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Seguridad Ciudadana en Venezuela: ¿dónde está la crisis?; por Leonardo Vera

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Consternada por el trágico episodio en el que murieron la actriz venezolana Mónica Spear y su esposo, el empresario turístico, Henry Berry, la ciudadanía venezolana súbitamente ha cambiado la agenda política. No es el precio de la gasolina ni el lugar donde pasaron sus vacaciones los diputados de la Mesa de la Unidad lo que la gente quiere discutir: la gente quiere respuestas al apremiante problema de la inseguridad pública y el gobierno es el primer interpelado.

Por el momento, el Ejecutivo Nacional sólo ha prometido “mano de hierro” contra los responsables, justicia terrenal que a decir verdad no es oferta ni garantía de algo mejor en el futuro. Por otro lado, ha actuado con premura removiendo al Director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quien duró apenas 8 meses en el cargo.

En tan difíciles circunstancias, la razón indicaría que, aunque minúsculo, el cambio en la PNB debía implicar la llegada de personas con gran experiencia en seguridad ciudadana, criminólogos especializados en políticas públicas y con una gran proyección profesional. Sin embargo, el mayor general del ejército Rodríguez Torres ha traído para el cargo a un especialista en tránsito terrestre. El nuevo director de la PNB, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, viene de presidir el INTTT, donde estuvo exactamente 60 días. Nada en contra de este paracaidista, pero lo que sucedió con la agenda política demuestra que en lo que refiere a este tema los venezolanos ya no están dispuestos a ceder terrenos. Si bien parece que en el gobierno intuyen que estamos frente a una grave crisis moral e institucional en la que, entendiendo que cualquiera puede ayudar con el diagnóstico, no cualquiera puede estar a cargo de las soluciones.

El diagnóstico es terrible. El auge febril de la criminalidad y la delincuencia en Venezuela es el resultado de un gran descalabro institucional. Los tres pilares de la seguridad pública —el modelo y la política policial, el funcionamiento del poder judicial y el sistema penitenciario— están en crisis. En tal circunstancia el Estado ha perdido su capacidad de proteger las garantías y derechos ciudadanos.

El modelo policial  actual, que a decir del gobierno es “humanista”, paradójicamente ha sido mal manejado por militares sin criterios de especialización. La política policial en Venezuela hoy en día se limita al operativo y la coordinación en el sistema es anatema. El modelo actual mantiene policías mal atendidos, mal pagados, mal preparados, mal equipados y desmoralizados; agentes que poco o nada saben sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. En el modelo vigente, el policía sigue siendo visto por el ciudadano como un delincuente con chapa y uniforme nuevo. Y el agente del orden público que al final hace su trabajo y captura a un delincuente sabe por experiencia que la suerte del sujeto será la libertad en pocos días, pues en las alturas judiciales las cosas esenciales no funcionan. No hay retenes, no hay cárceles, no hay fiscales ni tribunales. La crisis está allí, apenas al levantar la vista y observar la legión de policías mercenarios que trabajan como escoltas de funcionarios públicos y dirigentes políticos. Degradante e insultante muestra de la privatización de la seguridad ciudadana.

La crisis está en la falta de autonomía, idoneidad y decoro del poder judicial. La crisis está en las fallas en la designación de jueces que ejercen durante años sin concurso, sin estabilidad y en condición provisoria, al servicio de intereses y presiones políticas. Magistrados que entraron a las cortes por la ventana de la preferencia política han causado un grave daño al patrimonio y a la tradición legal. La crisis está en el descalabro de la justicia penal y en el retardo procesal de los tribunales. Allí también habita la crisis, en esas instancias donde no queda voluntad política ni jurídica para impartir justicia y combatir el delito.

La crisis está en el sistema penitenciario, donde no es posible rehabilitar ni reinsertar socialmente al penado. Donde las almas son depositadas en retenes y cárceles abandonadas por el Estado y manejadas al antojo de pranes y bandas criminales. Donde priva el hacinamiento, el ocio, y la desesperanza. La crisis está en la falta de clasificación de los privados de libertad, en la carencia de los servicios más básicos y en la presencia endémica de armas, drogas, enfermedades y muerte. La crisis está en el escaso número de funcionarios penitenciarios competentes, en las miserables remuneraciones que reciben, en el negocio de la GNB y algunos funcionarios. Así, sobrada razón tiene la Convención contra la Tortura de la Naciones Unidas para declarar las cárceles venezolanas como “crueles, inhumanas y degradantes”.

Por eso los venezolanos, los que vivimos sin garantías, la mayoría, sabemos que la crisis está muy por encima de ese prometido conjunto de nuevas leyes. Muy por encima del  Sr. General Manuel Eduardo.