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Crece la impunidad en Venezuela; por Franz von Bergen

Por Franz Von Bergen | 15 de julio, 2014

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Son casi las 8 de la noche del 19 de febrero de 2014 en la urbanización Tazajal, de Valencia. Geraldine Moreno, de 23 años, ve junto a unos amigos menores que ella una protesta que se efectúa a unos 200 metros. De repente aparece un grupo de motorizados de la Guardia Nacional Bolivariana y reprime la manifestación. Tras hacerlo, se conducen hacia el punto donde se encuentra Moreno, que se tropieza y cae a pocos metros de la entrada de su edificio. Una moto se detiene y un funcionario se baja. Se acerca a la joven y le dispara 2 perdigonazos en la cara. 4 días después, la muchacha muere en un hospital valenciano. 135 días después, los 3 militares detenidos por el hecho son liberados con medidas cautelares y régimen de presentación.

Es la tarde del 12 de febrero de 2014. La primera marcha a la que asiste Marco Coello, de 18 años, termina mal. Se generan disturbios en el centro y los manifestantes se enfrentan con piedras contra las fuerzas del orden cerca de la sede del Ministerio Público. En medio de la riña, el joven es detenido junto a otro muchacho, Christian Holdack. Los dos jamás se habían visto. Sin embargo, más de 150 días después, ambos continúan presos por instigación a delinquir, agavillamiento, daños materiales e incendio.

“Tratan de dar el mensaje de que es mejor no protestar. Todo está perfectamente planificado para crear miedo y pánico en la ciudadanía. Quieren que la gente piense que si te atreves a manifestar seguramente serás víctima de una detención arbitraria y muy probablemente se violarán tus derechos humanos y los autores de esas ofensas nunca pagarán por sus crímenes. Esa es una de las razones por las cuales cesaron las protestas”, afirma José Vicente Haro, abogado constitucionalista y profesor de la UCAB.

El especialista habla con propiedad. Desde el 12 de febrero le tocó atender decenas de casos de jóvenes que fueron detenidos por el simple hecho de tomar fotografías en una concentración o llevar pancartas con mensajes políticos. Muchos fueron víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales durante su tiempo de reclusión. Esa situación es confirmada por las mismas cifras oficiales del Ministerio Público, que entre el 12 de febrero y el 11 de junio de este año abrió 189 investigaciones por delitos de este tipo: 2 homicidios, 2 casos de tortura y 185 de trato cruel.

Liliana Ortega, directora de Cofavic y abogada especialista en DDHH, coincide con Haro [Lea la entrevista completo haciendo click acá]. Advierte que el Gobierno está utilizando la administración de justicia como “una herramienta de venganza política”. “Las autoridades emiten juicios sobre los casos e intentan localizar a las víctimas en una posición política. Hay un doble rasero para investigar”, considera.

La impunidad: el arma. Un arma fundamental del plan que denuncia Haro es la impunidad. Sólo 15,87% de los casos abiertos por la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público fueron concluidos. Del total, los responsables de 3,17% de los casos fueron acusados, mientras que los autores de 11,6% fueron dejados en libertad. En el resto, 84% de las investigaciones, los implicados siguen libres y los procesos están detenidos en su mayor parte. Esto se traduce en un dato muy llamativo: sólo 8,78% de las 140 personas que siguen privadas de libertad por los sucesos posteriores al 12 de febrero son funcionarios públicos.

“Ya se puede hablar de impunidad porque, aunque la Fiscalía tiene entre 8 meses y un año para desarrollar actos conclusivos, en muchos de estos casos ni siquiera se ha iniciado el proceso de investigación. Diría que más del 90% está detenido y pareciera que se protege a los funcionarios públicos implicados”, considera Haro.

Ortega añade que en las investigaciones ni siquiera se está cumpliendo con el protocolo de Estambul, una metodología internacional que deben usar todos los países miembros de la ONU y que fue diseñada de manera especial para realizar averiguaciones sobre violaciones de DDHH sin que se caiga en un nuevo maltrato contra las víctimas.

“Desde los hechos posteriores a las elecciones del 14 de abril de 2013, vemos que se repite un patrón de impunidad. No se realizan investigaciones independientes ni se dictan medidas de reparación. No hay información creíble sobre las averiguaciones y, meses después de abiertos los procesos, ya deberían haber arrojado resultados. Se sabe que hubo uso desproporcionado de la fuerza, tal como denunciaron la ONU, la OEA y Human Rights Watch”, lamenta la experta.

La falta de información también coloca una sombra sobre las averiguaciones que fueron concluidas. Los acusados por 79,96% de los casos de violación a los derechos fundamentales que tuvieron actos conclusivos están libres. “¿Qué llevó a esas decisiones? Eran denuncias muy graves”, se pregunta Ortega.

“Al final sólo se investigaron los casos más sonados porque tenían encima la presión de los medios. Se atendieron por su trascendencia e importancia política. El resto, la mayoría, quedó impune”, denuncia Haro.

Para que las víctimas guarden silencio y el tema quede en el pasado, el abogado alerta que se inició un proceso de persecución e intimidación. “Todos los días, el Sebin cita a personas para que declaren por horas y horas sin la presencia de abogados. Es un plan de represión selectiva contra los ciudadanos de a pie. Eligen a la gente por videos o si la vieron llevando comida o agua a los campamentos de estudiantes que se montaron en los meses de la protesta. Luego llegan a sus casas con citaciones”, explica.

De igual forma, las víctimas de casos de violación de DDHH están siendo amenazados para que desistan de sus denuncias. Haro recuerda el caso de Moisés Guanchez, un muchacho al que funcionarios de la GNB le dispararon perdigones en los testículos. “Le dijeron que lo hacían para que no fuera padre y para que tuviera que meterse a homosexual. Los militares siguen libres y le mandan mensajes diciéndole que se vengarán de él y de su familia si la ley los persigue”, relata el abogado.

En sus puestos. La falta de sentencias permite que los funcionarios públicos permanezcan en sus puestos de trabajo pese a estar siendo investigados. Ese es el caso de varios efectivos del puesto de la Policía Nacional Bolivariana en Gato Negro, Caracas. “Allí ocurren diariamente violaciones de los DDHH, pero siguen los mismos policías”, denunció el abogado de la UCAB.

Uno de los delitos más escandalosos que se dio en ese lugar fue el conocido como “Caso de Andrew”. El nombre de la víctima no puede ser revelado porque tiene 13 años, hecho que no lo libró de quedar recluido por casi un mes. Como se solicitó que no fuera puesto junto a los reos comunes, el abogado cuenta que lo colocaron en un pequeño cuarto donde caían desechos sólidos y líquidos de los reos. En la noche lo llevaban a una celda con otros presos y lo amenazaban con que sería violado si se quedaba dormido.

“Estos son casos aberrantes. Se hicieron las denuncias, pero no hay funcionarios procesados, como sí ocurrió con gente que fue detenida simplemente por protestar”, afirma Haro.

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Franz Von Bergen 

Comentarios (1)

Gladys Pérez
18 de julio, 2014

He sido víctima del Poder Judicial en Nueva Esparta, al quitarme la Custodia de mi hijo menor, para otorgársela a mi esposo, imputado por Violencia de Género Psicológica,desde el 2009, con una sentencia de Manutención de Alimentación sin homologar, adultero y con antecedentes, con ayuda de la Defensoria Pública del Niño. Niña y Adolescentes (LOPNA), manipularon el expediente, omitieron mi declaración y las pruebas en la audiencia, colocaron lo que “no dije”, etc……..todo por él tener familiares y conocidos dentro del gobierno, lo peor es que, no he visto a mi hijo, desde el mes de Enero. Y el Ministerio Público y la Defensoria me dicen que busque a un abogado particular porque ya no es de su competencia. Coloque la denuncia en la Defensoria del Pueblo….ya veremos!

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