El martes 18 de febrero de 2014, tras casi una semana de intensas manifestaciones en todo el país, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó durante una concentración de trabajadores petroleros transmitida por el canal del Estado Venezolana de Televisión que “en Venezuela hay plenas libertades democráticas para hacer política. Acabamos de salir de unas elecciones hace ocho semanas, ¿o miento?”. Minutos después agregó “yo pregunto en voz alta al mundo entero: ¿en qué lugar del mundo se han hecho 19 elecciones en los últimos 15 años?” ¿Pero cuán cierto es que el hecho electoral confirma lo democrático de un Estado?
El artículo 2 de la Constitución prevé que Venezuela es un Estado democrático. El artículo 63 establece que “el sufragio es un derecho” y el artículo 66 prevé que los electores “tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado”. Estos artículos son la base de la idea de que Venezuela es una democracia.
Desde el 12 de febrero de 2014 se vive una tensa situación de manifestaciones, violencia y represión en todo el país. Los participantes y promotores de estas protestas han enarbolado diversas banderas y objetivos, por lo general poco claros, que tienen un común denominador: se oponen al gobierno de Nicolás Maduro por la grave situación de inflación, escasez e inseguridad que vive el país. Luego de casi dos semanas de protestas, existen denuncias de violaciones a la Constitución y a los Derechos Humanos, la censura de medios de comunicación y el bloqueo de Internet y las redes sociales, además del uso excesivo de la fuerza por parte del Gobierno Central, incluyendo detenciones arbitrarias y presuntas torturas.
Durante los últimos 15 años, equiparar la realización de múltiples elecciones con la existencia de un Estado democrático ha sido una constante Gobierno Central. De hecho, la realización de elecciones, que en promedio son 1,3 por año desde 1999, ha sido uno de los principales argumentos empleados para justificar sus decisiones y acciones de toda índole, así como para responder a las críticas hechas sobre el modelo de gestión. ¿Pero son las elecciones el único elemento de una democracia?
Polity IV es un proyecto del Center for Systemic Peace que codifica características de los regímenes políticos de manera que —en los extremos— puedan ser calificados y clasificados en “Democracias Institucionalizadas” o “Regímenes Autocráticos”. Para la formulación de su indicador, el Polity IV considera factores como los mecanismos de elección del Ejecutivo Nacional (dígase regulación, competencia y apertura), las restricciones institucionales del ejercicio de poder del Ejecutivo Nacional y el grado de regulación y competencia política. Aunque no se incluyen otros factores identificados como claves en una democracia, como las garantías de los derechos civiles, el Estado de Derecho, la rendición de cuentas y la libertad de prensa.
Aunque el presidente Maduro afirma que las 19 elecciones que se celebraron en Venezuela entre 1999 y 2013 reafirman el carácter democrático de Venezuela, la realidad es que el sistema político nacional tiende cada vez más hacia lo que puede denominarse como un régimen autocrático:
Condiciones desiguales de participación en las elecciones. Desde 1999 se han realizado 19 elecciones por año y, en cada una de esas ocasiones, el Gobierno Central y el Consejo Nacional Electoral (CNE) han señalado la confiabilidad del sistema de votación. Pero, aunque al menos desde 2005 la oposición no ha cuestionado que la suma de las papeletas haya estado sujeta a vicios o fraude electrónico, se suelen reportar problemas con respecto a las condiciones en las que se realiza la etapa de campaña electoral y a irregularidades en el día de las elecciones. En el caso particular de la campaña presidencial de abril de 2013, el Comando Simón Bolívar presentó 222 denuncias por violación de la normativa de campaña por parte de la candidatura del PSUV. Estas denuncias incluyeron el uso de recursos públicos para financiar publicidad y eventos, uso de niños para hacer campaña y un importante desbalance informativo por parte de los medios oficiales. Por ejemplo, entre el 2 y el 10 de abril de 2013, en plena campaña electoral, VTV transmitió casi 6 horas de discursos de Henrique Capriles Radonski, mientras que transmitió a Nicolás Maduro por poco más de 65 horas. Por su parte, de las denuncias hechas por el Comando Simón Bolívar con respecto a los comicios presidenciales del 14 de abril de 2013, resaltaron el llamado “voto asistido”, la evacuación forzosa de testigos de oposición de los centros de votación y la violencia dentro y fuera de los mismos.
Los ciudadanos pueden expresar sus preferencias, ¿pero a qué costo? Aunque el Gobierno central suele referirse a que en Venezuela se pueden expresar libremente opiniones en su contra, quienes disienten deben asumir consecuencias que van más allá del hecho de ser inmediatamente calificados con adjetivos descalificadores (escuálido, apátrida, parásito, imperialista, fascista, entre otros). Quienes firmaron para realizar el referéndum revocatorio al gobierno de Hugo Chávez en 2004 fueron identificados en la Lista de Tascón o Lista Maisanta y, como consecuencia, se registraron múltiples denuncias de despidos de empleados públicos, negativas a puestos de trabajo e incluso beneficios de programas sociales.
La discriminación por tendencia política desde el Gobierno Central se ha mantenido, incluyendo amenazas hechas a trabajadores petroleros por parte del ministro Rafael Ramírez en 2006 o a empleados del Ministerio de Vivienda y Hábitat por parte de Ricardo Molina en 2013. También se han denunciado amenazas a los votantes durante los procesos electorales, que de hecho es una de las razones por las cuales se solicitó la impugnación del resultado de las elecciones del 14 de abril de 2013. Incluso, quienes desde el oficialismo han realizado críticas al Gobierno Central han sufrido consecuencias. Tal es el caso de Nicmer Evans, un politólogo afecto al oficialismo quien, tras criticar algunas decisiones del gobierno de Maduro, vio cancelados sus programas de radio y televisión. Por su parte, abundan también los ejemplos en los que aquellos que expresan opiniones favorables y adhesión al proyecto oficialista parecen ser recompensados, e incluso quienes están en el poder enfrentan pocas posibilidades de que las autoridades judiciales actúen en su contra: se desestiman denuncias de corrupción, el arrollamiento de un manifestante puede calificarse como “accidente” o el llamado a un “contra ataque fulminante” no se considera incitación a la violencia, incluso cuando el saldo sea de varios heridos y muertos.
El poder del Ejecutivo Nacional es ilimitado. Con la aprobación de la Constitución de 1999 se hicieron modificaciones al marco legal que, por un lado, aumentaron el poder del Ejecutivo (como el aumento del control del Presidente sobre los militares) y por otro redujeron los contrapesos para la toma de decisiones (como la sustitución del sistema legislativo bicameral por uno de cámara única, al eliminar el Senado). En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez propuso una reforma constitucional que promovía aún mayores injerencias del Poder Ejecutivo Nacional en todos los ámbitos del quehacer nacional. Si bien fue rechazada, en 2009 se aprobó la enmienda constitucional para permitir la elección indefinida para los cargos de elección popular, incluido el cargo de Presidente de la República.
Además, hay muestras de que el Poder Ejecutivo ha mantenido control sobre el los otros Poderes Públicos. Por ejemplo, ha ejercido labores propias del Poder Legislativo a través de cinco Leyes Habilitantes. Recordemos que el fallecido dirigente oficialista Carlos Escarrá llegó a decir, en su rol como Diputado ante la Asamblea Nacional, que “tampoco aceptamos la división de los poderes, ya que debilita la acción del Ejecutivo y la eficiencia del Gobierno” (El Universal, 29/08/2010). Incluso, la entonces Presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales, declaró en diciembre de 2009 que “no podemos seguir pensando en una división de poderes porque eso es un principio que debilita al Estado”, a la vez que propuso la revisión de ese principio constitucional (Informe21, 05/12/2009). Un caso resaltante y ejemplo de esto es la detención y encarcelamiento de Leopoldo López quien, amén de que sus abogados hablan de vicios en los procesos, está ahí por decisión del presidente: en cadena de radio y televisión, el 20 de febrero de 2014 Nicolás Maduro expresó que López “está en la cárcel como yo dije que iba a estar, gracias a los Tribunales y a Fiscalía”.
Cada vez hay menos garantía de libertades civiles. La gran mayoría de los derechos civiles, sociales, culturales, económicos y políticos previstos en la Constitución no están garantizados. De hecho, han sido violados por el propio Gobierno central, bien sea por acción u omisión. Resaltan las violaciones a la libertad personal, a la integridad física, psíquica y moral, a la justa defensa y asistencia jurídica, a la seguridad ciudadana, a la propiedad, a la libre expresión, al acceso a la información, a la protección del honor y la vida privada, y a la manifestación.
El libre ejercicio de las libertades civiles no debe ser selectivo. Para dar algunos ejemplos, si bien los cuerpos de seguridad pueden detener a personas que sean un riesgo para el orden público y la seguridad de terceros, su integridad física se debe respetar y proteger. Desde el 12 de febrero de 2014 y hasta la fecha han sido reprimidas gran cantidad de manifestaciones estudiantiles a lo largo y ancho del territorio nacional, traduciéndose en gran cantidad de detenciones, heridos, torturas e incluso varias muertes. Hasta la madrugada del 24 de febrero de 2014, el Foro Penal Venezolano reportaba 539 personas detenidas, de las cuales más de 200 habían sido liberados sin ser presentados en tribunales, 138 estaban sometidos a procesos penales, a 19 se les había dictado privativa de libertad, alrededor de 50 esperaban audiencia y apenas 10 habían conseguido libertad plena. Posteriormente, ese mismo día, fueron detenidas más de 60 personas que estuvieron relacionadas con las manifestaciones.
En Venezuela al parecer no hay Estado de derecho ni Sistema de rendición de cuentas. No resulta sorpresivo que Venezuela sea el tercer país con peores condiciones de Estado de Derecho en el mundo, en gran medida por la ya mencionada falta de autonomía de los Poderes Públicos. Además, las cuentas fiscales, los fondos parafiscales, los manejos de las divisas y las estadísticas oficiales son una “caja negra” y, por tanto, un caldo de cultivo para la corrupción. Ya a finales de 2013, Venezuela fue rankeada como el país más corrupto de América Latina y el número 15 en los más corruptos del mundo (de 177 países en total).
En estos datos resalta el hecho de que el Gobierno Central ha hecho un uso indiscriminado de recursos públicos en función de los intereses electorales. Entre 2010 y 2012, en la etapa previa a las últimas dos elecciones presidenciales, Venezuela incurrió en un incremento nominal del gasto público equivalente a 99%, con un déficit fiscal del Gobierno Central Presupuestario que alcanzó 4,9% del PIB. Aún más: la deuda pública del Gobierno Central Presupuestario aumentó en 47% entre 2010 y 2012, pasando de 2.490 dólares per cápita a 3.542.
En Venezuela hay poca libertad de prensa. El artículo 58 de la Constitución prevé que “toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura”. Es decir, no basta con que el Gobierno Central informe, sino que debe permitir que medios independientes también puedan hacerlo. Reporteros Sin Fronteras ubica a Venezuela en la posición 117 de 179 países, con respecto a la libertad de prensa. A su vez, entre 2002 y 2013, la ONG Espacio Público reportó 418 casos de censura, alcanzando un récord histórico de 77 casos en 2013. Sólo en 2013 se registraron 219 casos de violación a la libertad de expresión.
En 2014, la situación ha empeorado. Por una parte, las trabas en la asignación oficial de divisas han ocasionado que varios medios impresos hayan tenido que parar sus imprentas por falta de papel. Aquellos que aún sobreviven han tenido que disminuir sus páginas. Además, los medios privados nacionales mantienen una postura de autocensura para proteger sus señales, mientras que el Gobierno Central le quita la señal a medios internacionales como NTN24. También resalta la amenaza contra CNN en español: el 20 de febrero de 2013, Nicolás Maduro afirmó en cadena de radio y televisión que se había comenzado el proceso administrativo para “sacarlos de Venezuela” si no rectificaban su línea editorial con respecto a las manifestaciones que se reportan en el país. Un día después, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó vía Twitter que el Ministerio de Información y Comunicaciones le había revocado las credenciales a varios de los corresponsales de CNN, para luego devolvérselas al día siguiente. Por supuesto, no se puede dejar de mencionar que se han reportado bloqueos de páginas web, de contenidos de Twitter y de los servicios de Internet y teléfono en el estado Táchira. La situación se ha deteriorado enormemente desde que comenzaron las protestas: sólo entre el 12 y el 20 de febrero, Espacio Público reportó 43 casos y 72 violaciones a la libertad de expresión, lo que equivale a 8 violaciones por día.
Al parecer, a pesar de lo dicho por el presidente Nicolás Maduro, Venezuela no es un país fuerte “desde el punto de vista de su democracia”. Si bien las elecciones son una herramienta indispensable para la consolidación de un sistema democrático, no son suficiente garantía. Dado que la principal distorsión que vive el sistema nacional es la falta de autonomía de los Poderes Públicos, es importante que los ciudadanos hagan verdadero uso de sus derechos políticos e incluso que defiendan estos derechos en casos de conflicto. La manifestación es uno de esos derechos.