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¿Son mentiras “Las 5 mentiras” que justifican la guerra económica?; por Anabella Abadi y Bárbara Lira

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a través de su cuenta oficial en Twitter, ha estado compartiendo este volante virtual:

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Es propicio, entonces, revisar estas llamadas “5 mentiras” usadas para justificar la llamada guerra económica y el papel de las políticas públicas económicas implementadas por el Gobierno central:

1. “El gobierno no entrega dólares”.

Según el material difundido por el PSUV esto es mentira. Su argumento es que “entre 2004 y 2014 se entregaron más de 200 mil millones de dólares a las empresas por concepto de importación”.

No acotan, sin embargo, que en junio de 2015 se reportaban deudas de US$ 3.500 millones con proveedores del sector farmacéutico ni que para agosto se reportaban deudas de US$ 1.400 millones con proveedores del sector alimentos. Apenas estas dos cifras (hay muchas más) sirven para reflejar que el Gobierno Central no liquida las divisas que aprueba. En general, Fedecámaras estima que para agosto de 2015 las deudas con proveedores internacionales suman US$ 20.000 millones. Estas cifras creemos reflejan que el Gobierno Central no liquida las divisas que aprueba.

Si bien entre 2003 y 2014 se entregaron poco más US$ 263.000 millones, como ya habíamos comentado en una nota previa aquí en Prodavinci‎, las importaciones totales de bienes y servicios sumaron US$ 470.503 millones. Es decir: entre 2003 y 2014, las asignaciones para importaciones cubrieron apenas 60% de las importaciones totales de bienes.

Visto de otra manera, se tuvieron que buscar US$ 207.000 millones mediante mecanismos alternativos para cubrir una buena parte de las importaciones totales de bienes.

Incluso: si el 100% de las divisas de Sitme y Sicad I y II se hubieran asignado al pago importaciones, el total de divisas que tuvieron que buscarse por mecanismos alternativos sumarían poco más de US$ 171.000 millones.

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2. “Los controles del gobierno no dejan producir”.

Según el material difundido por el PSUV esto también es mentira. En este caso su argumento es que “los productos y servicios esenciales que tienen sus precios regulados no superan la veintena”.

La historia ha demostrado que los controles de precios:‎ además de que no permiten frenar la inflación y generan fuertes desincentivos a la producción que se terminan traduciendo en escasez, es innegable que los controles de precios afectan a más de una “veintena” de productos.

En febrero de 2003 entraron en vigencia los actuales controles de precios y según el Informe Económico 2003 del BCV los controles se aplicaron a “un porcentaje importante (49,8%, en promedio) de rubros que integran la canasta [básica] de bienes y servicios”. Aún más: el Informe Económico 2012 del BCV refleja que entre 2003 y 2012 la canasta de bienes con precios regulados incluyó casi un centenar de productos (mínimo de 87 entre 2003 y 2004, un máximo de 98 en 2008).

A todas estas referencias hay que sumar que con la entrada en vigencia de la Ley de Precios Justos, en febrero de 2014, se fijó un margen máximo de ganancia de 30% para “cada actor de la cadena de comercialización”, con lo que se comienzan a aplicar los “precios justos” (es decir: controlados) a todos los productos que venden en el país.

3. “Las leyes laborales reducen la productividad”.

Según el material difundido por el PSUV “los empresarios optaron por suspender la producción o la prestación de servicios en los horarios nocturnos o de fines de semana”.

Un poco de contexto: en el Informe de Competitividad 2014-2015 del Foro Económico Mundial se precisa que las “regulaciones laborales restrictivas” son reconocidas como el segundo factor más problemático para hacer negocios en Venezuela, teniendo por encima sólo el control cambiario. Si a eso se suma la Ley Orgánica del Trabajo, los decretos anuales de Inamovilidad Laboral y la Ley de Precios Justos, se entiende cómo limitaron el margen de maniobra presupuestaria de las empresas, generado fuertes desincentivos a la contratación de talento humano y limitando así la productividad.

4. “El gobierno lo que hace es expropiar empresas”.

Según el PSUV, esto es mentira porque “cuando quiebran, cierran o abandonan alguna empresa, acusan al gobierno de expropiarla si los trabajadores y el Estado intentan recuperarla”.

Sin embargo, hay cifras que explican un poco más el problema. Según el Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice, se han registrado centenares de violaciones a la propiedad privada entre 2005 y junio de 2015, resaltando 121 expropiaciones. Esto resulta en un promedio de casi una expropiación por mes.

Algunas empresas con una situación financiera comprometida fueron expropiadas para intentar reactivarlas. Por ejemplo: Venepal (hoy Invepal), CNV (hoy Inveval) o la Central Azucarera Cumanacoa, junto a algunas otras. Pero hubo otras empresas que fueron expropiadas estando activas y productivas: Lácteos Los Andes y Café Fama de América, para usar dos ejemplo fáciles de reconocer.

Ahora bien, independientemente de la situación de las empresas antes de su expropiación, en junio de 2014 el entonces diputado por el PSUV ante la Asamblea Nacional Freddy Bernal afirmó “por alguna razón no supimos gerenciar adecuadamente (…) las empresas expropiadas y las llevamos al fracaso”.

5. “Los chavistas se han robado los dólares”.

El argumento del PSUV para sustentar que quienes definen su postura política como chavistas no han robado divisas es que “no son los chavistas quienes figuran en esas listas sino “respetadísimos” empresarios y ciudadanos de clase media que militantemente desde posturas opositoras acusan al gobierno”.

Se han hecho públicas varias listas de empresas que se alega hicieron uso indebido de divisas oficiales, e incluso algunas fueron sancionadas. Sin embargo, los venezolanos no sabemos quiénes son los dueños de estas empresas. Pero lo que es innegable es que el control cambiario se rige bajo un sistema burocrático muy poco transparente que permite que se haga uso indebido de las divisas oficiales.

Resalta que el propio ex ministro de Planificación, Jorge Giordani, afirmara en su momento que‎ “desde el 2004 hasta el 2012 se han ido de Venezuela algunas estimaciones entre 215 y 250 mil millones de dólares, porque es un sistema financiero que funciona como un colador”. Y quien conozca cómo funciona el sistema que adjudica, aprueba y (en algunas ocasiones) entrega las divisas sabrá que es imposible que esto suceda sin que el gobierno y la estructura burocrática de entes como CADIVI o CENCOEX estén al tanto de quiénes tienen en ese dinero y de cuántos dólares estamos hablando.