Blog de José Ignacio Hernández

¿Por qué la Sala Constitucional no quiere que se investigue a PDVSA?; por José Ignacio Hernández G.

Por José Ignacio Hernández G. | 11 de noviembre, 2016
Fotografía de Reuters

Fotografía de Reuters

Con ocasión de las investigaciones sobre PDVSA que ha adelantado la Asamblea Nacional, Rafael Ramírez, quien fuera presidente de la empresa pública, acudió a la Sala Constitucional con el objetivo de demandar la nulidad de toda la investigación, solicitando además que preventivamente se suspendiera tal investigación.

El 25 de octubre la Sala Constitucional emitió sentencia en esa causa, la cual quedó registrada bajo el número 893. Sin embargo, el texto de esa sentencia no había sido publicado, al menos no en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, situación se mantuvo durante días.

Hoy, 11 de noviembre de 2016, finalmente, pude leer la sentencia.

¿Por que Rafael Ramírez demandó
a la Asamblea Nacional?

En su demanda, quien fuera Presidente de PDVSA cuestionó la competencia de la Asamblea Nacional y de la Comisión Permanente de Contraloría para investigar a PDVSA. Se basó en anteriores decisiones de la Sala Constitucional que han disminuido las facultades de control de la Asamblea, eliminándoles toda relevancia jurídica.

En pocas palabras: la demanda tiene por objeto impedir que la Asamblea Nacional investigue a PDVSA.

¿Qué dijo la Sala Constitucional?

La Sala Constitucional, en su sentencia N° 893, admitió la demanda y ordenó suspender las investigaciones sobre PDVSA.

Para ordenar esa suspensión, la Sala Constitucional valoró dos cosas.

Lo primero que dijo la Sala es que la investigación de la Asamblea es una “actuación censurable” que va en contra de la “estabilidad de la institucionalidad y, en definitiva, en perjuicio de la República”. Esa investigación, para la Sala, causaría “lesiones graves o de difícil reparación que se estarían ocasionando a la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) e, incluso, contra la República directamente”. Asimismo, consideran que esas investigaciones podrían:

“desencadenar una reacción adversa en los procedimientos arbitrales que cursan en la actualidad, en los inversionistas, en todos aquellos países a los cuales puede acudir la República para el intercambio de crédito y, en fin, en los diversos actos relacionados con esta materia que interesan a la Nación, a diversos Estados y a la Región, tomando en cuenta la trascendencia de PDVSA en el orden económico, social y constitucional”

Por supuesto, también se valoró que la investigación parlamentaria podía lesionar los derechos de quien fuera Presidente de PDVSA.

En pocas palabras: según la Sala Constitucional investigar a PDVSA es riesgoso para el país.

Nótese muy bien que no se cuestionó el informe final de la Asamblea Nacional ni alguna sanción que ésta pudo haber dictado. No. Lo que se cuestionó fue la simple existencia de la investigación adelantada por la Asamblea Nacional.

La segunda causa que valoró la Sala es que PDVSA ya está sometida al control de otros órganos, como por ejemplo la Contraloría General de la República. Es decir: el control parlamentario no es necesario pues hay otros controles más.

Este argumento no sólo es falaz, sino contradictorio. Si la Sala Constitucional sigue esa línea, debería concluir que ella no puede controlar a la Asamblea Nacional, pues ésta es controlada también por la Contraloría General de la República.

¿Y el principio de rendición de cuenta?

La Sala Constitucional parece olvidar que uno de los principios básicos de la Constitución es la rendición de cuentas: PDVSA debe rendir cuenta de su gestión. Y el primer deber de rendición de cuenta es frente al pueblo, que sólo es representado por la Asamblea Nacional.

Por eso, más allá de algunas frases más o menos elocuentes, tras esta sentencia subyace esta gran conclusión: la Sala Constitucional no quiere que PDVSA rinda cuentas ante la Asamblea Nacional pues, e insisto en ello, lo que se cuestionó no fueron ni abusos ni violaciones específicas de la Asamblea (que sólo pudieron haberse causado, por cierto, al culminar la investigación), sino la simple existencia de una investigación.

El asedio a la Asamblea Nacional

Esta sentencia es, por todo lo dicho, otro capítulo más del ping-pong constitucional que ha derivado en un cerco contra la Asamblea Nacional.

No es casualidad que el mismo 11 de noviembre de 2016 la Sala Constitucional publicara dos nuevas sentencias, que anulan las reformas de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Junto a todo esto, como ya expliqué en Prodavinci, probablemente la Sala Constitucional dicte otra sentencia, prohibiendo a la Asamblea Nacional declarar al responsabilidad política del Presidente o designar a Rectores del CNE y Magistrados del TSJ.

Sólo queda repetir lo que he dicho en anteriores trabajos: silenciar a la Asamblea Nacional equivale a silenciar a los venezolanos que la eligieron y que sólo pueden ser representados por ella. Esto es, silenciar a la democracia. Y eso, en Derecho Constitucional, se llama Golpe de Estado.

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José Ignacio Hernández G.  José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB. Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

Comentarios (8)

bernardo
11 de noviembre, 2016

Peco en pensar que nuestra Constitución está escrita de una forma tan ambigua que para cualquier posición que tomes ( sea ilegal ante un estado de derecho y de toda lógica o no) aplica y te da la razón. Prácticamente sus páginas terminan siendo un papel toilet de baño público. ¡Qué tristeza!

francisco Scovino Ariza
11 de noviembre, 2016

A simple vista se ve un encubrimiento a la corrupción siendo lo más grave por una Institución del Estado llamado “Tribunal Supremo de Justicia”. Lo que más clama hoy día el mundo es Justicia. Vemos como a la Comunidad Internacional también se les escapa esa sagrada obligación de velar por la Justicia. La constitución de todos los venezolanos secuestrada por una sala llamada “Constitucional” que por fuerza y no por derecho aplican Justicia. Se les olvida que la Justicia es un valor, una Virtud, un principio del ser humano que no se puede esconder con argumentos Jurídicos de Gobierno o Estado asi lo maquillen color de rosa. Les llegará su hora donde sí les vendrá las 2 Justicias : La de la Ley de los hombres y la Divina. Por un gozo pasajero en el poder venden su dignidad creyendo que van a estar allí toda la vida. Son entes que no tienen vida propia al dejarse llevar por lealtades donde todos se irán a la misma fosa. No valdrá decir : No podía hacer nada solo tenía que cumplír órdenes.

lincoln martinez
11 de noviembre, 2016

Constitución es la rendición de cuentas: PDVSA debe rendir cuenta de su gestión.en cabeza del Sr. Rafael Ramírez, el primer deber de rendición de cuenta es frente al pueblo, que sólo es representado por la Asamblea Nacional para que vele y proteja los bienes de todos los nacionales .La sala constitucional no tiene injerencia ni sus magistrados usurpadores menos de modificar o sugerir de cómo, cuándo y a quien se le aplica la Ley. El Rafael Ramírez es un empleado nuestro y administró la principal empresa del país, tiene que rendir cuentas y demostrar los resultados de su gestión en forma clara y honesta, en sus manos reposaba la productividad de la mayor fuente de ingresos Y cubrir el presupuesto de gasto de la nación, no es la cantina de su familia. Ese deber no va a prescribir, a más tardar tiene que entregar memoria y cuenta de su gestión como presidente de PDVSA.

Mario Briceño
12 de noviembre, 2016

La decisión de la Sala Constitucional del TSJ da una clara demostración ante la nación del daño que una investigación de la AN a PDVSA causaría a Rafael Ramirez y a Hugo Chavez Frias. Mientras estos dos personajes eran cabeza de PDVSA y del gobierno, la empresa petrolera la manejaron a sus antojos, sin rendirle cuenta a la nación, a la AN, al pueblo. Hasta la fecha PDVSA se ha convertido en una empresa desmantelada, trabajando a media máquina, regalando nuestro petroleo y enriqueciendo a los que enaltecen el ego de los mandatarios. Aquí estamos con una empresa que fue orgullo de Venezuela y hoy verguenza nacional

Kondorito Konstitución
12 de noviembre, 2016

“La Sala Constitucional parece olvidar que uno de los principios básicos de la Constitución es la rendición de cuentas:”—(Ciertas condiciones aplican)

Diógenes Decambrí.
13 de noviembre, 2016

Otro valioso artículo de JIH. “se valoró que la investigación parlamentaria podía lesionar los derechos de quien fuera Presidente de PDVSA”: En función de las lesiones que causó quien fuera Presidente de PDVSA al patrimonio de la Nación venezolana, que conformamos todos, y mientras estemos sometidos a las arbitrariedades del régimen manejado desde La Habana, tendremos suspendidos todos nuestros derechos, entre los cuales están saber cómo se administran las empresas del Estado, poder castigar a quienes malversen los dineros públicos, y poder Revocar a cualquier funcionario electo cuya gestión no nos satisfaga (con mayor razón si ni siquiera cumple los requisitos de nacionalidad que la Constitución establece, para lo cual -qué coincidencia- ese TSJ ya afirmó que Maduro es venezolano -sin aportar pruebas, porque les da la gana-, y amenaza a quienes insistan en pedir que presente su documentación). El grado de cinismo e intromisión del TSJ va in crescendo.

Fernando Acevedo
14 de noviembre, 2016

Está demostrado, estamos en dictadura,donde las instituciones le pasan por encima a la constitución cuando les da la gana y la usan cuando les conviene.no quieren que se investigue pdvsa, porque y todos lo sabemos la corrupción y el robo es generalizado y no solo es su presidente,son muchos los involucrados.contra toda esta arbitrariedad, que podemos hacer?.esperar que el diálogo vaya dando resultados de a gotas?,creer que el estado va a respetar a la asamblea?mientras, nos morimos de hambre?, por falta de medicinas?,por la inseguridad?, o por no tener real para comprar a precios susto?. que hacemos?.

cejotave
14 de noviembre, 2016

A proposito de esto, me llega a la mente la situacion de la Suprema Corte de Estados Unidos. En un analisis sobre lo que podria hacer Trump eligiendo magistrados, se establece que los jueces siempre han mantenido la proteccion de la constitucion por encima de sus posiciones personales u opiniones politicas

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