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Moraima Guanipa opina sobre la situación de los medios en Venezuela

Por Prodavinci | 21 de febrero, 2014

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Luego de esta semana de protestas, seguida de la entrega de Leopoldo López, y el comportamiento de los cuerpos de seguridad del Estado y la actuación de algunos grupos irregulares, ¿cómo considera que ha sido la cobertura mediática? ¿Los venezolanos han estado debidamente informados?

La cobertura mediática de los sucesos ocurridos en el país durante las últimas semanas pusieron de relieve lo que en meses anteriores ya veníamos observando en los medios nacionales, tanto impresos como radioeléctricos: el impacto de los cambios en la política informativa y línea editorial de algunos medios que pasaron a manos de nuevos dueños, así como la disminución de espacios en medios impresos, obligados bien a su cierre, como fue el caso de algunos periódicos en algunas regiones del país o a la reducción de sus páginas, producto de las severas restricciones en el suministro del papel para la impresión por la imposibilidad de adquirir divisas.

A esto se suma el panorama mediático nacional de los últimos años, con la autocensura y censura impuesta al interior de otros medios y canales televisivos nacionales, los cuales prácticamente se han conformado con replicar versiones oficiales o simplemente minimizar la cobertura de voces disidentes y eventos de la llamada oposición. Y ni qué decir de la presencia de un sistema de medios públicos, gubernamentalizado, que presenta como natural ¡y hasta plausible! la cobertura sesgada de diversos hechos que afectan a todos los venezolanos.

Digo que los sucesos ocurridos a partir del 12-F pusieron de relieve esta creciente disminución de espacios y de pluralidad para informar de manera oportuna sobre los hechos porque es precisamente en contextos de confusión social cuando se hace más necesario, e incluso obligante, informar y abordar periodísticamente y de la forma más completa posible, sobre lo que está ocurriendo. No sólo hablamos en función de los mandatos constitucionales en su articulado referido a la libertad de expresión y el derecho a la información, sino también a lo que tiene que ver con el marco de acción ética y profesional que recae sobre la tarea de informar en medios de comunicación.

Frente a un clima de violencia generalizada, con el uso desproporcionado de las fuerzas policiales y la presencia de grupos paramilitares contra manifestantes; frente a un clima de creciente crispación social y de polarización, resultó ostensible el silencio informativo de algunos medios, oficiales y privados.

Es en este tipo de situaciones cuando los rumores, la desinformación  y, más aún, la falta de información generan una humana avidez por saber qué está pasando. La información, y eso es un principio clave en el ejercicio profesional del periodismo, es una necesidad social. Y hechos como los vividos en los últimos días no hacen sino remarcar esta urgencia. Creo también que el derecho a la Información, un aspecto clave en el ADN de toda sociedad democrática y que por lo general resulta un valor abstracto para la gente, comenzó a tener un sentido más concreto cuando nos encontramos con canales de TV con programas de comiquitas mientras en las calles había humo, detonaciones, gritos y paremos de contar. La información, como un bien ciudadano, adquirió un valor esencial y se volvió reclamo cuando constatábamos cómo para acceder a informaciones que no fueran las oficiales, el venezolano tenía que recurrir a los escasos programas informativos y de opinión que todavía quedan en la radio, a la información ofrecida en algunos medios impresos y, ante el silencio informativo de la TV nacional, a canales internacionales. Acaso también a las redes sociales, que en este contexto se han convertido en los espacios para la difusión informativa en “tiempo real”, incluso con lo que suponen de presentación caótica e indiscriminada de versiones de la realidad. Internet y las redes sociales se han convertido en un territorio donde es posible contrastar versiones, decantar opiniones e informaciones que anteriormente ofrecían los medios tradicionales.

El panorama mediático nacional presentó un rostro polarizado, y desequilibrado si tomamos en cuenta el importante número de medios en manos del Estado y que han sido instrumentalizados en función de lineamientos gubernamentales. Las matrices informativas que emanan de estos medios toman al calco los discursos y versiones oficiales.

Con excepciones honrosas de periodistas y escasos medios tercamente empeñados en mantener abiertas las ventanas para dar cuenta de la complejidad de nuestro presente social, informativamente el venezolano se encuentra hoy más desguarnecido, menos acompañado en su derecho y en la necesidad de tener mensajes periodísticos de calidad, plurales, que le permitan formarse una opinión propia sobre lo que sucede. 

Ante la notificación pública de que la salida de NTN24 de las parrillas de las cableras venezolanas fue una orden del Ejecutivo Nacional y la amenaza a CNN en Español en la cadena de radio y TV del día de ayer, ¿cómo evalúa el estatus de la libertad de información/expresión en Venezuela?

Negativamente. Y no creo decir nada nuevo si nos atenemos a los ya numerosos informes y advertencias que en este sentido vienen realizando organismos como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión CIDH u organizaciones como Espacio Público, IPYS, Provea, RSF, así como en las investigaciones que se adelantan en ámbitos universitarios. Si ya resulta preocupante el hecho de que desde el Estado se apliquen de manera punitiva y discrecional normativas legales como la Ley Resorte y la LOPNA, que ahora sea el propio Ejecutivo Nacional el que amenace y promueva medidas restrictivas contra el trabajo informativo de canales y cadenas internacionales incluidos en la parrilla de las operadoras de cable, es un precedente escandaloso, por decir lo menos.

Lo anterior es un hecho más en un país que asiste a un menoscabo casi cotidiano de algunos derechos fundamentales como el Derecho a la Información. Son innumerables las acciones que, si bien no suponen censura directa o indirecta, hablan de la visión sesgada y discrecional con la que desde el poder se manejan los asuntos vinculados con el ejercicio del Derecho a la Información. Pensemos en la forma cómo se niega el acceso a periodistas de medios independientes a la cobertura de actos oficiales, en la manera cómo funcionarios públicos, obligados como están por la normativa legal venezolana a informar sobre los asuntos bajo su responsabilidad, se niegan directamente a hacerlo ante periodistas y medios que consideran opositores.

Si en algo destaca el marco constitucional venezolano es precisamente en el articulado referido a la libertad de expresión y el derecho a la Información. Si bien son derechos que acarrean responsabilidades, no es menos cierto que son una garantía clave para las libertades ciudadanas. Es bueno recordar que incluso en Estados de Excepción, como reza el artículo 337 de la Constitución, no se suspende el derecho a la Información, lo que de por sí ya habla de su importancia como valor democrático.

***

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Prodavinci 

Comentarios (1)

Messinía
25 de febrero, 2014

Creo que el público opositor esperaba una cobertura igual o mayor que la que hicieron las empresas de comunicación privadas en abril de 2002, cuando suprimieron toda su programación habitual para mostrar únicamente lo que habían planeado para ese día. En este caso, la calle no les daba para tanto, para hacer “periodismo alarmista”

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