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#Venezuela: La violencia, los discursos de muerte y el Estado; por Verónica Zubillaga y Manuel Llorens

Por Prodavinci | 13 de septiembre, 2014
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Fotografía de Carlos Ramírez para ÚN

 

La violencia en Venezuela ha crecido en cantidad y en crueldad. Más allá del histórico y tradicional lugar común “los pobres son malandros y deben ir presos”,desde hace unos años surge la idea de que “hay que matarlos o dejarlos morir”. Y es más terrible cuando eso sucede en las altas esferas de las autoridades de un gobierno. De cualquier gobierno. La gravedad radica en que mientras quienes deben protegernos piensen que la estrategia es matar, nuestra violencia será más cruel.

En la primera semana de septiembre el ministro Pedro Rodríguez Torres declaró:

Te voy a dar una cifra: de cada 100 homicidios que ocurren en Venezuela, 76 son enfrentamientos entre bandas o enfrentamientos entre bandas y cuerpos de seguridad. Esos 76 fallecidos están contemplados en las estadísticas, pero no son directamente asignables a la seguridad, sino que son diferencias entre bandas que han desarrollado una cultura de la violencia y de las armas tal que la única solución a sus diferencias es matarse unos con otros” (8 de septiembre 2014)

Las palabras de Rodríguez Torres parecen copiadas de las que dijo cuatro años antes el entonces también ministro Ramón Rodríguez Chacín:

El 70% de los homicidios que suceden en Venezuela y la capital son entre las mismas bandas. A mi entender, esos homicidios no afectan a la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es una sensación que tiene las personas. Sin embargo, las incluimos en la cifra. ¿Afecta la sensación de seguridad que las personas deben tener? Eso es discutible entre los criminólogos“, dijo el ministro” (El Universal, 18 de Junio 2008)

Sin embargo, tenemos una colección siniestra de discursos oficiales que revelan que la eliminación de delincuentes (el plomo al hampa) y todo ese paroxismo de una lógica de la brutalidad  ha sido una línea sostenida en el tiempo, algo que como ciclo fatal sólo ha producido más muerte y crueldad.

Desde principios del nuevo siglo, la infausta categoría del “delincuente potencial” esbozada por el Viceministro de Seguridad Ciudadana, Francisco Belisario Landis, para justificar, de nuevo, la muerte de miles de jóvenes entre pares o entre ellos y la policía:

Dijo que desde enero hasta agosto pasado, más de 2.000 “potenciales delincuentes” han muerto por venganza o por desafiar a los organismos policiales, “situación que lamento porque es una población joven que podía entrar en el proceso de rehabilitación, pero estos dejan poco espacio social cuando se caen a tiros entre ellos y con funcionarios policiales”. (El Nacional, 19 de septiembre de 2000)

Esa población joven, como dijo el funcionario, no era ni siquiera delincuente: eran potenciales delincuentes. Como usted. Como nosotros.

En el año 2010, la frase lapidaria del General Antonio Benavides, responsable del “principal operativo de seguridad ciudadana” en Caracas, el DIBISE, justo anterior al Patria Segura, afirmó que “el destino final de todo delincuente es la cárcel o bajo tierra“, dicho en unas declaraciones aparecidas en el canal Venezolana de Televisión el 6 de septiembre.

La semana anterior a la publicación de este texto, las palabras del Ministro de Interior y Justicia revelaron que, por un lado, esta serie de funcionarios conciben que en Venezuela existe una muerte “necesaria” en términos de asepsia social. Por otro lado revelan el desentendimiento y el incumplimiento de su responsabilidad fundamental: la protección de la vida y de los derechos de todos los ciudadanos.

Todas estas vocerías, en medio de una prédica que parece proponer la matanza, olvidan que:

1. Todos los ciudadanos venezolanos tienen derechos humanos universales y es un atributo fundamental del Estado proteger a los ciudadanos y velar por la pacificación de las relaciones sociales. Si no han podido cumplir su función/razón de ser, deberían renunciar. El Estado ha sido evidentemente ineficaz resolviendo el problema de la seguridad, algo que queda reflejado en el incremento de las cifras de asesinatos anuales y las decenas de planes de seguridad que han sido anunciados.

2. La crónica falta de justicia en las comunidades más vulnerables ha producido duelos que desencadenan venganzas. Se trata de duelos que se reproducen como en las regiones en guerra.  La inoperancia del Sistema de Justicia también es una responsabilidad estatal.

3. Los varones que pertenecen a bandas no son “naturalmente” violentos ni desviados. Las magnitudes de muertes que tenemos revelan que son prácticas masivas de respuesta frente al desamparo. En las biografías de varones que hemos realizado durante años se revela que, antes de integrase a las bandas delictivas, fueron jóvenes acosados por varones mayores armados y, frente al abandono oficial, consiguen un arma para defenderse. Este tipo de hitos marcan generalmente el inicio en trayectorias de violencia. Además, ¿no sabrán estos funcionarios que en algunos barrios la gente confía más en los varones armados de su sector que en la misma policía, a quien sólo conocen por sus abusos intermitentes?  Las fronteras entre los malos y los buenos son mucho más difusas de lo que los ministros dejan ver.

4. Los homicidios pudieron descender en este último año, pero las muertes clasificadas como casos de resistencia a la autoridad vienen aumentando significativamente. Además, y en un ritmo regular, también han aumentado los usos de la categoría averiguación de muertes. No se trata, entonces, de un descenso en los asesinatos sino, por el contrario, de un aumento y una diferente asignación taxonómica.   Puede presumirse, más bien, que agentes del Estado participan en las muertes violentas que luego son clasificadas como resistencia, contribuyendo al aumento de la violencia, la zozobra y la conflictividad social opuesta al sentido de seguridad ciudadana.

5. Las respuestas estatales ante la violencia urbana en las últimas dos décadas han consistido en operativos militares represivos. El Plan Patria Segura sigue esta línea recrudecida llamada en el continente Mano Dura y desplegada sobre todo en Centroamérica. Estas políticas no sólo han resultado un fracaso: han producido más violencia, tanto en las calles como en las prisiones. Los delincuentes duros simplemente se han organizado y armado más ferozmente. En esta línea, el Estado es un agente más que termina azuzando la violencia y su brutalidad.

6. El miedo (o la sensación de inseguridad, como la llaman los funcionarios, queriendo subrayar que esta sensación no tiene arraigo en la realidad) no proviene especialmente de los relatos aparecidos en los medios de comunicación. El miedo es, principalmente, una consecuencia de los relatos veraces de personas cercanas, con quienes compartimos el mundo. Es decir: quienes tienen nuestras mismas rutinas, visitan los mismos lugares, usan los mismos modos de transporte, etcétera. Cada uno de nosotros tiene relatos de agresiones y muertes cercanas. Nosotros, los autores de este post, tenemos dos. Las señoras con quienes trabajamos en un barrio caraqueño tiene, cada una, uno o dos hijos muertos. Incluso hay testimonios de hasta siete familiares cercanos asesinados. Narrarnos nuestras tragedias es lo que nos convence de manera definitiva y radical de que el lugar donde vivimos se ha convertido en escenario de desamparo y muertes.

7. La ausencia de políticas de control de armas y municiones es el signo más evidente, tanto de la irresponsabilidad oficial como de su responsabilidad ante la violencia. La falta de atención a las plataformas de inclusión para jóvenes de barrios, olvidados por las políticas del proceso bolivariano, los convierte en reclutas de las bandas criminales. Y ésa es otra gran deuda que sólo contribuye a prolongar la violencia. Las desigualdades persisten y la gente en los barrios, a pesar de tener más ingresos, vive todavía en muy adversas condiciones y sobreexpuesta a riesgos ambientales.

8. La efectividad policial no está reñida con el respeto a los derechos humanos, al contrario. Para los jóvenes se necesitan oportunidades de inclusión. Para los crímenes se necesita una policía civil formada y entrenada en la resolución de casos. No es disciplina militar lo que le ha faltado a la Policía Nacional, como han dicho algunos gobernantes, dictaminando el fracaso de un gran esfuerzo por introducir el respeto a los derechos humanos en la policía. Lo que ha faltado ha sido un mejor y más eficaz entrenamiento en la resolución de casos, además de mejoras sustantivas en la calidad de vida de los agentes policiales.

Mientras nuestros gobernantes propongan la muerte como respuesta a la violencia, así sea disfrazada de inteligencia y cuadrantes urbanos, solo tendremos más muerte y brutalidad. Norbert Elias, en su clásico texto El Proceso de Civilización (1939), afirma que el proceso de pacificación en Occidente tuvo lugar cuando el Estado comenzó a monopolizar la violencia y se hizo posible la idea de dejar de ser guerreros para empezar a ser ciudadanos. Y eso fue posible porque se dejó a un lado la rabia vengadora generada por la necesidad de desquite típico de la justicia a mano propia.

Es evidente el déficit de un discurso e imaginación política que conciba la convivencia y el conflicto, que son las bases de la política y la antítesis de la violencia, como puntos de partida para la política pública de seguridad ciudadana: una que garantice la protección y el resguardo de la vida de todos los habitantes.

Precisamos una política que garantice inclusión y justicia. No ejecuciones vengadoras y groseramente discriminatorias de operativos como “Madrugonazo al hampa”. No nacemos naturalmente violentos ni ciudadanos. La conducta ciudadana es el resultado, entre otras cosas, de la construcción de una fina y extensa red de transacciones, papeles, infraestructura, que institucionalizados en un sistema de justicia, permiten dirimir las tensiones y conflictos típicos de la vida social través del debate y del diálogo.

La violencia en el país tiene mucho que ver con las acciones o inacciones de este actor privilegiado que es el Estado.

Prodavinci 

Comentarios (1)

Roldán esteva-Grillet
13 de septiembre, 2014

Según el turbio razonamiento del ministro Rodríguez Torres, las “maras” del Salvador no son un problema de seguridad porque se matan entre ellas… Tampoco los asesinatos y descuartizamientos ente los grupos narcos de México. es decir, que hay que dejar que se maten, aunque en el medio caiga gente inocente, pues en el fondo “limpian” la sociedad de su propia escoria.

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