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1999-2014: ¿una reforma o una revolución?, por Richard Obuchi y Anabella Abadi

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Los evidentes dificultades económicas que experimentamos los venezolanos en el 2013 –escasez, inflación, problemas laborales, baja productividad, alta dependencia de las importaciones, distorsiones en el tipo de cambio, financiamiento monetario del déficit, entre otros problemas que han afectado la dinámica económica y la calidad de vida del venezolano- sugieren que el 2014 va a ser un año clave en términos de definiciones y características de las políticas públicas de Gobierno Nacional.

El dilema que enfrenta el Gobierno –y que plantea una incertidumbre clave que afecta a todos los venezolanos– reside en si el gobierno sólo va a intentar reformas parciales –sin modificación en el fondo de la orientación de las políticas públicas– o si está dispuesto a ir a un cambio “revolucionario” y abandonar al menos en algunas áreas elementos que han sido características fundamentales de lo que se ha denominado el “Socialismo del Siglo XXI”.

De dónde venimos: el modelo heredado

Las políticas del Gobierno Central durante los últimos 15 años –pero particularmente a partir del 2003- han estado orientadas hacia lo que se ha llamado el “Socialismo del Siglo XXI”. Más allá de los debates ideológicos, János Kornai, prestigioso economista de origen húngaro considerado la máxima autoridad en el estudio de las economías socialistas del siglo XX, indica que desde el punto de vista económico un sistema socialista “clásico” se define por tres características fundamentales[1]:

1. Hegemonía política del partido de Gobierno. Lo cual se traduce en control total de las instituciones y poderes públicos y una clara intención de mantener el control  político de la nación por parte de la coalición en el mando del Gobierno.

2. Rechazo a la propiedad privada y control gubernamental del aparato productivo nacional. Las autoridades gubernamentales tiene una relación al menos antagónica con el sector privado y en los casos más extremos se produce un desplazamiento de la propiedad privada por la propiedad pública.

3. Uso de la planificación central y controles administrativos con el fin de facilitar el control directo de la economía por parte del Gobierno. Dada la importancia del control público de la producción, se opta por mecanismos de asignación de recursos mediantes estructuras administradas por el gobierno en un intento de sustituir la asignación mediante el mercado.

 

Es posible argumentar -con base en esta referencia- que la orientación general de las políticas públicas en Venezuela guarda similitudes con características básicas del funcionamiento de las economías socialistas del siglo XX aun cuando no hayan alcanzado niveles similares de intensidad y existan diferencias claves en otros aspectos tales como la ausencia de represión brutal, la capacidad de generación de ingresos externos con la industria petrolera y el uso estratégico de elecciones. Vale indicar también que muchos de los problemas económicos que se han observado este año han sido acelerados por la clara orientación de corto plazo de la política económica en función de la situación política y el ciclo electoral.

Dónde estamos: señales de fatiga

La lección fundamental del estudio de los sistemas socialistas clásicos es que los elementos descritos previamente eventualmente conducen inevitablemente a una serie de problemas económicos.

Problemas de funcionamiento del sector público. El crecimiento del ámbito de la propiedad pública en detrimento del sector privado conduce a lo que Kornai denominaba la “restricción presupuestaria blanda”, o el problema de empresas públicas con déficit constantes, problemas de producción y necesidad de subsidios. A diferencia de una empresa privada, en donde si los ingresos no cubren los costos esta se ve en necesidad de cambiar o cerrar, las empresas públicas pueden mantenerse operando por un tiempo a pesar de registrar ingresos insuficientes para cubrir sus costos. Sin embargo, a medida que estas cargas se empiezan a acumular se genera un problema estructural que se atenta contra la viabilidad económica del Gobierno y afectan el funcionamiento de otros sectores de la economía por las restricciones en su capacidad de producción. Un ejemplo elocuente en este sentido en el caso de Venezuela es el deterioro del desempeño del sector construcción producto de las insuficiencias en la producción pública de cabillas y cemento y el problema de sustentabilidad de estas empresas públicas dadas las enormes pérdidas que registran.

La escasez y la falla del sistema de control directo. Otro problema característico en estas condiciones es la disminución de la diversidad de productos, el crecimiento de la escasez (escasez “crónica”) y el incremento en los precios. En la medida en que se abandonan las señales de precios –producto de controles regulatorios directos en la producción, precios, cantidades y otras variables; así como desplazamiento de la iniciativa privada por propiedad pública- inevitablemente se generan problemas de escasez. En un entorno inflacionario, eventualmente los precios regulados hacen insostenible la producción de algunos productos y en la medida en que la producción pública tropieza con sus propias dificultades los problemas se agravan y se acumulan. Sencillamente, es difícil encontrar el bien o servicio al precio regulado, pues la producción de los mismos disminuye. Esta situación conduce a una economía más orientada a las cantidades en lugar de una orientada a la calidad, diversidad y disponibilidad de los productos. Una economía en donde la escasez genera inevitablemente el surgimiento de mercados negros. Existen otros factores que contribuyen a estos problemas tales como los errores de planificación y la impericia de los gerentes de las empresas públicas. En muchas ocasiones, la escasez de productos terminados está también asociada a la carencia de insumos que en el caso de Venezuela cada vez más dependen de las importaciones.

Los resultados del 2013 parecen corroborar el surgimiento de estos problemas: inflación de 56,1%, la más alta del mundo; escasez promedio de 20,8%, aunque a diciembre 2013, 21 productos básicos presentaron escasez mayor al 70%, y hasta 46 presentaron niveles superiores al 40%; se mantuvieron las distorsiones del mercado cambiario; a septiembre, la deuda pública del Gobierno Central Presupuestario equivalía a 1,3 veces el presupuesto presentado para el año 2014; en septiembre se reportaba una caída interanual de13,5% en la producción de las empresas públicas; y los servicios públicos continuaron con un marcado proceso de desmejora en términos de disponibilidad y de calidad, por mencionar algunos de los problemas más evidentes.

El problema que se observa en la economía nacional es la fatiga del modelo económico, un conjunto de problemas que indican problemas estructurales y sistémicos. No se trata de una crisis coyuntural que puede corregirse con unas pocas –aun cuando resulten dramáticas- acciones o medidas. En las condiciones actuales no hay una “bala de plata”, resolver estructuralmente estos problemas requiere un conjunto de acciones y reformas, capacidad de tomar decisiones de forma estable y sostenida, compromiso político y capacidad de mantener gobernabilidad.

¿Reforma o revolución?

En 1977, un tercio de la población mundial vivía bajo un sistema socialista clásico. Para 1991, la cifra había caído a 0,006%. Esto es un claro reflejo de los problemas de sustenabilidad de este sistema y que los países socialistas tuvieron que hacer reformas estructurales de sus sistemas para poder seguir adelante. Según Kornai, las primeras señales de cambio en los sistemas socialistas se derivan de problemas asociados con el crecimiento forzado de la economía, un creciente descontento social y la pérdida de confianza en quienes devengan el poder.

En la experiencia histórica de las economías socialistas del siglo XX, esta situación condujo en una primera etapa a un proceso de reforma o “perfeccionamiento del control”: medidas superficiales que no alteran la esencia y orientación básica del sistema sino que se basan en la reasignación de responsabilidades, la reorganización del Poder Ejecutivo a nivel funcional y territorial, las fusiones de empresas públicas y la planificación central basada en métodos aparentemente más “sofisticados”.

En el caso de Venezuela parece que se reproduce este guión. Buena parte de las acciones emprendidas por el Gobierno Central en 2013 se han traducido en cambios superficiales, en ausencia de medidas sustantivas: reorganización del Gabinete Ejecutivo con la creación de los Órganos Superiores de Gestión (vivienda, economía, etc.), creación de las Regiones Para Defensa Integral (REDI) y creación del Viceministerio para la Suprema Felicidad Social. Además, Maduro complementó la ampliación hecha por Chávez al Ministerio del Despacho para incluir “Seguimiento de la Gestión” con la creación de la Misión “Eficiencia o Nada” y la designación de su hijo como líder de las inspecciones de acciones del Gobierno Central, reforzando el seguimiento de los resultados de gestión, más que de la calidad de la gestión en sí. Vale decir que ante fallas en cualquier empresa pública, se intervienen y se inspeccionan, para luego inyectar recursos su reanudación, sin realizarse los arreglos estructurales necesarios para garantizar su sostenibilidad.

La evidencia histórica sugiere que este tipo de medidas no conducen a mejoras sustantivas en los problemas descritos previamente, sino que eventualmente los mismos se incrementan y llevan, eventualmente, a un proceso de cambio mucho más dramático en la orientación general de las políticas públicas, lo que Kornai –en el caso de las economías socialistas del siglo XX”- denominaba como “revolución”.

Los cambios revolucionarios serían alterar alguna o todas las premisas fundamentales de la orientación del sistema: 1) Hegemonía del poder político, 2) Rechazo a la propiedad privada, 3) Sistema de control directo y planificación central. Lo cual implicaría acciones tales como: incentivar la existencia de la propiedad privada de manera de incrementar la oferta local (respeto a la iniciativa privada, reducir los problemas laborales como el ausentismo, mejora sustantiva en los servicios públicos y resolver las restricciones en el acceso a insumos claves, entre otros elementos), permitir el funcionamiento del sistema de precios como mecanismo de asignación de recursos (modificar estructuralmente el sistema de administración de divisas, reformar el sistema de controles de precios con el fin de contribuir con el abastecimiento, y limitar el financiamiento a las empresas públicas con recursos del fisco nacional o del BCV (en buena parte esto significa restringir el crecimiento del gasto público en términos reales) así como corregir las distorsiones de precios y eficiencia asignativa de los mecanismos de administración de divisas, entre otras medidas.

En el caso de Venezuela, estas acciones requiere la voluntad política de abandonar parte de los controles que han caracterizado la etapa previa, alterar de forma fundamental la relación entre el gobierno y el sector privado y tener la capacidad de avanzar en estas medidas de forma armónica y sostenida en el tiempo.

¿Cuántas de estas medidas está dispuesto a ejecutar el gobierno? ¿Lo podría hacer de forma sostenida hasta lograr la recuperación de la confianza en el futuro económico del país? ¿No habría contradicciones en la aplicación de este tipo de correcciones? ¿Serían acompañados estas medidas de planes que verdaderamente contribuyan en la generación de empleo y creación de oportunidades?

Por lo pronto, lo que conocemos es que en los últimos días el Gobierno parece desarrollar unas pocas acciones en el plano económico. En diciembre de 2013, diversos voceros oficialistas y el mismo Maduro indicaron la necesidad de un aumento en la gasolina, idea que parece haber sido abandonada. En el mes de enero, Maduro hizo algunos anuncios en la presentación de su Memoria y Cuenta y posteriormente Rafael Ramírez anunció cambios en el sistema cambiario que puede interpretarse como el inicio de un proceso de devaluación del tipo de cambio oficial (aun cuando sin alterar sustantivamente por lo pronto el mecanismo de asignación de divisas). Por otra parte, se decretó la Ley de Precios Justos, lo cual amplia las capacidades de regulación directa de la economía y aleja las acciones de un cambio estructural en la orientación de las políticas publicas. Si bien suponemos que se van a realizar acciones adicionales en materia económica –aparentemente a un lento ritmo- por lo pronto persiste la duda en cuanto a la profundidad real de estas medidas.

Las condiciones descritas previamente implican un alto nivel de incertidumbre. Venezuela se encuentra en un proceso de transición del modelo de políticas públicas, pero no sabemos la dirección que puede tomar en el corto y mediano plazo, la duración o intensidad de los problemas. No es claro que existan estrategias dominantes o que haya estabilidad en las decisiones, y el posible desarrollo de los eventos es contingente a la intensidad y radicalismo de decisiones que se pueden adoptar en diversas áreas durante los próximos meses, todo lo cual se complica dado que los problemas económicos tienen implicaciones políticas, lo cual sin duda tiene un peso significativo en el proceso de toma de decisiones del gobierno.

En todo caso,  en las condiciones actuales -la cual se caracteriza por retrasos en importaciones y adjudicación de divisas, elevado precio de las divisas en el mercado no oficial, bajos niveles de inventario y producción local- resulta inevitable que en el corto plazo la inflación y la escasez permanezcan en niveles elevados. A esto debemos agregar que una devaluación y posible ajuste de algunos precios de la economía promoverán en el corto plazo un incremento en el nivel de inflación en los primeros meses del año y tendrán un efecto contractivo sobre el crecimiento económico.

Dada la magnitud de las distorsiones existentes estos costos resultan inevitables. La clave en todo caso es si el gobierno está dispuesto a asumir los costos sociales, políticos y económicos de la corrección de algunas de las profundas distorsiones que existen en la economía de manera de lograr una reducción sustantiva de estos problemas más adelante, o si por el contrario va a seguir transitando la senda de medidas parciales y ajustes incompletos que garantizan la persistencia e incremento en el tiempo de estos problemas.



[1] Para una discusión en profundidad de estos temas ver: Kornai, J.. (1992), The Socialist System: the political economy of socialism. Princeton University Press.