El juez Sergio Moro en su despacho. Fotografía de Estadão Jornal Digital
CURITIBA, Brasil — Afuera del tribunal las camisetas con la imagen del juez Sérgio Moro se venden a 12 dólares; graciosos pasaportes de la llamada “República de Curitiba” —la ciudad que se ha convertido en la capital de la lucha judicial contra la corrupción— se venden en tres dólares cada uno.
Dentro de su despacho, hay pocas señales del esplendor y el estatus de culto que rodean al jurista de 45 años que ha sacudido a Brasil al sentenciar a prisión por cargos de corrupción a algunos de los políticos y empresarios más poderosos del país.
Su escritorio es un desastre, con carpetas abultadas, libros y material impreso que se apila arbitrariamente hasta que alcanza una altura de más de 30 centímetros. A través del pasillo, se llega a su tribunal —manejado por un encargado que usa tenis y jeans— que parece un salón de clases atiborrado con filas de sillas baratas. Por título oficial y rango es un juez federal relativamente común, uno más de los cientos que hay en el país.
Sin embargo, Sérgio Moro se ha convertido en el rostro de la rendición de cuentas para la clase gobernante de Brasil. Él ha supervisado algunos de los casos de corrupción más grandes del país, incluida la condena del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva el mes pasado, una de las figuras brasileñas más influyentes en las últimas décadas. En el proceso impulsó un sistema legal en el que las apelaciones interminables y los retrasos garantizaban que nadie fuera responsable en los casos de corrupción.
La investigación sobre corrupción en la cúpula del poder —conocida como Lava Jato— comienza su cuarto año. Ha procedido con una consistencia sorprendente dando resultados en un país con un largo historial de impunidad, según los fiscales y abogados defensores, en parte debido a la presión incesante de figuras como Moro.
La lucha anticorrupción de Brasil es mucho más grande que este juez. Los fiscales e investigadores que manejan los casos alrededor del país han logrado 157 condenas, llegando a recuperar más de 12.000 millones de dólares y están saturados con la cantidad de pistas.
El trabajo de todos ha resonado más allá de las fronteras de Brasil logrando que funcionarios estadounidenses lo califiquen como el mayor acuerdo trasnacional por sobornos logrado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y causando el arresto del expresidente peruano así como el desarrollo de investigaciones criminales en varios países latinoamericanos.
“En mi opinión, el caso conocido como Lava Jato representa el fin de la impunidad en Brasil para ese tipo de delito”, dijo el juez Moro. “La pregunta es: ¿habrá un cambio permanente o solo será un episodio más de la historia?”.
En una tarde reciente, el juez asistió a una audiencia de los importantes casos de corrupción que han convulsionado a Brasil. Dos exejecutivos de medio rango de la compañía petrolera estatal, Petrobras, estaban siendo enjuiciados y lucían desolados en sus atuendos deportivos, mientras un puñado de testigos subían al estrado para describir el sistema institucionalizado de corrupción que desvió miles de millones de dólares de las arcas públicas y colaboró para cimentar la desconfianza en los legisladores.
Protestas a favor de Lula Da Silva en Brasil. Fotografía de Paulo Whitaker para Reuters
Moro y los fiscales brasileños creen que una transformación política profunda solo puede lograrse a través de cambios trascendentales como un análisis detallado de las reglas de financiamiento de las campañas electorales, terminar con la inmunidad de facto que gozan los miembros del congreso mientras están en el cargo y con la disminución del vasto número de partidos políticos.
Ninguno de esos cambios está previsto para el futuro próximo. El presidente Michel Temer, quien fue acusado en junio de ordenar un soborno para silenciar a un político encarcelado, y otros poderosos políticos bajo investigación criminal despotrican contra el poder judicial. Temer recientemente le pidió al Supremo Tribunal Federal impedir que Rodrigo Janot, procurador general de Brasil, emprendiera mayores acciones legales contra él, al acusarlo de realizar una cruzada sin fundamentos.
Algunos congresistas han presentado un conjunto de leyes que facilitarían frenar a los jueces que, según los políticos, abusan de su autoridad al ordenar detenciones preventivas y que dependen demasiado de sus arreglos fuera del tribunal.
“Brasil está en un momento de transición y no está claro cuál de las dos fuerzas saldrá victoriosa”, dijo Matthew Taylor, un experto en el sistema judicial de Brasil de la Universidad Americana en Washington.
El juez Moro, un estudioso y solemne abogado que pasó los primeros años de su carrera estudiando la historia de las investigaciones sobre lavado de dinero y corrupción, es ampliamente reconocido por comenzar ese conflicto.
En 2004, cuando todavía era un juez relativamente desconocido en esta ciudad fundada por inmigrantes alemanes e italianos, Moro publicó un artículo en un diario legal sobre los factores que permitieron la profunda investigación de corrupción en Italia llamada Mani Pulite (manos limpias). El uso de detenciones preventivas, arreglos fuera del tribunal y la capacidad de dar forma a la cobertura de los medios noticiosos permitieron que las autoridades italianas crearan un “círculo virtuoso” que ocasionó la caída de poderosas figuras políticas, concluyó Moro.
Tuvo que pasar una década y “un conjunto de condiciones necesarias poco probables”, dijo Deltan Dallagnol, un fiscal del Lava Jato, para que el sistema judicial de Brasil comenzara a aplicar las estrategias de Mani Pulite.
Todo comenzó a principios de 2014 con una investigación de rutina en un caso de lavado de dinero en una gasolinera de Brasilia, la cual eventualmente ayudó a que los investigadores develaran una gigantesca red de sobornos en Petrobras.
Los casos más importantes de la investigación fueron asignados a un equipo muy unido de agentes de la policía federal y fiscales de Curitiba que contaban con experiencia en crímenes financieros. Un nuevo sistema electrónico de casos permitió que los jueces aceleraran los expedientes que habían estado procesándose durante años. Suiza, desde hace tiempo un paraíso para el dinero público robado, aceptó compartir información con los fiscales brasileños. Una reforma en 2013 al código penal de Brasil facilitó convertir a los defendidos en testigos al ofrecerles un trato.
Y entonces llegó el juez Moro.
En mayo de 2014, sorprendió a la comunidad legal al exigir que un exdirector de Petrobras, Paulo Roberto Costa, fuera enviado a prisión preventiva en espera del juicio, al calificarlo como un riesgo de fuga. Al hacerlo, se enfrentó a un juez del Supremo Tribunal Federal, quien había aceptado la liberación de Costa. Pero Moro se impuso, y con Costa tras las rejas, otros sospechosos aceptaron cooperar con los investigadores.
Conforme una cascada de nuevos cargos fueron presentados contra políticos y ejecutivos de Petrobras, Moro se convirtió rápidamente en una celebridad. Durante una visita a un supermercado en Curitiba, un empleado tomó un altoparlante para anunciar la presencia del juez. Durante las protestas de 2015 contra el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, quien también dirigió Petrobras, muchos manifestantes portaron máscaras de Moro y camisetas con el eslogan “Todos somos Sérgio Moro”.
Fotografía de AP
Muchos brasileños tenían la esperanza de que el juez contendiera por la presidencia, una idea que él ha descartado. Moro, quien parece reservado y taciturno, dijo que se topó con los reflectores pero que su nueva fama lo ha ayudado en la investigación.
“Era importante para que estos casos, que implicaban a personas poderosas, no fueran obstruidos de alguna manera”, él dijo.
Conforme los casos avanzaron, el juez y los fiscales de Lava Jato comenzaron a aportar mayores argumentos al público sobre la necesidad de cambiar la cultura política del país.
En marzo de 2016, Moro difundió un comunicado alabando las protestas anticorrupción, denunciando “la corrupción sistemática que destruye nuestra democracia, nuestro bienestar económico y nuestra dignidad como nación”. En octubre pasado, mientras sentenciaba a un exsenador a 19 años en prisión, el juez citó una frase de un discurso de 1903 del presidente estadounidense Theodore Roosevelt: “La exposición y el castigo de la corrupción pública es un honor para una nación, no una desgracia”.
Tal vez la decisión más polémica del juez Moro ocurrió en marzo de 2016, cuando reveló la transcripción de una conversación entre Lula y su sucesora, Rousseff. En el escrito, parecía que ella le ofrecía una posición en el gabinete a Lula, lo que lo habría protegido de una investigación en tribunales convencionales.
La revelación causó la indignación pública que contribuyó a la destitución de Rousseff. Pero también enfocó la ira en el juez Moro. Incluso expertos legales que apoyan su labor han argumentado que difundir la conversación fue inadecuado porque, al parecer, la orden usada para grabar la llamada había expirado cuando se produjo la conversación. El juez afirma que no se arrepiente de nada.
“Pienso que la democracia gana cuando, por decir, la gente se da cuenta de lo que sus líderes hacen sin conocimiento del pueblo”, dijo. “Especialmente cuando lo que hacen es ilícito”.
Los fiscales acusaron a Lula en 2015 por los cargos de corrupción, al afirmar que recibió ilegalmente alrededor de 1,1 millones de dólares en mejoras y gastos para un departamento en la playa. También lo han descrito como la mente maestra del plan de sobornos en Petrobras. Conforme el caso se desarrolló, los medios brasileños de comunicación lo cubrieron como un duelo entre dos titanes —el juez Moro y el expresidente de izquierda— que podría cambiar el futuro político de Brasil.
El mes pasado, al determinar que Lula era culpable, Moro escribió: “Sin tomar en cuenta lo importante que eres, nadie está por encima de la ley”. La decisión causó confusión sobre la elección presidencial del próximo año, en la que Lula es el candidato a vencer porque se le podría prohibir la participación.
Con la apelación pendiente, quienes apoyan a Lula atacan a Moro y al equipo Lava Jato. Este mes, los seguidores de Da Silva realizaron un simulacro de juicio en Curitiba, acusando al juez de abusar de las detenciones preventivas, ofrecer arreglos cuestionables y enjuiciar a los políticos a través de la prensa.
“El juez Moro no puede continuar comportándose como si fuera un zar”, dijo Lula a fines del mes pasado en una entrevista de radio.
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Este texto fue publicado originalmente en el portal web del New York Times en Español.