Fotografía de la OEA
El miércoles 31 de mayo, la crisis venezolana será examinada en una reunión de consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la OEA. Los cancilleres y jefes de delegación intercambiarán impresiones y buscarán aprobar una resolución. Los proyectos publicados indican que podría haber suficiente apoyo para que se condene la violencia, se solicite el ingreso de ayuda humanitaria, se instaure un nuevo proceso de diálogo y se exhorte al Gobierno a cancelar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
Antecedentes relevantes de la reunión
Luego de la fundación de la Unión Panamericana en 1910 (predecesora de la OEA) ésta será apenas la vigésima novena oportunidad que los cancilleres de la región hagan uso de esta instancia. Esto demuestra la gravedad de la crisis venezolana y la importancia que le han otorgado al menos una mayoría simple de los países de la región.
La aprobación de la convocatoria de la reunión el 26 de abril por parte de 19 países provocó que el régimen de Nicolás Maduro concretara su intención de retirarse de la OEA. Aunque legalmente esta decisión se hará efectiva el 28 de abril de 2019, en la práctica ha significado que desde el pasado 26 de abril el Estado venezolano no está participando en la organización.
Durante las últimas semanas, los embajadores permanentes en la OEA se han reunido en múltiples oportunidades para definir los detalles de la reunión. Estas reuniones formales e informales han dejado ver que en líneas generales existen tres grandes bloques: uno mayoritario que busca ejercer presión activamente, uno minoritario que sigue apoyando en alguna medida los intereses del gobierno venezolano y un tercer grupo que no muestra gran interés, pero sería el que podría terminar definiendo si se logra adoptar una resolución el próximo 31 de mayo.
Al menos 14 cancilleres de la región ya han confirmado su asistencia a la reunión [1]. La mayoría de los países del Caribe enviaría delegaciones de segundo nivel. Brasil, Chile, Estados Unidos y Uruguay no han confirmado aún que su canciller (o Secretario de Estado en el caso estadounidense) acudirán a la sesión.
El reglamento que fue aprobado en una de estas sesiones preparatorias especifica que, salvo cuestiones de procedimiento, las decisiones deben ser tomadas por una mayoría de dos tercios de los países presentes en la reunión. Por esto, el miércoles habrá que ver el número exacto de países que acudan para poder determinar cuántos países constituirán la mayoría con el poder de tomar decisiones. Por ejemplo, si acuden todos los países que actualmente hacen vida en la OEA estaríamos hablando de 33 países presentes (este número excluye a Venezuela) y en consecuencia sería necesarios el voto de, al menos, 22 países para poder adoptar una decisión.
Ya se conocen dos proyectos de resolución que podrían ser propuestos durante la sesión. El primero, promovido por Antigua y Barbuda –un aliado recurrente de los intereses del régimen en la OEA–. El segundo, propuesto por Perú, Canadá, Estados Unidos, México y Panamá. Aunque parezca sorprendente, existen más semejanzas que diferencias entre ambos textos y su análisis da ciertas luces sobre la resolución que finalmente podría ser aprobada.
Puntos de encuentro entre los proyectos de resolución publicados
Ambos proyectos contienen un rechazo a la violencia y un reconocimiento a la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela. En consecuencia, los dos documentos manifiestan profunda preocupación por la situación, solicitan que cese la violencia y que se facilite la entrada de ayuda humanitaria bajo la coordinación de organismos internacionales.
Asimismo, tanto la propuesta de Antigua y Barbuda como la de Perú y otros hace un llamado al gobierno venezolano para que se cancele la convocatoria a realizar una constituyente. Solicitan respeto al Estado de derecho, el funcionamiento normal tanto del gobierno como de la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos y la definición de un calendario electoral. Finalmente, ambos textos manifiestan la disposición de establecer un grupo de países o personalidades que puedan facilitar y mediar en un nuevo proceso de diálogo.
Si efectivamente la propuesta de Antigua y Barbuda es confirmada y secundada por el grupo de países (que como esta nación caribeña han apoyado tradicionalmente los intereses del gobierno en la OEA), estaríamos hablando de un transcendental rechazo al gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos que éste no reconoce la existencia de una crisis humanitaria y sigue insistiendo en la convocatoria de una constituyente, lo que agravaría más la crisis. Igualmente, el régimen niega la existencia de presos políticos y se ha negado a aceptar que se defina un calendario electoral que incluya fechas y plazos concretos de elecciones regionales, municipales y presidenciales, bajo reglas aceptables para todos los actores políticos.
Puntos de disenso entre los proyectos de resolución publicados
La diferencia más relevante entre ambas propuestas es que la de Antigua y Barbuda declara que se han realizado declaraciones sobre Venezuela “sin la autorización del Consejo Permanente” de la OEA. El texto prevé que sólo ese Consejo está autorizado a hacer declaraciones. Esto es una clara condena a la gestión del Secretario General Luis Almagro y coincide con las declaraciones de los últimos días por parte de presidentes o cancilleres de países como Jamaica y Santa Lucía, quienes han criticado el tono utilizado por Almagro.
Por otro lado, a diferencia del texto de Antigua y Barbuda, el proyecto de Perú y otros hace énfasis en temas como la protección de la democracia y los derechos humanos; solicita al gobierno venezolano que reconsidere su decisión de retirarse de la OEA; menciona que ha habido una ruptura del orden democrático en el país y pide el cese de las detenciones arbitrarias y el uso de la jurisdicción militar para juzgar a civiles. Asimismo, exhorta al cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante el proceso de diálogo de 2016, pide que cualquier proceso electoral cuente con la presencia de observadores electorales independientes y que se constituya un grupo de países que busquen coordinar el apoyo humanitario a Venezuela. Por último, ese proyecto declara la intención de los cancilleres de “seguir ocupándose de la situación”, una manera de expresar que podrían volver a reunirse para continuar haciendo seguimiento a la crisis.
Los escenarios
En el caso de que efectivamente acudan 33 países a la reunión, cualquier proyecto de resolución deberá ser aprobado por al menos 22 Estados. Teniendo en cuenta eso, en principio ningún grupo pareciera contar con ese número de países para aprobar su proyecto de resolución.
La resolución de Antigua y Barbuda es muy poco probable que sea aprobada porque el grupo de países que se ha mantenido cercano a los intereses del régimen cuenta –en el cálculo más generoso– con el apoyo de 12 Estados [2]. Y eso es suponiendo que países muy cercanos al gobierno venezolano, como Bolivia, Dominica y Nicaragua apoyen una resolución que llama a cancelar la convocatoria constituyente y reconoce la existencia de presos políticos.
Por su parte, el grupo cercano a la propuesta de Perú, Canadá, Estados Unidos, México y Canadá, cuenta –en el cálculo más generoso– con el apoyo de 21 Estados [3]. Es decir, le faltaría captar el voto de un país más para lograr adoptar la resolución. Y eso es suponiendo que países como Jamaica, Santa Lucía y Trinidad y Tobago apoyen de entrada la propuesta. En consecuencia, además de estos últimos países mencionados, que al final podrían decidir si se logra aprobar esta propuesta, serían países como Surinam, Granada, El Salvador o Ecuador.
Ante estas posibilidades, surge una tercera vía más probable en donde la propuesta de Perú y otros países sufre algunas modificaciones para atraer el voto de países como Surinam y Trinidad y Tobago asegurando la mayoría requerida. De hecho, el proyecto de resolución presentado por Perú hace referencia a que el texto se está consultando con el gobierno trinitario. Asimismo, no se puede descartar que, con base en las dos propuestas presentadas, una mayoría definitiva de países logre redactar y aprobar un texto que cuente con los apoyos necesarios.
El último escenario es que ninguna propuesta logre los 22 votos necesarios para aprobar una propuesta de resolución. En consecuencia, el grupo reducido de países que estén de acuerdo con la propuesta mayoritaria firmen aparte una declaración suscribiendo el texto, lo que naturalmente no tendría el mismo valor. Si al final acuden menos de 33 Estados a la reunión, el número de votos para adoptar una decisión disminuye y si los ausentes son países que históricamente han apoyado al régimen, se hace más probable que la propuesta de Perú y otros sea adoptada.
Reflexión final
Aunque la mera aprobación de una resolución en las circunstancias actuales de la crisis pudiese parecer ridículo, la región no tiene forma de imponer una solución. Como lo dice el texto propuesto Perú y otros: corresponde a los venezolanos. La preferencia internacional es una salida negociada, aunque parezca poco probable si se observa lo que está sucediendo. La región está dispuesta a ayudar con esto, pero necesita la voluntad innegable de ambas partes. En cualquier caso, si una mayoría de los países aprueba un texto solicitando la cancelación de la constituyente, el gobierno podría tener cuesta arriba el poder argumentar que esa propuesta es legítima.
***
[1] Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía.
[2] Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Haití, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Surinam.
[3] Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Uruguay.
***
LEA TAMBIÉN:
