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Odio y reconciliación, por Jorge Volpi

Odio y reconciliación, por Jorge Volpi 640

El 14 de junio de 1983, Alberto Uribe Sierra comía con dos de sus hijos en su hacienda antioqueña de Las Guacharacas —una finca de dos mil hectáreas cerca del río Nús—, cuando unos desconocidos se aproximaron a la casa principal. En cuanto los distinguió, el empresario no tuvo dudas: eran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dispuestos a secuestrarlo. Tras un ríspido intercambio de palabras, el patriarca desenfundó su pistola y disparó contra los intrusos, que le respondieron con una descarga de sus rifles de asalto. Horas más tarde su hijo, Álvaro Uribe Vélez, quien acababa de ser obligado a abandonar su puesto como alcalde de Medellín, se enteró de la noticia.

Con este antecedente, sumado a decenas de amenazas, extorsiones y atentados por parte de las FARC, no resulta extraño que el expresidente, acusado una y otra vez de alentar y proteger a los grupos paramilitares, sea el principal enemigo del proceso de paz que actualmente se lleva a cabo entre el gobierno de Juan Manuel Santos, su antiguo delfín y hoy archienemigo, y los representantes de la última guerrilla marxista de la región. El asesinato de Uribe Sierra no fue sino un eslabón más en la cadena de atrocidades perpetradas por las FARC desde los años sesenta —que van de los secuestros indiscriminados a los atentados con niños-bomba—, pero resulta el más lacerante porque su impronta podría alejar al país de su camino hacia la reconciliación.

Por ello, en las votaciones que se celebran este domingo los colombianos no están llamados tanto a discernir entre cinco candidatos y cinco proyectos políticos distintos-la reelección de Santos o la alternancia con los otros dos punteros Óscar Iván Zuluaga, el heredero de Uribe, o Enrique Peñalosa, el antiguo alcalde de Bogotá, el tercero en discordia-, como a decidir si deben mantenerse las conversaciones que podrían acabar con la guerra civil que desangra al país desde hace medio siglo o volver a la confrontación militar. Las elecciones, que en las últimas semana se han despeñado en una inédita bajeza, se han vuelto así plebiscitarias.

Aunque la reelección de Santos parecía asegurada, su torpeza en el manejo de la destitución del actual alcalde de Bogotá —el antiguo miembro del M-19 Gustavo Petro—, los incesantes ataques y calumnias de Uribe, las filtraciones de sus nexos con el siniestro asesor electoral venezolano Juan José Rendón, acusado de tener vínculos con el narco, y su propia incapacidad para defender las negociaciones de La Habana por temor a perder a su electorado natural de derechas, han erosionado su apoyo al grado de que las últimas encuestas lo sitúan en segundo lugar. Para colmo, un nuevo escándalo le ha dado un giro imprevisto a la recta final de la campaña: en un video difundido por la revista Semana, ahora Zuluaga aparece al lado de un hacker dispuesto a obtener información confidencial del proceso de paz. La zafiedad de estas filtraciones da cuenta de la guerra sin cuartel entre las dos facciones y la magnitud de lo que se decidirá en las urnas.

Como demuestran casos como los de Sudáfrica, la antigua Yugoslavia, Ruanda o Perú, cualquier proceso de reconciliación, luego de décadas de agravios entre dos facciones en pugna, siempre resultará arduo y doloroso. Como recuerda el novelista Santiago Gamboa en su ensayo La guerra y la paz, las víctimas de uno y otro bando siempre aducirán legítimas razones para resistirse a olvidar: se necesita una enorme grandeza de ánimo para dialogar con nuestros enemigos. De allí que alguien como Uribe, una víctima directa de las FARC, sea el actor menos indicado para opinar sobre el proceso.

Este domingo, los colombianos deberán elegir, pues, entre dos versiones contrastantes de su historia y entre dos futuros posibles. Según la visión de Uribe, difundida sin tregua por Zuluaga, los guerrilleros son meros terroristas que no merecen otra cosa que la cárcel. Las injusticias inherentes al sistema quedan disimuladas, lo mismo que la violencia paramilitar. En el relato contrario, no se olvidan las barbaridades de las FARC, pero se asume que, si tantos colombianos se adhirieron a su causa, fue en buena medida porque el estado jamás se preocupó por ellos y los excluyó por completo del bienestar. La elección se definirá, pues, entre quienes apuesten por lo natural, preservar el rencor, y quienes se decanten por lo que en verdad es arriesgado: más que perdonar, integrar a los viejos enemigos en un nuevo acuerdo social.