Fotografía de AFP
Febrero de 2014 cerró acumulando méritos para convertirse en hito histórico para la sociedad venezolana. Como los meses de febrero de 1928, 1936 y 1989. Lo que comenzó en San Cristóbal y Mérida el día 4 como protestas estudiantiles, motivadas por el recurrente y nacionalmente compartido problema de la inseguridad personal, detonadas por el robo e intento de violación a una estudiante universitaria, prendió la pradera y abrió los diques del descontento popular. Antes de estos hechos, los venezolanos estaban ya particularmente sensibilizados por la muerte en enero de la ex Miss Venezuela Mónica Spear y su esposo en manos de una banda de asaltantes que actuaba con impunidad en la Autopista Valencia Puerto Cabello. También, a finales de ese mes, ocurrió la toma de la población de Ocumare del Tuy, en el estado Miranda, llevada a cabo a plena luz del día por bandas armadas de delincuentes en retaliación por la muerte en manos del CICPC de algunos de sus miembros. Lo consideraron una “traición” del presidente Maduro, pues habían aceptado días antes la iniciativa de desarme que éste hiciera.
Otro suceso previo al 4 de febrero fue la masiva protesta de los motorizados en Caracas, iracundos por el intento de parte de autoridades de la ciudad, respaldadas por el presidente Nicolás Maduro, de imponer restricciones de circulación en la noche. Las autoridades argumentaban que la mayoría de los delitos (homicidios, secuestros y robos) se cometían en moto a esas horas. La protesta paralizó zonas del este de la ciudad y suspendió la decisión. Estos y otros eventos similares parecieron señalar que el país se deslizaba hacia la anomia total.
La respuesta del poder a las protestas del día 4 y 5 en la región andina fue todo lo represivo que acostumbra ser el chavismo con la oposición en los últimos tiempos, pero ahora más descarnado y autoritario, dado que el carisma del presidente Chávez ya no está entre nosotros. La lideresa Gaby Arellano denunció que dos compañeros que protestaron y fueron detenidos, sufrieron tortura en el calabozo de la Policía Nacional Bolivariana. Esto condujo a mayor descontento estudiantil, que dio lugar a que se convocaran nuevas protestas, convergiendo éstas, el 12 de febrero Día de la Juventud, con las del partido Voluntad Popular con su dirigente Leopoldo López, y la parlamentaria independiente María Corina Machado, pertenecientes ambos a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). La protesta realizada en Caracas y otras ciudades fue acompañada masivamente por la sociedad opositora. La represiva y violenta respuesta del gobierno y algunos de sus aliados políticos, convirtió el evento en un momento de clímax en la ya larga crisis en las relaciones entre sociedad opositora y Estado chavista.
El blackout sobre esas masivas movilizaciones, que tuvo lugar tanto en los medios gubernamentales como —por autocensura— en los privados de televisión, conjuntamente con la aparición al final de la concentración en Caracas de grupos paramilitares armados, actuando aparentemente en coordinación con funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional (GN), en una represión atroz e ilegal, que dejó esa tarde dos muertos frente a la Fiscalía y otro más en la noche en el municipio Chacao, abrió las compuertas de la desobediencia civil prolongada y extendida que desde entonces vivimos los venezolanos. Por cierto, la marcha de Caracas, que salió de la plaza Venezuela hacia la Fiscalía ese 12 al mediodía, traía un documento a entregar a esa institución, donde hacía denuncias de las violaciones a los DDHH que venían cometiendo las fuerzas de seguridad del Estado y exigía libertad para los estudiantes presos por las protestas en Táchira y Mérida. La Fiscalía no se dignó a recibirlos. Pero, pocas horas después, la Fiscal sí fue rápida en acusar a las fuerzas opositoras por la violencia de la tarde, sin mediar investigación alguna.
La verdad emergería pocos días después. Muchas cámaras de celulares y de periodistas filmaron la acción violenta de paramilitares esa tarde, que actuaron con la aceptación, o ante la inacción cómplice, de los cuerpos de seguridad, cuya obligación en países con Estado de Derecho, es proteger a civiles de la acción violenta de terceros. En Venezuela es necesario reiterar siempre, que aquí hay unos más iguales que otros.
Las autoritarias respuestas del gobierno han tenido para él importantes costos políticos. La más evidente es que finalizó febrero pero la protesta sigue ahí. De marchas pasó a concentraciones, barricadas, cortes de vía, cadenas humanas y muchas otras formas creativas de expresar el malestar reinante, motivado no sólo por la exclusión de derechos civiles y políticos de sectores opositores al chavismo, sino también por la grave crisis societal que se padece y la aparente incapacidad del gobierno de Maduro por superarla.
Todo este mes que Venezuela atrapó la atención de las cámaras de los noticieros internacionales, compitiendo en espacio informativo con países como Ucrania, de violencia galopante. La fronteriza ciudad de San Cristóbal aparece en fotos y videos con jóvenes encapuchados provistos de palos y piedras, tanquetas militares volcadas, basura encendida, campamentos improvisados por estudiantes y la sociedad civil en general, desde el 4 de febrero y hasta cuando esto escribo, protestando sin tregua. Muy a pesar de Maduro, el Carnaval que este año comenzó el viernes 28, de hecho se suspendió en muchas partes.
De acuerdo a declaraciones dadas por la Fiscalía, hasta el día 24 hubo 579 detenidos, 529 con medidas cautelares, 45 privados de libertad. A nombre de la MUD, el 27 de febrero el alcalde Ocariz informó que, hasta ese día, habían registrado 720 detenidos en todo el país, de los cuales 464 habían sido ya liberados. El Foro Penal Venezolano, por su parte, manejó hasta el 2 de marzo 970 detenidos, y 30 denuncias de torturas y tratos degradantes. Para finales del mes el saldo oficial de fallecidos según la Fiscalía alcanzó a dieciocho, siete con tiros en la cabeza. También informó de nueve funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado presos, vinculados a algunos de los crímenes.
La cuantiosa inversión del chavismo en medios de comunicación nacionales, e internacionales como Telesur, destinada a convencer fuera del país, y también dentro, que aquí estamos avanzando a toda máquina gracias a una “revolución bonita” hacia un socialismo emancipador, comienza a desmoronarse ante fotos y videos, muchos de ellos amateurs, difundidos por redes sociales, por parte de estudiantes, periodistas, ciudadanos de a pié, que develan en su crudeza el cuadro de represión, escaseces, inseguridades, basura y miedo de un país que desde hace ratos está en grandes apuros.
A continuación veamos algunos saldos políticos obtenidos de esta desobediencia civil. Evaluemos en definitiva qué ha ganado este esfuerzo colectivo.
Saldos y retos de la protesta
Siempre es necesario subrayar que nuestra sociedad está polarizada. Una mitad observa con poca simpatía o hasta con franco rechazo la protesta que desarrolla sectores de la otra. Aún así se destacan varios resultados de la desobediencia civil de febrero que seguramente afectarán a toda la sociedad:
Un primer resultado es haber empañado ante las naciones latinoamericanas y del mundo, particularmente aquéllas que se reconocen como de izquierda, la imagen del gobierno venezolano como progresista, democrático, protector de los derechos humanos de su población. Esta imagen exhibía pocas fisuras antes de estas jornadas, dado el apoyo incondicional de los países del ALBA, pero también el de aquéllos que sin ser parte de esa alianza ideológica, como Argentina, Brasil, Uruguay, consideraron a Chávez y consideran a Maduro, líderes de un gobierno “revolucionario” y “socialista”, afín a los que ellos ejercen en sus países. Nada más errado. La violación flagrante de DDHH en Venezuela, denunciado desde hace años por organizaciones no gubernamentales y fuerzas opositoras, la denuncia de grupos paramilitares actuando con impunidad –cuando no apoyados por el gobierno- contra civiles opositores, la indefensión frente a ellos por parte de los ciudadanos no importa de qué color político, encontró en los videos de amateurs y periodistas nacionales e internacionales de estos días evidencias irrefutables. Le dieron la vuelta al mundo por las redes sociales y algunos noticieros internacionales. Aunque el gobierno cuenta todavía con importante respaldo latinoamericano, se vio obligado a refutar las acusaciones. La apresurada gira internacional -pasando por NNUU- del canciller Jaua, las explicaciones dadas en Ginebra del representante de Venezuela en ese organismo, Jorge Valero, las declaraciones de Roy Chaderton y Saltroni, representantes de Venezuela en la OEA, las preocupadas declaraciones del secretario general de NNUU, Ki-Moon, las de la Alta Comisionada de ese organismo, Navy Pillay, las del secretario de la OEA, José Miguel Insulza, el Papa Francisco, entre otros, así lo constatan.
Un segundo, es haber puesto en evidencia que la desobediencia social manifestada a través de masivas concentraciones, marchas, guarimbas y otras modalidades de la política de calle, cuenta con una formidable fuerza social que resiste la deriva autoritaria y militarista del gobierno de Maduro y exige rectificaciones importantes al modelo “socialista”, no sólo en lo político sino también en lo económico. Este modelo ha quedado con estas protestas irremediablemente asociado a la crisis que en todos los órdenes de la vida social viene sufriendo la población. Ojalá Maduro escuche el mensaje que el pueblo no chavista con tanta firmeza le ha expresado. Hasta ahora sus muestras de comprensión y respuesta a lo que pasa han sido débiles y de poco impacto, con lo que podría estar arriesgando su sobrevivencia como líder y la del chavismo como fuerza política relevante a mediano plazo.
Un tercer saldo es que las protestas le dieron fuerza a propuestas de diálogo. Sin mucho vigor, intensiones de diálogo habían aparecido en el discurso gubernamental después de las elecciones del 8D, centrándose inicialmente en la disposición de Maduro de abrir espacios de trabajo con gobernadores y alcaldes de oposición. En esta estrategia fue claro que buscaba sobre todo debilitar las vinculaciones de estas autoridades electas con la MUD, aprovechando su fuerte posición de controlador de la renta petrolera que gobiernos subnacionales mucho necesitan. Ahora las protestas han dado mayor sentido y necesidad a una política del diálogo entre actores que se relacionan de manera más igualitaria, menos chantajeable. Maduro necesita reactivar la economía para tener un respiro. La protesta y sus efectos paralizantes sobre la producción y la vida cotidiana fortalecieron posiciones en el seno del chavismo que apoyan conversaciones con sectores sociales que pudieran ayudar a darle más legitimidad y estabilidad al gobierno. Por lo pronto la gravedad de la crisis económica propicia que el gobierno se siente con empresarios y escuche sus sugerencias, que, como las de Lorenzo Mendoza, cabeza del Grupo Polar, deben sonar a herejía para mucho socialista trasnochado.
Aún es pronto para saber qué saldrá de estas primeras iniciativas, pero es una brecha abierta que podría ensancharse –con la ayuda entre otros recursos de una continuación de la política de la calle- para llegar al verdadero diálogo que la sociedad desesperadamente necesita para iniciar la sanación de sus heridas y el retorno a la democracia: el diálogo político. Éste aún no se avizora en el horizonte principalmente por la fortaleza de las facciones chavistas anti-diálogo a cuya cabeza se encuentra Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional. Pero también por la enorme desconfianza y el resentimiento acumulado en algunos actores políticos que hacen vida en la MUD.
Destaca en cuarto lugar, cómo la protesta visibilizó por vez primera diferencias de posición en torno a estrategias políticas en el seno de los altos cuadros políticos del chavismo. Aunque es de reconocer que a lo largo de la crisis generada por las protestas el chavismo ha mantenido una importante cohesión, voces como la del ex militar y gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, comienzan a mostrar una tendencia que podría hacerse más clara en el futuro. Vielma se deslindó de la política represiva dirigida por Maduro y el Ministerio de Relaciones Interiores y abogó por la liberación de los estudiantes detenidos y los presos políticos. La orden de expulsión de CNN en español dada por Maduro, y a las pocas horas la rectificación con el retorno de las credenciales a los periodistas, pudiera haber sido otra señal de conflictos en torno a cómo manejar la crisis con los medios de comunicación.
Vinculado al punto anterior, un quinto saldo ha sido la destitución del director del SEBIN y del militar jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Los Andes (REDI-Andes), así como órdenes de detención a funcionarios del SEBIN, la GN y policías, por sus actuaciones desviadas del derecho durante las protestas. Las investigaciones iniciadas por la Fiscalía por los hechos violentos ocurridos, probablemente no se hubiesen dado sin la conmoción producida por testimonios, fotos y videos, que contradijeron las primeras declaraciones oficiales de esta institución y de autoridades del Ejecutivo Nacional. De continuarse este apego a leyes y procedimientos de justicia, sería una primera señal de la vuelta a un Estado de Derecho por parte de los poderes públicos, que han actuado hasta ahora más al servicio de la “revolución”.
Otro elemento, el sexto, es la mayor visibilización de conflictos y tensiones tanto en el seno de la MUD como en sus bases. Las diferencias en torno a cómo caracterizar la coyuntura actual, cuáles fines se persiguen, y en correspondencia, cuáles estrategias privilegiar, son muy notables entre los diversos partidos y líderes, y podría traer como consecuencia una fragmentación y debilitamiento de esta plataforma política. La entrega a las autoridades del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, obligó a la MUD a cerrar filas en solidaridad con ese partido, aunque la mayoría de los actores políticos opositores, incluyendo Henrique Capriles Radonski, no compartían la intensa estrategia de calle promovida por este dirigente y Machado, la parlamentaria independiente. La modalidad de protesta confrontacional que es la “guarimba” (barricada), practicada por unos ciudadanos opositores encuentra en otros un franco rechazo. Esto ha dado lugar a airadas desavenencias en la calle, pero también a convocatorias a asambleas de ciudadanos para ventilar las diferencias y negociar acuerdos sobre las prácticas entre quienes teniendo un objetivo común, difieren en los medios. Estos ejercicios de democracia directa fortalecen conciencia ciudadana y tolerancia a la diferencia.
La protesta popular tal como la vimos en amplio despliegue este febrero de 2014, es una herramienta necesaria, legítima y muy útil en épocas de desinstitucionalización como la que padecemos hoy en Venezuela, donde sectores sociales carecen de canales desde donde pugnar por el reconocimiento a sus derechos. Su principal mérito en esta coyuntura fue poner en evidencia dentro y fuera del país, la fuerza de quienes se oponen a políticas, acciones o decisiones del poder. Su principal peligro, que devenga en confrontación foquista y/o violenta desacatando el juego democrático. La protesta popular tiene el mérito de interpelar desde el espacio público de la calle a una autoridad considerada sorda e injusta, compeliéndola a que rectifique, a que reconozca derechos negados o violados, a que limpie afrentas. Esa gran energía que vimos en febrero seguirá en la sociedad, buscando convertirse en algo más que queja y demandas múltiples e inconexas. Escucharla, interactuar con ella y construir de abajo hacia arriba una respuesta política democrática, que permita al país retornar a la comunidad de democracias del mundo, es el gran reto de actores y líderes sociales y políticos hoy en Venezuela.