Rosa Náutica

Sonia Sotomayor, América Latina y la discriminación positiva

Por Luis Esteban G. Manrique | 9 de junio, 2009

La Rosa Naútica

3576850984_d414b36754_o

La Lucha por la discriminación positiva

Por Luis Esteban G. Manrique

La designación por Barack Obama de Sonia Sotomayor para formar parte del Tribunal Supremo de EEUU, una juez que a lo largo de su carrera ha defendido siempre las políticas de discriminación positiva para las minorías étnicas y raciales, y la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Río de Janeiro de suspender de forma cautelar una ley que garantizaba una cuota para negros y otros alumnos “carentes” en las universidades públicas de ese estado brasileño, han vuelto a atraer la atención pública de los países americanos hacia las polémicas medidas legales para luchar contra la discriminación racial.

Brasil ha sido el país latinoamericano que más ha avanzado en esa dirección, en gran parte debido a la fuerte influencia de juristas afroamericanos en las facultades de Derecho y ciencias sociales de las universidades brasileñas.

El año pasado, la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, aprobó una ley para reservar un 20% de las plazas de las universidades estatales para pretos y pardos, un 20% para los alumnos procedentes de la red pública y un 5% para deficientes o hijos de policías muertos en servicio.

Pero el diputado estatal Flavio Nantes Bolsonaro, que promovió la moción de inconstitucionalidad ante el tribunal, argumentó que guardar una cuota en las universidades en función de la raza atenta contra el principio de igualdad consagrado en la Constitución.

“Los prejuicios existen, no se puede negar, pero la ley provoca un aumento de la discriminación en la sociedad. ¿Hasta cuándo el criterio del color de la piel va a continuar prevaleciendo?”, dijo Bolsonaro en su apelación ante la corte.

Los partidarios de la ley consideran que la sociedad brasileña tiene una deuda con los negros e indígenas. En 1995 un estudio del sociólogo brasileño Sergio Adorno sobre el racismo en las prácticas penales de su país encontró que los sospechosos negros tienden a ser en mayor medida víctima de la persecución policial, tienen más dificultades para acceder a los tribunales, no gozan plenamente del derecho a la defensa y reciben un trato penal más riguroso.

Para remediarlo, desde hace una década el Congreso brasileño está tramitando un estatuto de igualdad racial y una ley de cuotas que podrían servir para implantar medidas de discriminación positiva para la población con ascendencia africana a escala nacional.

Sin embargo, a pesar de no existir todavía una norma, cerca de la mitad de las universidades públicas ya toma alguna medida para reservar plazas para pretos y pardos, que representan en torno a la mitad de la población del país Brasil, pero que tienen un escaso acceso a los servicios y a la administración públicos.

El problema es muy similar en el resto de los países latinoamericanos, donde el discurso oficial del elogio al mestizaje es con frecuencia la máscara amable que encubre el racismo cotidiano. Un reciente sondeo en Guatemala, por ejemplo, reveló que nueve de cada diez personas en el país consideran que existe racismo y que sus principales víctimas son los indígenas y los garífunas, descendientes de africanos.

Según un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2006, en Guatemala más del 40% de la población pertenece a uno de 23 grupos étnico-lingüísticos mayas el 57% de los cuales son pobres. El informe Guatemala: Nunca más (1998) de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, sostuvo que la gran mayoría de los 50.000 muertos civiles de la guerra interna, refugiados, desaparecidos y víctimas de violación y tortura fueron también indígenas.

En el Perú, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) instituida por el gobierno de Alejandro Toledo para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en la lucha contrainsurgente de los años ochenta y noventa, que produjo 70.000 muertes, encontró que de cada cuatro víctimas, tres fueron campesinos cuya lengua materna era el quechua.

La CVR no halló bases para afirmar que se hubiese tratado de un conflicto étnico, pero sí aseveraba que las dos décadas de destrucción y muerte no habrían sido posibles “sin el profundo desprecio a la población más desposeída evidenciado por Sendero Luminoso y agentes el Estado por igual, un desprecio entretejido en cada momento de la viuda cotidiana de los peruanos”.

La exclusión lingüística es en muchos países de la región el vehículo privilegiado de un racismo casi institucional. La abrumadora mayoría de maestros, jueces, policías y médicos que trabajan en zonas rurales son incapaces de comunicarse con las poblaciones a las que supuestamente deben atender.

No es extraño que ante esa realidad, las políticas de discriminación positiva desarrolladas en EEUU desde los años setenta hayan encontrado una creciente receptividad en el resto del continente. Lani Guinier, una jurista cuya candidatura a un alto puesto del departamento de Justicia de EEUU fue retirada por la administración de Bill Clinton por sus posturas a favor de sistemas de votación alternativos para favorecer a las minorías étnicas, sostiene que el principio de igualdad de ante la ley soslaya el hecho de que la raza es un fenómeno social, político, histórico y económico que demanda respuestas políticas ad hoc.

“La elección de Obama -dice Guinier- ha servido para que la gente esté más dispuesta a escuchar nuestras tesis”. Tras su graduación como abogada, Sotomayor se unió al Consejo Nacional de la Raza y el Puerto Rican Legal Defense Fund, dos asociaciones de derechos civiles hispanas que abogan por políticas vigorosas de discriminación positiva.

Esas posturas se han convertido en el caballo de los republicanos para oponerse a su nombramiento. “Nuestro ideal nacional es que la justicia debe ser ciega ante el color”, ha dicho el senador tejano John Cornyn, miembro republicano del comité Judicial de la cámara alta, que deberá ratificar a Sotomayor.

Argumentos similares del universalismo republicano intransigente son utilizados por los conservadores brasileños. E incluso figuras de la izquierda: en mayo de 2006, 114 intelectuales, entre ellos el cantante Caetano velloso, y especialistas académicos en materia de racismo como Lilia Moritz e Ivonne Maggie y representantes de movimientos culturales afrobrasileños firmaron un manifiesto “contra la clasificación racial oficial” de los ciudadanos porque viola el principio de igualdad política y jurídica.

Pero esas postuyras parecen nadar contra la corriente. Durante el gobierno de Fernando Enrique Cardosos, que inició su carera de sociólogo con un estudio sobre la esclavitud en el sur de Brasil, se decretaron las primeras medidas de discriminación positiva en la administración y se atribuyeron tierras colectivas a los descendientes probados de quilombolas: los esclavos en fuga que fundaron comunidades cimarronas independientes en zonas aisladas del interior del país.

Por su parte, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha nombrado al primer juez negro de la Corte Suprema, Joaquim Barbosa Gomes, y ha creado una Secretaría Especial para las políticas de promoción de la igualdad racial, con rango de ministerio y dirigida por una militante afrobrasileña histórica del Partido de los Trabajadores, Matilde Ribeiro.

En los sondeos, un 65% de los brasileños favorece la atribución obligatoria de un 20% de las plazas a los estudiantes negros en la enseñanza pública y privada. Políticas de discriminación positiva sancionadas y estimuladas por la ONU ya existen en India, Malaisia, Suráfrica, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Colombia y México. En todos esos países los estudios disponibles han demostrado que el rendimiento académico de los beneficiarios de las cuotas es, en general, igual o superior del de los estudiantes normales.

Foto: Emily’s List

Luis Esteban G. Manrique 

Comentarios (1)

Francisco Padrón
11 de junio, 2009

La acción afimativa nunca dejará de ser controversial. Por ejemplo, en el caso de los EUA, muchos analistas consideran que la acción afirmativa discrimina a su vez contra personas que hubieran podido llegar a la universidad. En Venezuela hay disposiciones que ya se están aplicando. Por ejemplo, el 50% de los diputados deben ser mujeres y los partidos políticos andan corriendo para tratar de cubrir esa cuota.

Envíenos su comentario

Política de comentarios

Usted es el único responsable del comentario que realice en esta página. No se permitirán comentarios que contengan ofensas, insultos, ataques a terceros, lenguaje inapropiado o con contenido discriminatorio. Tampoco se permitirán comentarios que no estén relacionados con el tema del artículo. La intención de Prodavinci es promover el diálogo constructivo.