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La orden de militarizar el CNE para impedir protestas y el desafío de Capriles; por Álex Vásquez S.

Por Álex Vásquez S. | 23 de mayo, 2016
Fotografía de Marco Bello para Reuters

Fotografía de Marco Bello para Reuters

El 18 de mayo, día en que la oposición intentó llegar al Consejo Nacional Electoral por segunda vez en dos semanas, y a pesar de que no había despacho por el racionamiento eléctrico, un grupo de trabajadores del Poder Electoral solicitó un amparo constitucional ante la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo que, en cuestión de horas, fue aprobado.

La Corte ordenó ese mismo día (aunque el fallo se publicó el 19 de mayo) a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional Bolivariana adoptar las medidas de seguridad necesarias para resguardar las sedes del Consejo Nacional Electoral y sus alrededores en todo el país.

En la práctica, se trata de la militarización de las sedes del Poder Electoral para “impedir los actos no autorizados, marchas, protestas, concentraciones no permisadas y manifestaciones violentas, convocadas por las organizaciones políticas y civiles”.

Cuando el Poder Judicial prohíbe marchar hacia CNE por José Ignacio Hernández 320X100La decisión del juez Eleazar Guevara Carrillo no solo pide medidas especiales de seguridad, sino que insta al Ejecutivo a evaluar conforme al artículo 47 y 48 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación la declaratoria de zonas de seguridad de los espacios adyacentes a las sedes del Poder Electoral.

Si se apega a lo que le sugiere el juez, el presidente Nicolás Maduro podría impedir manifestaciones como las que ha promovido la oposición en todas las oficinas del Poder Electoral –la mayoría de ellas frustradas por los cuerpos de seguridad del Estado– para exigir que se acaben las trabas a su solicitud de un referendo revocatorio.

El constitucionalista José Vicente Haro opinó que la decisión vulnera dos derechos constitucionales fundamentales: libertad de expresión, establecido en el artículo 57 de la Constitución, y manifestación, que aparece en el artículo 68 de la Constitución.

“La Corte ordena la militarización del CNE. Si se decreta como zona de seguridad, el Poder Electoral entraría dentro de un régimen jurídico especial en el que se impediría la protesta y se restringirían derechos políticos en todas sus sedes y adyacencias. Se abriría la posibilidad de detenciones arbitrarias”, advirtió.

Perturbación psicológica

La acción de amparo fue solicitada por los trabajadores Alejandra Pantoja Román, Gustavo Rivero Castañeda, Hilda Mercedes Espinoza Quintero, Roberto Ruiz y Lacides Suárez “para favorecer un ambiente de paz social y ciudadana, así como prevenir una situación de perturbación psicológica de la colectividad en general, en especial, a los trabajadores y rectores del CNE”.

El juez Guevara insta a los alcaldes a cumplir los requisitos legales en cuanto al otorgamiento de permisos de manifestaciones que califica de violentas. La sede principal del Poder Electoral se encuentra en el municipio Libertador, por lo que le corresponde al alcalde de ese municipio, Jorge Rodríguez (PSUV), autorizar todas las protestas que pretendan hacerse en el CNE.

Haro aclaró que en todos los poderes públicos es usual la presencia de funcionarios de la Guardia Nacional desempeñando labores de seguridad, sin embargo, sostuvo que sumar a funcionarios de la Policía Nacional es innecesario.

“Es desproporcionado y significa utilizar a efectivos que deberían realizar labores de seguridad ciudadana preventiva”, señaló.

El abogado descartó que una protesta pacífica, como lo es llevar un documento a una institución del Estado, pueda generar perturbaciones psicológicas en sus trabajadores.

“Es un peligroso precedente para impedir totalmente el derecho a la manifestación pacífica. Básicamente, el fallo señala que no se puede manifestar ante ningún tipo de autoridad pública o privada”, opinó.

El desafío

Henrique Capriles, gobernador de Miranda, calificó de inconstitucional la decisión, pues el artículo 51 de la carta magna garantiza el derecho a que los ciudadanos hagan peticiones ante cualquier autoridad pública.

En tal sentido, el dirigente desafió la decisión y anunció nuevas movilizaciones, pero esta vez a todas las sedes del Poder Judicial, el miércoles 25 de mayo para exigir que se respete la Constitución.

“Un juez, una corte o un tribunal no se pueden poner por encima de la Constitución. Si un funcionario pretende ponerse por encima de la Constitución, ningún venezolano tiene por qué acatar esa decisión. El próximo miércoles, los venezolanos nos vamos a movilizar a todas las sedes del Poder Judicial a exigirle que respete esta Constitución”, afirmó.

El gobernador dijo que en la semana, sin especificar qué día, volverán a las sedes del CNE.

“Hay que volver al CNE porque pretenden negarnos el derecho del referéndum revocatorio. Unámonos y seremos invencibles, esta semana volveremos al CNE para exigirle otro petitorio que cumpla con la Constitución” expresó, y al final de la transmisión por sus redes sociales, aclaró que el revocatorio es la vía idónea para una solución pacífica, democrática y constitucional a la crisis y que nadie en la oposición quiere un golpe de Estado.

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Haga click acá para leer la decisión del TSJ.

Álex Vásquez S. 

Comentarios (1)

Nelson Daló
25 de mayo, 2016

En el diccionario de la Real Academia Española existe la palabra “permiso”. Pero no es un verbo. Cómo es posible que un Tribunal escriba en una sentencia: “concentraciones no permisadas y manifestaciones violentas”. En cúal universidad se graduaron esos abogados?. Por Dios. Estamos destruyendo nuestro idioma.

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