En una rueda de prensa reciente, el Partido Comunista de Venezuela señaló que la crisis económica del país debía atenderse de manera urgente y eficaz para evitar una situación de gobernabilidad comprometida. Ante esta posibilidad, nos permitimos consultarle al economista y director de la firma Ecoanalítica sobre este tema:
1. ¿Considera usted que la crisis económica puede generar una crisis de gobernabilidad?
Una crisis económica no necesariamente lleva implícita una crisis de gobernabilidad. Sin embargo, para un gobierno chavista, acostumbrado a tener altos niveles de aprobación popular, la crisis económica es peligrosa, antipática. Hasta ahora, el chavismo ha sido astuto en correr la arruga, postergar los ajustes necesarios y encontrar culpables (la mayoría de las veces imaginarios) a los problemas económicos. Pero, en el momento actual, la situación es diferente. Los recientes estudios de opinión no sólo muestran que el problema económico ha cobrado importancia en la escala de preocupaciones del colectivo, sino también que el Ejecutivo se muestra incapaz de resolverlo.
Y es aquí donde el gobierno se encuentra en una trampa: la economía venezolana está en un punto donde para recuperarse necesita de medidas de “ajuste” (aunque el término correcto debería ser “sentido común”) que no son populares, por lo que el Ejecutivo se resiste a tomarlas. Y en la medida que no las toma la situación empeora y, con ello, aumenta el descontento de la gente. De esta forma, lo que vemos es una economía en deterioro que se encuentra en la cola de América Latina y un gobierno preocupado más por su supervivencia que por generar bienestar a la gente. Más que ingobernabilidad, lo que la crisis económica está provocando es un gobierno que se paraliza.
2. ¿Usted cree que se están tomando las medidas adecuadas para salir de la crisis? ¿Por qué?
La crisis económica que vive Venezuela necesita un cambio en el set de políticas económicas que se han aplicado hasta ahora. Lamentablemente, esto no parece asumirlo todavía el Gobierno. Las medidas que el Ejecutivo Nacional ha tomado hasta ahora y las que se han anunciado apuntan más bien a oxigenar al gobierno, a darle un respiro, antes que a sanear los múltiples desequilibrios que padece la economía venezolana.
Las medidas se han tomando en cuatro frentes:
El primero es en materia petrolera, con la firma de financiamiento a empresas mixtas y ventajas en el marco del establecimiento del SICAD II, unas medidas que apuntan a evitar que la producción de petróleo (y por ende los ingresos en divisas) sigan cayendo y en las que aquello de superar el rentismo no aparece por ningún lado, aunque se utilice como retórica.
El segundo ha sido incrementar por la vía informal y velada los precios de artículos de primera necesidad, como una medida desesperada para paliar la escasez que se encuentra en su máximo histórico, un fenómeno íntimamente asociado con el descontento popular con la gestión del gobierno.
Tercero, una devaluación significativa en el tipo de cambio ponderado de la economía (con la migración de rubros desde CENCOEX a SICAD I y el establecimiento de SICAD 2), medida que beneficia al gobierno como principal (y casi único) exportador al mejorar su déficit fiscal.
Y por último, aunque hasta ahora sólo son anuncios, el incremento en las tarifas de servicios públicos como la electricidad y en el precio de la gasolina, otras medidas desesperadas pensadas para paliar el déficit de caja y no necesariamente como un cambio en la estructura de incentivos de reparto de la renta petrolera que ha imperado en Venezuela.
Este conjunto de cuatro frentes de acción busca mejorar la situación de caja en el gobierno y evitar que el descontento crezca.
Hasta ahora no hay una evaluación ni un mea culpa de por qué llegamos hasta aquí. Lo único que tenemos es la frase del Vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez: “el modelo económico del chavismo ha sido exitoso”. La frase más que provocar risa, debería preocuparnos.
3. ¿Cree que el Capítulo Económico de la Conferencia de la Paz puede tener resultados positivos?
Lo normal en cualquier país que se precie de ser civilizado es que los diferentes actores sociales dialoguen y concreten acuerdos, en beneficio de las mayorías. Partiendo de este principio, es positivo un marco donde gobierno y sector privado confronten sus puntos de vista. Ahora bien, la desconfianza mutua prevalece.
Por el lado del gobierno, desde los sucesos de 2002-2003 se tiene la certeza de que el sector privado es un enemigo, un actor político al cual hay que someter y neutralizar, pues en la percepción de los burócratas gubernamentales un sector privado fuerte hace vulnerable al Gobierno. Por el lado del sector privado, el Ejecutivo Nacional sólo ha puesto trabas a su operación, además de desconocer legítimos derechos de propiedad. Y, lamentablemente, no creo que la actual ronda de diálogo logre cambios significativos en estas percepciones.
El Ejecutivo se sienta con los privados porque necesita compartir culpas y, en cierto modo, hacerlos responsables del ajuste. Es un tema de foto, de percepciones. Los privados no pueden dejar de reunirse con el gobierno porque hay demasiados temas pendientes que necesitan ser resueltos, destacando uno donde el Ejecutivo tiene pleno control: las divisas. Así que es muy probable que, aunque la desconfianza no desaparezca, ambas partes logren (parcialmente) algo de lo que buscan. Todo esto en medio de un país que está expectante y un modelo que sigue intacto.
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