Vicente Díaz retratado por Gabriel Méndez.
La valoración política que hace Vicente Díaz, ex rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre 2006 y 2014, pasa por el papel que juegan las instituciones del Estado, el conflicto constitucional que estalló en Venezuela en diciembre de 2015, la lucha por el poder y el mecanismo del voto como herramienta para resolver los conflictos.
Se necesita entendimiento, pero no para que “dialoguen” dos proyectos de país que son como agua y aceite, sino para regularizar el conflicto político. Se necesita crear incentivos para que el gobierno acepte medirse en una consulta electoral. Pero todo esto tiene que hacerse bajo el marco de la Constitución y las leyes. Explorar otra vía sería indeseable para los partidos políticos y para la ciudadanía en general.
Los peligros están allí, latentes, en varias resoluciones que pudiera tomar el CNE o el TSJ. ¿Pero a qué costo? Si se invalida a la MUD, la organización que, junto al PSUV, representa la pluralidad en el país, que además controla la Asamblea Nacional y representa a la mayoría en este momento, estaríamos en presencia de un gobierno de facto. “Indudablemente”, afirma Vicente Díaz.
Sería ingenuo pensar que en Venezuela no se ejercen presiones desde el poder hacia las instituciones del Estado. Cada vez que hay un evento electoral, estas recaen sobre el CNE. ¿Podría describir el mecanismo?
En Venezuela, todos los años, todo el tiempo, es época electoral. En ese terreno, los actores políticos intentan generar el máximo de presión posible para tratar de incidir en las decisiones del CNE. Eso, indudablemente, sucede. No es distinto para el referendo revocatorio, donde la presión del gobierno ha sido brutal. Jorge Rodríguez y otros integrantes del PSUV “visitan” a las rectoras del CNE, en la víspera de ciertos anuncios. A su vez, ellos salen diciendo, a las puertas del organismo, que el referéndum está muerto, que el referéndum está abortado. Pero no solamente eso, dicen cosas que hacen ver que ellos tienen una relación privilegiada con la directiva del organismo.
Por ejemplo, tanto Jorge Rodríguez como Diosdado Cabello aseguraron que los “lapsos no daban”, postura que de alguna forma convalidó la rectora Tibisay Lucena, durante su “presentación power point” de este tema.
Por eso te digo, es indudable que el gobierno ejerce presión sobre el Consejo Nacional Electoral. Adicional a eso, tenemos que el origen de varias rectoras tiene que ver con la afiliación inicial al partido de gobierno. Eso es indudable. ¿Cuál es la incidencia de esa presión? Ahí el cálculo es más difícil, porque yo no estoy ni en la cabeza ni el ánimo de ellas. De hecho, cuando fui rector, recibí la visita de varios representantes de TODAS las fuerzas política. Pero como yo tengo cara de pocos amigos, se cuidaban mucho de la forma en que hacían sus observaciones. En todo caso, era decisión mía comprar o no lo que me estaban planteando. Si me parecía un exabrupto, se los decía claramente.
Pero hay unos efectos y unas consecuencias de la forma en que se toman esas decisiones.
Sí, y eso lo tiene muy claro el país. Usualmente, las respuesta que ha dado el CNE a las solicitudes del gobierno, han sido afirmativas y con gran celeridad. Ocurrió, para mencionar dos casos, cuando el presidente Chávez hizo la solicitud de la reforma constitucional, o cuando el presidente Maduro solicitó que se revisaran y validaran las 10 millones de firmas que el PSUV recogió en contra del decreto del presidente Obama. Eso se hizo en 36 horas. Es decir, en tiempo récord. Las cosas han sido muy diferentes en el caso de la oposición. Recordemos que la oposición hizo la solicitud de referendo revocatorio el 8 de marzo, poco menos de dos meses del vencimiento de los tres años de la gestión de Nicolás Maduro, ¿y qué ocurre? El CNE tarda prácticamente 45 días en generar la planilla con la cual debía iniciarse ese proceso. Hay una actuación muy diferenciada y muy clara del árbitro a favor de la forma de ver el mundo y la sociedad del gobierno nacional.
¿La oposición no se ha anotado un solo punto a favor?
La presión que ejerce el gobierno no siempre le funciona. Y la mejor prueba es que el gobierno ha querido detener el referendo revocatorio y no ha podido. Ciertamente, ha avanzado a paso lento, pero ha avanzado. Otra cosa que hay que decir, el gobierno quería que la recolección de firmas se hiciera en un solo día y finalmente el CNE aprobó que fuera en tres. La contrapresión ciudadana genera situaciones internas, dentro de ese organismo, que puede modificar decisiones. Eso no se puede descartar.
Voceros del PSUV han dicho que el reglamento que se hizo para procesar y atender las solicitudes de referéndum revocatorios se hizo en 2007 y “aquí nadie se quejó”. ¿Realmente fue así?
El problema no es si alguien se quejó o no. El hecho es que esa normativa se ha violado y de forma reiterada por la propia autoridad electoral. Por ejemplo, la normativa establece que había que desplegar una máquina por cada 1.000 firmantes. Pero no fue así. Se desplegaron 300 cuando en realidad correspondían 1.350. Esa misma normativa establece cinco días para contabilizar las firmas y llamar a validación y el CNE se tomó 45 días para hacerlo. En ninguna parte de esa normativa se contempla la posibilidad de excluirse de las firmas y, sin embargo, el CNE estableció un lapso de exclusión. Como algo elemental, la normativa incluye el derecho a la defensa y ese derecho el CNE se lo negó a más de 600.000 personas que no saben por qué las excluyeron. Ni siquiera les dieron la posibilidad, como se hizo en 2004, cuando no existía esa normativa, de decir: yo sí firmé, inclúyeme ahí. El punto es que esa normativa se ha violado de forma reiterada.
Diría que la violación a la normativa de 2007 viene a reforzar el blindaje del poder Ejecutivo. Vamos a los hechos. El referendo revocatorio se puede solicitar a mitad de período, pero sólo durante el lapso de un año tiene eficacia política; en este caso, en 2016, porque si el gobierno lo pierde, se va el Presidente y se van los ministros. En cambio, si se realiza en 2017, queda en funciones el tren ministerial y asume el vicepresidente, que en Venezuela es un cargo de libre nombramiento y remoción.
En 2006, cuando fui designado rector principal del CNE, yo era la única persona, en la más alta responsabilidad del Estado, con una posición política diferente a la que tiene el partido de gobierno. El país venía de una abstención electoral (2005), que había dejado al Parlamento con un solo color político. El 100% de los cargos eran del PSUV y de sus aliados. Una de las cosas que me propuse al tomar posesión como rector fue trabajar con los partidos y persuadirlos de que una vez que se hicieran las modificaciones respectivas a la plataforma electoral y al sistema de garantías electorales, lo más pertinente y eficaz era asumir la vía electoral. Una de las afirmaciones que hice permanentemente es que en Venezuela “O hablan los votos o hablan las balas” y ese planteamiento lo mantuve durante toda mi gestión electoral y la mantengo actualmente. Y te voy a decir por qué, en Venezuela y en cualquier parte del mundo, los conflictos de poder no cesan, siempre encuentran una vía para expresarse. La vía pacífica, democrática, electoral y constitucional está abierta en el país. Si la cierran se buscarán alternativas que siempre son indeseables. Por eso es que yo defiendo y ratifico la vía del referendo revocatorio que, además, es un derecho constitucional. ¿Qué es lo que ocurre? Que el gobierno sabe que si se somete a cualquier tipo de consulta, desde una elección de reina de carnaval, pasando por la de gobernadores y alcaldes, hasta el revocatorio, las va a perder. El gobierno pierde cualquier tipo de elección, así sea en una empresa pública. Bueno, lo dijo Elías Jaua, uno de los voceros más calificados del chavismo: “En Venezuela no hay ambiente electoral”.
Para el PSUV, ¿no?
Claro, el partido de gobierno quiere que haya elecciones, siempre y cuando ellos tengan posibilidad de ganarlas. Si esa posibilidad no existe, entonces no hay ambiente electoral e intentan que no se realicen. Por eso, el referendo revocatorio, para ellos, es un peligro de muerte. No porque se vayan a morir, sino porque van a perder el poder, que es lo que no quieren. El objetivo de ellos no es impedir que se haga el revocatorio en 2016 o en 2017. No. El objetivo es que no haya referendo revocatorio, ni ahora ni en ningún momento, y que tampoco haya elecciones regionales. ¿Por qué? Bueno, van a perder 18 ó 19 gobernaciones de las 23 que hay en el país. Han introducido recursos de toda naturaleza, administrativos (en el CNE) y legales (en el TSJ) para impedir cualquier tipo de consulta electoral. Han llegado, inclusive, al extremo de solicitar la ilegalización de la MUD.
Vicente Díaz retratado por Gabriel Méndez.
Ese recurso lo introdujo Jorge Rodríguez. Actualmente, digamos, está “durmiendo”, pero se puede “despertar” en cualquier momento. Y cuando eso ocurra, la MUD va a ser declarada ilegal por el TSJ y la oposición se queda sin representación política.
La situación en Venezuela es muy delicada, porque el gobierno está tratando de mantenerse en su espacio de poder a como dé lugar, utilizando cualquier tipo de recursos. Esa situación está generando la movilización ciudadana como ocurrió el 1S. ¿Qué motivó a la ciudadanía a salir a las calles? En primer lugar, el deseo de que sean consultada. En segundo lugar, el peligro que advierten de que se pierda la República como una entidad democrática y en tercer lugar, como respuesta a la convocatoria que hiciera la MUD, que está buscando una renovación en la correlación de las fuerzas políticas en Venezuela.
Lo evidente, y se ha manifestado en reiteradas ocasiones, es el conflicto institucional que corre paralelo entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, pero también entre el Ejecutivo y la propia Asamblea. Uno tiene la impresión de que el CNE actúa puntualmente, como esos jugadores de fútbol que entran para provocar un revulsivo cuando la estrategia no funciona. El relevo entra para atizar el conflicto. ¿Usted comparte esa idea?
Efectivamente, en Venezuela estamos en presencia de un conflicto. Una confrontación política entre proyectos diferentes, entre visiones de la sociedad diferentes. Y ese conflicto tiene una expresión institucional, entre otras cosas, porque la oposición ganó, de manera abrumadora, las elecciones legislativas del 6-D. El gobierno pierde el control que tenía sobre todos los poderes públicos. Si bien hay un reconocimiento formal del resultado electoral, el gobierno toma, inmediatamente, dos decisiones. La primera de ellas es el nombramiento exprés —por la Asamblea saliente— de un grupo de magistrados en el TSJ que venían del partido de gobierno. La segunda decisión es desconocer, a través de la sala Electoral del TSJ, la elección de los diputados del estado Amazonas, con lo cual la oposición pierde los 2/3 del poder legislativo, y con ello la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente o la designación de los integrantes de los poderes públicos. Esas dos decisiones, una a través de la Asamblea saliente y otra a través del TSJ, se toman para blindar al poder Ejecutivo. Y en función de eso desenterrar un hacha de guerra institucional.
¿Y blandirla, dice usted?
La desentierra para blandirla en contra de la oposición. La usa y da unos hachazos. A pesar de eso, las fuerzas de la MUD, representadas en la Asamblea Nacional, en un gesto de buena voluntad, toman la decisión de desincorporar a los tres diputados de Amazonas, acuden a la vía jurisdiccional, pero también intentan abrir un paréntesis, para buscar una forma de entendimiento. Se hacen dos cosas. La Asamblea recibe al presidente Maduro para que dé su mensaje anual, como jefe de Estado. Y, adicionalmente a eso, cuando reciben el Decreto de Emergencia Económica que propone el Ejecutivo, lo devuelve para que sea objeto de modificaciones. ¿Qué hace el gobierno? Obvia a la Asamblea Nacional y violando la Constitución, envía el decreto al TSJ para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. Pero de acuerdo a la propia Constitución, ese decreto tiene que ser avalado y refrendado por la Asamblea Nacional.
Siguiendo la secuencia de los hechos que usted enumera, queda claro que quien está forzando la barra, quien está impidiendo una salida constitucional, quien está obstruyendo el funcionamiento de los poderes del Estado es el propio gobierno.
Absolutamente. En los países democráticos, la mayoría siempre antecede al poder. Es decir, primero se es mayoría y luego se es poder. En los países no democráticos, simplemente, me hago del poder por la fuerza. No tengo que construir una mayoría que me dé legitimidad y soporte. En Venezuela, la mayoría institucional está de un lado y el poder institucional del otro. Esa es la realidad. Y los que están en el poder se quieren mantener en él a pesar de no ser la mayoría. Ese conflicto, que está previsto en la Constitución, se resuelve con el referendo revocatorio. ¿Cómo? Consultando a la gente. Y eso es, precisamente, lo que quiere impedir el gobierno.
¿Estamos viviendo un conflicto constitucional?
Indudablemente.
¿Cuándo diría que se inició ese conflicto?
A raíz de las decisiones (mencionadas arriba) que se tomaron para blindar las actuaciones del poder Ejecutivo. En el lapso que va entre el 6-D y el día en que se juramentan los diputados a la nueva Asamblea Nacional. Esas acciones acentuaron la polarización política, que ha sido la estrategia del gobierno nacional. A la oposición le corresponde desactivar esa estrategia, porque un país que vive bajo la polarización extrema, como es el caso de Venezuela, sencillamente, deja de ser viable.
Ya lo estamos viviendo. El país está agónico.
Justamente por eso, porque se están pagando los costos que significa permanecer en el poder. Cuando Jorge Giordani sale del Ministerio de Planificación y hace las denuncias que hace, él ratifica lo que yo, como rector, decía sin las cifras en la mano. Aquí la competencia electoral era de un individuo contra el Estado. Y Giordani dice que aquí se gastaron 20.000 millones de dólares para mantenerse en el poder, a través del clientelismo.
No puedo asegurar si un punto del PIB corresponden a 1.000 millones de dólares en Venezuela. Pero se mencionó que una cifra equivalente al 20% del PIB, y allí hay una coincidencia, se destinó para financiar la campaña de Chávez.
El PIB refleja el valor de la producción y varía de acuerdo al comportamiento de la economía. Pero en todo caso es una monstruosidad. Eso acaba un país. Esa realidad generó la situación que estamos viviendo actualmente. Yo creo que los venezolanos tenemos que buscar una forma que nos permita resolver esta confrontación. Tenemos que buscar el diálogo, un mínimo entendimiento, que garanticen los intereses del país.
Lo que uno advierte cuando ve el canal 8, cuya programación es 100% propaganda política, es que todas las acciones que toma el gobierno van dirigidas a profundizar el modelo socialista, el llamado socialismo del siglo XXI. Se ignoraron principios básicos. Cosas tan elementales como el hecho de que no puedes vivir más allá de lo que permite un presupuesto.
No, yo no hablo de entendimiento entre proyectos. El proyecto marxista, que es el que aplica el gobierno nacional, con otro nombre, pero sigue siendo el de la extinta Unión Soviética, Cuba o Corea del Norte, ha fracasado en todas partes y seguirá fracasando, entre otras cosas, porque parte de premisas que no son ciertas. Simplemente, no funciona. La realidad es terca e impide que ese proyecto tenga éxito. En Venezuela, se ha ratificado lo que ha ocurrido en todo el mundo. Eso se agota, a velocidades diferentes, de acuerdo a la realidad de cada país, pero siempre se agota. De manera que no es posible ningún entendimiento con ese proyecto, porque de llegar a hacerlo significaría una condena al fracaso. Aquí lo que está planteado es definir unas reglas de juego que permitan civilizar la confrontación.
Regularizar el conflicto. Me viene a la memoria el abrazo entre Morillo y Bolívar, que sirvió para regularizar la guerra.
Exactamente. Hay que civilizar el conflicto. Dos países pueden estar en guerra y sin embargo no hay crímenes de guerra. ¿Por qué? Porque aún en una guerra hay cosas que están prohibidas. Si hasta las guerras se pueden regular, ¿cómo no se va a poder regular el conflicto en Venezuela? No me estoy refiriendo a que se negocien los proyectos, sino que se acuerden un mínimo de reglas que permitan resolver esta situación de manera civilizada. ¿Y cuál sería la vía en Venezuela? La convocatoria a un proceso electoral. ¿Qué significa eso? Que se tienen que crear incentivos para que se produzca esa elección. En este momento, no hay un solo incentivo para que el gobierno vaya a una elección, ¿por qué? Uno, si voy a un proceso electoral, lo voy a perder. Dos, si pierdo me van a perseguir, me van a meter preso. Me van a juzgar y todo lo demás.
¿Cuáles serían los requisitos, los presupuestos, para ir a una elección?
Aquí hay que crear dos tipos de incentivos. Uno que podríamos llamar negativo. Si tú, gobierno, no te sometes a procesos electorales, el costo de mantenerte en el poder te va a resultar impagable. Otro incentivo, que podríamos llamar positivo, consiste en generar garantías y espacios políticos en Venezuela para que tú, gobierno, entiendas que lo que viene no fue lo que tú hiciste, persecución política, autoritarismo, imposiciones, desconocimiento de la Constitución. No, lo que viene es democracia. Democracia sin apellidos. Democracia. Donde cada fuerza política tenga el espacio de poder que corresponda al número de votos que sacó en una elección y se garantice el ejercicio de la política. Si cometiste algún delito, aquí habrá tribunales autónomos que te permitan el legítimo derecho a la defensa.
¿Qué cree usted que va a ocurrir si no hay referendo revocatorio?
Se está ejerciendo una presión descomunal para que el CNE suspenda el referendo revocatorio o para que el TSJ lo impida. Y creo que lo harán antes de la recolección del 20% de las firmas, porque si lo hacen posteriormente, la decisión dejaría de tener efecto, entre otras cosas, porque sería el 20% de los electores los que activarían el referendo revocatorio. Es un peligro latente que hay en Venezuela. Lo he dicho en varias oportunidades y lo quiero ratificar. Aquí hay un peligro muy claro, de parte del gobierno, de tratar de ilegalizar a la MUD y de invalidar por esa vía la recolección del 20% de las firmas. El objetivo del gobierno es que no haya referendo revocatorio ni en el 2016 ni en 2017. Maduro, por ejemplo, podría preguntarse (si se hace en 2017), ¿por qué tengo que salir yo solamente? No, gobernadores, alcaldes, ministros, ustedes también tienen que defender al gobierno. Creo que eso es lo que está privando en el gobierno. Invalidar el referendo tiene su costo, tanto dentro como fuera del país. La marcha del 1S no son conchas de ajo. Este es un país que no se va a quedar tranquilo. Si el gobierno cometiera la insensatez de invalidar a la MUD mediante una decisión del TSJ o de suspender el referendo por cualquier vía, eso equivaldría, sencillamente, a invalidar la Constitución. Quiero ser muy claro en esto. ¿Por qué? Porque la Constitución establece claramente que en Venezuela hay un régimen de pluralismo político. La MUD es el partido más votado históricamente en Venezuela, controla la Asamblea Nacional y representa a las mayorías.
¿Estaríamos en presencia de un gobierno de facto?
Indudablemente. Y eso tendría graves consecuencias internas, así como en la comunidad internacional.