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La doble moral ante el caso venezolano; por Doménico Chiappe

La doble moral ante el caso venezolano; por Doménico Chiappe 640

Esperando al dictador. Luis Luksic, 1985. Óleo sobre madera

La disyuntiva venezolana se pasea por las calles españolas con contradicciones morales, juicios afectados por el doble rasero y justificaciones matizadas por la geografía (allá, Latinoamérica), que disimula cierto supremacismo europeo de quienes defienden, con aplausos u omisión, las acciones que emprende la dictadura que se atrinchera en Caracas, pero a las que se oponen en casa. En España, muchos de los que levantan la voz ante cualquier iniciativa que cercene los derechos fundamentales en España callan –o tergiversan, o manipulan– ante esos hechos que se cometen a diario en proporciones mayores en Venezuela, y también ante la evidencia de que criticar al poder que ampara los atropellos puede pagarse con la prisión e incluso la vida. Tres ejemplos:

1. Derechos humanos. En la sesión parlamentaria del miércoles 6 de abril, Pablo Iglesias hizo referencia al drama de los desplazados de las guerras de Oriente, que buscan refugio en Europa, y en otras ocasiones ha criticado las condiciones de vida de los presos etarras, alejados de sus familias. Sin embargo, silencia ante la evidencia de que en Venezuela los presos, no sólo los políticos sino los de cualquier condición, se hallan bajo leyes medievales impuestas por los capos (pranes, en léxico venezolano) de cada prisión , y por los militares y fuerzas de orden que actúan bajo total impunidad. Mutilaciones, asesinatos, violaciones, marcaje de personas como si fueran ganado… las historias de las cárceles venezolanas reúnen lo peor del ser humano, y cada tantos meses suceden matanzas indiscriminadas (63 en Uribana y 16 en Sabaneta, ambas en 2013, y el recuento sigue). En cuanto a los presos de conciencia o a aquellos encarcelados por orden directa del Presidente de la República, pueden permanecer en celdas de dos metros cuadrados, en sótanos húmedos a los que se añade el aire acondicionado a pocos grados y la luz de la bombilla permanente, sin más exposición a la luz solar que un paseo que puede ceñirse a media hora mensual. Y presos políticos existen en Venezuela al menos desde 2004, cuando Chávez ordenó el arresto de Iván Simonovis, jefe de la policía que enfrentó a los pistoleros gubernamentales que emboscaron una marcha civil y desarmada.

Es lamentable que Europa haya decidido devolver en caliente a los que huyen de la guerra, sí. Y aquello que lo hace repudiable se encuentra en cualquier acción similar, como la que se hizo contra los colombianos que vivían en las ciudades y los pueblos venezolanos. Por orden de Nicolás Maduro, a finales de 2015 y al grito de “Operación de Liberación del Pueblo” se les culpó, así, en general y sin juicio mediante, del contrabando (que en realidad se hace a gran escala bajo tutela militar) y la delincuencia, marcando sus casas con letras que significaban incluso la demolición, abriendo sus puertas a patadas, llevándolos al paso fronterizo con apenas lo que pudieran cargar. Así fueron deportadas más de 1.700 personas, incluso con papeles en regla, y retornaron, por miedo o por acompañar a sus familiares, otras 22 mil. No viene mal recordar que en Colombia la emigración se ha producido, en gran parte, por el desplazamiento de la población que vivía en las zonas en conflicto o controladas por guerrillas y paramilitares.

Otros derechos humanos que se vulneran en Venezuela se esconden en el desabastecimiento, gente que vive sin las medicinas necesarias para salvar la vida, o los productos para alimentarse, debido a la ineficiente corrupción y al trasvase de fondos a discreción.

2. Derecho a la libertad de opinión y expresión. Más allá de la oposición parlamentaria por parte de las fuerzas políticas distintas a la que gobierna, la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, enervó a las agrupaciones, partidos y sociedades que, ante su menguada representación en las urnas, hacen oír sus reclamos en manifestaciones de calle, haciendo uso de un mecanismo que la democracia autoriza. La ley aprobada, ciertamente, restringe en exceso el derecho a mostrar disidencia pacífica pero callejera, como es costumbre en España. Pero el caso de una mujer que fotografió a una patrulla de policía aparcada en un lugar reservado a minusválidos y la multa que le supuso colgarla en Facebook no es más que una anécdota mínima frente a lo que sucede en Venezuela. Y que no osan criticar aquellos que, por ejemplo, consolaron al concejal Zapata (juzgado en la tribuna digital por unas frases que escribió en Twitter, y que le costaron la jefatura de la cultura madrileña).

La violación al derecho de expresión más conocido es la del dirigente político Leopoldo López, recién sentenciado a casi 14 años de prisión por defender la idea de “La Salida” de Maduro, que tiene posibilidades legales: en la constitución se contempla un referendo revocatorio. Menos eco ha tenido el apresamiento de tuiteros como Inés González o Skarlyn Duarte, entre tantos otros, por escribir 140 caracteres con un tono similar al de los concejales Zapata o Soto, sin ningún amago de juicio siquiera. Allá sólo media la fuerza represora y la privación de libertad sin el derecho a la debida defensa.

El asesinato ha sido también la forma de callar a la oposición de distintas ciudades en Venezuela. Por ejemplo, en 2014 los uniformados y paramilitares chavistas mataron a estudiantes que protestaban contra la delincuencia, desde Bassil Dacosta de un balazo en la cabeza disparado por el guardaespaldas de un ministro, que los vídeos caseros se encargaron de señalar, hasta Geraldine Moreno, contra quien un guardia nacional descargó perdigones en su rostro. La lista es larga, y el silencio también.

3. Derecho a la propiedad privada. Los desahucios han sido, con justicia, confrontados por la sociedad española movilizada al margen de ideologías (recuerden el pronunciamiento de los jueces decanos, por ejemplo). Frente al inmovilismo de la izquierda tradicional, los partidos emergentes, como Podemos o Ahora, han agitado esta bandera que protege el capital de las familias, que se han hipotecado con el aval implícito del gobierno y explícito del sistema financiero. Pero así como se clama contra los desahucios, que constituye un atentado contra la propiedad privada y el ahorro, se calla ante las expropiaciones de la industria y la tierra que el gobierno venezolano ha efectuado como golpes de efecto y conveniencia.

A pesar de que el Estado es el gran terrateniente en Venezuela, el régimen expropió haciendas de cultivo y ganadería en plena producción a un ritmo de una cada tres días. Se han secuestrado y politizado industrias procesadoras de alimentos, telefónicas y eléctricas, plataformas petrolíferas, aparcamientos, tiendas, edificios, fábricas de fertilizantes, papel o cemento… El deterioro de los productores nacionales (los dueños de capital de cualquier dimensión pero también los dueños de su fuerza de trabajo que ya no encuentran dónde colocarse) ha sido una política de facto para quebrar a quienes poseían fuerza económica para hacer un contrapeso al proselitismo gubernamental. Esto, junto a la disminución, por falta de divisas, del gran negocio de las importaciones estatales, con la que también se ha enriquecido la elite chavista, son las causas principales del actual desabastecimiento de todo tipo de artículos.

Para retratar esta bipolaridad, hay más ejemplos que no caben en mil palabras: corrupción, politización absoluta de los poderes públicos, opacidad en la acción de funcionarios y rendición de cuentas públicas, inseguridad ciudadana como instrumento de coacción social… En esa izquierda representada por Pablo Iglesias, con una hoja de ruta retórica similar a la de Chávez incluso cuando se apela a la descalificación personal para lanzar bombas de humo en un debate ideológico o factual, hay más gestos e imitaciones que se pueden documentar en dos años de actividad pública y multitudinaria. Como si sus líderes quisieran, con disimulo y desde el engranaje democrático, acabar con esas reglas de juego que les protegen ahora.

Hablo, desde luego, del verbo propagandista de políticos como Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias o Íñigo Errejón, entre otros, pero también de la omisión a la condena formal y del silencio de los militantes y simpatizantes de Podemos, que prefieren la incoherencia intelectual antes que pronunciarse en contra del chavismo o a favor de medidas dictatoriales en España. Incluso censuran publicaciones y debates para así poder obviar que el caso venezolano es un importante punto de inflexión para la izquierda, como lo fueron en su momento Cuba o Checoslovaquia.

Aún para alguien de fuerte convicción socialdemócrata, resulta muy difícil identificarse con una izquierda que defiende el totalitarismo sobre las libertades, y que ensalza la gran ridiculización que ha significado el proceso bolivariano para los ideales de igualdad, justicia, seguridad y progreso económico y cultural de los ciudadanos en todos los ámbitos, incluso los más básicos como educación, alimentación o salud. Resulta imposible esa identificación cuando lo que se intenta es el asalto a la democracia, que a pesar de todo funciona y puede regenerarse, para imponer un sistema aún más desigual e injusto, como ha pasado en Venezuela.

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