El 9 de septiembre de 2015, Transparencia Venezuela publicó los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2015 de Venezuela y el mundo. Aunque en las ediciones previas del estudio, Venezuela mostró resultados poco alentadores, preocupa el importante retroceso que se ha registrado en los últimos años en materia de transparencia presupuestaria.
¿Qué es la Encuesta de Presupuesto Abierto?
Los presupuestos públicos son más que un instrumento formal de planificación económica: son la herramienta con la que cuentan los gobiernos para responder a las necesidades y prioridades de sus países. Idealmente el presupuesto define la forma en la que será utilizado el dinero público, por lo que mientras a) más acceso haya a la información presupuestaria, b) más oportunidades haya de participar en todo el proceso presupuestario, y c) mejor funcionen los mecanismos de vigilancia —de las legislaturas y las entidades fiscalizadoras superiores—, más responsable será el uso del dinero público.
Basándose en estos tres elementos, el “International Budget Partnership” (IBP) elabora una Encuesta de Presupuesto Abierto que evalúa la transparencia presupuestaria, de manera independiente y comparable entre países. La IBP, vale comentar, es una ONG nacida en 1997 con el fin de apoyar a organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo interesadas en fortalecer los procesos, las instituciones y los resultados del presupuesto público.
El Índice de Presupuesto Abierto 2015 construye un indicador que va del 0 al 100, siendo 0 total opacidad y 100 total transparencia. El estudio define que aquellos países que obtienen de 61 puntos en adelante son los que tienen un nivel de transparencia “suficiente” (o “extensa”, si se obtienen 81 o más puntos). Para 2015, solo 24 de los 102 países incluidos obtienen 61 puntos o más, mientras que el resultado promedio es de 45 puntos. Sin embargo, tal como una nota de prensa emitida por IBP precisa, “en general, la transparencia presupuestaria está mejorando, un hallazgo que coincide con el de informes anteriores”.
Lamentablemente, la transparencia presupuestaria mostró un importante retroceso en Venezuela.
¿Qué reflejó el Índice de Presupuesto Abierto de Venezuela entre 2008 y 2012?
En 2008 Transparencia Venezuela comenzó a aplicar la Encuesta de Presupuesto Abierto en el país y desde entonces los resultados no han sido los mejores.
De 88 países evaluados en 2008, Venezuela —junto con Kazajistán y Malasia— obtuvo una puntuación de 35 sobre 100. En particular, el estudio precisó que “el gobierno proporciona al público información mínima sobre el presupuesto del gobierno central y sobre las actividades financieras a lo largo del año presupuestario. Esto dificulta que los ciudadanos exijan cuentas al gobierno por el manejo de los fondos públicos”. En 2010 la puntuación fue de 34 y en 2012 la puntuación fue de 37.
¿Qué muestra el Índice de Presupuesto Abierto de Venezuela del año 2015?
Los resultados del Índice de Presupuesto Abierto de 2015 reflejan un importante retroceso para este año. Venezuela se posiciona —junto con Cambodia— como el octavo país con menor transparencia presupuestaria del mundo, superando sólo a Chad, Guinea Ecuatorial, Irak, Líbano, Myanmar, Qatar y Arabia Saudita. Aún más, Venezuela se posiciona como el país con menor transparencia presupuestaria de Latinoamérica y El Caribe, mientras que Ecuador (50), Colombia (57), Chile (58), Argentina (59), Perú (75) y Brasil (77) superan el promedio global del índice (45). De los miembros de la UNASUR, sólo Venezuela (8) y Bolivia (17) se ubicaron por debajo del promedio global.
Según Transparencia Venezuela, los resultados del estudio deben “encender todas las alarmas por el carácter regresivo del derecho de acceso a la información pública en Venezuela”. Esta ONG resalta que el proyecto de presupuesto del Ejecutivo y el informe de fin de año o memoria y cuenta nacional, se están produciendo sólo para consumo interno; en tanto la Contraloría General de la República no ha venido realizando auditorías del Presupuesto Nacional pues “no cuenta con recursos suficientes ni financieros ni humanos para llevar adelante auditorías que abarquen un porcentaje importante de la administración pública”. Aún más, la Contraloría General de la República “no responde a las denuncias de corrupción realizadas por la sociedad civil, no cuenta con el alcance para tener alguna relevancia en la acción pública ni se aboca a la auditoría del presupuesto nacional”.
Transparencia Venezuela también resalta que “la AN aprueba recursos adicionales provenientes de fondos inauditables que se utilizan de forma discrecional y sin que se respeten prioridades (…) contraviniendo la necesaria planificación para el uso óptimo de los recursos y los principios previstos en los artículos 311, 313 y 314 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establecen eficiencia, solvencia, transparencia, un solo presupuesto y el carácter ‘excepcional’ de los créditos adicionales”. Tal y como se ve en el Gráfico 1, los recursos adicionales aprobados fuera de la Ley de Presupuesto representan una porción considerable del gasto efectivo.
Por último, pero no menos importante, la opacidad de las estadísticas nacionales —en violación de disposiciones Constitucionales y legales—, la inexistencia de canales y procedimientos para la consulta presupuestaria, y las pocas facilidades para que la sociedad civil interactúe con las comisiones legislativas de seguimiento de gestión y con la Contraloría General de la República, han hecho que sean “pocas las posibilidades que tienen los ciudadanos de participar en el proceso presupuestario”.
De acuerdo a este estudio, Venezuela está en el rango de los países que tienen no solo insuficiente, sino “escasa o nula” transparencia presupuestaria. A evaluar por las obras inconclusas, la necesidad de créditos adicionales para cancelar la nómina y, especialmente, la inflación más alta del mundo, el uso del dinero público en Venezuela no parece el más responsable.