Fotografía de la Gobernación de Miranda
1. Alerta sobre el nuevo reglamento de ingreso a la docencia. Amigos de las escuelas, quiero alertar sobre la trascendencia de un simple reglamento que está por aprobarse.
El pasado lunes 19 de enero el Ministerio del Poder Popular para la Educación [MPPE] presentó al país un proyecto de Reglamento de Ingreso y Ascenso a la Carrera Docente, que se trata de establecer la forma en la que Venezuela va decidir quiénes serán y –lo más difícil– quiénes no serán maestros durante los siguientes veinte años. En resumen: estamos hablando de los criterios y la prácticas gubernamentales que conformarán progresivamente un grupo de más 400.000 personas que educarán cada año a más de 8 millones de venezolanos.
Recordemos que los maestros son el factor que determina la calidad de una escuela. Y que lo que más nos defiende de la pobreza y abre caminos en la vida de una persona, independientemente de sus condiciones al nacer, es una buena escuela. Así que la forma en la que seleccionemos a nuestros maestros va a determinar el futuro de nuestro país, porque el futuro de un país se parece al presente de sus escuelas.
El hecho de que el MPPE lo haya presentado como proyecto e invitado al país a opinar es un excelente punto de partida. Lo celebramos y le tomamos la palabra. En Miranda, desde 2009 hemos realizado concursos de ingreso y ascenso por méritos académicos todos los años, incorporando como docentes titulares a más de 3.600 docentes y ascendiendo a más de 560 directivos, así que tenemos una experiencia que podemos compartir. Es necesario considerar muchos aspectos, pero en esta oportunidad me referiré sólo a dos: los derechos de los alumnos y los derechos de las personas que hoy trabajan en las escuelas.
Un reglamento que no comprenda estos dos puntos de partida tendrá muy pocas probabilidades de éxito.
2. Los derechos de los alumnos. Seamos directos: el objetivo de un reglamento de ingreso y ascenso es lograr que nuestros alumnos tengan ante sí al docente o al directivo mejor preparado que el Estado pueda proveerle. El objetivo es servir al alumno y garantizarle sus derechos a una educación de calidad. En otra palabras: los derechos de nuestros alumnos a una buena educación están por encima de los derechos laborales de nosotros, los adultos.
Se dice fácil, pero en la práctica los procesos de asignación de cargos rara vez consideran a los alumnos. En este aspecto, el reglamento tiene que ser claro desde los considerandos y en su articulado: si no se incorpora la perspectiva del derecho del niño y del adolescente, el reglamento se convertirá entonces e un apéndice del contrato colectivo y no en un instrumento al servicio de educación de calidad.
3. Los derechos de quienes hoy trabajan. El 70% de los directivos y casi el 30% de los docentes de quienes hoy en día trabajan en el sector público han sido designados de forma discrecional. Es decir: a dedo. Y eso no significa que sean necesariamente docentes o directores incapaces, pero tampoco podemos suponer que sean las personas adecuadas para el cargo.
Estamos obligados a revisar la idoneidad de cada uno de ellos, a la luz de criterios académicos. Cabe recordar que cuando nuestra Constitución se refiere a la selección de docentes dice claramente que “responderá a criterios de evaluación de méritos, sin injerencia partidista o de otra naturaleza no académica”. Así que uno de los retos más importante del nuevo reglamento estará en sus disposiciones transitorias, pues –viendo a los ojos de suplentes, interinos y encargados– se debe trazar una ruta para “transitar” el camino necesario que nos lleve desde una escuela en la que la selección de docentes ha sido discrecional y clientelizada hacia una escuela en la que sus docentes se seleccionen por mérito y pensando en qué es lo mejor para los estudiantes.
Si el reglamento no establece esta ruta, será letra muerta y más pasto para la discrecionalidad y el clientelismo.
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