La subasta del promisorio campo Libra, en aguas profundas de Brasil, se desinfló esta semana cuando apenas un cuarto de las cuarenta firmas que el Gobierno esperaba desembolsaron casi un millón de dólares para comprar el paquete de datos para la inscripción.
Se trata de uno de los mayores hallazgos de reservas de Brasil y de la región con entre 8.000 y 10.000 millones de barriles en reservas calculadas y, sin embargo, mayormente solo firmas asiáticas, las mismas que han estado activamente penetrando la industria petrolera latinoamericana en las últimas dos décadas, mostraron interés.
La “renacionalización” del petróleo en Venezuela orquestada por Hugo Chávez y el constante cambio de las reglas del juego en Ecuador y Argentina parecen estar bien enraizados ya en los análisis que hacen las empresas transnacionales —IOC por sus siglas en inglés— sobre los riesgos que podrían correr sus inversiones en América Latina, mientras el entorno de negocios en países de discurso “anti imperialista” está favoreciendo el modo en que las petroleras estatales —NOCs— celebran acuerdos para operar o participar en campos petroleros.
La estrechez de las relaciones políticas y diplomáticas normalmente permea a la esfera de los negocios, lo que beneficia a las empresas estatales foráneas, que suelen recibir un “mejor trato” que las transnacionales y se valen de sus gobiernos para celebrar acuerdos periféricos que hacen de su estancia una suerte de negocio redondo.
Tanto en el caso de Venezuela como en el Brasil, el Gobierno escogió un modelo que hace de la petrolera estatal dominante el centro de las estrategias de negocios, obligándolas a ejercer un “micromanaging” de toda la cadena de valor de los hidrocarburos, desde la exploración hasta la comercialización de los hidrocarburos.
Brasil creó nuevas condiciones para la explotación de sus yacimientos en el 2010. La licitación de Libra, que ocurre tras la multimillonaria capitalización que celebró la estatal Petrobras para apalancar las inversiones necesarias para los costosos desarrollos pre-sal y sub-sal, es la primera que se realiza bajo el nuevo marco jurídico.
Las ofertas de las firmas inscritas se basarán fundamentalmente en dos criterios: el porcentaje de producción que quedará en manos de Brasil para su comercialización y la porción de las contrataciones que se hará con contenido nacional, un gran tema de discusión en el país carioca, que pretende impulsar su industria metalúrgica, de ingeniería y construcción a partir del petróleo.
Expertos calculan que la fórmula del éxito en esta licitación es ofrecer al gobierno brasilero al menos 80% de la producción, incluir un mínimo de 65% de contenido nacional para evitar las onerosas multas que aplicarían en consecuencia y, no menos importante, ofrecer un buen convenio de asociación a Petrobras —que de cualquier modo operará el proyecto y tendrá no menos de 30% de participación—, pues la subasta está diseñada de un modo tal que sin el know-how de la estatal es casi imposible maniobrar con las exigencias oficiales en la competida industria brasilera.
Tal vez muchos privados piensan que esto es demasiado. Brasil ha tenido dificultades en los últimos años para atraer inversión privada en licitaciones de autopistas, puertos, proyectos férreos y de aeropuertos.
El llamado “government take”, que calcula la cantidad de dinero o barriles sobre los ingresos brutos de una petrolera que queda en manos del gobierno es especialmente alto en Brasil, Ecuador y Venezuela.
El año pasado, antes de que se flexibilizara el llamado “impuesto a las ganancias súbitas”, el government take superó 90% en Venezuela, poniendo incluso en negativo la tasa interna de retorno de una vasta cantidad de proyectos en planificación, incluyendo a los enormes bloques de la Faja del Orinoco. De ahí se deriva buena parte de las demoras que los desarrollos han experimentado y la decisión de algunas firmas de retirarse tras años de negociaciones.
Consideraciones políticas aparte, ¿hasta dónde puede presionar un Gobierno dispuesto a maximizar el dinero que proviene del subsuelo y retener por completo el control decisorio sin alejar las inversiones que garantizan la viabilidad de los proyectos? ¿Hasta dónde concentrar todas las estrategias en manos de la empresa estatal realmente contribuye al desarrollo de un país?
Parece difícil estirar la cuerda sin tender a romperla.