Fotografía de Ricardo Peña
El gobierno nacional ha decidido ajustar la economía venezolana por la vía de una inusitada y dramática disminución de las importaciones. Esas mismas importaciones que durante la época del reciente boom petrolero sirvieron para paliar las disfuncionalidades de un modelo y para el enriquecimiento ilícito. Se estima que las importaciones del 2016 serán un cincuenta por ciento menores a las del 2015, que ya fueron a su vez menores que el año anterior. Por otra parte, las líneas de crédito de las empresas que operan en Venezuela con sus proveedores internacionales están agotadas por el nivel de deuda del gobierno que ha acumulado y no ha sido pagada. Todo esto en medio de un control de cambios que impide la existencia de mecanismo legales para la compra y venta de divisas.
El resultado era tan predecible como ahora es inevitable: muchas empresas están disminuyendo o suspendiendo la producción por falta de materia primas, insumos o repuestos.
La receta económica que está aplicando el gobierno tiene como resultado la inevitable la parálisis de las empresas.
Albert Hirschman, uno de los grandes economista del desarrollo, advirtió que uno de los peores errores que se podían cometer desde los gobiernos en materia de políticas públicas era intentar solucionar un problema sin comprenderlo. Hirschman presupone en el planteamiento que desde el gobierno se quiere solucionar el problema pero, al no saber cuáles son las causas que lo ocasionan, se cometen errores que lo agravan y causan nuevos problemas que atender.
El planteamiento que se ha venido haciendo desde el gobierno de “planta parada, planta tomada” es una fórmula para el colapso.
Las instalaciones industriales en Venezuela no se están parando porque quieren: se están parando porque no tienen lo que necesitan para producir.
En un ejercicio hirschmaniano, la solución es bastante directa: el gobierno debe responder a la pregunta ¿Qué hay que hacer para que las empresas sigan recibiendo materia prima, insumos y repuestos? Y esta pregunta tiene varias respuestas posibles. Y muchas de las alternativas viables requieren el replanteamiento y el abandono de algunas políticas económicas del gobierno.
Sobre esto se ha escrito y discutido bastante. Revisemos entonces la fórmula propuesta por el gobierno.
La toma (expropiación, confiscación) de una planta parada por parte del gobierno no solucionará ninguno de los problemas que pretenden resolver. Es, más bien, agregar problemas a un país atribulado por la disfuncionalidad de su economía. Si no hay lo que se necesita para producir, no habrá producción, por lo que al tomar una planta el gobierno se encontrará con que debe resolver el problema original, pero sin los conocimientos necesarios para hacerlo.
No hay que olvidar que cada vez que se expropia o confisca una empresa se destruye conocimiento.
Las acciones violatorias de los derechos de propiedad también serían (son) un desestímulo adicional a la inversión, justo cuando se requiere crear un entorno adecuado para la recuperación de la inversión privada.
¿Se quieren encender motores o lo que desean es apagarlos?
El récord de producción de las plantas estatizadas durante los últimos años ha sido lamentable. Los datos oficiales publicados en las Memoria y cuenta de los ministerios reportan caídas de producción (y de productividad) que explican, en parte, la escasez de bienes que afecta a los venezolanos. La historia de las empresas estatizadas en Venezuela no ofrece ninguna expectativa positiva en cuanto al funcionamiento futuro de esas empresas más allá de la propaganda.
No sería forzado afirmar que tomar una planta es lo contrario de producir. En el impreciso terreno de los eslóganes, la ecuación es la contraria a la que ha sido planteada por el gobierno: “planta tomada, planta parada”.
Entonces, ¿para qué tomar una planta si lo que se quiere es recuperar la producción? ¿O ése no es el objetivo?