Demostración por la paz de familiares de víctimas de las FARC, 14 de Octubre, 2012 – Foto: EFE/Leonardo Muñoz
Aunque muchos colombianos intuíamos la magnitud de la violencia que ha causado la guerra en Colombia en los últimos 50 años, las cifras del importantísimo informe del Grupo de Memoria Histórica no dejan de horrorizarnos: 220.000 muertos, de los cuales el 81,5% corresponde a civiles; 31.997 secuestrados —en ciertas épocas una persona secuestrada cada ocho horas—; un número de desplazados equivalente a la totalidad de habitantes de Medellín y Cali; una víctima diaria de las minas antipersonales; 25.007 desaparecidos.
En síntesis, y según palabras del mismo informe, tenemos el más sangriento conflicto armado de la historia contemporánea de América Latina.
Sí: en el que es para muchos “el mejor vividero del mundo”, en el pueblo que se considera uno de los más felices de la tierra, vivimos una guerra atrozmente degradada. ¿O será que aún después de ver en cifras el número escandaloso de masacres, violaciones, torturas, atentados y asesinatos selectivos, los que no hace mucho negaban que existiera un conflicto armado persistirán en la idea?
Más allá de las estadísticas, lo que hace el informe es mostrar una historia nacional de la infamia en la cual los actores armados —paramilitares, guerrilla, miembros de la Fuerza Pública— reinventan una y otra vez sus prácticas violentas. Pero también examina sus causas. Allí están consignados la desidia del Estado, los abusos de la Fuerza Pública, la violación de los derechos humanos por parte de la guerrilla, del narcotráfico y de los paramilitares y los significativos silencios y omisiones de nuestra mal llamada democracia. Pero también las valerosas formas de resistencia de muchas víctimas, a pesar de los daños emocionales, psicológicos y morales que la violencia les ha causado.
El informe, del cual se desprende que para terminar el conflicto es necesario atender las necesidades de las regiones marginadas y destinar más presupuesto a la salud y la educación que a la guerra —el presupuesto de la Fuerza Aérea este año es de $670.928 millones— llega en un momento clave: en medio de las conversaciones de paz en La Habana y de una escalada de protestas campesinas y mineras, casi como un urgido llamado al Gobierno para que repiense sus políticas y apoye más firmemente el proceso de paz. Ahora bien, ¿será que logramos convertir este titánico esfuerzo del Grupo de Memoria Histórica en un punto de partida para pensarnos, para entendernos, para, finalmente, cambiar? Sin duda vendrán ahora debates y análisis. La prensa divulgará durante algún tiempo las historias y las conclusiones de estas memorias. Pero, ¿y después? Lo que se necesita ahora es que el informe penetre en la médula social e irradie hacia el futuro. Que no quede como un documento archivado que usen unos cuantos académicos para hacer sus disertaciones especializadas y nada más. Habría, por ejemplo, que hacer una versión breve y contundente para que manejen los maestros de bachillerato, e incorporar sin ambages esta visión dolorosa de nosotros mismos en la historia que leerán las futuras generaciones. Para no volver a ser víctimas de lo que García Márquez, en magnífica metáfora, llamó la peste del olvido. Esa enfermedad que nos persigue, y que estas memorias quieren conjurar.