[Infolatam].- La economía venezolana lleva 10 trimestres consecutivos conjugando simultáneamente caídas en el Producto Interno Bruto y tasas de inflación de tres dígitos. Lo peor es que en perspectiva nada en el panorama permite vislumbrar la posibilidad de salir de una crisis económica y financiera que está socavando a una velocidad increíble los ingresos y el patrimonio de las familias, del sector productivo y del mismo gobierno.
El gobierno de Maduro está asediado financieramente por la escasez de divisas, enfrenta una concentración de compromisos externos aterradora y su respuesta de política ha sido racionar las asignaciones de divisas y las importaciones a extremos asfixiantes, profundizando así la recesión y la capacidad de respuesta de la economía. Desde el año 2011 Venezuela viene pagando a los acreedores externos, (la mayor parte tenedores de deuda soberana y los bancos de desarrollo de China) un promedio de 15 mil millones de dólares cada año y ahora encara, para la última parte del año, pagos de compromisos de la estatal petrolera PDVSA por 5.400 millones de dólares. Venezuela enfrenta un duro cronograma de pagos para los próximos 8 años y el gobierno de Maduro se ha negado a plantear seriamente a la comunidad internacional un proceso de alivio de deuda, que contemple restructuración y financiamiento para ayudar a promover la estabilización de la economía.
En contraste, durante las últimas semanas el gobierno de Maduro, apelando a los poderes especiales que le ha dado el Tribunal Supremo de Justicia, ha anunciado la consolidación de un conjunto de acuerdos con empresas mineras internacionales para proceder de forma inmediata a la exploración y explotación de la llamada “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”. En un desesperado movimiento por conseguir recursos en dólares que impidan su naufragio político, Maduro termina concediendo territorio al sur del Orinoco, a un aluvión de empresas mineras, en el ecosistema más frágil y rico del país, pero que concentra riquezas en oro, diamantes, hierro, bauxita y coltán.
Más allá de unos casos puntuales señalados por Maduro. Nadie sabe a ciencia cierta cuáles son las supuestas 150 empresas beneficiarias de 35 países, ahora dotadas de unos sorprendentes privilegios. Tampoco se conoce qué tipo de memorándum de entendimiento o de contratos se han firmado con el Estado venezolano. Lo único que desde el punto vista legal es conocido es un decreto ejecutivo sancionado en febrero de éste año (el Decreto 2.248).
El decreto en cuestión es de contenido temerario. El decreto crea la Zona de Desarrollo del Arco Minero (ZDAM), ocupando una extensión de 111.843,70 km2, equivalente a 12% del territorio de Venezuela. La zona de desarrollo minero está divida en cuatro bloques y afecta la reserva forestal de Imataca, y otras áreas bajo régimen de administración especial como: monumentos naturales, reservas de biosfera, parques nacionales, refugios de fauna silvestre, zonas protectoras, y cuencas protegidas por convenios internacionales entre los que se incluye la cuenca del Caroní, la cual provee el reservorio de agua dulce más importante de Venezuela y abastece las centrales hidroeléctricas que generan el 65% de la energía que consume el país. El decreto afecta asentamientos humanos de las comunidades indígenas Mapoyo, Piaroa, Hiwi, E´ñepa, Sanema y ye´kwana, Kariña, Akawaio, Pemón arekuna y Pemón taurepang.
El decreto otorga, además, a la autoridad de la ZDAM, un poder supraconstitucional, suprarregional y supramunicipal en la planificación y ejecución de proyectos que tienen como eje el “aprovechamiento de las potencialidades de los recursos minerales” (artículo 4), otorgándole a las empresas inversionistas la potestad de contar con un régimen especial de contrataciones públicas, exoneraciones del impuesto sobre la renta, facilidades de importación, y un régimen especial tributario y aduanero. Por último el decreto prohíbe y penaliza, en la zona, el ejercicio de los derechos a la reunión, y los derechos a la manifestación pacífica y a la huelga.
En suma, Maduro, con poderes especiales, ha creado un nuevo país. Con su propia autoridad y sus propias leyes de gobierno. Todo hecho de espaldas a la acción contralora de la Asamblea Nacional y poniendo en grave peligro activos naturales y etno-culturales de insospechable valor.
Lo ha hecho, por que le han prometido que semejante insensibilidad y abuso de poder le traerá el beneficio de 4.500 millones de dólares en inversiones en lo que queda de 2016 y 2017. Esa es la cifra que hizo saber el día 5 de agosto, cuando en cadena nacional en los medios anunció la firma de un primer lote de proyectos con decenas de compañías multinacionales. Meses antes, Eulogio Del Pino, el Zar actual en PDVSA y promotor del proyecto del Arco Minero, señalaba: “Todo el oro que se obtenga será de obligatoria venta al Banco Central de Venezuela, y será convertido además en reservas internacionales de la Nación”. No muy distante es la frase de lo que podría haber comunicado Vasco Nuñez de Balboa al Rey de España en 1513.
Pero veamos en realidad que enfrentan estos inversionistas. En primer lugar, es bueno saber que la protección del ambiente, de la diversidad biológica, de los procesos ecológicos, y de los parques nacionales es responsabilidad del Estado y tiene rango constitucional (Art. 127). Es bueno saber que estas concesiones o contratos, al poner en peligro la biodiversidad y frágiles ecosistemas, y al promover el desplazamiento de las etnias hacia lugares insalubres, representan acciones criminales; en algunos casos delitos contra el medio ambiente sancionados por Ley Penal del Ambiente (promulgada en el 2 de Mayo de 2012). Por otra parte, la Constitución señala que “toda actividad susceptible de causar daño a los ecosistemas debe ser previamente acompañada de estudios de impacto ambiental y sociocultural” (Art. 129).
En el caso del Arco Minero, no hay un solo estudio que se conozca al respecto. Además, la Constitución establece que proyectos de esta envergadura requieren “consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitats indígenas (Art. 120). Por otra parte, prohibir y penalizar el ejercicio de los derechos a la reunión, manifestación pacífica y a la huelga, no sólo es contrario a la Constitución (Art. 53, 68 y 97), sino además a lo previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a Libertad Sindical.
Estupor, o al menos una gran sorpresa, ha causado que entre las empresas beneficiadas por tan elásticas condiciones de entrada se encuentre la empresa canadiense Gold Reserve. Maduro destacó con un énfasis muy especial su presencia en el proyecto de Arco Minero quizás por una específica razón.
Gold Reserve estuvo trabajando por casi 10 años en el sur de Venezuela en dos proyectos de explotación de oro: Las Brisas y el proyecto Choco 5. En el año 2009, Hugo Chávez acabó con la concesión y la empresa terminó demandando a Venezuela en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). En Diciembre de 2014, el CIADI falló a favor de la empresa y determinó que Venezuela debía pagar 740 millones de dólares. Pasaron 14 meses sin que el gobierno de Venezuela se diera por aludido hasta que en febrero de éste año, en paralelo con el Decreto 2.248, Maduro, con infantil regocijo y en presencia del Presidente de la empresa, Doug Belanger, exclamó: “de una demanda, ahora somos socios en un contrato ganar-ganar”.
¿Qué pudo haber provocado éste cambio y la resolución de la disputa? Después de varios meses, Gold Reserve aceptó comentar el asunto. Ante todo, es una empresa de capital abierto que se debe a sus accionistas. El arreglo para volver a Venezuela y formar una empresa mixta supone la cancelación del gobierno de Venezuela de una suma por 759 millones de dólares en dos partes: la primera, de 600 millones para el 31 de octubre de 2016, y el restante, antes de fin de año. Además, Venezuela se compromete a pagarle 240 millones adicionales por una base de datos que comprende estudios sobre la zona del llamado Arco Minero.
En perspectiva, el proyecto del Arco Minero es un gran negocio de cuño extractivista que, de conjugarse, seguramente supondrá una renta fiscal para el Estado venezolano con fecha de caducidad, pero que acabará con los más valiosos activos naturales de la nación.