1. Los anuncios. El pasado 1ero de Mayo, antes de que el presidente Nicolás Maduro diera su discurso ante los trabajadores en la Plaza O´Leary, habló Marián Camacaro, una trabajadora de la empresa Lácteos Los Andes que fue anunciada como representante de todos los trabajadores y trabajadoras de la Patria. Camacaro anunció una serie de propuestas y compromisos donde destacan la centralización de las importaciones en Cencoex y el aumento del Impuesto Sobre La Renta. Pero Marián Camacaro también dijo que:
“Nosotros los trabajadores, y en mi representación de Lácteos Los Andes nos comprometemos en nacionalizar la distribución de alimentos y artículos de primera necesidad del pueblo presentando en treinta días un proyecto de constitución de la corporación de transporte que detenga el acaparamiento, el desvío de productos y el contrabando fuera de nuestro país”.
Era el día del anunciado revolcón económico y había muchas expectativas respecto a posibles anuncios que haría el presidente Maduro. Un día antes, Nelson Bocaranda, un periodista conocido por el acierto de la información y las fuentes que maneja, había anunciado la intención del gobierno nacional de avanzar con “la toma de Polar” y, en especial, de su sistema de distribución.
2. La amenaza. Las alertas estaban encendidas. Venezuela vive una escasez de productos básicos sin precedentes, una escasez que alcanza un nivel tal que el Banco Central de Venezuela ha decidido no publicar información sobre esta variable. Las importaciones masivas de alimentos que en el pasado aliviaron el problema ahora no son posibles debido a la caída de los ingresos petroleros. Las colas frente a los establecimientos comerciales se han multiplicado, convirtiéndose en una evidencia de un sistema económico disfuncional.
En medio de estas circunstancias, asomar la expropiación de una empresa que produce y distribuye alimentos en un país donde cada día hay menos empresas que producen y distribuyen productos (de acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas) sólo podía generar preocupación.
Maduro no anunció expropiación alguna el día del revolcón ni la estatización del sistema de distribución. Sólo envió un mensaje a un grupo de los sindicalistas de Polar que se encontraba presente en la plaza:
“Un saludo a los trabajadores de la Polar. ¿Contamos con el apoyo de la clase obrera de la Polar? Preparáos para grandes desafíos. Preparáos para grandes desafíos”.
Grandes desafíos que podrían interpretarse como una relación entre la propuesta planteada por Marián Camacaro y lo anunciado por Nelson Bocaranda.
3. Estatización y producción. Expropiar a Empresas Polar (o a cualquiera de las otras empresas de alimentos que se mantiene produciendo en Venezuela) profundizará el problema de la escasez. El gobierno de Hugo Chávez comenzó una política de expropiaciones en el sector agrícola y agroindustrial a partir del año 2006, cuya principal consecuencia fue una disminución evidente de la producción de las empresas estatizadas.
Más allá de la evidencia anecdótica, el mismo gobierno ha reconocido la caída de la producción en las empresas estatizadas. Por ejemplo: la producción de Industrias Diana cayó un 35% entre el 2014 y el 2012, mientras que la de Lácteos Los Andes disminuyó en un 21% en el mismo período. Y recordemos que son cifras oficiales. No es casualidad que el 84% de los venezolanos rechacen las expropiaciones al sector privado de acuerdo con la encuesta más reciente de Datanálisis.
El gobierno de Venezuela controla la capacidad instalada de producción de bienes básicos en un rango que oscila entre 20% y 75%, según el rubro, así que una disminución de la producción en esas instalaciones impacta de forma inmediata la oferta disponible y la escasez de productos.
Entonces, ¿por qué expropiar cuando una de las causas de la escasez es justamente el fracaso productivo de las estatizaciones realizadas en el sector agroindustrial?
4. El estado distribuidor. Tanto Camacaro como Bocaranda mencionan la posibilidad de que se expropie “el sistema distribución de alimentos”. Pero pongamos en contexto esta propuesta: el gobierno de Hugo Chávez consideró la distribución de alimentos como una actividad de carácter estratégico. En abril de 2003 inauguró la Misión Mercal, un programa para la construcción y dotación de almacenes y bodegas para la venta de productos subsidiados. En 2008 se inauguró PDVAL, una empresa que tiene como objetivo la importación y comercialización de alimentos. En 2010 el gobierno expropió las cadenas Hipermercado Éxitos y Supermercados CADA para conformar la Red de Abastos Bicentenarios, otro mecanismo de distribución masivo.
Ya en el 2013, Carlos Osorio, entonces Ministro de Alimentación, anunciaba que las redes de alimentación del Estado atendían al 61% de la población venezolana. Es decir: ya el Estado venezolano tiene control directo sobre la distribución de alimentos en Venezuela.
5. El control del Estado a través del SICA. Chávez no se conformó con convertir al Estado en el actor más importante en la distribución de alimentos en Venezuela. También se encargó de dirigir la implementación de un estricto control en la movilización y distribución de alimentos en Venezuela a través del Sistema Integral de Control Alimentario: el SICA, un sistema que el gobierno aplica a las empresas privadas.
A través del SICA, el gobierno autoriza el movimiento de los alimentos desde las plantas hasta los centros de distribución y de allí a los establecimientos comerciales. También controlan el movimiento de materia prima, tanto la que proviene del campo venezolano como la importada.
En enero de 2013, Ricardo Menéndez, entonces Vicepresidente del Área Económica y Productiva, declaró que ellos, desde el gobierno, conocen “con precisión el seguimiento diario de los alimentos que se formulan en el país como arroz, azúcar, café, harina, aceites”:
“Sabemos perfectamente qué, cuánto y quién tiene cada producto dentro del país. Y no vamos a aceptar ningún esquema de desabastecimiento”.
El control es absoluto. El SICA no es sólo un sistema de información. Es, como dice su nombre, un sistema de control en el cual cada uno de los movimientos de alimentos debe ser autorizado por el gobierno de Venezuela.
6. El problema es de producción. Si el gobierno ya distribuye alimentos a más de la mitad de la población y, además, controla y supervisa la distribución que realizan las empresas privadas, ¿para qué expropiar el sistema de distribución de una empresa? Sucede que el problema de la escasez en Venezuela no es de distribución, sino de oferta. Nadie puede distribuir lo que no se produce. Así que la oferta sólo mejorará cuando aumente la producción de alimentos. De acuerdo con datos de Cavidea, más del 60% de los productos que se expenden en las redes estatales provienen de las empresas privadas, otro indicador que revela la inutilidad de expropiar los sistemas de distribución privados.
La expropiación de empresas no resolverá el problema de la escasez, pues sería una medida que no atiende las causas del problema sino más bien profundiza una de ellas: los bajísimos niveles de la producción y la productividad de las empresas estatales (y estatizadas).
7. La materia prima. La agenda del gobierno debe, más bien, enfocarse en eliminar los obstáculos a la producción en Venezuela. Y es allí, en esa agenda de cortísimo y urgente plazo, donde se encuentra la necesidad de reactivar el ciclo de suministro de las materias primas nacionales e importadas.
Los productores agropecuarios se quejan de que los precios impuestos por el Gobierno son insuficientes para producir. Son precios que motivan un éxodo silencioso del campo venezolano que nos deja con menos materia prima y condenados a una mayor dependencia de las importaciones.
El país necesita la reactivación urgente de la producción de maíz, arroz, sorgo, ganado vacuno y avícola. Estos sectores hoy están asfixiados por las regulaciones, cuando hasta hace pocos años éramos autosuficientes y competitivos. Cuando las poblaciones crecen, el consumo aumenta, pero si no hay expansión de la capacidad de producción, la brecha que se abre entre la oferta y la demanda empieza a ser insalvable.
8. La deuda. También es urgente pagar la deuda que adquirieron las empresas en materia de importaciones de insumos y materias primas, bajo la autorización, supervisión y control del Estado, con proveedores internacionales.
Saldar las deudas pendientes es la manera de reactivar el suministro de materia prima que corresponde al componente importado de la producción nacional. La escasez de materias primas se traduce en escasez de productos terminados.
9. Los precios. El sistema de precios que maneja el gobierno es disfuncional, algo que ha generado distorsiones innegables y perjudiciales para el bienestar de los venezolanos. Esos mismos controles de precios desestimulan (o incluso anulan) la inversión. Hay precios que no han cambiado en más de dos años, haciendo inviable la producción y generando escasez, tras obligar a muchas empresas a cerrar sus líneas de producción. Y las empresas pequeñas y medianas cierran sus puertas con discreción y desaparecen sin ser noticia.
Un gobierno puede obligar a una empresa a vender a un precio determinado durante un tiempo, pero no puede obligarla a vender a ese precio para siempre y, mucho menos, obligarla a invertir.
Es urgente salir de los controles de precios, tal como lo hicieron China a partir de 1978 y Brasil en los años noventa. Hoy esos dos países potencias agroalimentarias, demostrando que hay formas de desmontar los controles que permiten aminorar cualquier impacto, desde el dual track pricing que usaron los chinos hasta un sistema transitorio de precios. Pero urge hacerlo, porque lo peor del control ya está aquí: en la escasez, en las colas y en los precios exorbitantes, esos precios a los cuales los ciudadanos nos enfrentamos en las calles, que no son los mismos que aparecen publicados en la Gaceta Oficial.
Las distorsiones del control de precios no se limitan a la producción. El arbitraje [llamado acá bachaqueo], el mercado negro y compras nerviosas [hoarding] son conductas que se producen como consecuencia de la escasez y de la estructura de precios que ha impuesto el gobierno.
Son conductas que (durante más de cuatro mil años de historia de políticas) reaparecen cada que vez que se establece un control de precios: sucedió en la Unión Soviética, en la Alemania Nazi, en Corea del Norte, en Cuba y en los Estados Unidos de Nixon, cuando reguló el precio de la gasolina.
No es un fenómeno cultural, es un problema de incentivos.
10. No estamos condenados a la escasez. También es urgente tomar medidas en las empresas estatales. El tamaño de esas empresas y su participación de mercado es tan importante que la solución de la escasez pasa obligatoriamente por poner a producirlas a su máxima capacidad. Y eso puede implicar, en el corto plazo, un proceso de desestatización o la implementación de un sistema de concesiones, como ocurre en el sector petrolero.
No hay ninguna razón para que el Estado sea propietario de esas empresas. Brasil y China, otra vez como ejemplo, son una muestra de cómo el proceso de desestatización de empresas son un componente clave para el desarrollo del sector agroindustrial. Y una agenda de reformas y medidas como éstas puede llevarse adelante trabajando de forma conjunta entre el Estado, el sector privado y los trabajadores. Por supuesto, también hay necesidad de medidas y reformas de más largo aliento, como las relacionadas con el complejo e inoperante control de cambio. Venezuela es el único país de América Latina con control de cambios y de precios. La inflación es la más alta del continente y una de las más altas del mundo en un mundo donde ya la inflación no es un problema. Ni hablar del problema de la escasez, la más alta de Occidente, donde ya ni siquiera es un indicador que se mide, porque es un fenómeno que dejó de existir hace mucho tiempo.
El reto del gobierno no es administrar la escasez. El reto del gobierno es permitir y estimular el desarrollo del campo venezolano y la conformación de un sector agroindustrial vigoroso, capaz de competir con sus pares regionales y satisfacer las necesidades, los deseos y las preferencias de los ciudadanos de Venezuela.
No hay forma de resolver un problema sin atacar sus causas. Las expropiaciones y la profundización de los controles sólo tendrán una consecuencia devastadora para el bienestar de los venezolanos: más escasez.