El 30 de septiembre de 2014, fuentes extraoficiales señalaron que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) pronto daría el fallo sobre el caso de los proyectos petroleros expropiados a Exxon Mobil en 2007, por el que se estimaba que Venezuela tendría que pagar entre US$700 millones y US$1.200 millones. El 9 de octubre de 2014 las partes dieron lectura al fallo y se supo que el CIADI ordenaba a Venezuela a pagar US$ 1.600 millones a Exxon Mobil por la expropiación de sus proyectos en la Faja del Orinoco. El pago se compone por US$1.411 millones por la expropiación de Cerro Negro, US$ 9 millones por los recortes de producción -impuestos a ese proyecto durante 2006 y2007- y US$ 179,3 millones por el proyecto La Ceiba.
Cerro Negro era una asociación estratégica en la Faja del Orinoco, entre CVP (41,6%), ExxonMobil (41,7%) y BP (16,7%). La Ceiba era un proyecto de asociación a riesgo a partes iguales entre Exxon Mobil y PetroCanada. En 2007, ExxonMobil y Pdvsa no lograron alcanzar un acuerdo para modificar la estructura de las asociaciones para construir nuevas Empresas Mixtas en las que Pdvsa tendría la participación mayoritaria. En ausencia de acuerdo, los activos de Exxon fueron expropiados, y la compañía introdujo la demanda ante CIADI para exigir su compensación.
La demanda original de Exxon Mobil era por US$ 12.000 millones, por lo que el fallo de US$ 1.600 millones puede ser visto como un éxito para PDVSA. El monto que Pdvsa debe cancelar próximamente se ve reducido, además, porque a éste se le descuenta un pago que ya se había cancelado a Exxon por la demanda que había introducido ante la ICC. El 23 de diciembre de 2011, esta corte había emitido un laudo por el que PDVSA debía pagar US$ 908 millones a Exxon Mobil, que tras deducirse una deuda de aproximadamente US$ 161 millones de la empresa con PDVSA, dejaba un saldo alrededor de US$ 747 millones. Al 14 de febrero de 2012, esta deuda había sido pagada en pleno.
Si bien el monto a cancelar (alrededor de US$ 850 millones) no parece representar una amenaza contra el flujo y la capacidad de pago de Venezuela, se convirtió en un nuevo recordatorio de que el país debe enfrentarse a un conjunto nada despreciable de compensaciones pendientes. Recientemente CIADI también decidió que Venezuela debe cancelar a la minera canadiense Gold Reserve US$ 740 millones por la expropiación de Las Brisas, por lo que solo con estas dos decisiones, Venezuela se enfrenta a pagos que debe ejecutar en el futuro cercano por alrededor de US$ 1.600 millones. Además, para el 2015 se espera la decisión sobre la demanda más onerosa a la que se enfrenta Venezuela: la de ConocoPhillips, por US$ 31.000 millones (de la que se espera una compensación mucho menor).
Hoy el CIADI cuenta con 144 Estados miembros y, a pesar de que Venezuela decidió salirse, aún tiene pendientes 26 casos. Venezuela es, por mucho, el país miembro con más demandas pendientes: de las 195 demandas que el CIADI gestiona actualmente, Venezuela tiene 26 (27 antes del fallo del caso ExxonMobil), seguida por Argentina con 22 y Egipto con 13.
Las decisiones de CIADI, en el momento en que se den, representan un compromiso para Venezuela. Qué tan comprometida pueda quedar Venezuela con esas decisiones dependerá de la magnitud de los montos que se ordene cancelar y del momento en el que esas órdenes ocurran. Aunque es posible que se pueda negociar las condiciones y plazos de pago con los acreedores, estas compensaciones no deben quedar fuera del análisis de la disponibilidad y flujo de divisas del país para los próximos años.