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La cuestión del diálogo; por Doménico Chiappe

Por Doménico Chiappe | 13 de abril, 2017
Fotografía de Vladimir Marcano Sifontes

Fotografía de Vladimir Marcano Sifontes

Un diálogo, uno cualquiera, requiere varias circunstancias para que se produzca. El principal, hablar y también callar para escuchar. Pues el diálogo es acción y reacción, y necesita la habilidad de concatenar un argumento (ajeno) con otro (propio) aun cuando exista distancia, incluso abismo, entre una posición y otra, para lograr coherencia y avanzar en el tema. La idea del diálogo es el intercambio. En un soliloquio, el que habla no escucha. Tiene un público y no un interlocutor.

En un diálogo político se busca que ese intercambio conduzca hacia un consenso, sobre todo en coyunturas que parecieran no tener arreglo, al menos de forma cívica y civilizada. Cuando alguna de las partes deja de escuchar, el diálogo político se convierte en campo estéril. En Venezuela, lo sabe el régimen. El tiempo apacigua, calma a la calle, hastía al desesperado. Ahora también lo sabe la oposición, hasta ahora cauta, abocada a evitar la confrontación cuerpo a cuerpo.

La mesa de diálogo establecida en 2016 no ha sido la primera en la que el gobierno, al mismo tiempo que gana tiempo, embiste con su aplanadora. Siempre en una situación de ebullición civil, siempre en momentos clave, como las elecciones, lograba, con un gesto vacío de contenido, enfriar la protesta, alargar la conclusión de un debate hasta que enlazaba con otra abyección, que reiniciaba el panorama.

Así el gobierno de Venezuela logró paralizar recuentos electorales, mientras asentaba a los nuevos líderes del régimen, mantenía la agresión verbal contra la entelequia (“oligarcas”, “imperialistas”), aumentaba la represión contra los opositores (políticos, tuiteros, vecinos que conviven con los colectivos), comprometía al país con nuevas emisiones de deuda, saqueaba a manos llenas y desviaba los fondos públicos a cuentas particulares. Y todos los verbos de esta frase pueden conjugarse en presente.

El primer amago de diálogo sucedió en 2014. Maduro y Capriles tuvieron la asistencia de los cancilleres de tres países: Brasil, Colombia y Ecuador. Dos socios del régimen (Dilma Rouseff y Rafael Correa, mediante) ejercieron de muro de contención, en un evento que debió lucir luto por el asesinato de una decena de manifestantes contra el gobierno pocos días antes, por parte de fuerzas del chavismo plenamente identificadas. Pero en aquella ocasión, Maduro jugó al mitin y la Mesa de Unidad Democrática (MUD) le siguió el juego. No hubo puntos claros en la agenda, no hubo acuerdos cumplidos ni a corto ni a largo plazo.

Y sin embargo, que ambos (dirigentes del chavismo y líderes de la oposición) hayan mantenido ese pulso, supuso una ruptura de la línea férrea, trazada con desprecio y miedo a partes iguales, impuesta por un Chávez aislado y protegido por unos aliados extranjeros que han recibido una buena compensación económica a cambio. Quizás la última vez que Chávez se sometió a interlocutores libres sucedió después del vacío de poder creado en 2002, cuando asistió al Congreso después de la sublevación militar, su apresamiento, el abortado golpe de sectores de derechas. A partir de entonces, la oposición necesitó reorganizarse, hasta lograr la unidad en torno a la MUD.

La última mesa de diálogo en Venezuela fracasó a finales de 2016 pero el escenario ha cambiado en dos años: la escasez de alimentos, medicinas y todo tipo de productos enardece a los sectores populares, el gobierno ha perdido su principal máscara democrática: ganar plebiscitos. La oposición ha alcanzado mayoría “cualificada” de dos tercios en la Asamblea Legislativa, indispensable para anular las acciones del Ejecutivo, que reaccionó, a su vez, anulando ese resultado, por medio del Tribunal Supremo, al impugnar a los tres alcaldes indígenas. Cuando se instala esa mesa de diálogo está en marcha la recogida de firmas para realizar el “referendo revocatorio” de Maduro, estipulado en la Constitución. La intención era realizarlo ese mismo año, forzando así nuevas elecciones presidenciales. El régimen, desde luego, torpedeó esa iniciativa con dilaciones ilegales y requisitos inverosímiles, convirtiendo un derecho constitucional en una ilusión que los opositores no pudieron sostener.

 

Entre las condiciones para dar credibilidad al nuevo intento de diálogo, la MUD exigió la liberación de la centena de presos políticos, como Leopoldo López y Antonio Ledezma, y el cambio de actores en la institución electoral (CNE). Ninguna de las condiciones se cumplió, al contrario. El régimen arreció la persecución. Es necesario recordar también la acción ilegítima (y de dudosa legalidad) efectuada por el régimen en 2015, cuando su derrota en las elecciones legislativas era más que previsible: aumentó el número de jueces del Tribunal Supremo para mantener la mayoría y anular el recambio que debía decidir el nuevo parlamento en 2016. Y son esos jueces quienes dictaminaron el “desacato” de los diputados de oposición, punto inicial del autogolpe de Maduro. La última acción ha sido la inhabilitación de Capriles para ejercer un cargo público durante 15 años. En esta infecunda ocasión, que sirvió para aletargar el referendo revocatorio y minar el liderazgo de la MUD entre la gente cada día más agobiada y desmoralizada, estuvieron como mediadores José Luis Rodríguez Zapatero y representantes de los gobiernos de Panamá y República Dominicana.

Otra vez, más que mediadores, aliados económicos del régimen. Por parte de las relaciones internacionales de los dos países, Panamá, como paraíso fiscal cuyo crecimiento en la última década se debe a la salida de capitales venezolanos, y  Dominicana, como isla favorecida por la inexistencia de un tratado de extradición con Venezuela, lo que la ha convertido en segunda residencia para venezolanos que, en un cambio de humor del régimen o en su eventual caída, temen procesos judiciales, desean mantener las relaciones más cordiales con el régimen.

Más intrincada es la relación de Zapatero, mediador “decisivo”, con el gobierno de Caracas. Zapatero realizó junto a quien fuera su ministro, Miguel Ángel Moratinos, una viaje a La Habana a principios de 2015, donde fue recibido en persona por Raúl Castro, mentor de Maduro durante la agonía, siempre misteriosa, de Chávez en Cuba. Aquella misión trascendió más por el disgusto del gobierno español por tratar temas de política exterior, que por el resto de una agenda que no trascendió. Meses después, el diario El Confidencial reveló que aquel viaje sirvió para abrir las puertas a una empresa de lobby, International Consulting Partnership (ICP), propiedad de Moratinos, que ofertaba su ascendencia con el régimen castrista para abrir las puertas de la isla.

La cuestión venezolana, en esa singularidad de opresión y resistencia, no implica la discusión de normas para la refundación de un país arrasado por una guerra, en la que dos partes se reparten un territorio para firmar una tregua. Porque en Venezuela, a pesar de su economía devastada y su calamitosa realidad, existen unas leyes que instauraron quienes ahora gobiernan, y que les sirvió durante 18 años para afianzar un régimen sin contrapoderes. Paradójicamente, son esas leyes las que ahora deben cumplirse para encontrar una solución que, previsiblemente, pasa por un cambio de gobierno. Lo que parece no haber querido entender Zapatero y el resto de mediadores, es que el desenlace debe ser guiado por la Constitución venezolana. Ésa que el régimen incumple, parchando con trampas y violencia toda ventana democrática que les desfavorece. De ahí la importancia del papel mediador, de persuasión, incluso de demostración y fascinación, que pueda ejercer sobre las partes condenadas a perder el poder, en beneficio de la paz y la democracia.

 

Hoy, la presión por un cambio de gobierno se ejerce en la calle, donde, al igual que en estas mesas de 2014 y 2016, no hay diálogo. Con estos mediadores, las conversaciones están rotas y quizás el daño sea irreparable, por no denunciar al régimen de falta de voluntad, y exigir, como era su misión, que se respeten los derechos fundamentales así como la ley. Rotas por las formas y los hechos. Los mediadores, con Zapatero a la cabeza en una actitud solapada y ambigua, como se vio en la entrevista de Ana Pastor de El Objetivo, prefieren desconocer el para qué de un diálogo político. No se trata de estirar el guion de una película donde aparecen. Se trata de salvar a un país de la hecatombe. La paciencia del venezolano, más que el tiempo, se agota.

Doménico Chiappe 

Comentarios (1)

Estelio Mario Pedreañez
16 de abril, 2017

Lo único que permite ser optimista sobre Venezuela es que nuestro pueblo tiene desde 1958 una experiencia y una vocación democráticas. No creo en determinismos históricos, ideológicos ni teológicos, menos aún en el sofismo del “Materialismo Dialéctico”. Haces años entendí que la complejidad del Hombre y de sus muchas sociedades no pueden reducirse a limitados modelos con aspiraciones matemáticas. Por esto pienso que Venezuela será una sociedad democrática ya que así lo aspira la abrumadora mayoría de su pueblo, desengañado ya de falsos mesías y utopías totalitarias fracasadas cuya aplicación siempre conducen al hambre y la miseria en la más opresiva dictadura monárquica. Venezuela vivió 27 años de férrea y corrupta Dictadura Gomecista (1908-1935), sufriendo represión, cárcel, asesinatos, trabajos forzados, campos de concentración, destierros, torturas, disolución de huelgas y protestas de civiles desarmados por balas homicidas del sanguinario Ejército Gomecista. Pero eso fue hasta 1935

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