A continuación podrá leer el informe económico que Felipe Pérez Martí preparó sobre la propuesta de Decreto de Emergencia Económica, un trabajo realizado a petición de la Comisión especial de la Asamblea Nacional que evaluó el Decreto de Emergencia Económica.
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Estimado diputado José Guerra
y demás miembros de la Asamblea Nacional.
Por esta vía respondiendo a su solicitud, yo, economista Felipe Pérez Martí, CIV 4.447.052, les remito mi opinión sobre la propuesta de Decreto de Emergencia Económica Número 2.184. Publicado en la Gaceta 40.828.
Después de leer y considerar el decreto, debo decir que estoy en desacuerdo con su aprobación. La razón principal es que parte de un diagnóstico equivocado, y que pretende seguir con la misma política económica que produjo la emergencia, empoderando aún más a quien, con todo el poder bajo su mando, tanto económico como institucional, no sólo no evitó la situación en la que estamos, sino que la produjo directamente como consecuencia de su actuación en materia de políticas públicas, en particular en su formulación y ejecución de la política económica.
Es cierto que la situación es catastrófica, como lo dijo el presidente Maduro en la presentación del decreto. Las manifestaciones de esa catástrofe son la altísima inflación, la más alta del mundo; la agravada escasez de alimentos y medicinas; la contracción de la producción, especialmente en los sectores transables (agricultura e industria manufacturera); el empobrecimiento de la población, especialmente de los trabajadores, por la pérdida del poder de compra de su salario. Esos datos son conocidos por todos, y ahora reconocidos en parte, y tardíamente, por el gobierno.
Pero hay que decir claramente que se trata de una crisis completamente artificial. Que se debe a los desbalances macroeconómicos creados por la política económica:
1. Desbalance en lo fiscal, manifestado en más de cinco años seguidos con un déficit de más de 10% del PIB.
2. Una emisión de dinero para financiar esos déficits en más de un 70%, generando un desbalance monetario, que, en vez de controlar la inflación, la produce.
3. Un régimen cambiario:
3.1. Que implica unas oportunidades de arbitraje tan grandes, que incentivan y sustentan procesos de sobrefacturación y comisiones gigantes, que implican grandes transferencias de ganancias desde el estado a los corruptos, tanto públicos como privados.
3.2. Que implica que el subsidio implícito llegue a los sectores a los que se pretende beneficiar, cuando se pueden tener otros mecanismos de subsidios y redistribución de ingreso realmente eficientes, sin regalar las divisas que pertenecen a todos, en particular a los pobres y la clase media, a través del gasto bien diseñado del estado, por vía de los programas sociales respectivos.
3.3. Que significa una sobrevaluación de la moneda a niveles aún más grandes que los que naturalmente tenemos por la enfermedad holandesa, que producen incentivos a las importaciones, y desincentivos a las exportaciones no petroleras, exacerbando el rentismo, el subdesarrollo productivo nacional, y la dependencia del petróleo en lo fiscal y lo productivo.
3.4. Que impide tener soberanía monetaria, pues fija la tasa de cambio, determinando que una emisión de dinero que no tenga como fin la defensa de esa tasa, va a implicar una devaluación no deseada del valor externo de la moneda, además de una devaluación de su valor interno (inflación), que van juntos.
3.5. Que por esto mismo contradice la posibilidad del financiamiento del déficit mencionado arriba, y que produce innegablemente la inflación que padecemos, tanto por la incompatibilidad de las dos políticas (monetaria y cambiaria), como por la cuantía de la emisión monetaria, sin una contrapartida de créditos reproductivos.
4. Una política de precios que responsabiliza de la inflación al sector productivo, cuando la causas de la misma son las políticas cambiaria, fiscal, y monetaria. Que controla el precio de rubros cuyas industrias no son monopólicas, para frenar la inflación por la vía del control de los síntomas, sin controlar las causas.
5. Una política institucional de trabas al ejercicio productivo normal y de comercialización, y de expropiaciones generalizadas, arbitrarias, discrecionales, que no obedecen a una política de producción de bienes públicos (como la construcción de vías de interés colectivo), sino a guerras políticas e ideológicas mal concebidas.
6. Una política laboral que no obedece al interés de los trabajadores, sino que persigue castigar a los empresarios, con efectos nefastos no solo sobre los incentivos a la inversión privada, sino, paradójicamente, sobre el bienestar de los asalariados.
7. Una política institucional de dominio de los poderes judiciales, contralores, fiscales que no garantizan la justicia para todos por igual, sino que benefician a una parcialidad política, en contra del resto de la población. Lo cual desestimula las reglas de juego claras que necesita el sector privado, y todos los ciudadanos en su esfuerzo productivo y de trabajo.
8. Una política de subsidios que genera redes de corrupción generalizadas, y que genera competencia desleal para el sector productivo interno, sin que se traduzca en medios efectivos de redistribución de la riqueza.
9. Una política de precios de la gasolina que implica un desangramiento de las finanzas públicas, por un lado, e incentivan el contrabando, y el desestímulo de la actividad productiva en la frontera, además del uso ineficiente de la energía, con efectos dañinos sobre el ambiente y sobre el bienestar de los ciudadanos que deben pasar horas en las colas de vehículos en las grandes ciudades.
10. Una política de subsidios por la vía de Petrocaribe a países “amigos” mientras nuestra economía está en una situación de requerir transferencias de los países solidarios, y no desangramiento adicional por la vía del regalo de recursos que nos son indispensables.
En fin. El decreto persigue seguir con las mismas políticas económicas de control. Y pide más capacidad de control a quien ha tenido todo el poder imaginable para controlar, pero no ha podido hacerlo, pues una manera de caracterizar la crisis es el descontrol total en que se encuentra el país desde todo punto de vista.
De hecho, cualquier programa de estímulo a la producción por la vía microeconómica, con lo de los nueve motores productivos, que no corrija los desbalances macroeconómicos, está destinado al fracaso, como han fracasado los programas similares hechos a lo largo de todos estos años. No solo las empresas capitalistas han fallado, sino las socialistas, y las del estado. Porque el entorno macroeconómico en que se han desarrollado ha sido completamente adverso. Seguir con ese tipo de visión de política económica alimentaría una ilusión errónea, una estafa adicional para el país.
Por lo dicho, lo que hace falta es que el gobierno mismo se declare en emergencia para cambiar sus políticas económicas macroeconómicas, corregir las fallas artificiales que producen la crisis; no declarar el país en emergencia para poder permitir a quienes son responsables de la catástrofe, el seguir profundizándola. La emergencia en que se debe declarar el gobierno, a su interior, implica también un diálogo sincero con la oposición en la Asamblea Nacional, para cohabitar, y promover el nombramiento de autoridades mutuamente aceptables en el juego democrático en el Tribunal Supremo de Justicia, en el Consejo Nacional Electoral, en la Contraloría General, en la Fiscalía, y el la Defensoría el Pueblo. La emergencia es tal, que requiere que todos participemos, voluntariamente, pacíficamente, a través del diálogo y el trabajo conjunto, sin exclusiones, para resolver el problema en el que el gobierno nos ha metido. El gobierno debe reconocer sus errores también porque con eso obedece la voluntad popular expresada el 6 de Diciembre pasado, que pide cambio, que pide diálogo, y que pide sensatez, y atender a las personas, en particular las más vulnerables, y no las ideas, convirtiendo la gestión en una empresa fanático-religiosa sin ningún sentido moderno desde el punto de vista de la ideología socialista democrática, o de izquierda progresista.
La nueva Asamblea Nacional debe dar un rotundo “no” a este decreto, y ofrecer al gobierno la colaboración para emprender conjuntamente, con todo el apoyo necesario, un cambio de política económica, con un equipo económico adecuado, en particular en el Banco Central, con los cambios de leyes para corregir los errores de leyes equivocadas en sus diagnósticos y sus efectos nefastos. El gobierno debe asumir sus responsabilidades cambiando sus políticas para arreglar la situación, y puede hacerlo por las vías normales. También debe contar con el apoyo de los diputados recién electos, para que, por la vía normal, puedan cambiar de manera expedita dichas leyes, y nombrar a gente idónea en todos los poderes mencionados. Es crucial garantizar una compensación adecuada a los sectores más vulnerables durante un ajuste económico e institucional. El cambio debe ser rápido, sólido, bien diseñado, por un equipo que sepa, y con apoyo político de todos los sectores nacionales.
Medias tintas, o demoras, o peor aún, seguir con más de lo mismo, como lo pretende el mal concebido decreto, son mortales, literalmente hablando, para la población venezolana. Ya basta del dominio de los corruptos, y sus intereses en la política económica. El gobierno pide ayuda. Pide rescate. La Asamblea Nacional debe ayudarlo, debe rescatarlo. No caer en las garras de quienes han mantenido cautivo, secuestrado, al gobierno, y convertir al país en una entidad sin esperanzas de salir de la captura de los corruptos.
Cordialmente,
Felipe Pérez Martí
CIV 4.447.052
Economista UCV
Maestría y Doctorado en Economía
Universidad de Chicago