Fotografía de PETER FOLEY / EPA
El anuncio presidencial sobre la búsqueda de una reestructuración de deuda externa venezolana y del pago del bono que se venció hoy, al mismo tiempo que se reiteraba que se seguirían enfrentando, como hasta ahora, los compromisos financieros de la nación, presenta muchas imprecisiones en términos financieros y muchas dificultades operativas.
En apariencia, hay una contradicción en el hecho de anunciar un proceso de refinanciación y de reestructuración y continuar pagando la deuda, pero quizás haya un objetivo que no se puede soslayar desde la estrategia del gobierno: buscar aliados en Washington DC para intentar flexibilizar las sanciones con el fin de avanzar en un refinanciamiento (no reestructuración) de la deuda venezolana, toda vez que el peor escenario para el gobierno y los acreedores es el default.
Vayamos por partes. El presidente dijo que había ordenado una reestructuración de deuda para la que nombró una comisión de alto nivel, encabezada por el vicepresidente Tareck El Aissamí. En el mismo discurso garantizó que el país seguiría pagando sus compromisos. Esto, de plano, es un error conceptual. En condiciones de crisis y problemas de pago, la deuda puede ser sujeta a dos estrategias distintas: refinanciamiento o reestructuración.
El refinanciamiento es el resultado de una negociación entre las partes, en la cual el deudor ofrece alternativas para canjear la deuda actual por deuda nueva en diferentes condiciones, con el objetivo de evitar un incumplimiento por incapacidad de pago. El refinanciamiento, para que ocurra, debe ser aceptado por todas las partes y se convierte en un canje voluntario de deuda.
Mientras se negocia, el deudor no deja de pagar sus compromisos, pues si lo hace, se acaba la negociación y automáticamente ocurre una cesación de pagos, que significa hacer default de deuda, y se abren las condiciones para demandar, embargar y comenzar una segunda acción, distinta a la primera, que es la reestructuración de la deuda, un proceso que no es voluntario sino compulsivo, con impactos mucho más graves sobre la economía del país y con la aparición de actores nuevos (abogados y fondos de alto rendimiento) que intentan tomar ventaja de esta situación, mientras los tenedores originales realizan pérdidas significativas en su inversión.
Como verán, no es consistente hablar de reestructuración pagando ni de refinanciamiento decretado o compulsivo. Una posibilidad es que lo que el presidente Maduro intenta es sembrar el terreno para un refinanciamiento negociado. Es una aspiración más que una acción. Pero esa aspiración se enfrenta a un obstáculo concreto. En las condiciones actuales, con un conjunto de sanciones financieras aplicadas por los Estados Unidos, la posibilidad de refinanciamiento es muy baja. La sanciones impiden al sistema financiero y a las empresas americanas adquirir nueva deuda venezolana. El refinanciamiento de deuda vieja exige canjearla por una nueva, y la sanción impediría (o dificultaría dramáticamente) ese canje.
Aquí entra la hipótesis central. El gobierno venezolano podría estar intentando atar la flexibilización de las sanciones americanas a la necesidad de refinanciamiento de deuda, en la que no sólo tiene interés la República de Venezuela sino también el mercado financiero internacional y grandes inversionistas norteamericanos. El gobierno, con este anuncio que estremeció el mercado sin ejecutar una acción concreta de cesación de pagos, podría estar buscando crear un ejército de aliados en los mismísimos Estados Unidos para realizar el lobby político necesario que busque flexibilizar las sanciones a Venezuela y abrir posibilidades a un refinanciamiento ordenado a futuro.
Desde el punto de vista del ajedrez político, esta sería una oportunidad elegante de la administración Trump de convertir sus sanciones de castigo en sanciones de presión a la negociación política. Sanciones que pudieran ser revertidas, atadas a algunas cesiones del gobierno de Maduro, que estarán por verse, pero que pudieran incluir temas relacionados con las garantías asociadas a un sistema electoral que sea reconocido por la comunidad internacional y aceptado por todos los actores políticos relevantes.
No sé si el gobierno podrá lograr su objetivo, ni cuál será la reacción de los inversionistas ni del Gobierno de los Estados Unidos, pero con este movimiento parece apostar a un aumento sustancial de su capacidad de presión y cabildeo dentro de la casa de su propio enemigo, sin contar con la posibilidad de que muchos actores con información interna adquieran deuda venezolana, la cual eventualmente se pagará a precios de nerviosismo por el “default”. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que está detrás de lo anunciado, pero creo conveniente pensar que hay razones detrás de cada movimiento que conviene estudiar.