Fotografía de Dylan Martinez para Reuters
El pasado 23 de junio de 2016, los británicos fueron a las urnas para decidir si el Reino Unido debía permanecer como miembro del bloque de 28 países que conforman la Unión Europea, o si por el contrario, debía separarse y continuar como una nación independiente del bloque. Después de una dura y divisiva campaña electoral que llevó las tensiones al máximo, y a pesar de todas las advertencias de expertos sobre los efectos potencialmente negativos de una posible retirada de la isla del bloque europeo, la votación terminó dándole la victoria a la opción conocida como Brexit: la separación formal del Reino Unido de la Unión Europea (UE).
Luego de nueve meses de un clima interno convulso, marcado por la incertidumbre y una aparente falta de consenso en el gobierno sobre cómo acometer la separación, Reino Unido finalmente se prepara para iniciar, ahora sí, las negociaciones formales para su retirada de la Unión Europea. La Primera Ministra Theresa May, quien sustituyó en el cargo a David Cameron tras su renuncia luego de conocerse el resultado del referendo, anunció recientemente que el próximo 29 de marzo es la fecha escogida para activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que abre un período de negociación de dos años para acordar los pormenores de la retirada de cualquier país miembro que decida abandonar el bloque europeo.
El gobierno británico espera culminar las negociaciones con la UE a más tardar en marzo de 2019, antes de las elecciones al Parlamento Europeo, programadas para el verano de ese mismo año. Inicialmente, frente a los rumores de que el gobierno británico invocaría el Artículo 50 a mediados del mes de marzo, la UE tenía previsto ofrecer una respuesta conjunta durante la cumbre pautada para los días 6 y 7 de abril, pero el retraso en el anuncio por parte del número 10 de Downing Street invalidó esta posibilidad.
El presidente el Consejo Europeo, Donald Tusk, aseguró que daría una respuesta rápida a la solicitud formal de retirada del Reino Unido, pero indicó que podría tomar entre cuatro y seis semanas lograr consenso entre los otros 27 miembros del bloque europeo para iniciar formalmente el proceso de negociación. Con esto, se prevé que en el mejor escenario, las negociaciones entre la UE y el Reino Unido podrían comenzar a mediados del mes de mayo.
El largo camino hacia la Ley del Artículo 50
Luego del anuncio del Reino Unido sobre la invocación del artículo 50 para este próximo 29 de marzo, Gianni Pitella, presidente del bloque socialista del Parlamento Europeo, se burló de la lentitud del gobierno británico para darle luz verde a las negociaciones de salida. “Felicitaciones, Theresa May. Nueve meses para dar a luz una fecha para la notificación del artículo 50”, dijo, según lo reseñó el diario The Guardian.
La mofa del parlamentario pone de relieve las múltiples críticas que ha recibido el gobierno británico por su lentitud para adelantar el proceso de separación de la UE, que se esparaba estuviera en curso mucho antes. No obstante, el camino hacia la activación del Artículo 50 no ha sido fácil y ha estado marcado por contratiempos y falta de consenso entre los mismos impulsores de Brexit.
El primer obstáculo fue una batalla legal entre la administración de May y facciones proeuropeas que exigían aprobación previa del Parlamento Británico para la activación del Artículo 50 y el consecuente incio de las negociaciones de salida del Reino Unido de la UE. La pelea se elevó hasta la Corte Suprema de Justicia, que sentenció el 24 de enero a favor de los proeuropeos, obligando al gobierno británico a consultar previamente con el parlamento, antes de poder proceder a iniciar las negociaciones con la UE. El fallo también incluyó la decisión de denegar a Escocia, Gales e Irlanda del Norte, el derecho a veto sobre cualquier decisión que tomara la administración británica en Londres sobre el tema de la separación; una decisión que ha contribuido a maximizar las tensiones en la relación, ya de por sí un tanto agria, entre las cuatro naciones que conforman el Reino Unido.
La decisión de la Corte Suprema dio pie al inicio de las discusiones en el Parlamento Británico sobre la llamada “Ley del Artículo 50”, que a pesar de su nombre pomposo se trata simplemente de un texto de dos líneas, con la pregunta sobre si los ministros del gabinete de May pueden proceder a activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa y así dar inicio al proceso formal de Brexit.
Durante la discusión en el parlamento, dos aspectos fundamentales desataron gran controversia. En primer lugar, el destino de los ciudadanos europeos que actualmente residen en el Reino Unido; y en segundo lugar, el derecho del parlamento a tener voz y voto sobre el acuerdo final de Brexit negociado con la UE, algo que el gobierno de May ha querido evitar a toda costa para poder negociar libremente sin el temor a que el acuerdo final sea invalidado en una consulta parlamentaria y deje al país en un limbo en cuanto a su estatus dentro de la UE.
Para tratar de paciguar las preocupaciones e incertidumbre que existen en varios sectores de la sociedad inglesa en cuanto a Brexit, la Cámara de los Lords introdujo sendas enmiendas a la Ley del Artículo 50: una para proteger a los ciudadanos europeos residentes en el Reino Unido posterior a la retirada de la isla del bloque europeo, y la otra, para garantizar que el acuerdo final de Brexit negociado con la UE pasara un proceso de aprobación previa por parte del parlamento, antes de poder ser implementado.
No obstante, las enmiendas fueron luego rechazadas por la Cámara de los Comunes: la primera, con una votación de 335 en contra y 287 a favor, y la segunda con un total de 331 en contra y 286 a favor. La Cámara de los Lords finalmente aceptó la supremacía política de la Cámara de los Comunes en su carácter representativo de la voluntad popular (esta cámara es la única cuyos diputados son electos por voto popular), y aprobó la decisión de no incluir las enmiendas en la versión final de la Ley del Artículo 50, lo que le da al gobierno británico vía libre para negociar sin restricciones, y sin la preocupación de que el acuerdo logrado, sea cual sea, pueda luego ser revertido.
El “no acuerdo” y la normativa de la Organización Mundial del Comercio
El principal interés del gobierno hasta el momento ha sido mitigar el riesgo de una intervención desfavorable del parlamento en el escenario eventual de que el Reino Unido no lograra negociar un tratado de comercio con la UE en el plazo de dos años de las negociaciones de salida establecido por el Artículo 50. En todo caso, May ha dicho que preferiría “un no acuerdo a un mal acuerdo”, indicando que la isla optaría por retirarse de las negociaciones comerciales si no logra garantizar beneficios mínimos. En este escenario, el país tendría que apegarse a la normativa comercial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como regulación para todos sus intercambios comerciales con otros países, incluyendo la Unión Europea. En otras palabras, perdería los privilegios económicos que hoy mantiene para comerciar bienes y servicios con un mercado 500 millones de consumidores.
Naturalmente, la perspectiva de caer en las regulaciones de la OMC ante un no acuerdo con la UE ha desatado serias preocupaciones en Gran Bretaña, especialmente entre expertos que temen un desplome de la economía si no se logran condiciones mínimas para comerciar con Europa. Durante la campaña electoral del referendo del 23 de junio, El Departamento del Tesoro de Gran Bretaña publicó una investigación sobre el impacto económico de la pertenencia a la UE, en la que concluyó que revertir la normatividad comercial a las regulaciones de la OMC podría costarle al Reino Unido una reducción de entre 5.4% y 9.5% en su Producto Interno Bruto (PIB) en un período de 15 años, además de generar un déficit de hasta 45 mil millones de libras esterlinas en las finanzas públicas.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su informe Las consecuencias económicas de Brexit: una decisión difícil, indicó que el PIB británico podría contraerse hasta un 3% para el año 2020, y hasta un 5% para el año 2030, bajo los efectos de la normativa comercial de la OMC.
Sin embargo, las reglas comerciales de la OMC parecen ser la alternativa predilecta de los euroescépticos más extremos, quienes argumentan que esta normativa es preferible a cualquier set de reglas que quiera imponer una Unión Europea de por sí herida y resentida por la decisión de Brexit y según ellos, dispuesta a tomar retaliaciones contra el Reino Unido. Los euroescépticos no solo han puesto el tema en la discusión pública, sino que han logrado inclinar la balanza a su favor, con la administración de Theresa May y miembros del partido conservador abogando por esta opción como algo “no tan negativo” para el país. Así lo manifestó por ejemplo, el Secretario de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, en una entrevista con la televisora británica itv: “No creo que las consecuencias de un no acuerdo sean tan apocalípticas como algunas personas quieren pretender. Creo que en realidad, estaríamos perfectamente bien si no lográramos un acuerdo”, aseguró.
De momento, Reino Unido entra al diálogo con la UE con plenas capacidades para negociar a su antojo, sin la obligación de ofrecer garantías a los ciudadanos europeos y con la certeza de que cualquier decisión que tome, inclusive un eventual “no acuerdo” en el tema comercial, será implementada sin trabas políticas o institucionales.
La fragilidad de la unión británica
Desde su triunfo en el referendo de 2016, Brexit ha exacerbado las tensiones entre las cuatro naciones que conforman el Reino Unido: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. En los días sucesivos a la consulta popular, la Primera Ministra escocesa, Nicola Sturgeon, amenazó con llamar a un segundo referendo consultivo sobre la independencia de Escocia del Reino Unido, luego de que el pueblo escocés votara mayoritariamente por permanecer dentro de la Unión Europea, un 62% contra un 38% a favor de la separación.
Las amenazas se materializaron el pasado 13 de marzo, cuando Sturgeon anunció oficialmente que solicitaría permiso al Parlamento Británico para convocar una segunda consulta popular sobre la independencia escocesa, frente a lo que calificó como la “negativa” del gobierno británico a discutir la posibilidad de mantener el acceso de Escocia al mercado único europeo, una vez que el Reino Unido se haya retirado oficialmente de la UE.
Sturgeon manifestó que pretende realizar la votación en el período entre el otoño de 2018 y la primavera de 2019, previo a la culminación de las negociaciones de Brexit. La posible fecha desató un debate público sobre la conveniencia de realizar la consulta antes de que los votantes escoceses hayan tenido oportunidad de evaluar las verdaderas consecuencias de Brexit y si realmente es pertinente abandonar la unión británica para preservar el acceso al mercado único europeo. Este fue precisamente el argumento de Theresa May, quien rechazó cabalmente el llamado a referendo, y aseguró que los conservadores en el Parlamento Británico no darían la aprobación al gobierno escocés para realizar a consulta popular. “Examinar este asunto en este momento sería injusto, porque la gente no tendría la información necesaria para tomar una decisión tan crucial”, señaló la Primera Ministra.
En un comunicado de prensa difundido el mismo día del anuncio de Sturgeon, Downing Street manifestó que “la evidencia claramente muestra que la mayoría de la gente en Escocia no quiere un segundo referendo sobre la independencia. Un nuevo referendo sería divisivo causaría enorme incertidumbre económica en el peor momento posible. El gobierno escocés debería enfocarse en entregar buenos servicios públicos para los escoceses”.
La evidencia a la que se refiere el comunicado son las encuestas más recientes, que al 17 de marzo muestran un apoyo del 42% a la independencia escocesa, frente a un 53% que no quiere la separación de Escocia del Reino Unido.
A pesar de la negativa de May y los números desfavorables, Sturgeon aseguró que no desistirá en su intento y llevará su solicitud ante el Parlamento Escocés, donde espera lograr una mayoría de votos en favor del segundo referendo de independencia. Si obtiene la aprobación del Parlamento Escocés, la solicitud pasará entonces de forma oficial al Parlamento Británico en Londres, donde deberá ser sometida a una segunda votación. Es aquí donde las aspiraciones de Sturgeon podrían verse destruidas si los conservadores acatan el llamado de May a no dejar pasar una consulta sobre la independencia escocesa.
¿Hacia dónde van las negociaciones?
Es difícil predecir el curso que podrían tomar las negociaciones de salida entre el Reino Unido y la Unión Europea una vez que se active formalmente el artículo 50, ya que poco se sabe sobre qué tan firmes son las posturas de los países miembros del bloque, y cuál podría ser el consenso que logren los 27 miembros respecto al desarrollo de Brexit.
Un elemento crucial en el inicio de las negociaciones será el pago que la UE espera recibir de parte del Reino Unido, en cumplimiento de los compromisos financieros contraídos con el bloque desde antes del referendo de 2016. Actualmente, la contribución del Reino Unido representa un 12% del presupuesto total de la UE, y aunque todavía no es posible calcular cuál será exactamente la cifra que demandará el bloque europeo, se estima que sea alrededor de 57 mil millones de libras esterlinas.
Cabe destacar que el pago de esta cantidad no es obligatorio. Reino Unido podría negarse a desembolsar esta contribución, pero asume entonces el riesgo de encontrarse con una postura endurecida por parte de la Unión Europea de cara al inicio de las negociaciones, si falla en mostrar algo de “buena fe” antes de iniciar el proceso de separación.
Hasta el momento, May no ha hecho referencia pública a este aspecto, pero en la UE se espera que la solicitud formal de activación del artículo 50 incluya un reconocimiento de las obligaciones financieras del Reino Unido y un compromiso a acordar la cifra exacta durante los primeros días de las negociaciones de salida. De ahí en adelante, las cartas estarán echadas.
Un día antes de la activación formal del artículo 50, todavía no se sabe cuáles serán las condiciones mínimas que Theresa May incluirá en su carta a Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo. El aparente secretismo del gobierno británico en cuanto a los términos que pedirá para entrar a las negociaciones tiene en ascuas a las diversas facciones políticas del parlamento, que se han dado a la tarea de redactar manifiestos de última hora, con sus propias demandas pre-activación del artículo 50. Sin importar cuáles sean las condiciones del gobierno británico para su retirada de Europa, Theresa May tendrá luego el desafío, por demás titánico, de responder a las diversas demandas de las facciones políticas inglesas y tratar de generar un mínimo consenso puertas adentro del Reino Unido.