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En defensa de la República, por Norberto José Olivar

Carrera Damas texto

La paciencia abrumadora de Germán Carrera Damas lo lleva siempre al desmenuzamiento de lo que se propone explicar. Y En defensa de la república no es la excepción. Pero usando sus palabras, y en buen sentido, cierto acercamiento a su estilo, voy a saltarme los prolegómenos del asunto y a manifestar los pareceres de mi lectura, en especial lo referente al último eslabón de la «periodificación» que nos presenta: El Proyecto Nacional Liberal Democrático, propuesto desde 1946 hasta nuestros días, basado en los diseños constitucionales y, sobre todo, en la estructura de poder interno de la sociedad. No obstante, puntualiza, que los lapsos 1948-1958 y el iniciado en 1999, se caracterizan por recurrencias autocráticas que, a fin de cuentas, terminaron siendo abortadas por la propia realidad (entiéndase: sociedad).

El historiador confiesa, de entrada, haber confundido el Proyecto Nacional Venezolano al concretarse la ruptura, de facto, con el régimen colonial; y como resultado de la Declaración de Independencia y la fundamentación constitucional. Afirma, entonces, que «El Proyecto Nacional no es correlativo con la naturaleza jurídica del Estado ni con la forma del desempeño del Poder Público». Es correlativo con la estructura de poder interna de la sociedad, es decir, con las expectativas ciudadanas para la realización de sus intereses y aspiraciones «socio-individuales», digamos, la vida privada, social, el territorio históricamente demarcado y compartido, la propiedad individual, el trabajo y la familia.

Para reconducir estas prioridades sociales a una nueva «estructura de poder interno» es necesario el consentimiento de las mayorías, e incluso, de esas minorías que detentan espacios diferenciados de poder, bien sea, político, social, académico, artístico, y que por lo general gozan de respeto e influencia en la opinión pública. En este sentido, Carrera Damas apunta lo siguiente: «De allí que su propensión al cambio esté condicionada por la acción de los medios de control social, conjugados en la represión, la vigilancia ideológica y el adoctrinamiento. Estos medios se ejercitan a través del ordenamiento legal y el sistema jurídico; la religión y la iglesia; la educación y la información».

Una propensión al cambio, tal como la señala Carrera Damas, pudo haberse manifestado en 1999 con las recién formuladas bases constitucionales, por lo menos, el establecimiento de un «ordenamiento legal» y un «sistema jurídico» distintos, que propiciaran el modelo deseado por los nuevos regentes del poder, así como nuevas obligaciones vinculantes entre la sociedad y el estado. Quizás, por un poco de aquella idea hobbiana de que cada hombre transfiere su derecho, mediante acuerdo, a un poder absoluto que le garantice el estado de paz. Sin embargo, y por suerte, el chavismo (Chávez) desaprovechó la coyuntura. La desorientación y el desorden con el cual asumieron la administración del estado no les permitió la elaboración de un verdadero proyecto, y solo se dedicaron a asegurar, por todas las vías, internas y externas, la retención y el acrecentamiento del poder. El poder absoluto.

Consecuente al ejercicio del poder absoluto, la corrupción política y burocrática, abrió la posibilidad, ya muy tardía, del monopolio de los medios de comunicación, a través de testaferros, tan evidentes en su condición, que echan por tierra cualquier intento de simular ciertas apariencias. Escribe Juan Aznarez: «La consigna fue demoler desde sus cimientos el activismo de la prensa opositora del 2002, y sustituirlo por el activismo gubernamental… las mayorías electorales del gobierno promulgaron leyes y sancionaron normas sobre contenidos y frecuencias radiales para forzar su claudicación o cierre». Esto ha obligado a una masiva migración hacia las redes sociales, en el ciberespacio, para la cobertura opositora y de muchas otras manifestaciones antigubernamentales que nacen, espontáneas, de la propia «estructura de poder interna» de la sociedad.

La desarticulación del desempeño del poder público al Proyecto Nacional y, por supuesto, a la estructura de poder interna de la sociedad, inhabilitaron el uso de otros medios como la religión y la Iglesia. Las recientes revelaciones de Pérez Osuna en El Universal nos dan una idea, bien ilustrada, de lo difícil que sería para el chavismo aspirar transformaciones por este camino:

En entrevista realizada tiempo atrás al entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, (hoy Papa Francisco) en Argentina, por el periodista de tendencia socialista Chris Mathews, Bergoglio le tiró esta perla: «la gente dominada por socialistas necesita saber que no tenemos que ser pobres. El imperio de la dependencia creado por Hugo Chávez, con falsas promesas, mintiendo para que lleguen a arrodillarse ante el Gobierno y ante él. Dándoles peces pero sin permitirles pescar. Si en América Latina alguien aprende a pescar, es castigado y sus peces confiscados por los socialistas. La libertad es castigada. Tú hablas de progreso y yo de pobreza. Temo por América Latina. Toda la región está controlada por un bloque de regímenes socialistas como Cuba, Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua. ¿Quién los salvará de esa tiranía?»

El régimen había diferido, por otra parte, el asalto a las universidades. La estrategia del difunto presidente fue dejarlas morir por inacción. Inocularles el cáncer de la resignación con la oscura esperanza de convertirlas en centros de reeducación ciudadana. En vez de formar universitarios, promoverían el adiestramiento de operarios fieles, ni siquiera a una idea política, sino a quienes detentaban (o detentan) el poder, sí, con nombres y apellidos. Así de limitados. Neo-súbditos a cambio de una supuesta profesionalización o licencia de ejercicio acreditada por el régimen. El poder absoluto no necesita universidades, las nuevas camadas de «votantes» se formarían en las escuelas y los liceos, niveles donde el control del estado no encuentra resistencia. Sin embargo, contradictoriamente, también son los espacios donde la religión y la universidad tienen una valoración substancial.

A todas estas, los embates de la realidad y la desaparición del caudillo está dejando a los «herederos» sin opciones. Y sin discurso. Para seguir en el poder tendrán que corromperse aún más para satisfacer a su insaciable maquinaria, pero deberá desistir de la retórica del cambio y asumir y legitimar la estructura de poder interna de la sociedad; aceptar que la consolidación de la nación solo es viable con «el concurso político, jurídico y emocional de quienes la integran».

Carrera Damas insiste en que la creación de un estado es factible en un corto período histórico, mientras que la formación de una nación solo se realiza en el período largo histórico, no tener esto claro conlleva a graves errores de apreciación de los procesos republicanos. Explica que el tránsito de la abolición de la monarquía a la república liberal autocrática ha sido traumático,  sobretodo «en sociedades llegadas a la República procedentes de la monarquía absoluta sin haber pasado por la monarquía constitucional». Cito esto, sin suscribirlo, pero pensando en unas palabras que escuché al historiador y político Rafael Simón Jiménez, quien afirmaba que el problema del chavismo era que había pasado directo del cuartel a Miraflores, sin haberse fogueado al calor de las luchas democráticas y partidistas que, por lo visto, son necesarias a pesar de todos los bemoles que podamos señalar.

Finalmente, el catedrático y presidente del Institutos de Altos Estudios Europeos, Gustavo Palomares, escribió hace poco que Venezuela cuenta con un Estado Fallido, caracterizado por el derroche obsceno y por una élite política que asume al Estado como botín. Considera, además, que los beneficios sociales son insostenibles, pues no se crearon los mecanismos reales para su arraigo, todo esto «bajo el manto de la corrupción, la inviabilidad presupuestaria y la inseguridad, física y jurídica». Afirma que: «Ha llegado el momento de una recomposición total… que tenga como base un pacto político y social amplio en donde las distintas fuerzas tengan cabida». Esto me recuerda a Giddens cuando explica la necesidad social de un «orden negociado», basado en la conflictividad entre partes que «detentan poderes diferenciales», si se pretende ejercer el poder y la consecución de «fines colectivos». De modo que el Proyecto Nacional Liberal Democrático, como auténtica expresión de la sociedad venezolana,  solo será tangible tras el rescate de la soberanía, de la autonomía de los poderes públicos, la libertad ciudadana, «en el marco del Estado de Derecho, plena autonomía de los procesos electorales y la alternabilidad republicana», escribe con acierto Germán Carrera Damas en su defensa de la república. Es una voz de alerta que debemos atender. De inmediato.