Estado y bienestar en América Latina: límites y posibilidades de las políticas de transferencia de ingreso para reducir la pobreza y estimular el crecimiento económico
1) Antecedentes
América Latina sigue siendo un continente de múltiples y desconcertantes paradojas. Sin embargo de ostentar una abundancia de recursos naturales, de existir en la región países con economías que se clasifican entre las más importantes y sofisticadas del mundo y de comprender un mercado potencial de más de 500 millones de personas, la característica más marcada de la región sigue siendo la desigualdad y un nivel elevado de pobreza. De hecho, de acuerdo con Kliksberg (2002), citando datos de la CEPAL, el porcentaje de la población del continente viviendo debajo de la línea de pobreza en el continente había crecido del 41% en 1980 para el 44% en 2000.**
La interpretación predominante es que la desigualdad y, principalmente, la pobreza en el continente es consecuencia de los bajos niveles de crecimiento, lo que implicaba la premisa de que la reducción de la pobreza y de los indicadores de desigualdad en el continente sería alcanzada natural e inexorablemente con el crecimiento económico. Pero, el propio Kliksberg (2002) nos acuerda que años de crecimiento en muchos países de América Latina no lograrán reducir ni la pobreza ni la desigualdad. En muchos casos fue al revés, como en Chile que después de 16 anos del gobierno de Pinochet, caracterizado por un fuerte y prolongado crecimiento económico, tuvo su nivel de pobreza multiplicado por 2, pasando del 20% para el 40% de la población. Situación semejante se observó en Brasil en los años 70, México en los 80, Argentina en los 90 entre otros.
De otra parte, el recurso de las políticas sociales compensatorias, sea en la forma de transferencia de ingreso, sea a través de programas de asistencia social, siempre fue sesgado por la crítica de que se pueden transformar en herramientas de populismo y manipulación política.
1.1 La nueva promesa del paradigma neo-liberal
Esta desconfianza con el uso directo de políticas sociales para complementar (u compensar) la acción de los mecanismos de mercado para reducir la desigualdad y la pobreza en contextos de crecimiento económico, justificó una nueva ola de políticas económicas liberales en los años 1990, bajo el paradigma que se tornó conocido como el “consenso de Washington”.
De acuerdo con este paradigma los gobiernos deberían crear condiciones para un funcionamiento más eficiente de la economía de mercado. Esto se daría con una disminución del tamaño del estado, principalmente con la privatización de actividades que pueden ser desarrolladas por el sector privado, con la adopción de políticas macro-económicas comprometidas con el equilibrio presupuestario y con la estabilidad de precios, con la eliminación de barreras al libre movimiento internacional de bienes e capitales y con la desreglamentación de la economía. Para el estado quedaría el rol de hacer las inversiones en las denominadas políticas estructurales (u horizontales), tales como: educación, salud, ciencia y tecnología, y algunos sectores de la infra-estructura. En la dimensión política el paradigma presupone la adopción de la democracia representativa, remplazando los regímenes autoritarios (militares u civiles) del continente. Así, esta combinación de un ambiente económico más favorable a las inversiones y actividades privadas, con un estado democrático y un gobierno más delgado, pero encargado de hacer las inversiones en políticas que promuevan los cambios estructurales, debería finalmente asegurar no sólo el crecimiento económico sino también el rescate de la deuda social y un nuevo porvenir para los pobres de América Latina.
1.2 La frustración con el paradigma neo-liberal y la brecha de expectativas
Haciendo un balance de los cambios ocurridos en América Latina en los años 90, Edmundo Jarquín (2009), identifica tres macro-tendencias. La primera es la ola democratizadora en el continente. Esta ola, todavía, significó cambios distintos en diferentes países. Así, en Chile y Uruguay se observó un proceso de recuperación democrático. En Países como Brasil y Perú lo que tenía ocurrido fue una retomada del proceso de construcción democrática, en cuanto que en otros países (Nicaragua y México como ejemplos) se observó el inicio del proceso de construcción democrática. Pero, en un contexto de debilidad institucional, la consecuencia de la democratización fue, en muchos casos, la captura del estado por intereses corporativos con la consecuente ineficacia de las políticas públicas, especialmente no que toca al objetivo de promover la reducción de la desigualdad y de la pobreza.
La segunda macro-tendencia se caracterizó por el creciente acceso a la educación y a la tecnología de la información promoviendo un efecto de democratización cultural. En este contexto, las diferencias sociales y económicas se tornan, de una parte más visibles y conocidas, y de otra parte la población más pobre y sin privilegios adquieren más conciencia sobre los efectos y las causas de la desigualdad. La tercera macro-tendencia fue la caída del crecimiento económico, sin embargo (o quizá por consecuencia) de las reformas liberales llevadas a efecto en casi todos los países del continente. Así, los ciudadanos de América Latina encuentran el peor de los mundos. En las décadas anteriores experimentaran la experiencia de convivir con crecimiento económico, pero sin mejorías importantes en la situación de desigualdad y pobreza existente. Ahora, además del peso de de la pobreza y de la desigualdad no pueden contar siquiera con los beneficios del crecimiento, lo que va a agravar la exclusión, la pobreza y la desigualdad.
Así, segundo Jarquin (2009), la consecuencia de esta conjunción de macro-tendencias en América Latina fue una ampliación de la brecha entre las expectativas sobre los beneficios del paradigma liberal y los resultados efectivamente obtenidos. Esta brecha lleva a una insatisfacción (o frustración) con la democracia, a la expansión de la inseguridad, especialmente en las grandes ciudades y, por último, a la ruptura del consenso sobre el paradigma liberal que ofrece la combinación de democracia con mercado como la ruta más segura e eficaz (o quizá la única ruta) para el desarrollo.
2. El nuevo reto: la construcción de un Estado de Bien Estar en América Latina
Los antecedentes de la situación económico-social existente en América Latina dejan claro que los gobernantes de los países del continente no pueden más ignorar la importancia de adoptar políticas sociales más activas que lleven a la construcción (tardía, pero todavía esencial) de un Estado de Bien Estar. En este Estado de Bien Estar los gobernantes y los intelectuales tienen dos retos: superar la promesa del “conocimiento convencional” de que el crecimiento económico es suficiente para promover la reducción de la pobreza y de la desigualdad; superar la noción de que hay una dicotomía entre políticas públicas horizontales (u estructurales), tales como educación, y las políticas sociales redistributivas de ingreso y de asistencia social.
De hecho, al mismo tiempo que tienen un efecto directo en la reducción de la pobreza y de la desigualdad, estas políticas sociales pueden constituirse en una palanca que impulse el crecimiento económico bajo la expansión e diversificación en términos regionales del mercado doméstico, añadiendo un elemento de dinámica interna al crecimiento económico. Este elemento puede jugar un rol estratégico en el proceso de crecimiento en dos aspectos. En primer lugar puede reducir la dependencia del país en relación a las exportaciones y, consecuentemente, del desempeño de la economía global. En segundo lugar un mercado interno más amplio y dinámico puede se tornar una red de protección que ayude a mitigar los efectos de las crisis internacionales, permitiendo que no se interrumpa el crecimiento a cada nueva crisis, sea en países emergentes u en desarrollados. La experiencia reciente de Brasil puede traer evidencias importantes sobre la eficacia de políticas sociales de redistribución y transferencia de ingreso sobre estos varios aspectos.
2.1 Políticas sociales y reducción de la pobreza: el programa Bolsa Familia en Brasil
En 2003, el recen electo presidente Luis Inácio Lula da Silva, estableció como una importante prioridad del gobierno un programa denominado inicialmente de “Hambre Cero”, cuyo objetivo era transferir ingreso para la población más pobre para reducir el déficit alimentario y contribuir para la seguridad alimentaria e nutricional de este segmento de la población. En la concepción inicial del programa, el ingreso transferido al beneficiario debería ser utilizado exclusivamente para la adquisición de alimentos. En 2004 el gobierno decidió unificar una variedad de programas de asistencia social ya existentes (como el Programa Bolsa Escuela y la Bolsa Alimentación creados en 2001 y el programa “Tarjeta Alimentación” de 2003), bajo un programa de transferencia directa de ingreso a los beneficiarios, sometido a condicionalidades, denominado “Bolsa Familia” (Brasil, 2004).
Los beneficiarios del programa son las familias consideradas en condiciones de pobreza (ingreso mensual per cápita de R$ 140,00) u de pobreza extrema (ingreso mensual per cápita de R$ 70,00).*** Los beneficios ofrecidos son compuestos de una parcela fija, al cual solo son elegibles las familias en condiciones de pobreza extrema y de una parte variable, calculada en función de la cuantidad de crianzas y adolescentes con hasta 15 anos y jóvenes con edades entre 15 y 16 anos. Los beneficios son limitados a un techo de R$ 200,00 (aproximadamente US$ 115,00) para las familias en condiciones de extrema pobreza u de R$ 132,00 (aproximadamente US$ 75,00) para as familias en condiciones de pobreza.
Las condicionalidades establecidas para los beneficiarios se refieren a exigencias en las áreas de educación, salud y asistencia social. El Ministerio del Desarrollo Social de Brasil define las condicionalidades de la siguiente forma:
• Educación: frecuencia escolar mínima de 85% para niños y adolescentes entre 6 y 15 años e mínima de 75% para adolescentes entre 16 e 17 anos;
• Salud: acompañamiento del calendario de vacunas y del crecimiento y desarrollo para crianzas menores de 7 anos; examen pre-natal para gestantes y acompañamiento de nutrices con edades entre 14 y 44 años;
• Asistencia Social: frecuencia mínima de 85% de la carga horaria relativa a servicios socio-educativos para crianzas y adolescentes de hasta 15 anos en situación de riesgo social u rescatados de condiciones de trabajo infantil.
A través de las condicionalidades lo que se busca es integrar dos abordajes que por mucho tiempo fueran consideradas antagónicas, u alternativas, en América Latina: las políticas universales, que tienen objetivos de cambios estructurales de largo plazo, como la educación y la salud, con políticas de intervención con foco específico y que tienen el objetivo de promover un cambio en el corto plazo y tratar de una situación de emergencia, como las políticas de transferencia de ingreso. Lo que se busca, con el estímulo de las políticas sociales de transferencia de ingres, es ampliar el acceso de los segmentos más pobres de la población a los beneficios de políticas que producen beneficios a plazos más largos y, por esto mismo, ni siempre son percibidos como prioritarios por estos segmentos.
Es interesante notar que, las políticas de asistencia social, pueden además de atraer la población pobre para las políticas universales, contribuir para un mejor provecho de dichas políticas, aumentando su eficacia. Como nos recuerda Kliksberg (2002), la pobreza extrema es más intensa entre las crianzas en América Latina. Así, en año 2000, en cuanto 44% de la población total del continente estaba debajo del nivel de pobreza, este porcentaje alcanzaba a 57% de las crianzas entre 6 y 12 anos. Además, 36% de las crianzas con menos de 2 anos están en situación de riesgo alimentar. Se una crianza está desnutrida hasta los tres anos, a los cinco o seis anos ya perdió parte de su capacidad neurológica y cognitiva, limitando su posibilidad de aprendizaje y, consecuentemente, la efectividad de la política educacional. Así, las políticas de transferencia de ingreso, pueden contribuir no solamente para la ampliación de la cobertura de la política de educación a través de las condicionalidades, pero también, al permitir un nivel mínimo de seguridad alimentar para los beneficiarios, contribuir para una mejora en la capacidad de aprendizaje y, consecuentemente, con la propia efectividad de la política.
2.2 Algunos logros del programa Bolsa Familia
2.2.1 La reducción de la pobreza
El programa Bolsa Familia beneficia actualmente a casi 12 millones de familias y alcanza a la totalidad de los cerca de 5.600 municipios brasileños. Las encuestas sobre los cambios socio-económicos en Brasil en los últimos seis años confirman el impacto del programa en la reducción de la pobreza. Así, de acuerdo con Neri (2009), el porcentaje de personas viviendo en condiciones de pobreza (con ingresos debajo de R$ 135 u aproximadamente US$ 75,00), declinó del 28,2% para el 15,5% en 2009 (estimativa), significando que aproximadamente 30 millones de personas fueran retiradas de la pobreza en este periodo. Sin embargo que este resultado fue también posibilitado por aumentos expresivos en el salario mínimo en este periodo (que pasó de US$ 70,00 para US$ 260,00) y los beneficios para los jubilados de menor nivel de ingreso que son proporcionales al salario mínimo, las evidencias son de que el impacto más significativo viene de la transferencia directa de renta posibilitada por el Bolsa Familia.
2.2.2 La expansión de la clase media y del mercado interno
La combinación de políticas de transferencia de ingreso con la recuperación del salario mínimo y de los beneficios de las jubilaciones produzco una significativa movilidad entre clases de ingreso en Brasil, en los últimos seis años. Así, el porcentaje de personas clasificadas en las clases de ingreso A, B y C, que corresponde a un ingreso promedio mensual superior a R$ 1.115 (equivalente a US$ 640) subió del 45,3% en 2003 para casi el 61% en 2008. Este cambio en la estructura de ingreso ocurrida en este periodo significó no apenas un progreso social, que se reflejo en una queda del índice de Gini del 0,533 en 2002 para 0,493 en 2009, mas también un progreso económico importante, con un aumento del mercado consumidor interno.
Este fortalecimiento del mercado interno posibilitó, por un lado, un impulso en los niveles de crecimiento económico, con el Producto Interno Bruto creciendo a tasas de 4% en 2006, 6% en 2007 y 5,1% en 2008. Por otro lado, es también ampliamente reconocido entre los analistas que la robustez del mercado doméstico fue un factor esencial para que la economía brasileña no fuera tan afectada por la reciente crisis económica internacional como lo prueban los datos recientes sobre la economía del país. De hecho, el producto interno bruto presentó una alza de casi 2% en el según trimestre de 2009 y la expectativa es de crecimiento de 2,5% para el tercer trimestre. El nivel de desempleo que subió del 7% para el 9% en el primer trimestre de 2009, ya volvió a los niveles anteriores a la crisis. Si llevarnos en cuenta que las exportaciones presentaron un queda de más de 20% en 2009 reflejando la caída global de la demanda internacional, la rápida recuperación puede ser acreditada predominantemente a el dinamismo de la demanda interna. Esta demanda, de su parte, como se argumentó anteriormente fue fuertemente beneficiado por los beneficios de las políticas sociales en el período.
3. Los retos finales de las políticas de transferencia de ingreso: evitar la manipulación política y asegurar una puerta de salida
Los éxitos de las políticas de transferencia de ingreso no las dos principales preocupaciones de los críticos de tales políticas: la posibilidad de que sean utilizadas como instrumento de manipulación política permitiendo el surgimiento de “liderazgos populistas” y como evitar la dependencia de la población pobre de los ingresos transferidos, es decir, cómo asegurar que los beneficiarios puedan, en algún momento, se tornar independiente de las transferencias de ingreso, pasen a generar su propio ingreso e pasen a “caminar con sus propias pernas”. A continuación se discuten estos dos tópicos.
3.1 La gobernanza de las políticas sociales de transferencia de ingreso
Sin duda la utilización de políticas sociales para establecer una dependencia económica de los gobernantes y permitir la manipulación política es una tentación para los gobernantes y una posibilidad, como comprueban inúmeros ejemplos en América Latina, actuales o ancianos. Hay aquí dos aspectos a considerar. Desde el punto de vista político este es un riesgo que vale la pena correr. Es decir, no se debería descartar la posibilidad de adoptar tales políticas que, como se argumentó anteriormente, pueden producir importantes beneficios sociales e económicos, por el temor de que se transformen en “herramientas do gobiernos populistas”. De otra parte, se debería crear las condiciones para minimizar este riesgo, lo que se puede alcanzar con el establecimiento de una adecuada gobernanza.
La gobernanza de los programas debe asegurar tres condiciones: un control riguroso del acceso de los beneficiarios del programa, es decir, garantizar que el programa beneficie a quienes efectivamente son elegibles; la evaluación periódica de la ejecución del programa; y la participación social en todas las etapas del programa.
En el caso del Bolsa Familia las informaciones sobre los beneficiarios están consolidadas en un catastro general. Este catastro constituye una base de datos que es administrada por el agente financiero del programa, La Caja Federal de Ahorros. En esta base de datos cada beneficiario está identificado por un número único, denominado “Número de Identificación Social” (NIS). Los datos informados de los beneficiarios incluyen, entre otros: características del hogar (número de habitaciones, tipo de construcción, etc.), composición familiar, identificación e documentación de cada componente de la familia, cualificación escolar de los componentes de la familia, cualificación profesional y situación en el mercado de trabajo, ingreso y gastos familiares. Estas informaciones, disponibles para cada beneficiario individual, son una forma de minimizar errores en la aplicación del programa, sea beneficiando a quien no tiene derecho al beneficio, sea dejando de fuera a quienes deben ser beneficiados. Pero, el desarrollo del formato y de las herramientas actuales del catastro fue un proceso longo y gradual de aprendizaje y ajustes. De hecho, el sistema actual de identificación y catastro fue aprobado en Ley en junio de 2007 y implementado en octubre de 2008, es decir, unos 5 años después del inicio del programa.
Además de asegurar la efectiva focalización de los beneficios, garantizando que solo los que son elegibles reciban los beneficios y que todos los elegibles lo reciban, es esencial que la gobernanza del programa realice una evaluación periódica sobre el cumplimiento de las condicionalidades. De hecho, el efectivo cumplimiento de las condicionalidades es que va a asegurar que a través de las intervenciones de los programas de asistencia social se impulse y se amplíe la acción de los programas universales (en el caso, educación y salud). Así, en el caso del Bolsa Familia, el Ministerio del Desarrollo Social realiza investigaciones regulares para acompañar el cumplimiento de las condicionalidades. En general se hace evaluaciones trimestrales y cuando se identifica el no cumplimiento de cualquier una de las condicionalidades el Ministerio adopta la siguiente secuencia de medidas correctivas: advertencia al beneficiario, bloqueo provisional del beneficio, suspensión del beneficio y, en la última instancia, la cancelación del mismo.
Finalmente, una gobernanza efectiva de un programa de esta naturaleza debe asegurar dos aspectos importantes. La fiscalización independiente por órganos del gobierno externos a la gestión del programa y el control social. En el caso del Bolsa Familia, la fiscalización del programa es hecha en conjunto con la Auditoria Gen eral da la Unión, el Ministerio Público Federal y el Tribunal de Cuentas de la Unión (órgano de control del poder legislativo). En lo que toca à participación y control social, el programa requiere que para la adhesión de los municipios al mismo, deba ser indicado un gestor municipal, que es el responsable por la “accountability” de la gestión del programa al nivel local, y una Instancia de Control Social, en la forma de un Comité o Consejo Municipal que es responsable por la supervisión del gestor local y de la ejecución del programa al nivel local.
Si bien es cierto que esas instancias, mecanismos y instrumentos de control no van a impedir totalmente las irregularidades o el uso político del programa, son importantes para dar transparencia a las acciones y compartir las responsabilidades entre niveles de gobierno y entre el gobierno y la sociedad en general. Además, como recordó Edmundo Jarquin, el continente se beneficia hoy de una ola de masificación de la tecnología de información que promovió una democratización cultural. Así, los intentos de manipulación política y de corrupción con el dinero público, se todavía existen y continuaron existiendo, estarán cada vez más expuestos al conocimiento y critica de la sociedad. Es un dato expresivo, en este sentido, que la más reciente evaluación del Bolsa Familia haya detectado un nivel de errores en la ejecución del programa (principalmente pago de beneficios a familias que no son elegibles) del 3%. Se llevamos en cuenta que se trata de un programa que asiste a 11 millones de familias en más de 5.600 municipios se puede concluir que el nivel de error es bastante aceptable y que la ingeniería de gestión del programa tiene se mostrado efectiva.
3.2 El reto final: construir la puerta de salida
Ya se mencionó anteriormente que una de las principales críticas a los programas de asistencia social, especialmente los de transferencia de ingreso, es el riesgo de crear una “dependencia” en relación al programa, es decir los beneficiarios pueden si sentir en una posición muy cómoda en la cual tienen un ingreso mínimo asegurado y no si sentir estimulado a buscar una alternativa propia y sostenible de ingreso. Con frecuencia, las críticas a estos programas hacen uso del aforismo “Confuciano”: “no debe dar al pescado al hombre, sino enseñarlo a pescar”. Pero, una vez más, como nos recuerda Kliksberg (2002), cuando el hombre tiene hambre y cuando esta cerca de morir de hambre, no se tiene como aprender, ni siquiera a pescar. Sin embargo, hay que pensar en alternativas para que los beneficiarios puedan crear sus propias fuentes de ingreso y no depender más del programa.
Se puede considerar tres escenarios distintos en que esa independencia pueda ocurrir. En el primer escenario, la propia mejora de la economía puede venir a generar los empleos (aun que informales) que pueden ser ocupados por beneficiarios del programa que pasarían así, a ter su proprio ingreso. Para esto el programa debe ofrecer alternativas para cualificación técnica y profesional que los capacite para atender a oportunidades que el mercado, eventualmente, les ofrezca. El segundo escenario se refiere a los beneficiarios indirectos del programa, es decir las crianzas, adolescentes y jóvenes. Para estos se imagina que el investimento que están recibiendo en educación y salud va aumentar su proprio “capital humano y social”, aumentando sus posibilidades en el futuro, tornando los menos dependientes de programas sociales.
El tercer escenario se refiere a los jefes (o jefas) de familia que no encuentren alternativa en el mercado de trabajo, ni a corto, ni a mediano plazo, sea por la debilidad de la economía regional, sea por sus propias limitaciones en términos de cualificación profesional. Es probable que, en la mayoría de los países Latino-americanos (inclusive Brasil) esta sea la situación más común. Para este segmento de los beneficiarios de los programas de transferencia de ingreso la puerta de salida puede se encontrar en aprovechar la propia mejoría propiciada por los programas sociales que favorecen la creación de mercados locales, desarrollando nuevas actividades empresariales para atender a esta nueva demanda local.
Para este serian necesarios inicialmente dos recursos. Uno, el acceso al crédito y otro, la capacidad emprendedora propia. Ora, las investigaciones internacionales tienen constatado una elevada capacidad emprendedora en la mayoría de los países Latino-americanos. La encueste mundial denominada “Global Entrepreneurship Monitor” identifica Perú, Argentina, Chile, Colombia, Brasil, entre otros, como los países con más elevada tasa de capacidad emprendedora (expresa por relación entre personas que tienen o pretenden abrir su proprio negocio y la población económicamente activa). Así, el más importante y estratégico recurso para explorar las demandas locales y crear nuevas actividades empresariales y ampliar las posibilidades de independencia de los programas sociales, que es la existencia de una capacidad emprendedora propia, ya existe. En cuanto a la necesidad de financiamiento para desarrollar los nuevos negocios en las regiones, en un primer momento esto podría ser atendido por los programas (públicos o privados) de micro-crédito, una alternativa de financiamiento para micro emprendimientos que se populariza en la región, siguiendo el ejemplo del Banco Grameen, de Bengladesh. Varios países en la región, como Brasil, Argentina, Perú y México ya ofrecen importantes programas públicos de micro-crédito, en muchos casos con parecerías con organizaciones no gubernamentales (Neri, 2009).
Para que se produzca un cambio importante en las bases económicas locales (o regionales) que signifique una importante transformación de la economía, con generación de empleo que pueda si constituir en una alternativa sostenible a los programas de transferencia de ingreso es necesario, todavía, que los micro-emprendimientos logren alcanzar un nuevo escalón. Esto significa pasar a una escala empresarial más grande, sofisticar los negocios y torna-los competitivos de forma a ampliar su mercado para fuera de la región. Para se lograr esto nuevos recursos son necesarios, propios y gubernamentales. Al nivel de los recursos propios el reto es crear una cultura de cooperación empresarial criando las “Aglomeraciones empresariales” (“clusters”), un diseño productivo que se beneficia de la proximidad y de la cooperación, creando o que se denomina “capital social”. Estas aglomeraciones pueden combinar integración y escala productiva de forma a tornar las empresas locales competitivas en escala nacional (o mismo global). El reto aquí es crear en las regiones un régimen de crecimiento Emprendedor (Castanhar, 2007), es decir un modelo de crecimiento económico que se basa en la propia dinámica empresarial local. En Brasil, por ejemplo, casi 50% de las micro-regiones del país tienen su crecimiento sostenido por la actividad empresarial local, caracterizando el régimen emprendedor (Castanhar, 2007).
Este proceso puede ser acelerado y fortalecido con el apoyo de políticas públicas adecuadas, principalmente aquellas que tienen como objetivo fortalecer los factores intangibles de la actividad emprendedora (Castanhar et al., 2008).
4. Conclusiones
Es un momento de cambio en América Latina. Esto significa superar viejos paradigmas y perjuicios y estar abierto a nuevas ideas y desafíos. Irónicamente, las nuevas ideas pueden ser buscadas (o recicladas) en la más tradicional teoría económica: estimular el “espirito capitalista” en nuestras poblaciones.
Bajo este “nuevo” paradigma debemos, primer, considerar que luchar contra la pobreza es nuestra más importante prioridad. Es la pobreza y la indiferencia de las elites con ella que trae en “huevo de la serpiente” del populismo. Segundo, debemos utilizar los programas de combate a la pobreza con dos objetivos complementarios: 1) aumentar el capital humano de las crianzas y jóvenes de la región, vinculando los programas de transferencia de ingreso a la universalización del acceso a educación y salud; 2) utilizar la capacidad emprendedora local para explorar las oportunidades económicas que la transferencia de ingreso que los programas promueven en los municipios.
Así, esta combinación de utilizar las políticas de transferencia de ingreso para, al mismo tiempo reducir la pobreza y crear una demanda local, con estímulos a las capacidades emprendedores locales para explorar esas nuevas oportunidades resultante de una demanda local creciente, puede crear el más eficiente y efectivo círculo virtuoso en los países de América Latina. Si añadimos a este escenario las posibilidades que la integración continental puede permitir, no solamente en términos de ampliación de mercados, como en términos de compartir nuestras diversas experiencias, conocimientos y culturas, entonces podremos creer que el sueño de una América Latina desarrollada y socialmente más justa puede ser realizado.
Referencias
Brasil, Presidência da República, Decreto nº 5.209 de 17/09/2004.
Castanhar, José Cezar. “Empreendedorismo e Desenvolvimento Regional no Brasil: uma análise da relação entre a criação de empresas e o desenvolvimento regional ao longo do tempo e de estratégias de empreendedores selecionados”. Tese defendida na Escola de Gestão do Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), de Lisboa, como requisito para obtenção do grau de Doutor em Gestão, 2007.
Castanhar, José Cezar; José Paulo Esperança & Daniela C. Reyes. “Regional Transformation and Regeneration through Entrepreneurship: Evidences from Brazilian Industrial Districts”. IN: Anals of the 2008 Babson College Entrepreneurship Research Conference, Junho, Braintree, Ma, Estados Unidos, Editora P & R Publications, 2008.
Jarquin, Edmundo. La Democracia que Sobrevevirá en América Latina. Ponencia en el II Encuentro Venezuela en Boston “Cambios Desafios y Crisis de Nuestro Tiempo”, Boston, MA. 2009
Kliksberg, Bernardo. “Como Enfrentar a Pobreza – Novas Idéias em Política e Gestão Social”. Cadernos da Fundação Luiz Eduardo Magalhães, Salvador, 2002.
Neri, Marcelo. “Consumidores, Produtores e a nova Classe Média: Miséria, Desigualdade e Determinantes das Classes”. Fundação Getúlio Vargas, Centro de Política Social, Rio de Janeiro 2009.
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*Professor Titular da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, Brasil
** El indicador de línea de pobreza adoptada por la CEPAL es de US$ 1 (en términos de paridad de poder de compra) por día, per cápita.
*** Estos son vales en reales (la moneda brasileña). El tipo de cambio actual es de aproximadamente USD 1,75 R$ por dólar, lo que significa que los umbrales de pobreza extrema y pobreza son respectivamente de US$ 40,00 per cápita y US$ 80,00 per cápita.