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El contrabando de cigarrillos en Venezuela: un negocio oscuro; por Carjuan Cruz

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1. Venezuela fuma contrabando. A dos cuadras de la Asamblea Nacional está el puesto improvisado de Vilma. Tiene cuatro teléfonos celulares que alquila, y una caja de plástico con compartimentos donde ordena los cigarrillos que vende al detal. Hay Cónsul y Belmont, y también otras marcas menos reconocidas, Marine e Ibiza. Cuestan dos bolívares menos, pero igual le toca dar su voto de confianza para garantizar su venta: “Yo lo fumo y no está mal”. Quizás Vilma no lo sabe, pero esos dos productos no tienen el permiso de salud requerido en Venezuela; entraron por la frontera sin la evaluación respectiva y sin pagar impuestos. Son parte de los lotes de contrabando que hay el país.

Y no es poco lo que esto significa. Las marcas ilegales que se comercializan en Venezuela representan 17% del mercado de cigarrillos. Se trata de 80 millones de cajetillas al año, según cifras manejadas en el sector, las cuales no pagan impuestos al Fisco y no cumplen con las exigencias del Ministerio de Salud para este producto.

En Venezuela la cadena comienza en la frontera, sobre todo en La Guajira, por donde entra esta mercancía de forma ilegal. Desde ahí se expande la distribución al estado Zulia, Táchira, y el centro del país. Y adquirirlos para la comercialización final no es difícil.

Pedro, un comerciante informal que expende cigarrillos frente a la estación del Metro de Petare, cuenta que un conocido le vende pacas de Marine, Ibiza o Rumba, una vez a la semana, sin mucho trámite. Cuenta que la gente los está comprando cada vez menos, no porque sepan que son ilegales, sino porque su precio ha subido y ya es poca la diferencia entre su costo y el de las marcas de más tradición en el país.

Y es que el precio de estas marcas va al ritmo del dólar paralelo. Mientras hace un año la cajetilla de esos cigarrillos podía costar entre cuatro y ocho bolívares, ahora está entre 18 y 20 bolívares. La brecha entre el costo de las marcas legales y las que entran de contrabando disminuyó considerablemente.

2. Clandestino y dinámico. Pese a que el precio viene subiendo, el negocio sigue latente. Bandas delictivas trasladan la mercancía por carreteras y autopistas del país, paquetes y cajas escondidos en comportamientos circulan por las carreteras venezolanas, casi siempre en camiones de carga media y carga pesada (350 o 750).

Hace apenas dos meses se decomisaron 89 bultos de cigarrillos ilegales en un operativo entre la Policía Bolivariana del Zulia y el Centro de Coordinación Policial de la Guajira. Y, según el director encargado, Julio Yépez, la mercancía provenía de Colombia.

Se trata de grupos delictivos, algunos encargados de pasar la mercancía desde Colombia a Venezuela, otros de recibirla en el estado Zulia sobre todo, y distribuirla. De hecho, la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) de la Policía de Aragua desmanteló una banda de 15 personas, llamada “Los Cigarreros”. Según este cuerpo de seguridad, ese grupo traía la mercancía de Colombia por la frontera con Zulia; y al momento de atraparlos, llevaban 3 mil cajetillas de cigarros ilegales.

Pero en rasgos generales todavía hay mucho por hacer. En 2012 y 2013 el gobierno venezolano ha logrado incautar entre 50 y 60 millones de cigarrillos ilegales al año; una cifra que se queda pequeña ante el movimiento de ese mercado clandestino.

La situación apremia, no sólo por la cantidad de dinero que pierde el fisco nacional en impuestos, sino por los riesgos que implica para la salud de quienes fuman estos cigarros, en su mayoría personas de las clases sociales D y E, según estudios de mercado del sector. Y es que los centros finales de distribución son buhoneros en primera instancia, y en menor escala bodegas o abastos, mayormente en zonas populares del país.

El peligro principal, y al mismo tiempo una de las formas de reconocer el producto ilegal, es la ausencia de una fecha de vencimiento, lo que da carta abierta para que los cigarrillos pueda estar almacenados por mucho tiempo sin garantía alguna de calidad.

Según fuentes consultadas del sector, al pasarse la caducidad de una cajetilla, puede infestarse de los conocidos coquitos. Pero hay situaciones más extremas. El producto no está relleno al 100% de tabaco, y suele completarse con otra materia, como aserrín, y hasta excremento de animal. Todas estas posibilidades terminan haciendo que el cigarro sea “más fuerte”.

Si bien los operativos de decomiso e investigaciones abiertas a las bandas detenidas intentan controlar este mercado ilegal, existe una vía más expedita que pudiera combatir con más fuerza el contrabando de cigarrillos: la prohibición de su venta al detal.

Venezuela está inscrita en el Convenio Marco para el control de Tabaco, junto a 177 países. Y ratificó su compromiso en el 2005. Dicho protocolo establece la responsabilidad de velar por el control del producto lícito e ilícito. Y una de las clausulas plantea la prohibición de la venta al detal de cigarrillos. Pero hoy en el país no existe ninguna regulación contra la venta por unidad de cigarros. El sector está a la espera de esa aplicación.

3. Evasión y Altas esferas. Sumando el Impuesto sobre la Renta, el IVA, los impuestos a la municipalidad y el impuesto al cigarrillo, Venezuela se ubica entre los países que más cobra tributo por la venta de este producto: específicamente un 72%.

Tomando en cuenta ese porcentaje, fuentes del sector aduanero y tributario indican que el Fisco deja de percibir alrededor de 1.600 millones de bolívares al año por las cajetillas que se comercializan en el país sin permisos y sin pagar los impuestos exigidos.

La disparidad en el peso tributario entre los distintos países de la región es una de las principales causas del contrabando de cigarrillos. Según un documento presentado a la Asociación Internacional de Productores de Tabaco (ITGA por sus siglas en inglés) sobre el mercado tabacalero, en Latinoamérica se maneja el 21% del contrabando de este sector: alrededor de 105 billones de cigarros.

En Paraguay, centro principal de producción de las marcas ilegales que entran a Venezuela, los tributos que se deben pagar son de apenas 7%. Su producción entra a Aruba y desde ahí llega a Colombia, y luego a nuestro país.

Según el diario El Tiempo de Colombia, las marcas Marine e Ibiza, que se envían hacia La Guajira, son manufacturadas por Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), propiedad del actual presidente de Paraguay, Horacio Cartes. El cuerpo de seguridad holandés de la RST –Special Policial Taskforce– lleva a cabo una investigación con autoridades colombianas, para indagar sobre otras dos empresas en Paraguay. Los cálculos de las averiguaciones estiman que estas operaciones podrían alcanzar la suma de 200 millones de dólares en blanqueo de capitales.