones de habitantes como la de México.
Argumentos en contra. Un impuesto especial a los alimentos es un asunto delicado. Aunque el propósito es cambiar los patrones de consumo y aprovechar, esta iniciativa afecta a productores, vendedores y consumidores. Las organizaciones de restaurantes y productores de azúcar se han manifestado en contra del impuesto a través de cabildeos y comunicados publciados en la prensa. Por otro lado, Banxico, como se conoce al Banco Central de México, estima que el IEPS, junto con los otros ajustes fiscales, incrementará la inflación en el país, haciendo necesario recalcular su proyección de aumento de precios para agosto de 2013 de 3% al 3,5%.
¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Considera que un impuesto a la comida chatarra es una opción para mejorar los hábitos alimenticios? ¿Debe el Estado intervenir desde el ámbito fiscal este tipo de aspectos de la vida de sus ciudadanos?