De izquierda a derecha, de arriba a abajo: Hermánn Escarrá, Francisco Ameliach, Adán Chávez, Bladimir Lugo, Carmen Meléndez, Tania D’Amelio, Érika Farías y Darío Vivas
El gobierno de Estados Unidos amplió este miércoles la lista de altos funcionarios venezolanos sancionados por su relación con “el deterioro de la democracia” en Venezuela, a través de su participación en la elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente que desde el pasado viernes 4 de agosto gobierna el país de forma interina.
En esta oportunidad, el Departamento del Tesoro incluyó a otros ocho funcionarios venezolanos que, a partir de ahora, no podrán hacer negocios con Estados Unidos, ni movilizar los activos que pudieran tener en el país o en el sistema bancario internacional. Entre ellos se encuentran Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez; cinco miembros de la Asamblea Nacional Constituyente; un rector del Consejo Nacional Electoral; y el militar a cargo de la seguridad del Palacio Federal Legislativo, donde el pasado viernes se instaló la ANC.
“El presidente (Nicolás) Maduro juramentó esta Asamblea Constituyente ilegítima para afianzar aún más su dictadura y continúa estrechando su control sobre el país“, dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin a través de un comunicado.
“El desprecio de este régimen por la voluntad del pueblo venezolano es inaceptable y los Estados Unidos estarán con ellos en oposición a la tiranía hasta que en Venezuela sea restaurada una democracia pacífica y próspera”, agregó el secretario.
Dos de los venezolanos incluidos en esta nueva lista fueron sancionados por partida doble. La rectora del Poder Electoral, Tania D’Amelio, es señalada de ser corresponsable de “un posible fraude en la elección de la Asamblea Constituyente”. Y el coronel Bladimir Lugo, es acusado de violaciones a los derechos humanos durante las protestas opositoras y de “agredir a diputados opositores, incluyendo la agresión contra el presidente del Parlamento (de mayoría opositora), Julio Borges”, durante el asalto al Palacio Legislativo ocurrido el 5 de julio de 2017.
Los otros sancionados son los asambleístas: Francisco Ameliach, exgobernador del estado de Carabobo y directivo del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); Darío Vivas, exdiputado del Parlamento y directivo del PSUV; Érika Farías, exgobernadora del estado llanero de Cojedes y exministra de Comunas, Agricultura Urbana y Alimentación; Hermánn Escarrá, opositor y chavista itinerante, quien fue miembro de la asamblea que escribió la Constitución vigente de 1999; y la almirante Carmen Teresa Meléndez, exministra del Despacho de la Presidencia de Maduro y exministra de la Defensa de Hugo Chávez.
Todos ellos también formaron parte del comando de campaña del chavismo para promover los comicios del 30 de julio, el “Comando Constituyente Zamora 200”.
La decisión forma parte de un conjunto de medidas que ha tomado la administración de Donald Trump contra el régimen chavista en Venezuela. El pasado de 31 de julio, el Departamento del Tesoro emitió sanciones idénticas contra el propio presidente Nicolás Maduro, a quien Washington calificó de “dictador”, por su empeño de imponer la Constitución y liquidar todos los poderes públicos actuales a través de ella.
Cuatro días antes de que el chavismo celebrara las elecciones para escoger a los miembros de la Constituyente, el 26 de julio, Washington sancionó a otros 13 altos cargos, entre los que se contaban la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, que organizó las votaciones; y Elías Jaua, exvicepresidente de Venezuela y jefe de la comisión presidencial constituyente.
La Casa Blanca ya había adelantado que cualquier persona que estuviese involucrada en la instalación de esta asamblea sería susceptible de sanciones. También adelantó que, entre las alternativas que maneja para escalar la presión contra Maduro, no descarta adoptar medidas contra la industria petrolera, que genera más del 90% de los ingresos del país.
El pasado 18 de mayo también fueron sancionados ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia(TSJ) por desconocer las atribuciones de la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición. Antes, el 13 de febrero, EEUU impuso sanciones contra el vicepresidente Tarek El Aissami y uno de sus socios, Samark López, ambos señalados de estar involucrados en delitos de narcotráfico.
En 2014, durante la administración de Barack Obama, el Congreso aprobó sanciones similares contra decenas de funcionarios identificados como responsables de la vulneración de los derechos humanos de quienes, ese año, participaron en una ola de manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro.
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Este texto fue publicado en el portal Univisión Noticias y cedido a Prodavinci. Puede ver aquí la edición original.
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