Fotografía de Prensa Presidencial.
El 6 de enero de 2016, un mes después de las elecciones parlamentarias que le dio la mayoría calificada a la oposición en la Asamblea Nacional (AN), el presidente Maduro decidió renovar su tren ejecutivo como respuesta a la derrota electoral y la crisis económica. El objetivo es conformar un equipo que pueda acabar con la llamada “guerra económica” que, en sus propias palabras, es la culpable de lo sucedido en las pasadas elecciones.
En el nuevo gabinete ejecutivo vemos como aparecen caras nuevas, vuelven caras conocidas y se mantienen caras que han sido parte del equipo del Presidente. Regresando al tren ministerial como Vicepresidente Ejecutivo aparece el ex ministro de educación, Aristóbulo Istúriz, cuya frase más relevante de cara a la crisis económica del país fue realizada el pasado mes de de julio:
“El control de cambio en Venezuela no es una medida económica: el control de cambio en Venezuela, mis queridos compatriotas escuálidos, es una medida política. Porque si nosotros quitamos el control de cambio, ustedes sacan los dólares y nos tumban”.
Por lo tanto, esperar un cambio estructural en la política cambiaria pierde peso.
De los cambios más importantes hechos por el Presidente resaltan los realizados en el equipo económico. Como Vicepresidente Económico fue nombrado Luis Salas, un sociólogo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) que dentro de sus escritos señala que “monetizar el déficit no causa inflación” y que “los controles de precios en los mercados es un falso problema”. Aunado a esto, Salas plantea que la inflación es usada como herramienta política para presionar a gobiernos, imponer intereses o “simple y llanamente conspirar desesperando a la población, desmoralizándola y atizando el odio al confrontarla entre ella”. Esto nos hace pensar que se ha decidido poner como cabeza de equipo al ala radical del chavismo, donde destacan los nombres de Tony Boza y Alfredo Serrano, actuales asesores del presidente Maduro.
No obstante, como ministro de Banca y Finanzas fue nombrado el economista Rodolfo Medina, una persona con un perfil técnico cuya trayectoria profesional ha transcurrido en su totalidad dentro del Ministerio de Finanzas de la mano de José Alejandro Rojas (ex ministro de Chávez y actual representante del Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional, considerado más pragmático que Giordani), y posee gran experticia en la gestión presupuestaria. Dentro de todo, esto resulta positivo porque al conocer en detalle la situación deficitaria del presupuesto, muy probablemente será quien liderará el ajuste cambiario y la propuesta de simplificación del esquema cambiario actual. Importante acotar que el nuevo ministro no pareciera ser un personaje ideológico.
La propuesta presentada por el Ministerio de Banca y Finanzas se basa en pasar a un sistema dual con tasas de VEF 25,0/US$ para sectores prioritarios y VEF 200,0/US$ para sectores no prioritarios. De esta manera, la tasa Cencoex de VEF 6,3/US$ y Sicad I de VEF 13,5/US$ se ubicarían en la tasa más baja donde se liquidaría el alrededor del 70,0% de la divisas a las empresas consideradas como prioritarias por el Ejecutivo (alimentos, salud e higiene personal). Mientras que el 30,0% restante de las liquidaciones serían a la tasa de mayor cotización y dirigido a otros.
Otras de las caras que aparecen dentro del gabinete económico son Miguel Pérez Abad, antiguo presidente de Fedeindustria, y Jesús Farías, ex diputado, como ministros de Industria y Comercio; y Comercio Exterior e Inversión Internacional, respectivamente. Ambos han declarado sobre la necesidad de la simplificación del esquema cambiario y sobre la importancia de generar diálogo con el sector productivo para impulsar la producción nacional.
Jesús Farias, como vicepresidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la saliente AN, reconoció la gravedad de la crisis y recomendó, adicionalmente, la disciplina fiscal como herramienta de ajuste económico. Destaca en el ámbito cambiario la posibilidad de salir de esta situación, “es imposible el manejo de la economía con tres tasas de cambio oficiales, y una que se desprende de un mercado negro con repercusiones negativas para la sociedad”. Por lo que la meta debería ser “ir disminuyendo las tasas de cambio” y si se tiene la capacidad y la fortaleza económica “podríamos llevarla en pocos meses a una sola tasa de cambio”. En el ámbito fiscal, hace hincapié en racionalizar el gasto público cuando los ingresos de la Nación se vean mermados por un shock externo (caída en los precios del petróleo). También resulta importante lo mencionado por el ex diputado en referencia al Banco Central de Venezuela (BCV), “es necesario que podamos cuantificar la actividad económica, y para ello se requieren indicadores económicos de diferente naturaleza”, lo que nos hace pensar que podríamos ver la publicación de cifras oficiales. Sin embargo, todo no es color de rosas y hay que recordar que el jefe del equipo, Luis Salas, es partidario de la tesis de que la “Hiperespeculación” es el principal causante del deterioro económico.
En este sentido, el nuevo gabinete económico se presenta como un equipo heterogéneo. Estará dirigido por un sociólogo radical y sus ministros representan el ala del chavismo que entiende la crisis, la acepta y propone soluciones que pueden tener un impacto en el entorno económico. En otras palabras, tenemos un equipo donde el principal problema será ponerse de acuerdo entre ellos. Lo que nos hace pensar que la situación no va a mejorar en el corto plazo y que cualquier ajuste que sea planteado no contará con la estructuración, profundización y amplitud que la situación amerita. Por el contrario, se tomaran medidas aisladas para que el Ejecutivo tenga oxígeno en los próximos meses.
Por otro lado, Maduro rectifica como vicepresidente y ministro de Planificación a Ricardo Menéndez, otro actor del ala radical que insiste en la “guerra económico” como principal problema en el país.
En el Ministerio de Petróleo y Minería se mantiene el actual presidente de Pdvsa, Eulogio Del Pino, cuyas últimas observaciones han sido vistas como positivas por los inversionistas internacionales al trabajar por una mayor cantidad de barriles generadores de caja e impulsar medidas que favorezcan a la empresa petrolera. También destaca lo comentado por el Ministro en relación a los compromisos de pago de deuda externa por parte de Pdvsa para 2016 y 2017. La prioridad va a ser cumplir con los pago, pero se buscará realizar una refinanciación al mover los vencimientos para 2018 y 2019, teniendo como argumento la inversión productiva durante este y el año entrante para realizar los pagos en los siguientes años. No obstante, el problema surge en que el costo de realizar esta operación es muy alto y con un precio del petróleo que a la fecha se encuentra por debajo de los US$30 por barril, resulta alarmante la posibilidad del impago de deuda.
Ante estos cambios realizados por el presidente Maduro cabe destacar la posibilidad de entrar en un proceso de crisis institucional donde la conflictividad de poderes estaría a la orden del día con una AN en manos de la oposición y el resto de los poderes en manos del Gobierno. Igualmente, ante la diversidad de pensamientos y de perfiles dentro del nuevo gabinete económico, se presenta la posibilidad de una crisis dentro de su interior a la hora de tomar decisiones sobre el ajuste a implementar. Estos dos factores prefiguran un escenario donde lo político pesa sobre lo económico y se deja a un lado la lectura de los resultados electorales: la necesidad de un cambio del modelo económico.
La realidad es que Venezuela se encuentra en una situación crítica, y con un escenario con precios del petróleo tan bajos como los actuales, se presenta un año que puede llegar a ser peor que 2015. La crisis que actualmente vive el país es de carácter estructural y es necesario un plan de ajuste profundo para lograr salir de ella.
De esta manera, el ajuste debe estar basado en imponer disciplina fiscal y monetaria, eliminando la práctica de incurrir en situaciones de exceso de gastos sobre ingresos; la racionalización del gasto, una eficiente asignación de los recursos; la autonomía del BCV, organismo que debe tener la potestad de negarse a financiar gasto público deficitario y establecer metas anuales de inflación, con la autoridad para establecer acciones e implementar políticas orientadas al logro de esos objetivos. De esta manera, un punto clave es el restablecimiento de la confianza de los hacedores de política.
Asimismo, estimular la oferta a través de incentivos a la inversión productiva, con lo que se busca no solo incrementar la cantidad de bienes y servicios que se producen o prestan, sino también diversificar la producción con el fin de ampliar la gama de productos que se ofrecen. Esa mayor inversión no solo debe centrarse en el capital físico, sino también en el humano, ya que sin personas preparadas y bien formadas es muy poco lo que se puede avanzar en el logro de esa necesaria mayor eficiencia productiva. Respecto al último punto, el desmontaje del control cambiario y el control de precios es indispensable. Por último, es necesario una política social incluyente y dirigida a los sectores más vulnerables con la finalidad de hacer de la superación de la crisis un camino más llevadero.