En los tres años que van de 2007 a 2010 más de 23.000 millones de dólares fueron los recursos invertidos por el Estado venezolano para la expropiación, adquisición, puesta en marcha y creación de empresas que se ajusten al paradigma socialista de desarrollo. Esta cifra es igual al monto anual que según la FAO se necesita para erradicar el hambre del planeta, al estimado que necesita el Fondo Global contra el sida, la malaria y tuberculosis o a la indemnización que desembolsó la British Petroleum por contaminar el Golfo de México.
Si se toma en cuenta que con estas acciones no se crean nuevos empleos (puesto que en el grueso de los casos se trata de compañías ya instaladas o se transfieren los mismos puestos de trabajo del sector privado al público) ni se logra un aumento significativo en la capacidad de producción (sólo ocurre un cambio de propietario) se concluye que el costo del desplazamiento del sector privado por parte del sector estatal es alto tanto para las finanzas de la nación como para el bienestar de la población.
Si además se analiza que una empresa como Rialca seguía paralizada en diciembre de 2009 luego de 18 meses de haber sido expropiada, o en los casos de Inveval e Invepal producían sólo el 15 y 20% de su capacidad instalada por esas fechas o Venirauto sólo adjudicó 2017 unidades automotrices hasta mayo de 2009, vale preguntarse sobre la efectividad del ambicioso plan de incremento de la participación estatal de la producción acometido por el actual gobierno.
Esto sin contar con la adquisición forzosa de la planta procesadora de arroz Cristal de Cargill aduciendo que el 70% de su producción no correspondía al arroz tipo paddy (regulado por ley). La peculiaridad de este caso resalta el descontrol presente en muchas de estas acciones puesto que este complejo industrial sólo estaba equipado para procesar arroz parboiled y luego del proceso expropiatorio el 100% de la producción sigue siendo del grano parboiled no regulado.
Despejar estas dudas, ahondar en el entorno societal y tratar de explicar la compleja trama de relaciones económicas propulsada por la revolución bolivariana son algunos de los propósitos de Gestión en rojo libro que se convierte en un hito para los estudiosos del ámbito empresarial.
Publicado en la colección “Políticas Públicas” del Instituto de Estudios Superiores en Administración (IESA), el estudio desarrollado por Anabella Abadi y Bárbara Lira bajo la coordinación de Richard Obuchi intenta responder a la gran interrogante de si ¿Pueden las actuales políticas públicas evitar los problemas clásicos de las empresas socialistas y promover el bienestar de la población?
Entre los múltiples resultados recabados resaltan dos rasgos compartidos por las empresas estatales estudiadas:
-Producen por debajo de sus metas.
-Sus beneficios laborales quedan supeditados a la disponibilidad de recursos del Ejecutivo nacional.
En el estudio, además, se detallan las consecuencias productivas de la aplicación de un nuevo modelo de gestión que privilegia el establecimiento de relaciones con las comunidades, integración de las empresas con programas gubernamentales como las misiones y estrategias de comercialización centradas en la manufactura de productos de bajo costo, antes, que en la sostenibilidad de los proyectos.
De la propiedad social y otras yerbas
Gestión en rojo aborda los derroteros de estos planes económicos sin deslindarse de las problemáticas políticas y económicas que los generan. Las estrategias reactivas de la revolución bolivariana que ante cada coyuntura muta sus planes son estudiadas con detalle en sus capítulos.
Es así como se rememora que el Primer Plan Socialista de la Nación (PPS) centrado en el difuso concepto de “desarrollo endógeno” es una respuesta a la crítica situación post-paro petrolero y la escasez de alimentos 2006-2008 explica el énfasis en la estrategia de soberanía y seguridad alimentaria.
Un aparte especial reflexiona sobre la “propiedad social”, concepto que se enfrenta radicalmente al derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución Nacional de 1999. Una década después este constructo fue discutido en la Asamblea Nacional durante las deliberaciones acerca del proyecto de Ley de Participación y Poder Popular siendo definido en el artículo 66 como: “El derecho del Estado de conservar medios y factores de producción o entidades destinadas a la satisfacción de las necesidades humanas esenciales para el desarrollo de una vida plena y la producción de obras, bienes o servicios, que por derecho y naturaleza propia le corresponde”.
Para ilustrar mejor los cambios propuestos se cita en el estudio la propuesta de Reforma Constitucional de 2007 donde se explicaban los “tipos de propiedad que existirán en el socialismo del siglo XXI”. A saber “la propiedad social directa que será aquella asignada en distintas formas por el Estado a una o varias comunidades o ciudades, convirtiéndose así en propiedad comunal o ciudadana. Por su parte la propiedad social indirecta es aquella que pertenece a las comunidades, pero es manejada por el Estado”. Además se contempla la propiedad mixta conformada a cuatro manos por sectores públicos, sociales, colectivos y el privado en distintas combinaciones.
Este ensayo se detiene en las consideraciones anteriores para mostrar el entramado legal que le ha permitido al gobierno revolucionario acometer una intensa campaña de estrategias políticas y económicas destinadas a incrementar el control directo de la producción por parte del Ejecutivo. En contrapartida “se reducen las garantías concedidas al sector productivo en todas sus escalas para emprender iniciativas en condiciones de crecimiento, sustentabilidad, eficacia o eficiencia”.
¿Ha sido efectiva la política de intervenir directamente en la producción?
Obuchi, Abadi y Lira hacen hincapié en la nueva organización de la producción y la participación directa del Estado. Por ello es dable preguntarse si, luego de la inversión de miles de millones de dólares, los procesos expropiatorios, los contratos de compra-venta y la creación de nuevas empresas, estas estrategias son eficientes y productivas.
Para hallar respuestas Gestión en rojo muestra 16 casos que van desde empresas expropiadas a las creadas donde recopilan datos de múltiples fuentes tanto primarias como secundarias. Uno de los rasgos citados recurrentemente en el libro es que, en general, estas empresas producen por debajo de las metas que se plantean. Tal situación se debe a múltiples factores como “dificultades de acceso a la materia prima, la falta de recursos financieros para las operaciones y las complicaciones burocráticas”.
Al reunir todas esas desventajas la sostenibilidad de estos emprendimientos es discutible para los investigadores. Algunos ejemplos son:
-Industria Venezolana Endógena de Papel (Invepal)
En 2002 las deudas acumuladas por Venepal C.A llegaban a los 173 millones de dólares por lo que a inicios de 2003 comenzó a vender sus activos para liquidar a 900 trabajadores. En 2005 fue expropiada luego de ser declarada en quiebra a fines del año anterior.
Entonces nace Invepal bajo un modelo de cogestión Estado-trabajadores representados por la Cooperativa Venezolana de Industria de Pulpa y Papel (Covinpa) y con un capital inicial de 13,2 millones de Bsf. Cuatro años después Ramón Lagardera, presidente de la cooperativa, informó que la producción seguía siendo muy baja pese a que la materia prima provenía de Chile pero no en los volúmenes adecuados.
Por ello el gobierno nacional le otorgó a esta empresa un crédito adicional por 24.156.662,00 con lo que el Estado asumió el control mayoritario de la empresa (82,7%). Cuatro meses después vuelve a presentar dificultades en el acceso a la materia prima por lo que dejó de operar por 120 días.
Lagardera advirtió que Invepal estaba produciendo el 20% de la meta mensual necesaria para alcanzar las 30 mil toneladas previstas ese año. También alertó que la empresa arrastraba pérdidas por el orden de los 72 millones de Bsf. a causa de irregularidades cometidas por la directiva.
-Centro de Producción de Rines de Aluminio (Rialca)
Ruedas de Aluminio C.A (Rualca), empresa productora de rines de aluminio para vehículos destinados al mercado internacional, ubicada en Valencia (Carabobo) se paralizó en junio de 2007 y fue expropiada un año después. En noviembre de 2009 se encontraba completamente inactiva.
Pese a las buenas intenciones del gobierno que previó una inversión de 50 millones de Bsf. para la reactivación progresiva de la empresa y diversos créditos adicionales, las trabas burocráticas enlentecen cualquier proceso al punto de que para enero de 2009 los trabajadores no habían cobrado sus prestaciones sociales ni los salarios pendientes desde junio de 2007. Sólo habían recibido adelantos a cuenta de las deudas, poca ayuda alimentaria y algunos juguetes. Según algunos reportes regionales las deudas acumuladas por la recién nacida Rialca totalizaban para agosto de 2009 el monto de 13.187 millones por prestaciones y salarios caídos. Se calcula que pasaron 26 meses en el laberinto burocrático para que se aprobaran los pagos por lo que los trabajadores decidieron conformarse con el pago mínimo debido a sus necesidades.
En noviembre de 2009 la empresa seguía inactiva y en abril de 2010 fue traspasada a la CVG Industria Venezolana de Aluminio.
-Planta Procesadora de Arroz Cristal, Cargill de Venezuela, S.R.L.
Esta planta ubicada en el estado Portuguesa tiene la particularidad de haber sido diseñada para manufacturar cereal parboiled o vaporizado. El 2 de marzo de 2009 diversos entes gubernamentales establecieron regulaciones mínimas a cumplir por la agroindustria, en el caso del arroz se fijó que el 70% de la producción debía ser arroz blanco paddy y el restante de las demás variedades.
Dos días después Richard Canán, a la sazón viceministro de Agricultura, inspeccionó la planta informando que no cumplía con las cuotas de producción en arroz blanco sujeto a la regulación de precios.
Alegando que esto había provocado escasez de arroz en el estado Portuguesa se procedió a expropiarla el 31 de marzo de 2009. Obviamente para febrero de 2010 esta procesadora continuaba produciendo el 100% de arroz vaporizado como fue diseñada.
Además los trabajadores manifestaban molestias por retrasos en el pago y una merma en la producción. De manera extraoficial comentaron a los investigadores que en vista de lo exigente que era el mantenimiento de las máquinas y la ausencia de expertos en el área temían la próxima paralización de sus actividades.
-Fama de América
Esta empresa con más de un siglo en el país fue expropiada en sus activos pero con la variante de incluir a la marca con lo que los estudiosos remarcan que se abre un nuevo capítulo en la historia de las expropiaciones en Venezuela. Luego del fracaso de diversas iniciativas estatales como el Plan Café se ocupó temporalmente las empresas Café Madrid y Fama de América. Según Félix Osorio, ministro del Poder Popular para la Alimentación, esta medida respondía a que ambas industrias controlaban el 80% del mercado y sus directivos habían proclamado una paralización por ausencia de materia prima.
Luego de los 90 días de ocupación temporal se decretó la adquisición forzosa de todos los activos tangibles e intangibles incluyendo la marca comercial Fama de América. A fines de abril de 2010, representantes del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura indicaban que el Ejecutivo nacional sólo pagaría el 10% del costo de esta fábrica, lo que se haría efectivo en mayo de 2010.
Pese a los diversos planes de incentivo y estrategias productivas que el Estado ha implementado en el último lustro los resultados en el rubro de la caficultura son especialmente desalentadores. Sólo en el primer trimestre de 2011 se importaron 36,7 millones de dólares en quintales de café superando con amplitud los 5.879, 23 $ que, en cifras del Instituto Nacional de Estadística, se registraron el año pasado en el mismo periodo.
El crecimiento en la importación de este producto agrícola es de 624.945,8% hecho explicado, en parte, por el declive sufrido por la producción del pasado año que sólo llegó a totalizar la cifra de 1,1 millones de quintales de café, unos 800.000 menos de lo que se necesita para satisfacer la demanda anual.
-Venirauto Industrias C.A.
Planta ensambladora de vehículos de tecnología iraní que nace de un convenio de cooperación y transferencia tecnológica entre Irán (51% de acciones) y Venezuela (49%). La inversión inicial fue de 118 millones de bolívares fuertes en capital nacional y 123 millones de capital iraní. En sus objetivos a cinco años se planteó generar 200 empleos directos y 100 indirectos, utilizar 92% de partes nacionales y diseñar un modelo 100% nacional.
La meta era producir 8000 vehículos en 2007 y comenzar a ensamblar vehículos de carga ligera a fines del mismo año. Para 2008 la cota era más alta aún: 26 mil vehículos.
Según declaraciones de Alcibíades Molina, vicepresidente de la empresa, al cierre de 2006 se habían ensamblado 804 unidades. En 2007 el ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Mineras, José Khan, expresó que se ensamblarían 4000 vehículos.
Se hicieron dos grandes entregas ese año: una de 227 vehículos en Fuerte Tiuna y otra en noviembre de 2007 de 200 unidades. Ya para 2008 Molina declaraba que esperaban fijar la cuota anual en 10 mil automóviles: 16 mil menos que lo proyectado en 2006. En junio del mismo año Ramón Carrizales, vicepresidente de la República anunciaba que la proyección era de 8 mil unidades, y acotó que sólo después de cinco años se podrían manufacturar los productos en un 100% sustituyendo por piezas nacionales las importadas desde Irán.
Evitar los errores históricos del socialismo
Al revisar los resultados los investigadores concluyen que la implementación de estas políticas públicas no ha permitido lograr los objetivos propuestos teniendo al desarrollo endógeno como el fin último de estas estrategias. Además aseveran: “La evidencia histórica y la investigación académica muestran que el control estatal de la producción y la planificación central suelen tropezar con algunas dificultades que conducen a problemas típicos de ineficiencia y escasez, como los que caracterizan a la economía venezolana actual”.
Basándose en la experiencia histórica recomiendan:
-Preservar e incentivar la existencia de la propiedad privada y la libre iniciativa.
-Permitir el funcionamiento del sistema de precios como mecanismo de asignación de recursos.
-Reformar el sistema de controles de precios con el fin de evitar los problemas de escasez.
-Limitar el financiamiento de las empresas públicas con recursos del fisco nacional.
Los estudiosos cierran su investigación ahondando en que el debilitamiento de los derechos de propiedad, la ampliación del ámbito de actuación de las empresas públicas y la incertidumbre respecto a nuevas regulaciones afectan la aparición de nuevas inversiones. La rigidez de los controles de precios genera escasez en nuestro entorno inflacionario y todo esto debilita la estructura económica atentando contra el “objetivo último” del proceso revolucionario que, en palabras y documentos, suele definirse como el logro del mayor bienestar en la vida del venezolano.