Inés González tiene 42 años de edad. Es la mayor de tres hermanos y se llama Inés como su madre, Inés Árraga. El apodo de Inesita vino por ser la más pequeña de todas las Inés que hay en su familia. El adjetivo de terrible llegó después, en 2011, cuando volvió a abrir su cuenta de Twitter después de que la anterior, según dijo, fue hackeada. Es maracucha y se autodefinió agitadora de oficio y disidente del régimen cuando escribió su biografía de la red social de los 140 caracteres. Así, @inesitaterrible parece ser el alter ego de una doctora en química que sus allegados describen como una persona tranquila y con bastante sentido del humor.
El 4 de octubre de 2014, Inés fue detenida en Maracaibo por fuerzas de seguridad del Sebin. Su 2.0 lo constata: fue la última vez que tuiteó desde su cuenta personal. Había sido imputada por los delitos de instigación al odio, ultraje a funcionario público y ultraje violento por tuitear sobre la muerte del fallecido diputado Robert Serra. Tras 48 horas en detención, fue presentada ante el juzgado pero la audiencia fue diferida para el día siguiente. El 7 de octubre se presentó nuevamente y se ordenó su privativa de libertad. Fue trasladada a El Helicoide.
Antes de ser enjuiciada, Inés llevaba una rutina sencilla entre su casa, su trabajo y sus amigos. Sus allegados aseguran que es muy estudiosa. Incluso, en su timeline de Twitter se ha autodefinido como una nerd. Siempre le apasionó la química. Luego de culminar sus estudios en 1990 en el Colegio San Vicente de Paúl, estudió Química en la Universidad del Zulia. Sus familiares cuentan que siempre tuvo esa vocación. Se planteó cursar un doctorado para continuar sus estudios en el área: hizo un Magister en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y luego sacó un PhD. en la Universidad de Akron, en Ohio. Trabajó como investigadora en el IVIC.
Su cuarto y su celda no se parecen en nada. Inés ha llegado a compartir celda hasta con quince mujeres más. No obstante, en ambos lugares tiene sus libros sobre química. A su familia le extrañó recibir el pedido de Inés de que le llevaran a El Helicoide sus textos de ciencias, pero se los llevaron. Fueron varias cajas. Los quería para enseñarle química a una compañera, también privada de libertad, que deseaba estudiar Enfermería al salir. Para no desaprovechar el tiempo, Inés le explicó la materia a la muchacha durante su estadía.
Además de Inesita, otros siete tuiteros venezolanos fueron privados de libertad el año pasado por escribir en la red social textos relacionados con el asesinato de Robert Serra: Leonel Sánchez (@AnonymousWar), Víctor Ugas (@VictorUgas), Ginnette Hernández y Lessi Marcano (@Hiipolita), Daniely Benítez (@pretinha76), Abraham David Muñoz (@AbrahamDZ) y María Magalys Contreras (@marletmaga).
Al momento de publicar este post, los tres últimos ya se encuentran en libertad. El resto continúa esperando que se suspendan sus sentencias.
¿Ir a prisión por expresarse en las redes sociales?
De acuerdo con Mariaengracia Chirinos, la coordinadora del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), en Venezuela no existe una regulación específica para Internet que contemple la actuación de los ciudadanos ni del Estado, los proveedores del servicio o los intermediarios, donde figuran plataformas como Google, Twitter o Facebook. Y en el caso de los ochos tuiteros privados de libertad, no existe imputación de delito alguno vinculado con la expresión en Internet, sino por faltas correspondientes con otras normas penales. Según Chirinos, esto ocasiona que las penalizaciones sean excesivas y que los ciudadanos se cohíban de expresarse, pues se genera un tipo de censura y autocensura.
En los países donde no existen regulaciones específicas, Chirinos sostiene que se debe acudir a la esencia de la Libertad de Expresión y de Información, la cual garantiza a los ciudadanos su derecho a expresarse sin ningún tipo de riesgos ni amenazas. “Mientras otros países de la región han ido avanzando en construir un marco civil que regule la actuación de todas las personas con acceso a Internet, en Venezuela eso se ha retrasado y, además, se ha aumentado la aplicación de penas”, agrega la coordinadora del IPYS.
Ahora que sus horas son más largas, que no puede ver Breaking Bad ni va a su trabajo ni revisa las redes sociales, Inés lee y sigue estudiando Química en El Helicoide. Confiesa que al salir quiere retomar su vida y seguir dedicándose a la investigación. En su celda, además de leer textos sobre Química, la maracucha también lee la Biblia. Durante su período activo en Twitter a veces compartía salmos: Perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; #Venezuela.
Inés lleva poco más de nueve meses privada de libertad. Asegura tener fe en su liberación, pues no hay motivos para que no sea pronto: reconoció el delito de instigación pública y pidió disculpas por los comentarios hechos sobre el fallecido diputado. Las propias autoridades desistieron de los otros dos cargos.
¿Se están violando sus derechos?
De acuerdo con Liliana Ortega, directora de Cofavic, desde las protestas de 2014 se han presentado varios problemas en materia de Derechos Humanos. Uno de ellos es el hecho de que toda persona debe ser juzgada en libertad, de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno y los estándares internacionales. No obstante, la forma usual de proceder ha sido la opuesta: primero se efectuaban las detenciones y luego se juzgaba. “Esto causa lo que se conoce como una ‘revictimización’, porque la persona se siente condenada antes de ser enjuiciada”, afirma Ortega.
También hay un acceso limitado a los medios de defensa disponibles y una recurrencia de prejuicios y alegaciones condenatorias antes de que se lleven a cabo los juicios, algo que puede implicar la toma de decisiones preconcebidas. A estos aspectos la directora de Covafic suma las condiciones de los lugares de reclusión, que en muchos casos no cuentan con una asistencia médica de confianza para diagnosticar el estado de salud del recluso.
Este último punto preocupa a Inés y a sus familiares. La tuitera padece de una condición médica llamada endometriosis, caracterizada por fuertes dolores pélvicos y abdominales. Debido a esta enfermedad, Inés no puede tener hijos y, antes de su privativa de libertad, estaba bajo tratamiento para aliviar los dolores. Sin embargo, no ha podido continuarlo desde su reclusión, por lo que su familia pide que la joven sea examinada por un médico de confianza cuanto antes.
Según Ortega, cuando las personas padecen condiciones de este tipo, la situación es extensible a la familia, principalmente por la impotencia que les genera. Por otra parte, el caso de Inés González también ha sido afectado por falsas alegaciones de torturas y violaciones que, de acuerdo con sus familiares, nunca han tenido lugar. Más bien aseguran que el trato ha sido respetuoso y piden que se evite la difusión de información falsa que pueda entorpecer su proceso.
La cuenta @inesitaterrible
Con más de 68 mil seguidores y más de 25 mil tuits, la cuenta @inesitaterrible tiene un índice klout de 60. Es relativamente alto, según este indicador que ubica la influencia de un usuario con respecto a sus seguidores en una escala de 0 a 100 y basa su cálculo en factores como número de seguidores, retuiteos y hashtags.
A pesar de que en su familia sabían que utilizaba Twitter para expresarse y desahogarse, no estaban conscientes del impacto que causaba lo que Inés decía. Ni siquiera ella lo sabía. No fue sino hasta recibir las primeras amenazas por esa misma vía que le pidieron que dejara de tuitear para evitar problemas, pero dicen que la doctora en Química era a veces un poco impulsiva y terca. Así como también es dueña de una fe sobre la cual afianza su esperanza de ser liberada para continuar dedicándose a sus investigaciones de carácter científico.
Desde el primer momento, durante la imputación, tenía miedo pero no se mostraba negativa. De hecho, sus abogados recuerdan que el día que fue enjuiciada, era Inés quien les daba ánimos y decía que todo iba a salir bien. Hoy, en su celda de El Helicoide, le comenta jocosamente a quienes la visitan que ahí no le afectan esos problemas que a todos aquejan, como la escasez. Resulta que la sociedad civil contribuye con los detenidos y les hacen llegar productos básicos: “Aquí no se va ni la luz ni el agua y hay todo lo que afuera escasea: jabón, desodorante y papel higiénico”.
Inés González lleva más de 280 días privada de libertad.