Blog de Jesús Loreto

Las consecuencias penales de la declaración de Smartmatic; por Jesús Alejandro Loreto C.

Por Jesús Loreto | 3 de agosto, 2017
Fotografía de AFP

Fotografía de AFP

Los medios de comunicación difundieron unas declaraciones alarmantes del director de Smartmatic Antonio Mugica, quien en alusión a la votación del 30 de julio de 2017 dijo “Lo que nosotros podemos asegurar, sin ninguna duda, es que las cifras oficiales y las que arrojó el sistema no concuerdan”. Si no lo ha hecho, tómese por favor 5 minutos y oiga con atención lo que Antonio Mugica dijo.

Estas afirmaciones son realmente graves políticamente, pero quiero referirme solo a los efectos que tiene semejante señalamiento desde el punto de vista estrictamente penal.

Investigación del Ministerio Público

Independientemente de si los resultados anunciados por Tibisay Lucena son ciertos y de si alteran la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, el Ministerio Público está en la obligación de iniciar una investigación penal y nosotros los ciudadanos tenemos el derecho de exigir que se establezcan las responsabilidades a que haya lugar.

Los señalamientos de Antonio Mugica son elementos contundentes para suponer que se ha cometido un delito, específicamente el que se encuentra previsto en el artículo 70 de la Ley contra la Corrupción. Además las aseveraciones del director de Smartmatic no son aisladas, pues se hicieron públicas luego de que el rector del CNE, Luis Emilio Rondón, hiciese una declaración en igual sentido, indicando que las dudas sobre los resultados eran razonables.

Existen entonces dos afirmaciones consistentes entre sí, la de dos actores clave en la votación del 30 de julio de 2017, la del director de una empresa que presta un servicio fundamental al CNE y la de uno de los rectores de ese ente. Ante esto, la Ley le da la facultad a la fiscalía y sólo a la fiscalía, de investigar sin que nadie se lo solicite, es decir de oficio, pues el delito previsto en el artículo 70 de la Ley contra la Corrupción es de acción pública. En otras palabras, no se requiere de una denuncia, ni de una querella.

A pesar de mi apreciación personal, no tengo elementos probatorios para sostener que la afirmación de Antonio Mugica es cierta, como tampoco tengo evidencias para decir que sea falsa, por ello se debe investigar para establecer la verdad de lo ocurrido. Al menos así está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.

Corrupción Electoral

En beneficio del análisis legal le ruego por un instante que suponga que las palabras de Antonio Mugica sean ciertas y que las dudas del rector Rendon, así como las del exministro Andrés Izarra tienen fundamento. Hagamos entonces un análisis hipotético partiendo de que lo que dijo el director de Smartmatic es verdad, a saber:

 

(i) Smartmatic es la empresa responsable de suministrar tecnología electoral al CNE desde el año 2004.

(ii) Por primera vez no pueden avalar los resultados oficiales del CNE.

(iii) La data sobre la participación fue manipulada sin lugar a dudas.

(iv) Es imposible eludir los mecanismos de seguridad y auditoría del sistema automatizado.

(v) La detección de cualquier manipulación es fácil e inmediata.

(iv) Tiene los datos para demostrar que hubo una diferencia de al menos 1 millón de votos.  

La Ley Contra la Corrupción prevé una pena de hasta 3 años de prisión para el funcionario que use su cargo abusando de sus funciones para favorecer o perjudicar electoralmente a un grupo, partido o movimiento político. Ante esto último, pienso que es incuestionable que de ser ciertas las afirmaciones de Antonio Mugica, los funcionarios del CNE que en ejercicio de sus atribuciones hayan divulgado resultados falsos estando conscientes de que fueron manipulados, habrían favorecido a los candidatos nombrados como vencedores y habrían perjudicado a los perdedores, así como al resto de los venezolanos, incluidos los que no votaron. Es decir, si lo que dijo el director de Smartmatic es verdad, estamos ante un delito.

Elección Criminal  

Dejando a un lado que la votación del 30 de julio de 2017 se llevó a cabo sin haber consultado previamente al pueblo, lo cierto es que ese evento electoral tiene como propósito final cambiar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en referéndum aprobatorio el 16 de diciembre de 1999. En ese sentido, la Asamblea Nacional Constituyente podría suponer la destrucción de la forma republicana que se le dio a la nación en la Constitución de 1999.

Lo anterior es sumamente importante, porque el cambio ilegal o inconstitucional de nuestra Carta Magna por medio de la violencia o la destrucción de la República, son delitos previstos en los artículos 132 y 143 del Código Penal. En ese sentido, si como dijo Antonio Mugica, los resultados de la votación fueron manipulados y si tal manipulación fue para poder cambiar la Constitución o para destruir la forma que tiene la República Bolivariana de Venezuela, podríamos estar además ante una Conspiración, lo cual está sancionado con prisión de hasta 16 o 24 años.

Mentira Delictiva

Le he pedido que supusiera que el director de Smartmatic dijo la verdad. Ahora le pido lo contrario, asuma que Antonio Mugica mintió descaradamente y que los resultados oficiales del CNE son incuestionables. Siendo esto así, también se habría perpetrado un delito, uno contra la administración de justicia. En efecto, si todo lo que ha dicho Mugica es falso y si este actuó de mala fe, consciente de que estaba mintiendo, se habría simulado la comisión de un hecho hecho punible y eso también merece pena de prisión. Debo decir en todo caso, que la averiguación penal debe abrirse, incluso si las declaraciones de Antonio Mugica fuesen mentira, precisamente para eso, para demostrar su falsedad y exigirle responsabilidad.

Constituyente en suspenso

Ante la apertura de una investigación penal por las gravísimas declaraciones del director de Smartmatic y hasta que el Ministerio Público no determine si en efecto se manipularon los resultados, no debería instalarse y mucho menos funcionar la Asamblea Nacional Constituyente. Digo lo anterior, ya que por supuestas irregularidades electorales es que el TSJ impidió la realización del referéndum revocatorio y ha anulado anticipadamente todos los actos de la Asamblea Nacional. El pretendido desacato de la Asamblea y la suspensión definitiva del Referéndum Revocatorio habrían sido delitos electorales que a la fecha no han sido demostrados y que son de muchísimo menor gravedad, pues no provienen de Smartmatic, ni de uno de los rectores del CNE .

Dicho de manera sencilla, si los actos de la Asamblea Nacional son nulos porque alguien dijo que 3 diputados de Amazonas compraron votos, los actos de la Asamblea Nacional Constituyente no tienen eficacia, ya que el proveedor de tecnología del CNE durante los últimos 14 años sostiene que los resultados de toda la elección fueron manipulados y no pueden ser avalados.

***

LEA TAMBIÉN:

mapa-interactivo-portada

Jesús Loreto es abogado especializado en derecho penal.

Comentarios (8)

JULIO ANGELINO
3 de agosto, 2017

….creo que acabo de leer el Mejor análisis jurídico de todos los que he leído en esta Web…..no soy abogado, mero me precio de tener buen criterio para estos asuntos….. Felicitaciones, Dr.Loreto (si aun no lo es, haga su Doctorado….vale la pena…!!!

Enrique
3 de agosto, 2017

En cualquier caso, la solicitud no prosperará.

vismark rodríguez
4 de agosto, 2017

Obvió el detalle de la cláusula de confidencialidad que hay en el contrato entre en el CNE y Smartmatic, la empresa incumplió el contrato; esto les da una muy mala señal a futuros clientes, es una empresa en la que no se puede confiar.

Jose Espinoza D
4 de agosto, 2017

Como dijo el gran pensador mexicano mejor conocido como el Chapulín Colorado —“lo sospeché desde un principio”—-

ender
4 de agosto, 2017

mas claro imposible, excelente articulo

Fernando Acevedo
4 de agosto, 2017

por lo anterior escrito, se deduce fácilmente, que si se instala la asamblea constituyente, esta sería ilegal desde todo punto de vista.el gran problema es que de todas maneras la van a instalar, ya rompieron las puertas del palacio legislativo y la GNB, tomó las instalaciones para realizarla. ahora que va a pasar?.

Laura
4 de agosto, 2017

Excelente análisis y muy pertinente, además que el aparte final es lo mejor, definitivamente excelente

Jose Daniel
5 de agosto, 2017

A estas alturas ya todos sabemos que es lo que se persigue con la constituyente y que el tsj lo avala, este analisis lo que hace es confirmar que estamos gobernados por individuos que no les importa Venezuela desde cualquier punto de vista, llamese legal, institucional, moral etc.

Envíenos su comentario

Política de comentarios

Usted es el único responsable del comentario que realice en esta página. No se permitirán comentarios que contengan ofensas, insultos, ataques a terceros, lenguaje inapropiado o con contenido discriminatorio. Tampoco se permitirán comentarios que no estén relacionados con el tema del artículo. La intención de Prodavinci es promover el diálogo constructivo.