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¿Podrán impedir que la Asamblea Nacional designe su nueva directiva?; por Juan Manuel Raffalli

Por Juan Manuel Raffalli | 2 de enero, 2017

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Después de las amenazas directas y claras de altos voceros del Gobierno, empezando por el diputado Diosdado Cabello, insólitamente todos se preguntan cuál va a ser el destino de la Asamblea Nacional a partir del 5 de enero de 2017, fecha en la cual por mandato constitucional debe designarse una nueva Junta Directiva para el período de sesiones que se inicia en esa fecha. Veamos si las amenazas de disolución de la AN o la anulación de la designación de esa nueva Directiva, serían factibles:

 ¿Por qué la AN estaría en desacato?

Mediante sentencia número 260 de fecha 30 de diciembre de 2015, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, declaró parcialmente con lugar la solicitud de amparo cautelar interpuesta por la ex candidata a diputado por el estado Amazonas, Nicia Marina Maldonado. En ese inexplicable fallo se decretó en forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral respecto de los candidatos electos por el mismo estado Amazonas, Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana.

Debido a la incorporación de estos diputados a la Asamblea Nacional, los representantes en el Parlamento de la bancada oficialista Pedro Carreño, Francisco Torrealba, Victor Clark, Ramón Lobo y otros, solicitaron a la Sala Electoral que declara en situación de desacato a la Asamblea Nacional, por no cumplir lo ordenado en esa sentencia  número 260 el 30 de diciembre de 2015.

De esta forma, el 11 de enero de 2016, es decir, hace casi un año, la Sala Electoral declaró procedente la solicitud y declaró a la AN en situación de desacato del amparo cautelar, pero mucho peor, de manera insólita resolvió que se consideran “nulos absolutamente los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaren, mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos sujetos de la decisión N° 260 del 30 de diciembre de 2015 y del presente fallo”.

Lo anterior implica que cualquier actuación de la AN en la cual participen los diputados electos por el estado Amazonas, se considera anticipadamente nula, cuando legalmente los actos de los poderes públicos solamente son susceptibles de nulidad una vez consumados los mismos y mediante sentencias específicas para cada actuación, es decir a posteriori.

¿Cuál es la amenaza?

En virtud de esta inaceptable situación de desacato, el Tribunal Supremo de Justicia prácticamente ha maniatado a la Asamblea Nacional anulando durante casi un año prácticamente todos los actos emanados de ella, lo cual, a no dudarlo, contraviene expresamente lo previsto en el artículo 187 de la Constitución que contiene todas las competencias que corresponden privativamente a la AN, así como el artículo 136 de la Constitución que consagra los principios de independencia y autonomía funcional de los poderes públicos y el deber de cooperación entre ellos.

Precisamente esta anómala e inconstitucional situación de desacato es la que han invocado el diputado Cabello y otros voceros del oficialismo para  amenazar con exigir la nulidad del nombramiento de la nueva directiva de la Asamblea Nacional que debe ocurrir por imperio constitucional el 5 de enero de 2017, cuando debe iniciarse el período de sesiones ordinarias.

¿La amenaza es viable?

Sería una violación flagrante de la Constitución que por cualquier motivo se le impida a la Asamblea Nacional designar a su propia  Junta Directiva. Se trata de un poder autónomo y electo popularmente que tiene competencia exclusiva para designar sus propios órganos de dirección y sus reglas de funcionamiento (Reglamento Interior y de Debates), las cuales, por cierto, también han sido alteradas mediante otra inaceptable e inconstitucional sentencia de la Sala Constitucional del TSJ.

Pero además de lo anterior, debemos considerar que los diputados de Amazonas quienes han pedido su desincorporación en otras oportunidades, podrían mantenerse en esa situación para el 5 de enero y en consecuencia, la inaceptable situación de desacato y nulidad desaparecería para el momento de  la designación de la Junta Directiva. Nótese que la designación de la Junta Directiva debe hacerse por mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los diputados, con lo cual el tema de la mayoría calificada de las dos terceras partes no es un obstáculo.

Pero más allá de lo jurídico, políticamente sería una pésima opción para el Gobierno evitar ese nombramiento. Luce de bulto que para ellos es mucha mejor opción política tener una Asamblea formalmente constituida pero maniatada judicialmente, a disolver un Poder Público electo popularmente. Recordemos que esa disolución únicamente puede decretarla el Presidente de la República cuando en un mismo período constitucional la Asamblea Nacional haya destituido tres veces al Vicepresidente de la República vía votos de censura.

¿Qué ocurriría si a la AN se le impide nombrar su Junta Directiva?

Estamos en el terreno del Dibujo Libre Constitucional, es decir ante una Constitución que se respeta un poquito, un ratico. La Sala Constitucional, al igual que la Electoral, ha estado dispuesta a dictar cualquier fallo, por impresentable que sea, con tal de satisfacer las pretensiones del Poder Ejecutivo. El ejemplo más reciente es nuevamente la designación de Rectores del CNE por parte de la Sala Constitucional, bajo una supuesta omisión constitucional, lo que flagrantemente vulnera el ya referido artículo 136 de la Constitución, según el cual la Asamblea es un poder autónomo y sus competencias funcionales le corresponden exclusivamente a los diputados.

Pues bien, si llegase a darse un supuesto absurdo bajo el cual se le impida a la Asamblea Nacional designar a su propia Junta Directiva, se daría un claro golpe de estado al Poder Legislativo, lo cual de alguna manera ya ha venido ocurriendo, pero además sería una situación de hecho muy compleja, pues los diputados igual van a elegir de su seno a su propia Junta Directiva quienes tomarán el estrado del hemiciclo y no saldrían de allí sino por la fuerza. La pregunta en este último supuesto es si algún órgano de seguridad del Estado se atrevería a desalojarlos y cuál sería el costo político nacional e internacional de semejante estupidez.

Por todo lo dicho, es muy poco probable que se le impida a la Asamblea Nacional designar su directiva y si eso ocurre el Gobierno pagará cara su genialidad antidemocrática.

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Juan Manuel Raffalli Abogado. Profesor de Teorías Políticas y Derecho Constitucional en la UCAB. Puede seguirlo en Twitter como @juanraffalli.

Comentarios (13)

F. Cassis
2 de enero, 2017

La Sala Electoral del TSJ está en OMISIÓN JUDICIAL, pues aún no emite sentencia sobre los diputados de Amazonas, a un año de haberlos suspendido. ¿No debería ser sancionada por violar la Constitución, que exige celeridad en la aplicación de la justicia? ¿O las leyes sólo deben emplearse contra la oposición?

americo pernalete
2 de enero, 2017

Americo pernalete del gran movimiento agroalimentario en construcción Aseguró que así como no se puede posponer la inflación y el hambre, y la inseguridad tampoco el cambio que el país está reclamando. Indicó que “la respuesta la dará todo el país, la Venezuela mayoritaria que quiere cambio y paz, y será una respuesta contundente Asimismo, dijo que tienen previsto una serie de acciones que está siendo consultadas y que serán dadas a conocer antes del 23 de enero 2017

Manuel Albornoz
2 de enero, 2017

Buenas tardes, soy de los venezolanos que estan seguros que este gobierno aun no ha sacado su verdadera cara de dictador. Ellos participan del juego democratico hasta que avizoran su perdida del poder. Son unas lacras de la política, Maduro, Diosdado, el enfermo Jorge Rodriguez, Tareck… se burlan de la OEA, de la ONU, y en la chiquita darán el golpe de estado con la cúpula militar y disolveran todas las Instituciones. Les aterra ir a elecciones porque saben que irán a las cárceles. Asi que solo queda la calle, el 350, y ek pueblo en la calle.

Ruben Hurtado
2 de enero, 2017

UN VENTUROSO 2017! Si como están expuestos los fundamentos constitucionales y legales para la designación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para este año 2017, concluyendo con la inobjetable competencia para que así ocurra este próximo 05/01, lo esperable por parte del régimen es el uso de la fuerza y no necesariamente de un “órgano de seguridad” sino de las hordas rojo-rojitas que merodean el recinto del Capitolio. recordemos que ya, y bajo las ordenes del psiquiatra de la alcaldía de enfrente, llegaron hasta el propio hemiciclo. Podían estar pensando en el escenario del monagazo. Para lo que les importa !!!

joseluis manrique
3 de enero, 2017

Me gustaria que respondiera lo siguiente : 1 ) TODOS los Magistrados del T.S.J. pueden ser sancionados penal, civil, mercantil, Tributario Fiscal, Administrativo por sus actuaciones y sentencias en contradiccion con la CONSTITUCION ?? 2 ) Estas sanciones, tambien pueden ser, contra los rectores del C:N.E. y funcionarios del Ejecutivo, de cualquier rango administrativo ??

Clotilde Condado Rodríguez
3 de enero, 2017

La verdad es que yo sí creo que pueden hacerlo, porque como dice el artículista ya tienen un año declarando un absurdo desacato de una medidad cautelar dictada en un proceso de materia electoral y no de amparo, único caso en que puede hablarse de desacato como tal y no era el caso. Claro está, hacerlo sería un evidente error político que daría lugar inmediatamente al desconocimiento por parte de toda la comunidad internacional y a la aplicación de la carta democrática. Actos que estos Magistrados olvidan causan responsabilidad por errores de Derecho evidentes.

carlos camejo
3 de enero, 2017

ella puede designar su junta directiva,quien le dice que no nadie,pero igual esta en desacato por lo tanto su junta directiva es nula, entonce para que va hacer intervenida no veo la razon, ellos se intervinieron solo vamos a gastar mas polvora en zamuro,a quien tienen que disolver es a nido de paloma que los llevo al despeñadero.

Cecil Perez
3 de enero, 2017

Eso no ocurrirà. La Asamblea Nacional se instalarà con su nueva directiva . Sin embargo, seguiremos teniendo leyes que no se haràn cumplir, vista la situaciòn de desacato contumaz en que està este Poder en Venezuela. Seguiremos teniendo una Asamblea que, como el año pasado ha dejado de sesionar en al menos 34 ocasiones desde el mes de enero de 2016. Al menos no deberìan pagarles por no trabajar.

Hamilton Rodríguez
3 de enero, 2017

En mi opinión, la sentencia del TSJ declara nulo de nulidad absoluta los instrumentos jurídicos que afecten a terceros (orden público). Los dictados para efectos internos tienen validez entre los diputados. En consecuencia podrán nombrar su directiva y esta nueva directiva podrá acatar la sentencia del TSJ y ponerse a derecho, en relación a sus funciones constitucionales. Es fundamental rescatar la institucionalidad constitucional de la República. Ya es hora que nosotros, los abogados, como parte del sistema judicial que somos, coadyuvemos con el fomento de la cultura jurídica venezolana. Ya basta que nos perciban como políticos o ladrones. Lamentablemente, es la imagen que con nuestra conducta mercantilista hemos proyectado!

Gerardo Alberto Santelíz Cordero
3 de enero, 2017

Muy didáctico, pero… El problema está en que de nada sirve hacer análisis sustentados en la Constitución, más aún, sustentados en la simple lógica cuando el Gobierno se ha encargado de desvirtuarlas para, con ese regodeo típico de quien abusa, llegar hasta la burla de sus adversarios políticos sabiendo que han transgredido hasta las reglas más elementales. Es precisamente el absurdo y la estupidez lo que ha caracterizado este ejercido de poder; hacer el ridículo importa nada si el mismo está hecho para anclarse en ese poder, para en consecuencia burlarse con desdeñosa ironía de quien ostenta verdaderos derechos. Ya, a estas alturas del juego, no creo que el Gobierno analice o se preocupe por costos políticos nacionales o internacionales. Está claro que, mientras el Gobierno cuente con el respaldo cómplice de las FAN, no volverá a Venezuela la democracia.

Lisla Pico
3 de enero, 2017

Los gobiernos chavistas han sido inconstitucionales durante 17 años que la salida del actual gobierno por la vía constitucional ha sido cuesta arriba.

Rolando Hernandez
3 de enero, 2017

Si lo pueden hacer como lo han hecho hasta ahora, pues todos lo hemos permitido. Sin embargo, la creación humana es más poderosa que la maldad, El punto está Sr. Rafalli en decidir cual es la vía idónea para solucionar este desastre, ya que su artículo NO LO REFLEJA, sabemos entre otras cosas que este gobierno no tenemos democracia, nuestra democracia no cuenta con el poder militar; no contamos con el poder Judicial, no contamos en su mayoría con políticos que tengan el compromiso con el País para tomar decisiones acertadas, que permitan realizar el cambio, ya que se evidencia que han permitido cerrar las vías inmediatas de solución y no se han creado otras, Ejemplo: el revocatorio, y a la fecha no se conoce una formula que ponga fin al DESACATO de la Asamblea Nacional, Será que las Universidades, los Colegios de profesionales del Derecho. la gente capacitada de este País, Los organismos Internacionales, estudiosos de casos extremos de violaciones a los derechos humanos y crisis políticas no pueden ofrecer al País un aporte, una idea que pueda producir en Venezuela un acuerdo Nacional, que ponga fin a este trastorno, o seguimos sufriendo cual quejosos, sin producir otras alternativas diferentes a solo describir nuestras desgracias.

Pablo Suárez
4 de enero, 2017

Peguntas de un ignorante de lo jurídico: Cuál es el alcance de la decision 260, si ésta establece que es parcial para admitir la medida cautelar. Qué fue lo parcial?, porque según tengo entendido la demanda de la excandidata Necia Marin se basa en una grabación y ésto es suficiente? Y por qué la Asamblea Nacional no puede hacer valer su derecho de poder autónomo como lo consaga los art.136 y 187. Está el TSJ completamente blindado como para vulnerar a su antojo el poder del soberano manifestado el 6D. Los art 333 y 350 son decorativos. El poder del TSJ está por encima per sé, o tiene limites?

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