1.
Nuevamente se promulga una habilitante sobre la base de un fraude a la Constitución. La habilitante se promulga para desequilibrar aún más el poder a favor del gobierno; para vaciar de competencias a la AN, tal como ha sido costumbre en la última década, y; para controlar más al ciudadano, la sociedad civil y a los opositores políticos. En definitiva, una habilitante cuya pretensión es mantener el régimen en el poder, reforzando el totalitarismo.
2.
La nueva delegación legislativa es vaga e imprecisa. Se autoriza al Gobierno para dictar decretos leyes a los fines de “Reforzar la garantía del ejercicio de los principios constitucionales de soberanía y autodeterminación de los pueblos y la “protección contra la injerencia de otros estados en asuntos internos de la República”; para la “Protección del Pueblo y de todo el Estado frente a actuaciones de otros países o entes económicos o financieros transnacionales, o de factores internos, dirigidas a perturbar o distorsionar la producción, el comercio el sistema socioeconómico o financiero”; a los fines de lograr “Eficacia del principio democrático de participación protagónica y el valor de la solidaridad colectiva en la defensa y prevención del orden constitucional”; para “Fortalecer las alianzas estratégicas de la República Bolivariana de Venezuela con los países hermanos de la América Latina y el Caribe y; con el objeto de
“Normar las directrices dirigidas al fortalecimiento del sistema de responsabilidades civiles, administrativas y penales a que hubiere lugar.”
Como pueden apreciar, la vaguedad sustantiva de la materia delegada nos hace concluir que se le otorga al gobierno un cheque en blanco para “legislar”. El régimen puede interpretar a su antojo dicha delegación y dictar las normas que le convengan, sin límite alguno. Eso permite al Gobierno abusar del poder, atentar contra el estado de derecho y la democracia, bajo un manto jurídico de muy dudosa constitucionalidad y legitimidad.
Entre otros asuntos, la habilitación permite al gobierno “legislar” en materia penal y de responsabilidad civil y administrativa, con lo cual se estaría invadiendo la reserva legal en materia de Derechos Humanos, ámbito indelegable y solo regulable de manera progresiva mediante ley formal. Tal delegación está prohibida por la propia Constitución y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es una suerte de suspensión de garantías constitucionales, sin cumplir para ello con los términos, requisitos y condiciones que la propia Constitución impone y, entre otros asuntos, sin notificar al sistema internacional de protección de los DDHH, tal como expresamente lo exige la Constitución.
3.
La habilitación es un abandono de la función legislativa por parte de la AN. La nueva ley habilitante es excesiva desde el punto de vista temporal. Durante nueve meses, el resto el período constitucional de la AN, el parlamento abandona una de sus funciones más importantes. Ello tiene por objetivo, que las normas con fuerza, rango y carácter de ley que decreta el gobierno, no estén sometidas al control político, al escrutinio de los medios de comunicación independientes, ni al debate ni la consulta pública. En definitiva, que las “leyes” sean dictadas por el gobierno, sin limitación alguna. Además, esta habilitación podría tener como objetivo justificar que en el próximo período de sesiones de la AN no haya actividad parlamentaria alguna. En efecto, el artículo 57 del Reglamento de la AN establece que cuando se trate del segundo período de sesiones ordinarias y corresponda al último año del período constitucional de la Asamblea Nacional, la Presidencia podrá declarar receso parlamentario. De una vez, justifican el receso.
En la vigencia de la Constitución de 1999, el gobierno ha estado habilitado para “legislar” durante más de 6 años. Ellos es un signo inequívoco del deseo de la mayoría oficialista de la AN de abandonar la función legislativa.
Los regímenes totalitarios hacen del parlamento cascarones vacios. La habilitación inhabilita la AN.
4.
La habilitación ha sido y será nuevamente un instrumento inútil para resolver los esenciales y verdaderos problemas del país. Con la habilitante el gobierno no aprenderá a gobernar, ni gobernará eficientemente.