Luego de esta semana de protestas, seguida de la entrega de Leopoldo López, y el comportamiento de los cuerpos de seguridad del Estado y la actuación de algunos grupos irregulares, ¿cómo considera que ha sido la cobertura mediática? ¿Los venezolanos han estado debidamente informados?
Como venezolano, como ciudadano, tendría que afirmar tajantemente que la cobertura informativa, especialmente de los llamados medios radioeléctricos tanto del sector privado/comercial como del mal llamado “servicio público” de radio y televisión, ha sido prácticamente nula y en el mejor de los casos —especialmente de la radio y televisión ¿pública?— manipulada y tergiversada con fines propagandísticos y, en definitiva, de “guerra psicológica”.
Por un lado, los servicios radioeléctricos privados/comerciales hicieron un “silencio” que es explicable, mas no justificado por razones éticas y de responsabilidad, por la autocensura que se han venido imponiendo debido al corsé jurídico (Ley de Responsabilidad Social en Radio, TV y Medios Electrónicos; Ley Orgánica de Telecomunicaciones; Código Penal…) que ha diseñado el Gobierno en funciones de Estado. Es el tema del miedo, de la intimidación que concluye en la autocensura. Por otro lado, está la cobertura informativa de los hechos a través de la radio, televisión, medios impresos y la red social del Estado. Allí la cobertura fue sesgada, manipulada y desinformante de cuanto venía y sigue ocurriendo.
¿Qué nos queda como ciudadanos? Las ventanas informativas se han venido cerrando poco a poco y, por los vientos que soplan, se quieren cerrar otras vías desde las cuales los venezolanos hemos podido informarnos: algunos medios informativos internacionales, servicios de la radio y televisión por suscripción y los medios digitales, a través del bloqueo de contenidos multimedia. Como vemos los vientos que soplan en relación a los medios, a la libertad de expresión, al Derecho a la Información y Comunicación no son muy a favor, sino todo lo contrario.
El Gobierno está dispuesto, los signos así nos lo señalan, a cercar más a los profesionales de la comunicación, a los medios y, en definitiva, a la verdad.
Ante la notificación pública de que la salida de NTN24 de las parrillas de las cableras venezolanas fue una orden del Ejecutivo Nacional y la amenaza a CNN en Español en la cadena de radio y TV del día de ayer, ¿cómo evalúa el estatus de la libertad de información/expresión en Venezuela?
Las amenazas de CONATEL a aquellos medios —radio, televisión y medios digitales— que divulguen información sobre las protestas y los hechos de violencia y la posibilidad de aplicar sanciones severas abren un ventana que impone verdadera censura informativa.
El hecho de que no se abran los debidos procesos administrativos y de investigación sobre la cobertura ofrecida ante lo que está pasando a nivel nacional, deja en evidencia que estamos en presencia de un Gobierno realmente autoritario. Y en estos gobiernos lo primero que se afecta es la información-comunicación, porque es ella la que transparenta, visibiliza y pone en evidencia ante la opinión pública el autoritarismo, la ineficacia y la mala gestión pública.
He afirmado en diversas oportunidades que, así como el anterior, el gobierno de Nicolás Maduo le tiene un terrible miedo a los medios de comunicación social y a sus profesionales. ¿Por qué? Porque son los medios, a través de la mediación de sus profesionales, los que ponen en evidencia la mala gestión gubernamental, la ineficacia en el manejo de las políticas públicas y la incapacidad para proyectar un país de desarrollo social para todos. Han sido los periodistas, con el uso de un buen periodismo investigativo e interpretativo, quienes han puesto al descubierto hacia dónde se dirige este proyecto político y el tipo de sistema político que se quiere imponer como país-nación. Ahí reside el miedo hacia los medios. Entonces la fuerza radica en que los medios visibilizan, hacen transparente esa incapacidad, esa ineficacia y los males de una gestión pública. De ahí que el Gobierno intente, por todos los medios, desde los jurídicos hasta los estructurales, limitar en grados importantes la libertad de expresión y, en definitiva, el Derecho a la Información y a la Comunicación.
Que hayamos llegado hasta aquí pone en evidencia, una vez más aunque ahora con más crudeza que antes, aquello que dijera el profesor Antonio Pasquali en cierta oportunidad: “El chavista es el primer gobierno del país que comprende la importancia capital de las comunicaciones para modelar sociedades. Y es una lástima que haya aplicado esa comprensión a la causa equivocada”.
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