Brasil: a Rousseff se le agota el tiempo para evitar el impeachment; por Verónica Egui Brito « Prodavinci

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Brasil: a Rousseff se le agota el tiempo para evitar el impeachment; por Verónica Egui Brito

Por Verónica Egui | 27 de marzo, 2016

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Brasil vive hoy una fragilidad institucional comparable a la de 1992, cuando se llevó a cabo el impeachment contra el expresidente Fernando Collor de Mello, quien renunció a su cargo para evitarlo, luego de que se investigara un esquema de corrupción que estableció su Gobierno utilizando el lobby y el tráfico de influencias a cambio de sobornos.

Un impeachment es un proceso contra un alto funcionario público que realiza el Congreso, que puede desencadenar en la destitución e inhabilitación. En apenas semanas, entre finales de abril y principios de mayo, se llevará a cabo la votación que definirá el futuro político de Dilma Rousseff, la mandataria más popular de Brasil tras su mentor Luiz Inacio Lula da Silva.

En 2013 Rousseff gozaba de una aprobación del 77%, pero ahora sólo la respalda 7,7% de la población, según la encuestadora Datafolha. Mientras Dilma pierde el apoyo de sus aliados de base, su destitución está casi asegurada. Ante este escenario, la mandataria sólo ha advertido que se intenta dar un “golpe de Estado a la democracia“.

En diciembre de 2015 comenzó el debate sobre su impeachment luego de que Eduadro Cunha, del aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y líder de la Cámara de Diputados aceptara una denuncia sobre supuestas maniobras fiscales.

El próximo 29 de marzo el PMDB realizará un diálogo interno para determinar si rompen la alianza con el Gobierno de Rousseff, cuando ya el Partido Republicano Brasileño (PRB) y el Partido de la República (PR), dos agrupaciones políticas de base oficilista, le quitaron su apoyo. En dos platos: en Brasil el Ejecutivo perdió su capacidad para negociar con el Legislativo, incluso antes del movimiento político que intento incluir a Lula da Silva en su gabinete.

¿Qué pasó con la designación
de Lula como ministro?

Lula da Silva fue proclamado Ministro de Casa Civil (una especie de Primer Ministro) el pasado 17 de marzo. Y apenas cuarenta minutos después su designación fue suspendida por el juez de la Corte Suprema Gilmar Mendes, al considerar que la investidura del expresidente tenía como objetivo darle fueros de privilegio para que la investigación en su contra saliera de la jurisdicción de Sergio Moro, quien encabeza los procesos vinculados al caso de corrupción en Petrobras por el cual Lula está siendo investigado.

Sobre este escenario aún no ha habido un pronunciamiento que habilite su designación, aunque la investigación que llevaba a cabo el juez Moro sobre Lula ha pasado a manos del Supremo Tribunal Federal (STJ), máximo órgano judicial del país. Así el proceso judicial ha salido de su ámbito: tanto la denuncia penal como la petición de arresto preventivo contra Lula dejan de ser responsabilidad de la jurisdicción de Sergio Moro.

En cuanto a los audios entre la presidente Rousseff y Lula que fueron revelados la semana pasada, el juez Teori Zavascki, parte del STJ, criticó duramente su difusión y rebatió el argumento de Moro, quien alegaba que “es saludable el escrutinio público sobre la actuación de la administración pública” y que la sociedad exige saber lo que hacen los gobernantes “incluso cuando buscan actuar protegidos por la sombra”. Por eso, sobre este tema, Zavascki decretó nuevamente el secreto de las grabaciones y le dio a Moro un plazo de diez días para informar al SJT sobre su decisión de difundirlos.

Al margen de los políticos, en el país existen en este momento tres grupos: por una parte están aquellos que critican la legalidad de la Operação “Lava jato que lleva a cabo la Policía Federal de Brasil, tras el escándalo de corrupción que implica a la alta esfera del Gobierno de Rousseff; por otro lado están quienes apoyan el impeachment contra el Ejecutivo; y, finalmente,  los brasileños que se desmarcan del extremismo.

¿Por qué es importante el PMDB
para la supervivencia de Rousseff?

La Cámara de Diputados de Brasil está conformada por 513 curules, de ellos 274 están en control del oficialismo: 70 pertenecen al Partido de los Trabajadores (PT), 66 al PMDB, 37 al Partido Social Democrático (PSD), 36 al Partido Progresista (PP), 34 al Partido de la República (PR), 21 al Partido Republicano Brasileño (PRB) y 10 al Partido Comunista de Brasil (PCdoB). Y las 200 curules restantes son de la oposición: 54 corresponden al Partido de la Social Democracia (PSDB), 34 al PSB, 25 al PTB, 22 a los Demócratas (DEM), 19 al Partido Democrático Laborista (PDT), 12 al Partido Social Cristiano (PSC), 10 al Partido Popular Socialista (PPS), 8 al Partido Verde (PV), 5 al Partido Humanista de Solidaridad (PHS); 4 al Partido Socialismo y Libertad, 2 al Partido de Movilización Nacional (PM) y una curul por el Partido Laborista de Brasil (PtdoB), otra para el Partido Social Liberal (PSL), otra para el Partido Republicano Progresista y una más para el Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB).

Las-alianzas-en-Brasil-giran-en-torno-a-la-sucesión-de-Rousseff-por-Verónica-Egui-Brito-320El Senado de Brasil está compuesto por 81 asientos, siendo la oposición mayoría con 47 curules que están distribuidos así: 16 para el PSDB; 14 el DEM; 6 para el PDT y 6 para el PTB; 2 del PSB y los partidos que tienen sólo una son el PSC, el PSOL y el PV. El oficialismo, por su parte, cuenta con 33 senadores: 17 pertenecientes al PMDB; 8 del PT, 4 del PR; 2 del PRB, más uno del PCdoB y otro del PP.

¿Por qué es tan importante el PMDB en este momento para Dilma? Veamos: el PMDB tradicionalmente ha sido aliado del Gobierno de turno, nunca ha sido oposición, e incluso es considerado por la opinión pública y la prensa especializada como un partido “sui generis” que apoya al oficialismo pero se retira cuando la situación llega al borde del colapso, tal como ocurrió con Collor de Mello.

¿Cómo los recortes sociales
inciden en la crisis?

La crisis judicial fue primero política, aunque ahora también es económica. Brasil llega a este punto de inestabilidad tras las elecciones de 2014 y la polarización inicia con el desconocimiento de la oposición a los resultados electorales.

En paralelo, el debate legislativo comenzó a intensificarse como nunca en claro rechazo a las propuestas de Rousseff. Aunque el oficialismo junto a sus alianzas logró mantenerse como mayoría en el Congreso, el cambio de rumbo político de Rousseff generó un abismo entre ellos.

“La mayoría (legislativa) es infiel. Incluso el PT es contrario a muchas ideas del Rousseff después de que ella comenzara a tener posturas de derecha”, explica Rafael Baego, periodista de Folha de Sao Paulo, quien advierte que las políticas de incentivo fiscal implementadas durante su primer mandato dejaron grandes deudas públicas, por lo que tuvo que aplicar recortes de gastos y de beneficios sociales que incomodaron a la izquierda en su segundo término.

¿Están todos los partidos brasileños
involucrados en el esquema de corrupción?

En casi todos los partidos de Brasil hay implicados en el “Lava jato” o en alguna otra investigación relacionada con un sistema de corrupción que haya evitado deudas fiscales a compañías privadas. De hecho, “todo el sistema político está involucrado, fueron pocos los partidos que no se beneficiaron de la trampa, como el PCB y el Psol, quienes están “libres” del escándalo”, detalla una de las fuentes desde Brasil que prefirió reservar su identidad, por temor a las reacciones que sus declaraciones pudiesen generar.

El Ministerio Público Federal estima que 2.100 millones de reales (unos 568,66 millones de dólares) fueron desviados de las arcas de Petrobras, pero la cifra puede ser mayor: en el balance de 2014, publicado a finales de mayo de 2015, Petrobras estima en 6.100 millones de reales (unos 1.651,82 millones de dólares) en pérdidas causadas por hechos de corrupción.

Las investigaciones contra los políticos comenzaron en marzo de 2015, cuando la Oficina del Procurador General obtuvo la autorización del STF y el STJ para indagar a 53 personas, incluidos diputados, senadores y dos gobernadores, pertenecientes a seis partidos políticos: Partido Progresista (PP), Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), Partido de los Trabajadores (PT), Partido Socialista Brasileño (PSB, opositor), Partido Laborista (PTB, opositor) y Solidaridad (SD).

Todos niegan su participación en el esquema. Y aunque el fiscal determinó que no había pruebas suficientes para abrir una investigación contra Rousseff, uno de los informantes afirma que la trama de corrupción ayudó a financiar su campaña electoral en 2010: la primera en la que Lula no era candidato desde 1985 y en cuyo comicio general el Partido de los Trabajadores (PT) se convirtió en el mayor partido de la Cámara por primera vez en la historia, eligiendo el presidente de la misma.

Sin embargo, un reciente hallazgo de la Policía Federal encontró planillas de pagos de Odebrecht hechas a unos 316 políticos pertenecientes a 24 partidos. En la lista de los documentos confiscados aparecen nombres como Aecio Neves, senador del PSDB y excandidato presidencial de la oposición en 2014; Lindbert Farias del PT y excandidato por la gobernación de Río de Janeiro en 2014: y Eduardo Campos, exgobernador de Pernambuco, y excandidato presidencial del PSB, quien falleció en una accidente aéreo durante la campaña de 2014.

¿Cuáles son los escenarios
si aprueban el impeachment?

Durante el ya citado antecedente sobre el impeachment en Brasil de 1992, cuando el Congreso llevó a cabo la votación a pesar de la renuncia de Collor de Mello para evitarlo, él también denunciaba que se estaba fraguando “un golpe de Estado” en el país. Y a esto se sumó que, con la aprobación del Legislativo, el expresidente quedó inhabilitado para acudir a nuevas elecciones durante ocho años.

A tres meses de que comenzara el debate sobre el impeachment contra Rousseff, los intocables de Brasil lucen diezmados y sin alcance para la negociación. Así que este 29 de marzo será determinante para el futuro del PT como Gobierno.

Ante este contexto, la Cámara de Diputados debe votar si hay mérito o no para destituir a la presidente. En ese caso, de ser aprobado debe llevarse a votación en el Senado y acto seguido Rousseff sería destituida, haciendo que asuma el cargo el vicepresidente Michel Temer, del PMDB, quien también está siendo investigado por el STJ.

Uno de los escenarios menos probables sería ver una impugnación contra Rousseff y Temer, en cuyo caso la Constitución establece dos formas de resolución: si la salida de ambos se produce antes de la primera mitad de su mandato, habría elecciones generales por voto popular, pero si la vacante doble ocurre en los últimos dos años de mandato, la elección se haría indirectamente por el Congreso. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (PMDB), podría solicitar y obtener a la Presidencia de la República con los votos de una mayoría de 594 diputados y senadores.

Verónica Egui 

Comentarios (1)

Francisco Esteban Somana
28 de marzo, 2016

Esta es probablemente la crisis mas grande en toda la historia de brasil: economica, politica, etica y depronto hasta futbolistica, vamos a ver como les va con los juegos de rio.

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