Todos los filósofos han reflexionado en torno a ella: esa entidad elusiva, misteriosa, arcana, a la que damos el nombre de “verdad”. Muchos se mostraron convencidos de su existencia con mayúscula; la persiguieron afanosamente y llegaron a entregar sus vidas en su nombre: la Verdad como ideal o la Verdad como producto de la revelación divina. Otros tantos se conformaron, en cambio, con una versión más modesta, casi artesanal: la verdad de cada uno contrastada por fuerza, de manera sistemática, con la verdad de los otros. A partir de la relatividad y de la mecánica cuántica, incluso la ciencia ha tenido que acostumbrarse a estas verdades parciales, provisionales, fatalmente incompletas.
Pocos creen, hoy día, que sea posible aprehender la Verdad. Ello no obsta, sin embargo, para que en todos los órdenes —y sobre todo en el ámbito de la justicia y de la vida pública— haya que empeñar todos los esfuerzos para perseguirla. Y, sobre todo, para desbrozar las mentiras que la oscurecen, la perturban o la anulan. Si el método científico —aplicado tanto a las ciencias duras como a la investigación policíaca— no garantiza que se llegue a la Verdad, al menos ha de ser capaz de eliminar las falsedades que se hallan en su camino. No es otra su meta: ir construyendo una verdad, sí, a partir de anular hipótesis absurdas, contradictorias, erróneas, malintencionadas.
Si en todos los terrenos la búsqueda de la verdad es una tarea ardua y compleja, en el mundo de la justicia se torna aún más frágil, aún más delicada. ¿Cómo saber qué fue lo que ocurrió en un caso criminal cuando hay tantas verdades enfrentadas? ¿Cómo llegar a una verdad que “haga justicia”? Las versiones de los hechos serán sin duda contradictorias, los testigos siempre tendrán un punto de vista parcial —en el doble sentido de sesgado y fragmentario—, las pruebas difícilmente serán contundentes o irrebatibles, abogados y fiscales emplearán los argumentos más persuasivos para defender sus respectivas causas, y jueces y jurados estarán marcados por sus historias personales, su educación, sus prejuicios, sus miedos.
De allí la importancia de que la investigación se lleve a cabo con la mayor transparencia y con la mayor pulcritud. De que se valga de todos los recursos científicos. Y de que cualquiera pueda constatar la forma como se ha llevado a cabo una investigación. De todo ello depende, en el fondo, el resultado de un proceso: la “verdad judicial” que suplantará, en términos prácticos, a la verdad. La verdad judicial de la que dependerá el destino de todos los involucrados.
Si se revisa la mayor parte de los casos criminales de los últimos años —con particular fuerza desde el inicio de la guerra contra el narco—, es posible constatar que uno de los mayor problema de nuestro sistema de justicia se halla en la fase de la investigación. Del asesinato de Colosio a Ayotzinapa, pasando por miles de casos menos visibles, las autoridades pocas veces se preocupan por investigar los hechos, por construir la verdad a partir de pruebas y testimonios, por desvelar las mentiras y dar paso a hipótesis cada vez más sólidas. El método ha sido el inverso: casi siempre por motivos políticos, aunque también por simple incompetencia, la autoridad primero establece una verdad —su “verdad histórica”— y luego hace hasta lo imposible para que los hechos se ajusten a ella. Este es el origen de tantos vicios: la tortura sistemática, la falsificación de pruebas, la fabricación de culpables.
El sistema acusatorio que ha comenzado a implementarse en México es un primer paso adelante: un modelo basado en la presunción de inocencia que, apuntalado en la oralidad y la publicidad de las audiencias, permitirá que la búsqueda de la verdad se convierta en un bien común. El sistema inquisitorial previo, con su vocación por el papeleo y el secreto, era el mayor obstáculo posible para acercarse a la verdad. Pero el nuevo sistema de justicia penal de nada servirá mientras no cambie drásticamente la lógica perversa que domina nuestras investigaciones policíacas.