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Expropiaciones y el dilema de la propiedad; por Anabella Abadi y Richard Obuchi

Expropiaciones y el dilema de la propiedad Anabella Abadi y Richard Obuchi

Las medidas de expropiación de medios de producción fue una de las políticas predilectas (y más controversiales) del presidente Hugo Chávez. Si bien durante la presidencia de Nicolás Maduro este tipo de acciones no han tenido el mismo alcance ni profundidad que en el de su predecesor, el Observatorio de Propiedad Privada de Cedice registró 42 expropiaciones sólo entre 2013 y 2015, sus dos primeros años de gobierno.

Es claro que esta agresiva política de expropiaciones es un factor que ha incidido negativamente en el desempeño del sector público y de la economía en general. Sin embargo, esta política también forma parte de un discurso que algunos factores consideran parte fundamental del legado de Chávez.

Tal discusión ha generado polémica y no parece haber una posición clara dentro de las filas del oficialismo sobre la conveniencia de revertir algunas de estas acciones y devolver activos expropiados a sus antiguos dueños. Ha sido una pelea tan intensa que algunos analistas la consideran como parte de las causas de la salida de Miguel Pérez Abad del Ministerio de Industria y Comercio.

Pero no se trata de una discusión novedosa dentro del gobierno: ya en junio de 2014 hubo un importante reconocimiento de la mala gerencia de las empresas expropiadas por Freddy Bernal, entonces diputado, cuando afirmó que “por alguna razón no supimos gerenciar adecuadamente” las empresas expropiadas “y las llevamos al fracaso”. Además, Bernal consideraba que había “que asumir la autocrítica” y que “no estaría mal para el Gobierno tener asesores económicos” que “no sólo sean chavistas, sino que también sean economistas”.

¿Cuál es la más reciente diatriba?

El Ministro para el Petróleo y Minería, Eulogio Del Pino, durante la 38va Asamblea de la Cámara Petrolera de Venezuela, afirmó:

“Debemos ir a nuevo modelo con mayoría del sector privado y eso pasa por un reconocimiento de errores: creo que lo que se hizo en el lago de Maracaibo tuvo muchos errores, debemos reconocerlo y hemos ido a un esquema en el cual a todos aquellos empresarios, que aún quieran continuar, vamos a devolver sus actividades”

Estas declaraciones abrieron un fuerte debate dentro de las filas del PSUV. El primero en responder fue Elías Jaua, quien tuiteó “¿Será que olvida que hay un Plan de la Patria aprobado por el voto popular y hecho Ley de la República? Viva Chávez!”

Y luego Diosdado Cabello reaccionó diciendo que:

“Nosotros no vamos a devolver ninguna de las empresas que la revolución ha tomado por estar conspirando. Es política de la Revolución Bolivariana. ¿Que se han cometido errores? Asumamos los errores, la mayoría de las veces de quienes hemos puesto al frente de esas empresas”

El propio Rafael Ramírez, cuya salida del gabinete económico también se adjudica a adelantar políticas de corte pragmático, puso dos tuits cuyo contenido parece aludir a las declaraciones de Del Pino:

Un elemento singular de esta polémica que se ha sostenido dentro del pertido de gobierno es lo pública que ha sido. Es una particularidad que sugiere un posible conflicto de visiones sobre la dirección de la actual política económica, algo que va más allá del tema de las expropiaciones. Y esa inferencia termina reafirmándose con la abrupta salida de Miguel Pérez Abad de una posición estratégica como la de Ministro de Industria y Comercio y Vicepresidente del Área Económica. Pérez Abad venía adelantado una serie de políticas que tenía como principales acciones el pago de las obligaciones de deuda externa mediante la monetización de activos y restricción de importaciones, además del incremento sostenido (al menos hasta mediados de julio) del tipo del cambio Dicom, así como permitir aumentos de precios con el objetivo aparente de mejorar el abastecimiento.

Y toda esta diatriba tiene lugar tras la creación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, a cargo del Ministro para la Defensa Vladimir Padrino López.

El verdadero dilema: ¿qué hacer?

Aunque parece haber cuestionamientos dentro del oficialismo sobre los “errores” cometidos y el fracaso en el manejo de las empresas expropiadas. No hay consenso sobre las políticas a seguir para la recuperación de las empresas. Y los hechos recientes sugieren que muchos actores clave siguen apoyando la política intervención directa. En todo caso, las diferentes ideas que han promovido se pueden resumir en:

Intervención y control. A mediados de julio 2016, el Ministro para la Defensa y cabeza de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, Vladimir Padrino López, afirmó que “se trata de controlar todos los procesos en todo el país, no interviniendo sino controlando los procesos. En caso de que se necesario intervenir, se intervendrá”. Esta es una clara continuación de la política de control directo característica del Socialismo del Siglo XXI, que es abiertamente apoyada por el presidente Nicolás Maduro. A manera de ejemplo, el 1 de agosto de 2016 el presidente Maduro se dirigió a las empresas de telecomunicaciones diciendo: “Si ustedes dicen que no pueden, véndannos estas empresas”.

Reversión/devolución. Ya en enero de 2016, durante su programa radial Vielma Mora Construye, el Gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, en su rol como coordinador de la Comisión Nacional de Economía y Producción, afirmó que se devolverán las industrias y empresas que fueron expropiadas. Pocos días después, el Ministro para la Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, aseguró que el Gobierno Central estaba en negociaciones para devolver Agroisleña a sus dueños. Además, Pérez Abad afirmó recientemente que esas discusiones siguen en marcha. En una entrevista publicada el 1 de agosto de 2016, Pérez Abad dijo:

“Estamos de acuerdo en que la decisión de expropiar y generar compras estratégicas de industrias ha dado resultados positivos… empresas que no son estratégicas y no son medulares y a lo mejor tienen poca importancia para nosotros, puede haber un plan de devolución y entrega dependiendo del caso”

Alianzas público-privadas. En julio de 2016, Freddy Bernal reiteró que “en el pasado tomamos algunas medidas como expropiación de algunas empresas que, lamentablemente, o no las hicimos productivas o incluso fracasaron en nuestras manos” y agregó:

“Asumiendo esa responsabilidad nos hemos sentado con el empresariado y hemos conformado empresas mixtas, 60 del estado y 40 privadas”

Los hechos demuestran que cualquier política diferente a la intervención y al control directo sufre importantes dificultades y tropiezos para alcanzar consenso entre los principales hacedores de políticas económicas. Otro ejemplo: en mayo de 2014 la Federación Nacional de Ganaderos confirmó que el Gobierno estaría revirtiendo la decisión de expropiación sobre diez fincas ganaderas. Días después, el entonces Vicepresidente Ejecutivo Jorge Arreaza señaló que las tierras que el Gobierno Central “ha recuperado para el pueblo, para los campesinos, jamás se van a revertir de nuevo a los latifundistas”, agregando que “se va a revertir y superar en el país es el modelo rentista petrolero capitalista”.

¿Qué debería considerar el Gobierno Central?

El Gobierno Central debe enfilar sus esfuerzos hacia políticas que promuevan la productividad y la inversión privada. En el caso de las empresas expropiadas, es indudable que la experiencia de expertos del sector privado es necesaria para poder reactivarlas o mejorar su productividad, según sea el caso.

La posibilidad de revertir la situación de las empresas expropiadas implica, al menos, estudiar su situación particular, caso por caso, para determinar cuál es el mejor rumbo: subsidios temporales, renovación gerencial, alianzas público-privadas, transformación en empresas mixtas o, incluso, privatización o liquidación.

Aunque la tarea es titánica, sólo esto garantizará la eficiencia de la inversión pública necesaria para rescatar las débiles empresas expropiadas. De lo contrario, si deciden mantener la política de intervención y control directo de los medios de producción, veremos cómo seguirá la incertidumbre y el deterioro de la situación económica.