Una monografía recientemente publicada por el libertario Instituto Cato – Jeffrey A. Miron y Katherine Waldock, El Impacto Presupuestario de Eliminar la Prohibición de las Drogas (2010), disponible aquí– ofrece un estimado del costo presupuestario que enfrenta el Gobierno estadounidense (Federal, Estatal y Local) como consecuencia de la prohibición federal y estatal en contra de la venta y uso de marihuana, cocaína, heroína y otras drogas alucinógenas. El autor principal, Jeffrey Miron, es Ph.D en Economía del MIT y dicta cátedras de Economía en Harvard. Su coautor es candidato doctoral en la Escuela de Negocios de NYU. Resumiré la monografía y luego ofreceré algunas ideas acerca del tema de la legalización de las drogas.
Los autores estiman que legalizar estas drogas (lo que requeriría derogar tanto la prohibición federal como la estatal) reduciría el gasto público en 43,1 mil millones de dólares por año; aproximadamente dos tercios de la reducción serían a favor de los gobiernos estatales y locales. El ahorro involucraría reducciones en el gasto policial, en el gasto judicial y de fiscalización, y en el gasto carcelario y penitenciario. Los autores estimaron las reducciones multiplicando las diferentes categorías de gastos por el porcentaje de arrestos, enjuiciamientos y condenas que son atribuibles a delitos por drogas. Este es un método de estimación crudo, ya que diferentes tipos de delitos por drogas implican diferentes montos de recursos policiales, judiciales y penitenciarios utilizados; por ejemplo, la duración de la condena para un determinado tipo de delito es el mejor estimador de los costes de prisión para ese delito, y la duración varía de acuerdo con los diferentes tipos de delitos.
Otro problema con el método de estimación es su desatención a los costos fijos. Asumiendo una cantidad dada de costos fijos, una reducción de la producción no implica una reducción proporcional en los costos totales. Por lo menos no inmediatamente; en el largo plazo, una reducción de la producción podría reducir proporcional o casi proporcionalmente los costos totales, porque en el largo plazo los costos, o al menos la mayoría de ellos, son variables.
Así que la cifra de 43,1 mil millones de dólares no debe ser considerada como completamente cierta o correcta, pero como puede ser tanto mayor como menor, es un legítimo punto de partida para el análisis.
Además de reducir los gastos por cumplimiento de la ley, la legalización de las drogas ilegales, argumentan los autores, aumentaría los ingresos fiscales (federales, estatales y posiblemente locales también); ellos estiman el aumento en 46,7 mil millones de dólares al año. Ellos asumen de manera conservadora que, en primer lugar, la demanda de drogas no aumentará, es decir, la demanda de drogas a un precio determinado no será mayor. Se trata de un supuesto contra intuitivo, ya que la ilegalidad de las drogas desalienta su compra, pero los autores señalan que el aumento del consumo de drogas podría venir en gran medida a expensas del consumo de alcohol, tabaco y otros bienes que se gravan como las drogas lo sería.
Sin embargo, el precio de las drogas caería. Aunque la legalización de las drogas obligaría a los vendedores a pagar impuestos e incurrir en gastos regulatorios, y daría lugar a gastos de publicidad que podrían incentivar la alta rotación de clientes entre vendedores en lugar de aumentar la demanda, los autores suponen de manera válida que estos efectos se verían compensados por la eliminación de los altos costos que impone la prohibición sobre los vendedores, en particular la amenaza de castigo y la violencia de las pandillas.
La reducción en el precio tendría dos efectos que podrían compensarse entre ellos desde un punto de vista fiscal: la cantidad de drogas que se vende aumentaría, pero los ingresos fiscales por venta caerían debido a que la tasa de impuesto se basaría en el precio de venta. El efecto neto dependerá de la elasticidad de la demanda de las drogas. Si la demanda es inelástica, lo que significa que una caída en el precio no generará un aumento proporcional en la cantidad comprada, y ya que los ingresos son el resultado de multiplicar precio por las cantidades, los ingresos totales disminuirían cuando el precio caiga. Los autores señalan que la demanda de drogas se cree que es inelástica, y si es así, los ingresos caerán más que el precio si se legalizan las drogas, y esto reducirá la cantidad de impuestos recaudados en relación con un bien cuya demanda es elástica.
Sin embargo, se generarían ingresos adicionales de impuestos por el impuesto sobre la renta que pagarían los vendedores; los gánsteres de drogas no pagan impuesto sobre la renta por sus actividades delictivas.
De las estimaciones del consumo y precio de las drogas – estimaciones que, una vez más, no deben ser tomadas como precisas, ya que no hay registros fiables de las transacciones ilegales – los autores obtienen la cifra de 46,7 mil millones dólares en incremento de los ingresos fiscales como consecuencia de la legalización, asumiendo tasas impositivas similares a las de los sustitutos cercanos, como las bebidas alcohólicas.
La suma de las reducciones en el gasto público y los ingresos fiscales adicionales que se generarían, según los estimados de los autores, alcanzarían los 88 mil millones de dólares.
Sus estimaciones están desglosadas por tipo de droga. De particular importancia es su estimación de que la mejora presupuestaria producto de la legalización de la marihuana, la menos controversial de las drogas ilegales, sería sólo de 17,4 mil millones de dólares, de los cuales sólo 8,7 mil millones de dólares vendrían por la reducción del gasto en cumplimiento de la ley (calculado a partir de las tablas 3 y 4 en la monografía), y el resto lo representaría incremento en los ingresos fiscales. Y como sabemos por la reciente decisión del Departamento de Justicia para continuar la aplicación de la ley federal contra la marihuana en California, a pesar de la derogación de ese Estado de su prohibición estatal, ambas prohibiciones -federales y estatales- deben derogarse para que la legalización de las drogas ilegales sea eficaz.
Aunque creo que las estimaciones de los autores son lo suficientemente buenas para ser un punto de partida válido para la evaluación de los beneficios presupuestarios de la legalización de las drogas, es importante tener en cuenta que su monografía no es un análisis costo-beneficio en el sentido habitual. Es cierto que los costos de la policía, jueces, prisiones, entre otros, son costos sociales, es decir, son recursos que tienen costos de oportunidad. Pero los ingresos fiscales son un pago por transferencia en lugar de un aumento de la riqueza nacional general. Los autores no intentan estimar si gravar las drogas es eficiente en relación con otros impuestos, aunque lo cierto es que la tributación de las drogas es más barato que la prohibición, porque los gastos de recaudación son más baratos que los costes de aplicación de la ley que impone la prohibición.
Más importante aún, los autores no tienen en cuenta los posibles beneficios sociales de la prohibición. La prohibición reduce el consumo de drogas alucinógenas. Por supuesto que hay drogas alucinógenas que no están prohibidas, y muchas de ellas son sustitutos cercanos. Estas incluyen los numerosos medicamentos recetados que tienen efectos alucinógenos muy similares a los de las drogas ilegales, y por supuesto el alcohol y los cigarrillos. Por otra parte, un impuesto sobre las drogas legales elevaría el precio al consumidor y así mitigaría el efecto de la legalización en el consumo. Pero si el impuesto es demasiado alto, podría resultar en la reactivación de la industria ilegal. Y los autores probablemente subestiman el aumento del consumo que se derivaría de un precio más bajo o incluso el mismo precio (provocado especialmente por un impuesto rígido) porque no mencionan problemas con impurezas y con el estigma de ser un “adicto a las drogas” que son creados por la prohibición y que se reducirían sustancialmente por su derogación.
La pregunta sería entonces si los costos externos asociados al aumento del consumo de drogas alucinógenas excederían el ahorro en los costos de aplicación de la ley por la legalización. Parece dudoso que el consumo de marihuana genere importantes costos sociales, pero la legalización produciría sólo modestos ahorros en costos – 8,7 mil millones de dólares al año, según las estimaciones de los autores. Sin embargo la cocaína, en especial en forma de crack, junto con la heroína, éxtasis, LSD, metanfetaminas, y tal vez otras drogas, puede inducir cambios de comportamiento que ocasionen daños sociales. La mayoría de los líderes de las comunidades afroamericanas creen que el uso desenfrenado de drogas es altamente destructivo para sus comunidades, y no sólo por la actividad de las pandillas que la prohibición induce. Las bandas de narcotraficantes desaparecerían con la legalización y eso reduciría la violencia en las comunidades, pero lo anterior puede ser más que compensado por los efectos de un mayor consumo de drogas.
Preocupaciones con los altos déficits presupuestarios de los gobiernos federal, estatales y locales (de Estados Unidos) pueden generar una lectura más comprensiva a favor de los autores que lo que este tema usualmente produce. Desde un punto de vista presupuestario, los autores están estimando ahorros anuales por el orden de 90 mil millones de dólares. Pero sin un estimado de los costos sociales asociados al aumento del consumo de drogas, el camino a la derogación está bloqueado. Sería un paso en la dirección correcta si el Departamento de Justicia decidiera no hacer cumplir la Ley Federal de Drogas en cualquier Estado que derogue la prohibición estatal de esa droga, y así podríamos obtener evidencia experimental de los costos sociales de las drogas ilegales.
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Pueden leer el texto de Gary Becker sobre el tema pulsando aquí.
Pueden leer el texto en inglés de Posner en el blog Becker-Posner
Traducción: Economista Daniel Pereira (@dpereiraa)